¿El movimiento CREO dirá Sí a las cuatro preguntas de la consulta del 16 de noviembre?
Sí. CREO ha decidido que vamos a respaldar estas cuatro preguntas porque consideramos que son fundamentales para poder reescribir nuestra historia como país y sobre todo porque tenemos que dejar de tomar decisiones que sirvan solo de paños de agua tibia, sino que ya realmente resuelvan la problemática.
Si bien son preguntas cerradas (Sí o No), ¿qué matices reflexivos formulan para cada pregunta? Por ejemplo, en el tema de la Asamblea, el problema no está en el número de legisladores…
Pueden ser 151 o 500 y el problema no va a ser el número. El problema va a ser el sistema de elección y las condiciones o requisitos de los candidatos. Entonces, el problema está enfocado en que primero hay que reducir el número de asambleístas, sí, porque ese número no está garantizando ningún tipo de representatividad…
Lo cual se agrava ahora, una vez que ADN y correísmo aprobaron reformas que apuntan a una suerte de bipartidismo, con el método D’Hondt y las listas cerradas…
Tenemos que ir nuevamente a listas abiertas, para que gente como Jorge Chamba, que estaba acostado en una cama sesionando en una comisión, no llegue a la Asamblea, o como el niño dibujante…
Pero el problema del país son los extremos. Con las anteriores reglas de juego tuvimos 236 movimientos políticos y eso no quiere decir mayor y mejor democracia…
Por eso nosotros respaldamos que se debe dejar de financiar a las organizaciones políticas.
¿Cómo evitar que vuelvan las grandes chequeras a comprar la política?
Institucionalizando a los partidos. Nosotros hemos abierto un centro de formación para que debatamos sobre los temas que se nos están consultando. ¿Dónde están las otras organizaciones políticas? ¿Por qué solo aparecen cuando hay pauta para una campaña electoral? Nosotros incluso hicimos una denuncia porque no entendíamos cómo un movimiento político, como Amigo, haya pautado todo el dinero de las listas nacionales, provinciales, exterior, Parlamento Andino y presidenciales a un solo medio de comunicación creado semanas antes…
Ahora, además de las grandes chequeras, están las chequeras de la minería criminal y las narcomafias. ¿Qué hacer, entonces?
Aquí el punto es la transparencia. ¿Cuántos candidatos a concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas no están financiados por los grupos de delincuencia organizada?
¿Dónde fallan los controles?
El verdadero control debe surgir primero en cómo se garantiza la transparencia desde la ley. Porque al final la Asamblea Nacional es la que tiene que hacerlo. Es más, esta Asamblea le dijo al país que se está eliminando el financiamiento absoluto cuando no es real. Lo que se plantea eliminar es el fondo partidario, pero que siga existiendo el fondo de participación o promoción electoral para garantizar que no haya una distorsión entre quién tiene más y quién tiene menos. Pero, por ejemplo, al día de hoy Revolución Ciudadana no aclara los fondos de sus ingresos y ADN no aclara lo de los muñecos de cartón. Entonces, el problema no es la forma de financiamiento, es la transparencia que debe existir desde el Consejo Nacional Electoral, desde el Tribunal Contencioso Electoral, de la Contraloría, de la UAFE. Porque las leyes están, el problema es que no se ejecutan.
«Nosotros proponemos volver a tres poderes, pero debatiendo claramente sobre cómo funcionarán esos poderes. Por ejemplo, no estamos cerrados a un debate en que el Legislativo sea un sistema bicameral, porque incluso la representatividad real hoy no tiene lógica. Elegimos 15 asambleístas nacionales que tienen el mismo peso dentro de la Asamblea que un asambleísta de Galápagos o del exterior, que a veces es electo por menos de 5.000 votos».
¿Qué cambios al respecto debieran darse en un proceso constituyente, para tener partidos institucionalizados que apuntalen tendencias políticas? El país no puede seguir con empresas de aventura electoral…
Yo las llamaría Fundación Mi Bolsillo… Estas son las preguntas que ninguna organización política debe eludir: ¿cómo vamos a transparentar nuestros procesos?, ¿con qué recursos contamos?, ¿quiénes son los donantes?, ¿quién no entrega sus cuentas todo el tiempo? Ahora, sobre las tendencias, veamos una realidad: todo el mundo cree que ADN es centro-derecha…
En 2024, Noboa dijo que se sentía muy identificado con el presidente brasileño Lula Da Silva…
Y ADN está inscrita en el Consejo Nacional Electoral como una organización de centro-izquierda.
