El Gobierno que resuelve entró en un Conflicto Armado No Internacional (CANI) mediante Decreto Ejecutivo No. 218 del 07 de abril de 2024, luego de una larga data de eventos violentos y contenciones al delito que no hicieron sino mostrar la inoperancia de las autoridades de Estado, especialmente en el caso de los motines carcelarios y el incremento de la violencia en las calles del país,
La convergencia de varios factores, entre ellos el narcotráfico, la presencia de grupos armados irregulares, la entrega de las cárceles a las organizaciones criminales, y el impacto de la crisis de seguridad regional, especialmente en la frontera con Colombia, fueron determinantes para que el Ecuador se transforme definitivamente en una zona de conflicto no internacional cuya secuela de muertos no deja de crecer día a día.
Nuestra amplia frontera verde con Colombia ha sido desde hace décadas un serio problema de seguridad para el Ecuador. No sólo por el prolongado conflicto armado interno, sino por ser el foco de la producción de cocaína en la región, con el auspicio de la narcoguerrilla y la tolerancia estatal. Durante la época más fuerte del conflicto colombiano, grupos como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) operaban cerca de la frontera ecuatoriana, utilizando este país como refugio y corredor para el tráfico de drogas.
Cómo olvidar Angostura y la indignación presidencial por la muerte del principal de esta organización guerrillera. Aunque las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, las disidencias de este grupo y otras organizaciones criminales han continuado operando en la región, convirtiéndose en los señores de la droga y los encargados de la recolección para su acopio y exportación por la frontera verde ecuatoriana, para su posterior despacho por la frontera azul (puertos marítimos y limitadamente por vía aérea).
El incremento de la violencia carcelaria desde 2020, con brutales masacres a cientos de reclusos, dejó en claro la ausencia del Estado y la inacción fiscal para su esclarecimiento, pues estas muertes quedaron en impunidad con una obvia denegación de justicia a las víctimas colaterales.
El narcotráfico y el crimen organizado han convertido al Ecuador en un corredor estratégico para el tránsito de drogas, especialmente cocaína, desde Colombia y Perú hacia mercados internacionales. Este comercio ilícito ha dado lugar al surgimiento de redes criminales en Ecuador, vinculadas tanto con el narco —como negocio logístico de cadena completa— como para el lavado de dinero. En los últimos años estas organizaciones se han fortalecido, incrementando la violencia y la actividad delictiva en el país. Su influjo ya no es solo psíquico sino que se siente en la violencia cotidiana y entrega de territorios a los custodios de los grandes cargamentos que salen a diario por los puertos ecuatorianos.
A ello se debe sumar la debilidad institucional y corrupción reinante, que nos han llevado a enfrentar nuevos desafíos en términos de lucha contra la corrupción dentro de instituciones claves para el funcionamiento del Estado. Pues no sólo es el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad las afectadas por este flagelo, sino que la propia función judicial está en el foco mismo de las acciones cuestionadas, con jueces de todas las jerarquías allanados e investigados por sus vínculos con el narco así como el enriquecimiento injustificado o tráfico de influencias de políticos igualmente “embarrados” de corrupción y con una fuerte pestilencia a drogas.
El incremento de la violencia carcelaria a partir de 2020, con brutales masacres en sus cárceles, en las que cientos de reclusos fueron asesinados en violentas disputas dejó en claro la ausencia del Estado. Además de la inacción fiscal para su esclarecimiento, pues estas muertes quedaron en la impunidad absoluta con una obvia denegación de justicia para las víctimas colaterales.
Pero igualmente dejó en claro que las organizaciones vinculadas al narcotráfico han competido por el control de las rutas de la droga y han llevado a cabo actos de violencia extrema dentro y fuera de las prisiones con verdaderos arsenales, ingresados con una obvia concupiscencia gubernamental. El mando demostrado por líderes de las organizaciones hoy consideradas como terroristas, daba sus órdenes dentro del sistema penitenciario pero también, y principalmente, en las calles.
Todos estos antecedentes han sido ampliamente analizados, pero nos permite situarnos de manera clara en lo que hoy estamos viviendo de manera sistémica, que es la presencia de un verdadero terrorismo con la ejecución de atentados en el territorio nacional. No solo es la violencia en las cárceles y la actividad delictiva en las calles, sino que el Ecuador entero ha experimentado una serie de atentados con explosivos, principalmente en áreas urbanas, dirigidos contra la Policía y otras autoridades y las ejecuciones sumarias que se dan en las ciudades son pan de cada día.
El Conflicto Armado No Internacional en Ecuador (CANI) es el resultado de la expansión del narcotráfico y del crimen organizado en el país, sumado a la debilidad institucional y la crisis de seguridad en la región andina. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes.
De su parte, el Estado ha enfrentando el aumento de la violencia, implementado diversas medidas más populistas que reales, tales como el envío de tropas militares para controlar áreas urbanas con poco impacto real en la seguridad. De igual forma lo hizo en el tema de las prisiones, con un mejor resultado pero con un evidente desgaste del personal militar que ya enfrenta varias acciones judiciales en sede nacional e internacional.
También se han concretado reformas legales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, estas respuestas han sido en gran medida reactivas, y no han logrado detener la escalada de violencia.
La situación en Ecuador ha sido evaluada por organismos internacionales, como la Cruz Roja, que en el 2023 declaró que la situación en el país puede ser calificada como un Conflicto Armado No Internacional. Esta declaración implica que los enfrentamientos violentos en Ecuador ya no se consideran meramente actos delictivos aislados, sino que cumplen los criterios para ser reconocidos como un conflicto armado interno. Esto se debe a:
—La presencia de grupos armados organizados.
