La primera semana de comparecencias en el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso llevó al Salón de la Libertad del Palacio Legislativo a decenas de testigos, en busca de probar alguno de los seis ejes que se ventilan en el proceso político en contra del mandatario. Esta semana, tras la presentación de los alegatos finales tanto de los cuatro legisladores interpelantes cuanto del presidente y sus abogados, se dará paso a diez días más para la redacción del informe que la Comisión debe presentar ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Si no se logra aprobar el documento en el seno de la Comisión, el caso deberá pasar a la decisión del Pleno, que con 70 votos puede decidir tratarlo aun cuando se acordara archivarlo en la Comisión.
Pero a pesar de que el producto que salga de la Comisión estará sometido a las decisiones de la mayoría legislativa, que requiere de 92 votos para destituir al presidente y a una nueva interpelación en el propio pleno -en donde se repetirá la mayoría de los argumentos y las pruebas que ya se están debatiendo- en la Comisión se disputa cada centímetro del espacio y se trata de apuntalar argumentos.
En una nota anterior, habíamos indentificado por lo menos seis ejes sobre los que se han articulado los argumentos en el proceso político.
El primero se refiere a si Guillermo Lasso sabía o no del caso del contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tanker, algo que la defensa del mandatario se ha esforzado en desmentir alegando que las comunicaciones con las primeras denuncias nunca llegaron al despacho presidencial en Carondelet.
Un segundo eje se refiere a la responsabilidad política de las acciones de Hernán Luque, un ex ejecutivo del Banco Guayaquil al que Lasso nombró como gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
El tercer eje han sido las comparecencias de abogados convocados tanto por la oposición cuanto por el Gobierno, para que presenten argumentos jurídicos sobre el proceso político, aunque en general el marco conceptual del procedimiento fue trazado por la Corte Constitucional.
El cuarto elemento se ha referido al informe de la Contraloría y al rol de la Procuraduría. En este aspecto, funcionarios de la Contraloría, encabezados por el propio contralor subrogante, Carlos Riofrío, han destacado que no se encontraron indicios de responsabilidad penal, lo que para los críticos del régimen no es significativo ni excluye que la Fiscalía inicie su propia investigación.
Desde la Procuraduría, en cambio, se sostuvo que la entidad no está obligada a emitir ningún dictamen sobre contratos de ese tipo.
El quinto elemento son la serie de comparecencias referidas a cómo la Comisión de Régimen Económico, encabezada por la ex PK Mireya Pazmiño, se pronunció en el pasado tras conocer el contrato de Amazonas Tanker. En este eje, el Gobierno busca atacar la credibilidad de Pazmiño, al acusarla de haber cambiado de opinión sobre los supuestos perjuicios que ocasiona el contrato. Pero las comparecencias revelaron algo adicional, según la lectura del portal Periodismo de Investigación, bajo la firma de Christian Zurita.
Según el medio digital, las comparecencias de ex funcionarios de la Comisión de Régimen Económico que encabeza Pazmiño permitieron evidenciar vasos comunicantes entre Pazmiño e intermediarios de Amazonas Tankers, en donde participa como beneficiario final la firma de origen ruso Gunvor.
Se trata de dos hermanos de apellido Naranjo Borja, quienes aparecieron como asesores en la Comisión de la Económico y estarían estrechamente relacionados con los intereses de Gunvor.
«Pazmiño quedó en silencio. Solo entonces se configuró la presencia de los hermanos Mario y Wilson Naranjo Borja y sus intereses. Los dos son o fueron accionistas de Constructora Ares, empresa de la que fue también parte José Agusto Briones, ex ministro de energía en el gobierno de Lenín Moreno, relacionada a los sobornos del caso Las Torres y el caso “Gunvor”, este último directamente ligado a los hermanos Antonio y Enrique Peré que son delatores del caso en un juicio federal en la Corte de Nueva York que ya involucra a 16 personas y otras 16 empresas», relató Zurita.
«En el caso Gunvor, el canadiense Raymond Kohut, que desempeñaba un alto cargo ejecutivo, dijo que hubo pagos a José Agusto. Además Wilson Naranjo Borja fue apoderado de una de las empresas off shore de los hermanos Peré: Laminar Capital Assets Inc, creada en 2015 por Mossack Fonseca. El caso fue profundizado por los periodistas Mónica Almeida y Paúl Mena del diario El Universo y de ello existe un completo informe publicado el 10 de noviembre de 2022 que detalla las relaciones de sobornos y coimas en Petroecuador», apunta el periodista.