¿Cuál es el costo de estas aparentes incongruencias?
Que la sociedad deje de creer en la política.
En las últimas semanas se ha insistido en que la actual Constitución es híper garantista. ¿Cuál es el problema en ello?
El problema está en que cuando un policía acciona el arma para defender a un ciudadano, el primero que queda detenido es el policía y tiene que ir a un proceso judicial por eso. Mientras que el fiscal libera al delincuente, porque le pasan plata por debajo o por otra razón. Ahí los derechos no son derechos.
Pero ahí no falla la Constitución, sino quienes están en las instituciones.
Hay recursos instituidos en la Constitución, como el Habeas corpus, que son objeto de abuso desde lo judicial…
Por ende, el problema está en quien abusa de tal recurso…
El problema es que esta Constitución muy bonita, con tantas palabras, páginas y artículos, tiene que irse a un esquema más cerrado donde tengamos, primero, verdaderas autonomías, autonomía del sistema judicial y de la Fiscalía, porque si no, más allá de lo que haya pasado hoy o antes, no puede ser que quien esté sentado en el Poder Ejecutivo tenga el control sobre el Poder Judicial del país.
¿CREO piensa en una Constitución más concisa, de pocos artículos, que no deje puertas abiertas a malas interpretaciones que sirvan de pretexto para el manoseo de las normas?
Nosotros propusimos durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso algunos cambios sustanciales, pero los tiempos de la política son muy distintos a los tiempos del hambre. El tiempo del hambre nos está ganando hoy. Entonces, necesitamos hacer cambios más radicales, mucho más rápidos.
¿Bajo qué enfoques?
En tres enfoques. El primero: garantizar que la democracia se sostenga, es decir, que el correísmo no piense que al haber una Constituyente, entonces volvemos al tema de la relación indefinida y cosas así. Ese no es el camino. Segundo: que la institucionalidad se respete. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no sirve absolutamente para nada y menos si quien hoy es su Presidente se promociona regalando scooters por redes sociales. Él mismo le hace mérito a que esa institución deje de existir. Ahí nosotros planteamos volver a la lógica de los tres poderes.
¿Cómo en la Constitución de 1998?
Esa no es la tesis de CREO. Nosotros proponemos volver a tres poderes, pero debatiendo claramente sobre cómo funcionarán esos poderes. Por ejemplo, no estamos cerrados a un debate en que el Legislativo sea un sistema bicameral, porque incluso la representatividad real hoy no tiene lógica. Elegimos 15 asambleístas nacionales que tienen el mismo peso dentro de la Asamblea Nacional que un asambleísta de Galápagos o del exterior, que a veces es electo por menos de 5.000 votos.
Con un sistema bicameral, la potestad nominadora de autoridades del Cpccs no tendría razón alguna…
Claro: al tener un sistema bicameral tendremos un doble debate del proceso y que no sea simplemente un espacio solo para el reparto, como ocurre. Porque al final ahí tenemos al subrogante del subrogante en la Fiscalía, por ejemplo, o un Consejo Nacional Electoral híper prorrogado.
¿Cómo un proceso constituyente pudiera influir en la cotidianidad de la gente?
El ecuatoriano tiene, entre varios, dos problemas básicos: casa afuera, la inseguridad, y casa adentro, la falta de plata. Entonces, casa afuera necesitamos mayores garantías para que los cuerpos de seguridad puedan enfrentar la inseguridad. Por eso respaldamos también que las bases extranjeras puedan llegar nuevamente al país porque hay que ser claros que en Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Manabí, Galápagos, no podemos combatir todo lo que está sucediendo. Y no estamos hablando solo de la señora a quien le roban en la tienda. Estamos hablando de los pesqueros artesanales en Manabí que son obligados a tener que transportar droga, quienes terminan presos o muertos en Centroamérica y que aquí nadie responde. Estamos hablando del tráfico de armas y la trata de personas en Sucumbíos o en Imbabura, por ejemplo. O de la explotación sexual que ocurre en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro… Es un sinfín de cosas ante las cuales necesitamos apoyo internacional. ¿Por qué? Porque son crímenes transnacionales.
