Este reportaje podría empezar de varias maneras. Una es apelar a las cifras ya verificadas de esta tragedia. En el 2023, Ecuador terninó con la tasa de homicidos intencionales más alta de América y de su historia: 44.7 por cada 100.000 habitantes. Este porcentaje agrupa a las 8.094 personas asesinadas en el país durante ese año. Desde el 2017 hasta agosto del 2024, esta guerra criminal ha costado al país más de 23.500 vidas. Hay dos elementos adicionales tras estas cifras: las armas de fuego han causado la mayoría de los homicidios en el país, pasando de 54.93% en 2019 a 83.89% en 2022 y a 87.94% en 2023.
Los homicidios con este tipo de arma, principalmente usada por organizaciones criminales, aumentaron 126% en 2021, en comparación con 2020. Este crecimiento continuo con su tendencia creciente en 2022, cuando aumentaron 122% con respecto a 2021, y, en 2023, se puede apreciar un crecimiento de 79% con respecto al anterior año.
Y el segundo elemento es que la población más afectada por este crimen se encuentra entre los 25 y 29 años, con el 20.03% del total de homicidios en el año 2023. Seguida por las personas entre 20 y 24 años (18.76%), entre 30 y 34 (16.74%) y 35 y 39 años (11.06%). Pero es más grave: en el 2023, 248 niños y niñas menores de cuatro años de edad fueron asesinados. Hubo 468 homicidos entre los 15 y 19 años de edad. En total, 770 menores de 19 años fueron víctimas de homicidio. Mientras en 2022 un niño, niña o adolescente (NNA) moría pasando un día por causa de homicidios intencionales, en 2023 ya se registraban 2 muertes de NNA por día. De lo que va el 2024, entre enero y abril, un niño, niña o adolescente ha muerto cada 20 horas.
Entonces hay tres elementos a considerar de las estadísticas. El primero: entre el 2022 (4.885 personas) y el 2023 (8.094), la cifra de homicidios casi se duplicó. El segundo: 6.6 de cada 10 víctimas de homicidos tienen entre 20 y 39 años de edad, siendo la rango entre los 25 y 29 años el más impactado (2 de cada 10). En el 2023, 22 personas fueron asesinadas cada día. En Afganistán, un país en guerra, son 23. Y el tercero es que casi 9 de cada 10 víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, cuyo uso en estos delitos se ha duplicado año tras año desdel el 2021.
Se puede empezar preguntando: si el incremento geométrico de los homicidos está asociado al crecimiento geométrico de uso de armas de fuego, ¿por qué no se detiene la proliferación ilegal de armas de fuego, muchas de alto calibre, en manos de asaltantes, secuestradores, extorsionadores y homicidas?
23.500 homicidos intencionales se han dado en el ecuador desde el 2017 hasta julio del 2024. solo en el 2023 hubo más de 8.000 muertos por la violencia criminal. es el país con más asesinatos en el continente americano.
El subsecretario de Seguridad del Ministerio del Interior, Guido Núñez, admitió esta relación directa en una comparescencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea: «esta variable, que tiene que ver con el tráfico ilícito y el uso legal de armas de fuego en Ecuador, es muy importante para los homicidios intencionales y para la violencia que está ocurriendo en el país».
No es un consuelo, pero Ecuador no es un caso aislado en la región, aunque sea el más catastrófico. En América Latina y el Caribe, más que en ninguna otra parte del mundo, las armas de fuego son por un amplio margen el principal instrumento del homicidio: tres cuartas partes del total (UNODC, 2017). De esta manera se ha aseverado que la singularidad de los países de la región frente a otros países de Asia, África y la región balcánica, donde la actividad de producción y tráfico de drogas es intensa, se debe, a dos factores: la delincuencia organizada opera en un contexto de alta disponibilidad de armas de fuego y en Estados débiles, dice un informe parlamentario del Ecuador que sirvió de contexto para la aprobación de la Ley de Armas.
