Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, marcado por la convergencia de la segunda vuelta electoral y el desmantelamiento de estructuras criminales ligadas al narcotráfico y el terrorismo. En este contexto, la desinformación se ha convertido en un arma estratégica, utilizada no solo para influir en la opinión pública, sino también para desacreditar a quienes lideran la lucha contra estos flagelos.
Por primera vez en la historia ecuatoriana se ensambla una campaña de desprestigio que ha sido dirigida contra el candidato Presidente y varios Generales de la Policía, pero también se incluyen a personajes del gobierno y altos mandos militares que encabezan las operaciones contra el narco-terrorismo, evidenciando la existencia de intereses ocultos que buscan frenar los avances en materia de seguridad.
La desinformación en tiempos electorales no es un fenómeno nuevo, pero en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes debido a la compleja coyuntura actual. A través de redes sociales y medios de comunicación con agendas sesgadas, se difunden noticias falsas, manipulaciones de datos y teorías conspirativas con el fin de sembrar desconfianza en la ciudadanía. En muchos casos, estos ataques provienen de sectores vinculados a la política, el crimen organizado y grupos de poder que buscan mantener el statu quo.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta guerra de la desinformación es la campaña mediática dirigida contra los generales Víctor Zárate, comandante general de la Policía, y Víctor Herrera, director general de Inteligencia, que lideran las acciones visibles en contra de las estructuras criminales. Se ha evidenciado la recurrencia de contenidos falaces y noticias a medias con una evidente tergiversación de hechos o de la verdad que se han venido incrementado exponencialmente desde el arranque de la segunda vuelta electoral.
Las estrategias de desprestigio incluyen la difusión de acusaciones infundadas, la manipulación de imágenes y videos y la fabricación de escándalos inexistentes. El objetivo es claro: debilitar la moral de las fuerzas de seguridad, restarles apoyo ciudadano y, en última instancia, frenar las operaciones que han puesto en jaque a las organizaciones criminales. Este ataque sistemático no solo amenaza la estabilidad institucional del país, sino que también pone en riesgo la vida de quienes enfrentan a estos grupos delictivos.
El impacto de esta guerra de desinformación es profundo. En un país donde la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población, la erosión de la confianza en las fuerzas del orden puede generar un clima de incertidumbre y desesperanza. Además, el uso de la desinformación como herramienta política impide un debate electoral basado en propuestas reales, desviando la atención hacia temas fabricados con el fin de manipular la percepción ciudadana.
Ante este escenario, es fundamental que la sociedad ecuatoriana desarrolle un pensamiento crítico y se informe a través de fuentes verificadas y confiables. La alfabetización mediática y digital se convierte en una necesidad urgente para contrarrestar el impacto de las campañas de desinformación. Asimismo, las autoridades y organismos de control deben reforzar las estrategias para detectar y desmentir noticias falsas, promoviendo la transparencia y el acceso a información veraz.
Ecuador enfrenta una encrucijada histórica donde la lucha contra el crimen organizado y la consolidación de la democracia están en juego. La guerra de la desinformación no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también socava la confianza en las instituciones y el proceso electoral. Es imperativo que la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades actúen con responsabilidad para garantizar que la verdad prevalezca sobre la manipulación, y que el país pueda avanzar hacia un futuro de estabilidad y justicia.
Las operaciones psicológicas y su impacto en el crimen organizado
Las operaciones psicológicas (OPSIC) juegan un papel crucial en la guerra de la desinformación, especialmente en el contexto ecuatoriano actual. No se puede desatender que las esferas del poder del narcotráfico han tenido entre sus líderes a ex miembros policiales y militares vinculados a los sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Las estructuras sobre las cuales actuaron con impunidad fueron parte del corazón del Estado con un acceso casi ilimitado a información y a la vulneración de teléfonos, mails y demás formas de comunicación electrónica. Fueron estos operadores lo que fijaron estrategias, diseñadas para manipular la percepción pública y socavar la confianza en las instituciones de seguridad, han sido empleadas en favor de la delincuencia organizada. El crimen organizado y otros sectores con intereses políticos utilizan las OPSIC para crear narrativas engañosas, difundir noticias con un contenido dirigido a golpear a adversarios políticos o de seguridad, que generan alarma social o, como se indicó, son utilizadas para desacreditar a quienes lideran la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Las OPSIC operan mediante una combinación de desinformación, propaganda y manipulación social, amplificadas por redes sociales, medios de comunicación alineados con agendas delictivas y actores políticos con intereses oscuros. Entre sus tácticas más comunes se encuentran:
Creación de narrativas falsas: Se elaboran discursos en los que los líderes de la lucha contra el crimen son presentados como corruptos o violadores de derechos humanos.