Frente a los cambios constitucionales que propugnan, ¿cómo abordar la progresividad de los DD.HH. consignada en la Constitución? ¿Cómo profundizar este aspecto, pero sin el populismo de abrir un catálogo de derechos sin el debido sostenimiento o financiamiento?
Cuando haces que el dinero deje de ir, por ejemplo, a las organizaciones políticas de maletín, empiezas a tener recursos. Cuando eliminas tantos asambleístas que están sentados ahí, porque sería interesante ver cuántos de los 151 han presentado proyectos de ley, pedidos de información, al menos han realizado una intervención, ahí te darás cuenta de que no necesitamos 151. Entonces empezarás a ver recursos y a tener instituciones que realmente consoliden el dinero para que llegue a lo que realmente se necesita. Porque ahí el gran problema es que también tenemos que empezar a resolver un tema y es el tercer punto que nosotros consideramos como fundamental de una Constituyente: el desarrollo. Para ello necesitamos un país realmente descentralizado.
«Personalmente considero que antes de ir a un debate sobre un esquema federal, primero debemos ir a un esquema real de descentralización».
¿Cómo superar el país de las dos cabezas centralistas: Quito y Guayaquil?
Esquemas como los sistemas zonales no le han permitido ni avanzar a las provincias ni a avanzar a los ciudadanos, porque no puede ser posible que para resolver un tema en Sucumbíos debas viajar a Esmeraldas. ¿Qué es para nosotros lo fundamental? Una verdadera descentralización, con el fortalecimiento de la autonomía de las instituciones en las provincias. Un ejemplo: en Esmeraldas está la principal refinería del país y vamos a ver sus calles. O veamos la Amazonía, la región que provee la mayor cantidad de recursos a este país, y vayan a ver la troncal amazónica.
¿El movimiento piensa que las prefecturas deben ser eliminadas?
A nivel de debate interno del movimiento, pero no como una posición final de la organización, sí habemos quienes consideramos que hay que debatir la dualidad de la estructura entre prefectura y gobernación.
¿El país está listo para otro debate disruptivo: federalismo?
Al menos como organización política, ese no es hoy nuestro planteamiento y personalmente considero que antes de ir a un debate sobre un esquema federal, primero debemos ir a un esquema real de descentralización. Voy a dar un ejemplo más real: si la Amazonía no puede manajer la Secretaría Técnica Amazónica, que se se supone debe garantizar la repartición de recursos entre las propias provincias, ¿cómo vamos a hablar de un esquema federal? Lo que va a terminar pasando es que siete provincias van a salir adelante y el resto vayan a ver cómo solucionan. Por esto creo que el país no está preparado para este debate.
¿En CREO piensan en un nuevo mapa de rentas y asignaciones fiscales?
Un nuevo mapa que, además, dé apertura de mercado, porque ese es el otro tema. Si seguimos pensando que el Estado es lo que va a sostener al bolsillo de la familia ecuatoriana, tenemos un grave problema, porque justamente no hay los recursos, no hay la intención de apertura de mercado.
¿Estamos viendo esa falta de recursos ante la decisión de eliminar el subsidio al diésel, por ejemplo?
Todo esto se hubiese eliminado si años atrás se hubiesen tomado las decisiones de abrir las bandas de mercado, por ejemplo, en temas de combustible. Nos dijeron que cuando el presidente Lasso eliminó el subsidio del diésel al sector camaronero, el sector camaronero iba a morir. Hoy este sector es uno de los mejores con procesos de transición energética y además los tratados de libre comercio, como los acuerdos con China, están permitiendo que los mercados crezcan.
No hay recursos extraordinarios y lo que hay se va en nómina. ¿Cómo revertir esta situación?
¿Cómo vamos a garantizar que no haya una sobrecarga del Estado en las instituciones? Ese es el debate. Uno ve el tema de las municipalidades y entre el 60% y el 70% de los recursos que reciben no son para la gente, sino para pagar salarios. Entonces, aquí sí tiene que haber un verdadero proceso de reestructuración y eso no lo hace una reforma parcial.