—La intensidad de los enfrentamientos.
—El control territorial ejercido por algunas de estas organizaciones criminales.
—El hecho de que estos actores ya no solo se enfrentan entre sí, sino también con las fuerzas del Estado.
Sin embargo de ello en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), con la declaración de CANI, entran en juego reglas determinadas por este marco jurídico que obliga, tanto al Estado como a los grupos armados, a cumplir normas específicas como la protección de civiles y la prohibición de ciertos tipos de armas y tácticas, situación que en la realidad ecuatoriana no existe.
No existen tampoco interlocutores del lado de los GDO (Grupo de Delincuencia Organizada), hoy terroristas que reconozcan su lucha contra el Estado y acepten reglas de beligerancia, mucho menos se puede aceptar que se fijen zonas de conflicto, pues en realidad la proliferación de acciones sorprende en el día a día a las propias autoridades especializadas en esta lucha. Hay que sumar a esto un factor que evidencia la falta de objetivos claros y blancos de alto valor, pues no se han debilitado las estructuras criminales sino que han mutado sus mandos, tornándose en algunos casos más violentos y radicales.
El Conflicto Armado No Internacional en Ecuador (CANI) es el resultado de la expansión del narcotráfico y del crimen organizado en el país, sumado a la debilidad institucional y la crisis de seguridad en la región andina. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, con enfrentamientos entre grupos armados y con las fuerzas del Estado, lo que ha llevado a que Ecuador entre en una fase de conflicto que no había experimentado.
Como una mera “coincidencia”, la premonición del expresidente Correa sobre la proliferación de la violencia coincide con acciones de terrorismo ecológico, ejecutadas de manera sistemática en la Sierra, con incendios planificados y estructurados para causar caos.
Como una mera “coincidencia” dentro de las diferentes etapas de este conflicto, la premonición del ex presidente Rafael Correa sobre la proliferación de la violencia y existencia de actos de terrorismo político y social, coincide plenamente con las acciones de terrorismo ecológico o ecoterrorismo. Estas han sido ejecutadas de manera sistemática en toda la región Sierra, mediante incendios forestales planificados y estructurados para causar caos y temor en la población en general.
Históricamente, el daño ambiental ha sido usado como una forma malsana de protesta o de intimidación para alcanzar objetivos políticos, ideológicos o sociales. En este contexto, los incendios forestales deliberados, causados presuntamente por “influencers” políticos o partidarios del visionario, pueden considerarse una manifestación de terrorismo ecológico, pues son intencionalmente provocados con el fin de dañar ecosistemas, afectar a comunidades humanas o presionar al gobierno y mostrarlo como incompetente para controlar las recurrentes emergencias en todos los niveles.
A ello se debe sumar, cual coincidencia, el inicio de apagones programados, que se han convertido en el gatillo de los perpetradores, que han prendido fuego en áreas forestales afectadas por la extensa sequía. Es el afán de crear presión social para evidenciar la falta de políticas de seguridad y crear un ambiente de catástrofe extendida por la destrucción de grandes áreas de vegetación. Sumado esto a la destrucción del cinturón verde de la ciudad y los frágiles hábitats críticos para la fauna silvestre, queda claro que estas acciones tienen efectos devastadores y duraderos en la biodiversidad y la salud ecológica de la zona afectada.
Los incendios forestales deliberados tienen, además, consecuencias para las poblaciones humanas cercanas, como la destrucción de viviendas, la pérdida de medios de subsistencia, el desplazamiento de comunidades y la degradación de la calidad del aire debido al humo, que afecta la salud pública. No son cuestiones menores que puedan ser toleradas por el Gobierno desde ningún punto de vista. Este debe ser radical en la búsqueda de los responsables directos, pero fundamentalmente de los autores intelectuales de la formación de estas células terroristas que actúan de manera planificada, financiada y con una clara motivación política.
Al terrorismo hay que enfrentarlo mirándolo a los ojos. Hoy es el momento para que el nuevo mando Policial demuestre su potencial para perseguir los temas de fondo e investigar con todos los medios técnicos a estas “células” dispersas pero activas del “ecuaterrorismo”.
El impacto de los apagones ya afecta gravemente las economías locales y regionales, que dependen de la continuidad de un recurso fundamental, como la energía, para el trabajo en todos los sectores productivos del Estado. A ello se debe sumar que los recursos naturales o del turismo vinculado a la naturaleza en los entornos urbanos han sufrido una debacle de larga duración. La destrucción intencionada de bosques, parques nacionales o áreas protegidas puede ser un ataque directo a la base económica de una región.
La quema de bosques libera grandes cantidades de CO₂ y otros gases de efecto invernadero, contribuyendo a la crisis climática global y de esta manera se afecta aún más a las condiciones de un extendido estiaje, que va incrementado la preocupación legítima de las autoridades de todos los niveles del Estado. No es, por tanto, un tema menor lo que vive Quito y todo su Distrito Metropolitano. Estas acciones han causado ya el desplazamiento de especies animales, que se ven forzadas a migrar o perecer en estos incendios intencionados, pero también han causado un daño irreparable para la vida de los habitantes de las laderas de la ciudad.
Las autoridades han sumado esfuerzos para enfrentar los flagelos, pero nunca serán suficientes si no se enfrenta al terrorismo viéndolo a los ojos, actuando de manera decidida y ejemplificadora, sin titubear en las acciones que se deben realizar para prevenir nuevos ataques contra los ecuatorianos. Hoy es el momento para que el nuevo mando Policial demuestre su potencial para perseguir los temas de fondo e investigar con todos los medios técnicos a ésta “células” dispersas pero activas del “ecuaterrorismo”.