Manipulación de información: Se editan imágenes, videos y documentos para sembrar confusión y desconfianza.
Ataques coordinados en redes sociales: Se utilizan bots y cuentas falsas para viralizar desinformación y generar tendencias artificiales.
Infiltración en medios de comunicación: Se influye en ciertos periodistas o medios para que publiquen contenidos que beneficien a grupos delictivos o políticos afines y se sumen a campañas de desprestigio de las autoridades.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta guerra de la desinformación es la campaña dirigida contra los generales de la Policía y varios miembros de diferente nivel jerárquico que se han mostrado como parte de quienes lideran las acciones contra el narco-terrorismo desde el inicio del Conflicto Armando No Internacional, CANI. Las estrategias evidenciadas tienen un objetivo claro: debilitar la credibilidad en los mandos institucionales y fomentar el resentimiento al interior de las instituciones jerarquizadas, creando verdaderas redes de comentarios que dejan en claro la necesidad de restar el apoyo ciudadano y, en última instancia, frenar las operaciones que han puesto en jaque a las organizaciones criminales.
Este ataque sistemático no solo amenaza la estabilidad institucional del país, sino que también pone en riesgo la vida de quienes enfrentan a estos grupos delictivos. La reacción presidencial debe ser más firme que nunca en su postura de cero tolerancia a cualquier forma de corrupción y buscar en las propias filas internas de las instituciones de seguridad ciudadana, la existencia de los topos que se prestan para la difusión de estos mensajes comunicacionales forjados.
A través de redes sociales y medios de comunicación con agendas sesgadas, se difunden noticias falsas, manipulaciones de datos y teorías conspirativas, con el fin de sembrar desconfianza en la ciudadanía.
Contramedidas ante la guerra de la desinformación
Como indicaba, es indudable que desde enero del 2025 Ecuador ha enfrentado una intensificación en la guerra de la desinformación, especialmente en el contexto electoral y en la lucha contra el narcotráfico. La creciente sofisticación de las campañas de desinformación, muchas veces impulsadas literalmente por narcotraficantes, ha puesto en evidencia la necesidad de desarrollar contramedidas efectivas para proteger la integridad informativa y la seguridad nacional, que no pueden ser asumidas como riesgos menores o marginales en medio de este conflicto no internacional contra las internacionales de la droga.
Durante el proceso electoral de 2024-2025, se ha observado un uso inusitado de la inteligencia artificial (IA) para crear contenidos falsos que buscan manipular la opinión pública. Videos alterados digitalmente, conocidos como deepfakes, han sido difundidos para suplantar a candidatos y difundir mensajes engañosos y lo propio ha sucedido al interior de la cúpula policial y sus miembros. Esta estrategia ha elevado la complejidad de las campañas de desinformación, dificultando la identificación de contenidos auténticos y falsos.
La desinformación no solo se limita al ámbito electoral. Operativos recientes, como el denominado «Metástasis», han revelado la infiltración de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en diversas instituciones del Estado, incluyendo el sistema judicial. La detención de altos funcionarios, como el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, acusado de corrupción y vínculos con el narcotráfico, evidencia la profundidad de esta problemática.
Para contrarrestar esta guerra de desinformación, se proponen las siguientes acciones:
- Monitoreo y detección temprana: Implementar sistemas avanzados de inteligencia artificial y análisis de datos para identificar y neutralizar campañas de desinformación en tiempo real.
- Desmentidos oficiales inmediatos: Las instituciones gubernamentales deben emitir comunicados claros y oportunos para contrarrestar información falsa, manteniendo informada a la ciudadanía con datos verificados.
- Educación mediática y digital: Fomentar programas educativos que desarrollen el pensamiento crítico y la capacidad de los ciudadanos para discernir entre información veraz y manipulada.
- Fortalecimiento de la ciberseguridad: Invertir en infraestructura tecnológica y capacitación para proteger los sistemas de información gubernamentales y evitar su vulneración por parte de actores malintencionados.
- Colaboración internacional: Establecer alianzas con otros países y organizaciones internacionales para compartir información y estrategias efectivas en la lucha contra la desinformación y el crimen organizado.
La implementación de estas contramedidas es esencial para salvaguardar la democracia y la seguridad en Ecuador, especialmente en un período donde la información se ha convertido en un campo de batalla estratégico en el mundo entero. Ecuador es el campo de batalla para mantener las macro rutas del narcotráfico abiertas y la proliferación de mafias internacionales en territorio nacional. Hay una clara oferta de impunidad, en un momento en el que el cambio de decisiones y acciones gubernamentales deja un claro impacto en los grandes poderes, golpeados por acciones decisivas en contra del narcotráfico y su control político del país.