Pongamos el ejemplo de Perú para hablar de atracción de recursos. En los últimos 10 años han tenido siete presidentes y solo en 2024 recibió USD 6.800 millones de inversión extranjera directa, Ecuador en el mismo periodo, cuatro presidentes y en en el año anterior solo recibió USD 318 millones. ¿Un problema de la Constitución?
En Perú, la gente entiende que la economía no puede depender de la política. Por eso tenemos que hacer reformas al sistema del Código Monetario, a las garantías judiciales para que la inversión realmente tenga sentido.
«El sistema laboral está estancado 80 años y la discusión en la Constituyente debe pasar porque se entienda que nadie dice que se va a sustituir todo lo que ya existe, sino que se va a buscar una opción más para quienes no tienen empleo».
¿Ampliar las regiones-sede de arbitrajes, por ejemplo?
Es que si no lo hacemos, ¿cómo quieren que se invierta si no hay las garantías acá? ¿Cómo queremos que inviertan acá si simplemente le pagas a un juez en otra provincia y te saca una sentencia que te termina perjudicando?
En el nuevo escenario que plantea CREO, ¿cuál es, entonces, el papel justo del Estado como actor económico?
Debe haber un sistema mixto. Yo creo que ahí el debate ya no puede ser o público o privado y aquí morimos. No, ya debe existir un sistema mixto porque ha sido funcional. El esquema del sistema eléctrico se está recuperando en el país porque hay un sistema mixto. El sistema de cómo vamos a garantizar que haya mayor inversión tiene que abrirse a un sistema mixto. Aquí no estoy diciendo privatizar. No. Pero si no damos una tercera opción, si nos quedamos solo con la una o la otra, no vamos a poder salir adelante.
Siguiendo en el ejemplo del sector eléctrico, ¿CREO piensa en que la generación esté en manos privadas, pero la distribución en el campo estatal?
Pongamos el caso de los paneles solares. Generan electricidad, pero por la normativa actual, si se genera sobreproducción en una casa, no se puede incorporar esa generación al sistema nacional eléctrico para que el que no puede pagar tenga electricidad. Ahí hay una falla. Y eso sí logró Colombia.
¿Ustedes mantendrían el concepto de sectores estratégicos?
Tiene que ser revaluado el cómo están funcionando los sectores estratégicos. No hay que ir a un esquema de privatización ni a un esquema de estatización. Pero sí debe haber un sistema mixto donde el Estado pueda delegar la gestión a un sistema privado que permita la garantía de los operatividad.
En un proceso constituyente, ¿cómo convencer a la ciudadanía sobre la necesidad de un nuevo mercado laboral? El gobierno del expresidente Lasso perdió en esta pregunta de la consulta de febrero de 2023.
Lo más delicado es que el sistema laboral no puede estar encerrado en función de algunos que se sientan cómodos en donde están. A los que cuentan con un empleo formal no se les debe tocar en sus derechos laborales. Pero al que no tiene empleo, no le estamos dando ni la oportunidad de trabajar ni la posibilidad de respaldar, vía consulta popular, el trabajo por horas, pero siempre evitando abusos. El sistema laboral está estancado 80 años y la discusión en la Constituyente debe pasar porque se entienda que nadie dice que se va a sustituir todo lo que ya existe, sino que se va a buscar una opción más para quienes no tienen empleo.
Luego de 31 días de paro convocado por la Conaie, se mantienen vivas ciertas heridas en la sociedad. Desde un sector, por ejemplo, se ha criticado la vigencia de la plurinacionalidad. ¿Cuál es la posición de CREO frente a este tema?
En ese tema específico, partimos del reconocimiento a los pueblos y las nacionalidades, pero sin que eso implique que los derechos de ellos están por encima de otros. El debate que nosotros proponemos es que no haya vacíos en torno a la justicia indígena. No se puede justificar el cometimiento de un delito a pretexto de ciertas nociones de ancestralidad. Entonces, el reconocimiento a los derechos, sí; reconocimiento a las luchas, también. Pero sin olvidar que así como hay esos derechos adquiridos, hay deberes con el Estado y eso tendrá que clarificarse en un proceso constituyente.