Un viaje por el nuevo narcoestado del mundo, titulaba el periodista estadounidense Alexander Clapp su reportaje para The Economist, donde describía la ola de violencia que azota a Ecuador y cómo ciudadanos comunes conviven y sobreviven con la violencia. Cuatro adolescentes guayaquileños de la barriada popular de Las Malvinas perdieron la vida a manos de militares, que consideraron que se trataba de jóvenes sicarios huyendo ante la presencia de elementos armados.
Roberto Aguilar se preguntaba en un artículo ¿en manos de quién estamos? En un recuento de los hechos, escribió: “la última vez que fueron vistos Josué, Ismael, Saúl y Steven, los cuatro niños de Las Malvinas, iban tumbados en la paila de una camioneta militar, con la bota de un gorila pisándoles el cuello. Desaparecieron, pues, bajo custodia del Estado”. Criticó al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, y al comandante de la Fuerza Aérea, Celiano Cevallos, diciendo que “son incapaces de hacerse cargo de la gravedad de este hecho”
Buscar delincuentes, sicarios y narcotraficantes se volvió una obsesión del gobierno tras la publicación del artículo de Clapp que, en lugar de ser desmentido por el gobierno, muestra otra faceta: la de un Estado que quiere demostrar que es muy fuerte —con tatuaje presidencial incluido— frente al crimen organizado.
Lo habitual siempre fue hablar de militares o fuerzas policiales que “cometieron un error o se les pasó la mano”. En el gobierno de León Febres Cordero, en 1988 —hace 37 años—, la desaparición nunca aclarada —con Pedro Restrepo muerto— y la desaparición de sus hijos a manos del temible y muy mal recordado SIC 10 por una fuerza policial que nunca aclaró los excesos que cometió con los hermanos, a quienes se trató de vincular, también, con la entonces guerrilla colombiana del M19.
“Dirán que es un crimen de Estado. Y sí. Pero es más que eso: es un crimen de país, hagámonos cargo”: roberto aguilar, diario expreso.
Las dudas persisten. El mismo Aguilar se preguntaba “si es crimen de Estado o de país. Dirán que es un crimen de Estado. Y sí. Pero es más que eso: es un crimen de país, hagámonos cargo”. Cuando lo dijo Alexander Clapp, periodista de The Economist, todos se enojaron y pidieron aclaraciones. Narcoestado, dijo. Ahora fueron cuatro niños las víctimas de la impunidad militar apoyada por la gente (porque, es bueno recordar que más del 50% de ecuatorianos asumen que prefieren una dictadura militar o un gobierno de facto “que resuelva las cosas”).
Clapp hizo un viaje al interior de las zonas donde operan los carteles del narcotráfico y el crimen organizado. El periodista inició el recorrido en Montecristi, donde relata que “los pobladores ya no sufren por la acumulación de basura, sino la de cadáveres. Relata que los habitantes escuchan, por las noches, cómo llegan avionetas que traen dinero y se llevan cocaína”.
Visitó el periodista los exteriores de la Penitenciaría del Litoral y apreció cómo funcionan las extorsiones; en la Nueva Prosperina contó cómo reclutan niños para ser sicarios; y en la morgue de Guayaquil comprobó cómo se amontonan decenas de cadáveres en descomposición; fue a Durán y finalizó su recorrido en Santa Elena, donde sus pobladores se oponen a la construcción de una cárcel (aunque el alcalde de Salinas dijo que “el pueblo apoya dicha obra”).
Dijo el periodista “que en los últimos diez años la cocaína ha transformado a Ecuador, de una de las naciones más estables de Sudamérica al país más peligroso del continente.” Se refirió a Durán como la capital mundial del asesinato, porque alguien es asesinado cada 19 horas. Dice de Ecuador, que “pocos lugares podían ser más atractivos para un sistema de cárteles global”.
“EE.UU. es el origen del problema que vive el Ecuador, por su consumo y guerra a las drogas, y justo es que vuelque su atención a la angustiosa situación que vive el país. Es imprescindible la unidad nacional para librarnos de ser un narco estado”, sostiene el político y diplomático Mauricio Gándara.
La publicación de The Economist señala a Ecuador como un “nuevo narcoestado” en América Latina y destaca cómo la violencia y las redes criminales han erosionado la estabilidad de Ecuador, y cuestiona la capacidad del Estado para enfrentar la crisis.