Una variable importante y una preocupación desde el ministerio del Interior «es que el incremento de policías fallecidos en el año 2022, que fueron 16 versus los 35 policías fallecidos en actos del servicio en el año 2023, es decir no solamente se duplicó, sino, que también progresivamente tiene un incremento, y esto considerando actos de servicio que fueron fallecidos con armas de fuego, es decir, policías que estaban en actuaciones policiales y fueron victimados con delincuentes o grupos delictivos o armas de fuego. Entonces esta es una preocupación que traemos», dijo el funcionario.
Hay otro elemento a considerar. Al tener el 88% de los homicidios intencionados con armas de fuego toda la cadena de investigación del delito tiene que ver con el uso ilegal o ilícito de armas de fuego en el Ecuador. En la investigación debe inmediatamente obtenerse una bala o un testigo del arma y también el reconocimiento del arma como elementos sustanciales para llegar a establecer la culpabilidad.
¿Cuántas armas de fuego en manos de civiles hay en el país? Las entidades oficiales afirman que en el Ecuador unas 32.000 armas de fuego civiles cuentan con permiso. Pero también dan cuenta que el 49% de esas armas fueron robadas o perdidas las cuales, suponen, terminaron en manos de la delincuencia, unas 16.000. En contraste, en el 2023, la fuerza pública incautó 9.300 armas de diverso calibre en actos delincuenciales. Además, la Policía tiene en custodia 45.000 armas de fuego a la espera de que un trámite judicial permita el uso por parte de la fuerza público.
32.000 armas en manos de civiles, de las más de 138.000 registradas. tienen permiso. la fuerza pública reconoce la enorme dificultad para el control de la proliferación de armas ilegales, que ingresan por fronteras y puertos del país.
El otro aspecto es que en el 2023 fueron capturadas aproximadamente 240.000 municiones, de las cuales unas 200.000 son calibre 5.56 es preocupante porque llegamos casi a las 200.000 para armas de uso exclusivo militar, que es exclusivo. Esto, según Núñez implica que detrás del tráfico ilícito hay toda «una red que está pensando en un poder de fuego muy diferente lo que tiene el Estado ecuatoriano a nivel de Policía Nacional, y las capacidades que tiene para poder enfrentar este tipo de amenaza».
El general de Brigada, Manuel Dávila, agrega otra cifra: hay más de 1.600 compañías de seguridad a escala nacional, son 120.000 guardias y aproximadamente unas 80.000 armas que están registradas en manos de estas empresas.
Como Policía Nacional hemos recomendamos hacer énfasis sobre la trazabilidad de armas, dice el coronel de la PN, Benjamín Molina, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos de Tráfico de Armas. Y para ello han propuesto que la PNE realice un registro biométrico de las personas naturales y jurídicas previo a la obtención del permiso de porte y tenencia de armas.
En el año 2022 se firmó un memorando de entendimiento con la ATF, Agencia de Trabajo, Control y Trafico de armas de Estados Unidos, con quienes e inició un protocolo de trazabilidad de armas. Esto ha generado realmente datos que el coronel Molina considera importantes: En el sistema de trazabilidad se han ingresado 544 armas de fuego, de esas se tiene que 194 armas provienen de Estados Unidos, 79 son fabricadas en Austria, 32 en Brasil. El dato de la muestra es aún pequeño. La Policía Nacional ha incautado 9.700 armas de fuego, dice Molina, de las cuales el 45% son armas de fabricación industrial, es decir importadas, el 55% todavía son artesanales y de fabricación se podría interna o casera.
Otro dato importante de la trazabilidad y que se debe hacer constar en la ley, pues es que el 10% de las armas trazadas la Polihacía identificado que han sido desviadas de Perú 28 fusiles, 16 pistolas y 2 revólveres. En ese país hay una permisividad en su ley de armas de Perú respecto a la adquisición de armas, que permite la libre compra de rifles calibre .223, pero estas armas largas son las más apetecidos por los grupos de delincuencia organizada en Ecuador, que aquí los conocemos como fusiles. Estos fusiles pueden usar calibre 5.56, además del calibre .223.
9.700 armas incautó la policía nacional en diversos operativos, solo en el 2023. una cifra récor respecto a los años anteriores inmediatos. el incremento de capturas es una señal del crecimiento del poder de fuego de la delincuencia.