Zurita explicó también: «¿Qué tiene que ver con Flopec? Todo, porque Gunvor es el corazón del consorcio Andes Tankers que posteriormente se llamó Amazonas Tankers con sus empresas Ursa Shipping Ginebra, Gunvor Bahamas y Clearlake Shipping.
Wilson Naranjo Borja, el hombre que según la ex secretaria relatora de la Comisión de lo Económico pidió favores a nombre de la asambleísta Pazmiño fue capturado en un allanamiento a inicios de noviembre de 2022 por el caso Petroecuador. Sobre este tema la Fiscalía cerró la instrucción el pasado 18 de marzo contra Wilson Naranjo y otros 17 involucrados, entre ellos Antonio y Enrique Peré Icaza, Nilsen Arias, su esposa Irma Romero, Javier Aguilar de Vitol y Raymond Kohut de Gunvor».
«¿Quién hizo el informe sobre la situación de Flopec en la Comisión de lo Económico? Por el beneficio se llega al responsable y es claro que Amazonas Tankers, el consorcio creado por Petrochina y empresas rusas para configurar enormes ganancias, gracias a los precios del flete, es la ganadora», asegura Zurita.
Por lo menos siete abogados convocados por el Gobierno dieron su criterio ante la Comisión de Fiscalización en el Salón José Mejía del Palacio Legislativo. Foto: Asamblea Nacional
Las afirmaciones de Zurita pretenden relacionar a Pazmiño directamente con los intereses de Amazonas Tanker, aunque actualmente sostiene que el contrato de la Flopec con esa empresa es perjudicial para el Estado.
En el sexto elemento que habíamos identificado en el marco del juicio político también hubo algunas novedades importantes. Varias de las comparecencias estuvieron enfocadas en explicar qué realmente había ocurrido en la Flopec en 2020, en plena pandemia, para facilitar la contratación de Amazonas Tanker, que sería indispensable dada la poca capacidad de carga de los buques de la Flopec, que son insuficientes para atender las necesidades de transporte de crudo y derivados del país.
Aunque fue citado a la Comisión, el ex gerente de la Flopec, el vicealmirante en retiro Jhonny Estupiñán, no concurrió, si bien envió una escueta carta en donde reiteró los términos de su denuncia sobre el supuesto perjuicio al Estado por el contrato con Amazonas Tanker.
Jaime Condoy, el ex gerente nombrado en la administración de Lenin Moreno sí asistió. Condoy ha sido identificado por la Contraloría como el responsable de una glosa ya en firme que alcanza los USD 6.1 millones, en lo que en la entidad se conoce como una responsabilidad civil culposa. En teoría, Condoy debería algún día devolver ese dinero, aunque la Contraloría no lo acusa de ningún delito. El ex gerente aún puede interponer recursos, como concurrir ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El contralor subrogante, Carlos Riofrío, informó de dos glosas más en el caso, que juntas podrían alcanzar los USD 700 mil, que aún no están en firme.
Condoy fue a la Comisión a responder los cuestionamientos en su contra. El ex gerente sostuvo que la pandemia y la necesidad de abastecer al país de derivados durante el confinamiento y la crisis global ocasionada por la aparición del coronavirus condicionaron los precios de los fletes de algunos de los buques que la Flopec rentó en esa época, lo que motivó las observaciones de la Contraloría.
En su declaración, Condoy explicó que el primer acuerdo comercial de este tipo suscrito por Flopec con la empresa Dragun USA LLP, se firmó en diciembre de 2018, ya en la administración de Lenin Moreno, si bien él se posesionó en la gerencia de la Flopec entre febrero y diciembre de 2020.
Condoy recordó que se rompieron los oleoductos y que hubo un cierre de refinerías en esa época y que en marzo de 2020 hubo un solo buque para traer combustibles. Explicó que se contraron buques de los tipos Aframax y Handimax, y defendió la contratación de los buques por medio de una tarifa diaria. El ex gerente dijo que el país requiere por lo menos diez buques Aframax para transportar su producción de petróleo, y que la Flota tenía solo dos buques pequeños y viejos, llamados Zaruma y Pichincha. Desde 2014 se habían producido pérdidas por 16 millones de dólares por lo problemas relacionados con el transporte de crudo.
