El proceso de selección de nuevas autoridades para la Defensoría Pública de Ecuador (DPE) es como un tigre al cual ya no le cabe ni una sola mancha más. Y no pocas voces reclaman un nuevo concurso, aunque este pedido sea una gota de lluvia en el mar.
Varios postulantes con pesadas sombras, un proceso atropellado, una supuesta falsificación de documentos y una amenaza de muerte enturbian el horizonte. Y se trata, precisamente, de una institución clave para devolver la confianza en la justicia a centenas de miles que no pueden contratar a un abogado.
Ángel Torres Machuca está encargado de la DPE desde 2018 y el Consejo de Participación Ciudadana, responsable del proceso de selección, se encuentra a días de nombrar al sucesor oficial.
De nueve postulantes, cinco han quedado fuera del camino (ver recuadro 1), sea por renuncia o descalificaciones. Y entre los cuatro que aún quedan, las dudas se enfocan en torno al postulante Ricardo Morales quien, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, “registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos”, puesto que el Consejo de la Judicatura ha notificado la compra de su renuncia con indemnización.
Para más señas, Morales fue subsecretario de Rehabilitación Social durante el gobierno de Rafael Correa y excomisionado de Pacificación de las Cárceles en el gobierno de Guillermo Lasso.
Al paso le salió un polémico aliado: José Serrano, uno de los hombres fuertes del correísmo. El exministro del Interior y fugaz expresidente de la Asamblea suele romper su silencio solo para situaciones muy específicas. Y en esta ocasión anotó en X una defensa apasionada de Morales: “El Consejo de Participación Ciudadana debe resistir a la argolla mediática que busca descalificar a un postulante por el “pecado” de haber sido parte de la transformación de la rehabilitación social en su paso por el Ministerio de Justicia. Sería inaudito estigmatizar a Ricardo Morales por su experiencia y resultados como servidor público”.
Ricardo Morales (der.) es el más opcionado para dirigir la Defensoría. De hecho, el postulante fue coordinador misional de la entidad. En la imagen, recibe una distinción de la Universidad Católica de Cuenca.
“El Consejo de Participación Ciudadana debe resistir a la argolla mediática que busca descalificar a un postulante por el ‘pecado’ de haber sido parte de la transformación de la rehabilitación social”.
José Serrano Exministro de Justicia y del Interior durante el correísmo, en defensa de Ricardo Morales
Entre los varios campanazos del concurso de selección, dos todavía inquietan sobremanera. Primero: ¿por qué el angustioso interés de varios sectores políticos y judiciales por hacerse de la Defensoría Pública? Para buena parte de la opinión pública es claro que lo que está en juego es seguir sumando plazas para el control del Consejo de la Judicatura, pues la DPE puede designar un vocal de dicho consejo.
Y dos: los mejores puntuados en el examen del proceso ya están fuera, aspecto que no deja de llamar la atención sobre cómo figuras cuestionadas o con impedimentos sacaron buenas notas. Y en oposición: quienes quedan tienen las menores calificaciones. A saber: Ricardo Morales obtuvo 76,66/100; Yolanda Yerovi Morales, 73,82/20; Margarita Gualotuña Cruz, 66,5/100, y Jorge Torres Farinango, 57,21/100.
Las unidades móviles son puntos itinerantes de atención para personas que necesitan asesoría legal o patrocinio. Tres vehículos recorren el país. Se suman a una cobertura de 194 centros de atención. Foto: Defensoría Pública.
Un riesgo para la ciudadanía
Más allá de las inquietudes y suspicacias de orden político, el actual concurso de selección de la nueva autoridad de la DPE preocupa por la continuidad y eficacia del servicio social que brinda la entidad. El deber constitucional de esta entidad es “defender gratuitamente a las personas en condiciones económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, a un juicio justo y al respeto de los derechos humanos”.
En este punto, cabe hacer una distinción con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, pues a veces la población confunde a las entidades. Así, la Defensoría del Pueblo es la institución garante de los derechos humanos, individuales y colectivos, además de los derechos de la naturaleza.
El campo de acción de la Defensoría Pública es un retrato social del país: allí están los conflictos, presiones y vulneraciones que enfrenta el común de la población. El año anterior hubo más de 453.000 atenciones y el 51% correspondió a patrocinio, es decir, personas que no pueden pagar un abogado para enfrentar en equidad sus controversias. Y son mujeres quienes demandaron el 56,8% de atenciones.
Pese a la alta demanda, la DPE cuenta apenas con 796 defensores públicos, los cuales atienden en 163 puestos fijos (direcciones provinciales, consultorios gratuitos, etc.) y 31 itinerantes (ferias de derechos, unidades móviles).
Cuando se desgranan los números, aquel retrato del país es cada vez más alarmante. Por ámbito de servicio, la violencia intrafamiliar y contra niños, niñas y adolescentes es la categoría que más atenciones demanda, con más de 128.000 solicitudes, seguido de 108.000 casos penales, y en tercer lugar está el acompañamiento a víctimas con 26.657 procesos.
Para la Defensoría Pública, la violencia de género es uno de los tipos de violencia que más crece. El año anterior se ofrecieron más de 25.000 atenciones y estos son los cuatro delitos fundamentales:
Un caso emblemático
La temporada de sombras y nubarrones de este atropellado concurso no puede opacar la incidencia de la Defensoría Pública en la restitución de derechos de personas vulnerables, a quienes el sistema suele revictimizar sin sonrojarse.
Más allá de las cifras de cobertura y atenciones, las historias humanas son un buen termómetro del porqué se debe evitar que esta entidad se convierta en otro botín de políticos y, peor incluso, de políticos que actúen como lobistas del crimen organizado.
Gabriela (nombre protegido) es una persona con discapacidad y, además, víctima de violencia por parte de Luis T., un compañero de trabajo. El 28 de octubre de 2017, este agresor acudió a la casa de Gabriela, en un conjunto habitacional de Calderón, en el extremo norte de Quito. Su presencia era incómoda y amenazante, por ello la mujer decidió recibirlo fuera del domicilio. Allí la violó y fugo inmediatamente.
Daisy Tipán, defensora pública, asumió el caso a los pocos días. Hizo su trabajo: peritajes, valoraciones médicas y sicológicas, y 10 testimonios para sustentar las agresiones de Luis T.
La audiencia de juzgamiento ocurrió tres años después.
Gabriela es parte de la población de atención prioritaria, pero su esperanza de justicia llegó tres años después… Y la cadena de vulneraciones no se detuvo ahí. El tribunal de primera instancia absolvió a Luis T., mediante una sentencia plagada de estereotipos de género.
La Defensoría Pública apeló y después de casi un año, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la culpabilidad del agresor.
Luis T. ahora paga una pena de 19 años.