«Como lo indica la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en su informe sobre los Fundamentos de Armas de Fuego y Municiones del año 2020, una pieza clave de cualquier arma de fuego es el cañón. El proyectil o bala (terminología ordinaria) atraviesa el cañón por medio de una carga explosiva (propulsor). El cañón está conectado a un receptor que alberga las partes operables del arma de fuego, incluido un cargador, que contiene la munición. Por ejemplo, el cambio del cañón de un arma de fuego hará imposible la identificación de una bala disparada con la misma arma, ya que las marcas del nuevo cañón son diferentes de las marcas del cañón original. Además, el nuevo cañón puede tener un número de serie diferente o no tener ningún número de serie, lo que crea una dificultad en la identificación física del arma de fuego. Al tener acceso a diversas piezas y componentes de las armas de fuego, los delincuentes pueden construir sus propias armas de fuego ensamblando los componentes o pueden utilizar estos componentes para modificar o reactivar armas de fuego legalmente compradas. Por lo tanto, la producción y la comercialización de las piezas y componentes de las armas de fuego están sujetas a reglamentos similares a los del comercio y la producción de armas de fuego», señala el informe de la Asamblea. Las distintas fuentes especializadas coinciden en la capacidad desarrollada por las bandas criminales de fabricar piezas en 3D en el Ecuador.
La misma UNODC ha señalado que ante el aumento de actos delictivos como robos, violencia doméstica, secuestros, caza furtiva de especies silvestres, abigeato se incrementan al mismo ritmo que el uso de armas de fuego para la perpetración de estos delitos. Es decir, el acceso y disponibilidad de las armas es un factor para analizar en toda legislación, por eso es importante su limitación.
El Ministerio del Interior en comisión general expuso ante la comisión de seguridad de la Asamblea Nacional que en el Ecuador el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos tiene origen en los mercados ilícitos de Perú y Bolivia con armamento militar; talleres de fabricación artesanal clandestina de armamento de bajo y mediano calibre y los robos en rastrillos de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional.
El destino de estas armas se dirige a grupos de delincuencia organizada, delincuencia común, empresas de seguridad con registros legales, seguridad de fincas y camaroneras para tenencia y porte de uso civil.
siete son las provincias con mayor concentración del número de armas. estas son esmeraldas, pichincha, manabí, santo domingo de los tsáchilas, los ríos, guayas y el oro.
Los tipos de armas caracterizados son: ametralladoras y subametralladoras, fusiles automáticos, pistolas automáticas, semiautomáticas, revólveres, cartucheras, pistolas artesanales, carabinas, escopetas artesanales o extranjeras.
Según el delegado del Ministerio del Interior que participó en la Comisión, el modus operandi es a través del transporte interprovincial de encomiendas y el empleo de viviendas como lugares de almacenamiento, el transporte camuflado en vehículos, embarque en zonas costeras y puertos para ser trasladados a Colombia y la fabricación artesanal.
Las siete provincias con mayor concentración del tráfico de armas de fuego son: Esmeraldas, Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro, en ese orden. En el 2022 la Policía incautó 8.929 armas y en el 2023 fueron 9.300.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con corte al 7 de diciembre de 2022 en el sistema SINCOAR (Sistema Informático de Control de Armas) reportó que existen 138.095 armas registradas en el Ecuador, de las cuales apenas 36.800 contaban con permisos vigentes a esa fecha.
Los permisos de porte y tenencia corresponden a 27.010 para personas jurídicas y 9.790 corresponden a personas naturales. Los permisos caducados ascienden a 13.416 que corresponden en su mayoría a personas jurídicas (6.952). Lo que ha llamado la atención es que se han reportado 16.202 armas
como robadas o perdidas equivalentes al 49% de las armas con permisos. En su mayoría el reporte es de personas jurídicas (12.178). También es importante mencionar que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha cancelado 71.677 permisos de porte y tenencia de armas.
Las solicitudes de tenencia de armas desde el año 2020 a inicios de 2022 asciendía a 6.537 mientras que las solicitudes de porte en el mismo periodo fueron 470.