El ex gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Jaime Condoy, defendió los contratos de flete de buques tanque. Foto:Archivo Asamblea Nacional
Para Condoy, se debe esperar por lo menos dos años para evaluar el rendimiento de este tipo de contratos, y aseguró que el contrato original no lo firmó él, sino una adenda.
Además explicó que en el mercado de transporte de los buques es importante tener naves más nuevas y de mayor capacidad, lo que motivó la firma de nuevas adendas para lograr mejores condiciones en este negocio. Sostuvo que hasta noviembre de 2020 había utilidades de hasta 60 millones de dólares en la operación de la Flota. El ex gerente fue denunciado por Pilar Ferri, funcionaria nombrada por la actual administración, en la Fiscalía, por un posible peculado relacionado con los contratos de fletamiento de buques, pero Condoy precisó que en la gestión de la ex funcionaria, ya en este gobierno, se pudieron cuantificar pérdidas de hasta 91 millones de dólares al pagar tarifas por barcos que no se compensaban con las ganancias de la naviera estatal.
Condoy dijo que las pérdidas no han sido producidas por Amazonas Tanker, pero admitió que los buques de los socios privados ganaban un margen mayor por ser más nuevos, ya que los buques de propiedad del Estado fueron comprados en 2009. Cuestionó a la Contraloría e inclusive señaló que la entidad no ha revisado siquiera el contrato en inglés suscrito para este caso.
De su lado, Oswaldo Rosero, quien fue nombrado gerente de la Flopec en esta administración, y que aparece mencionado en grabaciones relacionadas con Hernán Luque y el fallecido cabildero Rubén Chérres, centro su intenvención en sus acciones para cumplir las recomendaciones de la Contraloría.
Rosero presentó cifras según las cuales en 2021 hubo una importante reducción de la facturación de la empresa, que atribuyó a una baja de las tarifas de fletes concertada para beneficiar a ciertos intermediarios. Reivindicó una facturación adicional de hasta USD 420 millones adicionales entre 2021 y 2022 como fruto de la toma de correctivos en la gestión.
Oswaldo Rosero, quien fue gerente de la Flopec en esta administración, sostuvo que se tomaron los correctivos que dispuso la Contraloría. Foto: Christian Medina / Asamblea Nacional
Según Rosero, la denuncia de Estupiñán es falsa, pues entre febrero y marzo de 2022 se empezaron a implementar los correctivos recomendados por la Contraloría, entre ellos, iniciar una negociación de los términos con Amazonas Tanker.
El problema central, según explicó Rosero, tenía que ver con la fijación del valor del flete, algo que se hacía de manera discresional en la Flota, por lo que se tomaron medidas técnicas para corregir ese problema, entre ellos, terminar los privilegios para los fletes que tenía la empresa asiática Petrochina.
Otro tema que según Rosero fue afrontado, tiene que ver con la renegociación de los precios de los fletes de los barcos, lo que permitió bajar el canon de arrendamiento diario de las naves extranjeras y renegociar las tarifas de las naves propias si bien la antigüedad y obsolescencia de los buques nacionales afecta su valor en el mercado.
Al describir el mercado petrolero, Rosero señaló que hasta el 93% de los recursos petroleros son negociados por intermediarios, mientras que solo el 7% del crudo nacional llega a refinerías en Estados Unidos, en especial en California. Defendió la necesidad de mantener la Flota, pues lo contrario significaría ceder a los intermediarios también el transporte de crudo. Eso significaría pérdidas de hasta mil millones de dólares, aunque descartó comprar buques más grandes que no puedan ser usados de manera eficaz.
¿Se refuerzan los argumentos de la defensa del presidente?
Los argumentos de ambos funcionarios fueron recibidos con beneplácito por la defensa del Gobierno, que se centra en evidenciar el incremento de la facturación y las ganancias de la Flopec como un elemento que contraviene la idea de un perjuicio al Estado y de un posible peculado, del que el presidente Lasso pueda tener responsabilidad política.
Pero para analistas como Stalin Raza e Ismael Quintana, quienes se conectaron con nuestro programa Mesa de Análisis de PlanV y Radio Sucesos, tanto las cifras de Flopec como las afirmaciones de los funcionarios de la Contraloría y la Procuraduría son irrelevantes, pues de todas formas se está buscando la responsabilidad política de Lasso más que un posible delito que aún no ha sido investigado, si bien la Corte Constitucional ha dictaminado que Lasso debería responder por las renovaciones del contrato con Amazonas Tanker realizadas en su administración.