…Mientras tanto, qué pasa en otros lugares
En México hay un escenario donde el crimen organizado, el negocio de la droga y las guerrillas y autodefensas se articulan y socavan el poder del Estado. Algunos informes hablan de México como un probable “Estado fallido”. Cuando se sostiene eso, se evoca un escenario marcado por altas tasas de violencia: asesinatos, secuestros, atentados, y vínculos más o menos sólidos entre guerrillas y organizaciones criminales, grupos de autodefensa, paramilitares, justicieros y el conjunto de la vida política termina condicionado por la violencia.
Un hecho básico que podría considerar a México como un narcoestado es que, en las relaciones de colaboración entre grupos guerrilleros y organizaciones criminales, en particular las dedicadas al narcotráfico, aumentan los recursos económicos y la capacidad de fuego y de reclutamiento de las guerrillas, como pasó en décadas pasadas en Colombia con las FARC y en Perú con Sendero Luminoso.
Los Estados latinoamericanos no tienen recursos suficientes para cumplir con tareas básicas; una burocracia corrupta, ineficiente y poco profesional, así como mal equipada; que actúa poco y mal porque no existe un orden jerárquico, incondicional y uniforme de la legalidad.
Sumado esto a la debilidad del Estado y la ineficacia de la justicia, con el riesgo de que los grupos delincuenciales hayan logrado permear en organizaciones como la policía y las fuerzas armadas. La resolución legislativa del congreso mexicano que autorizó elecciones generales para escoger jueces y magistrados, con la venia del partido Morena, abona mucho más en este riesgo, por la infiltración del narco en el sistema de justicia mexicano.
La debilidad del Estado es otro dato descontado: los Estados latinoamericanos no tienen recursos suficientes para cumplir con tareas básicas; una burocracia corrupta, ineficiente y poco profesional, así como mal equipada; que actúa poco y mal porque no existe un orden jerárquico, incondicional y uniforme de la legalidad.
En México, por décadas, esta situación no fue un problema sino una especie de atenuante para la integración política, movilidad y la producción de orden, en una sociedad con enormes desigualdades económicas y regionales, a partir del sistema de intermediación creado por el PRI.
La descripción de Clapp
La revista británica analiza el impacto devastador que ha tenido el narcotráfico en el país, explorando cómo la expansión del negocio de la cocaína modificó el panorama social, político y económico del país. En el artículo, escrito por Alexander Clapp y respaldado por el Centro Pulitzer, se explora la evolución de lo que denominan como un “narcoestado”. El periodista recorrió Montecristi (Manabí), Santa Elena, Nueva Prosperina (Guayaquil) o Durán.
«Ecuador es zona de guerra» para satisfacer la demanda de cocaína de Europa, dice The Guardian. «La ciudad industrial de Durán —donde gran parte del aparato de gobierno ha sido secuestrado por mafiosos— tiene derecho a ser la capital mundial del asesinato: en promedio, alguien es asesinado allí cada 19 horas», narra Clapp.
Además, la revista plantea interrogantes: ¿cómo pasó Ecuador de ser un modelo regional a ser uno de los países más mortíferos en menos de una década? En sus conclusiones, destaca que la creciente violencia y expansión del narcotráfico no son atribuibles solo a las políticas de ningún gobierno. También hay falencias en la capacidad de las autoridades civiles, militares y policiales para enfrentar la crisis. Mientras que las bandas criminales se adaptan y operan con independencia de lo que haga o deje de hacer el Estado.
El artículo sostiene que Ecuador, ubicado estratégicamente entre los mayores productores de cocaína del mundo, es terreno fértil para redes delictivas internacionales que explotan su infraestructura por los débiles controles estatales. “Pocos lugares podrían haber sido más atractivos”, apunta Clapp.
“Una economía dolarizada presenta oportunidades para blanquear ganancias ilícitas. Y Ecuador está conectado a las redes navieras globales, con la infraestructura para respaldar la exportación de cuatro millones de toneladas de banano al año a prácticamente todos los países del mundo», agrega el periodista. Estas dinámicas llevaron a un aumento en la tasa de homicidios sin precedentes.
“Etiquetar a Ecuador como narcoestado es una grave estigmatización y un daño significativo que se ha infligido a nuestro país. El artículo es en gran parte anecdótico, carece de rigor investigativo»: alberto molina, la república.
El general Alberto Molina Flores, en una carta escrita a la revista The Economist señalaba que “no existe una definición que identifique a un país como narcoestado. Se podría decir que un Estado ha caído en manos de las mafias del narcotráfico, que luego manejan todos los componentes del estado, sin dejar ninguna autoridad legítima en el poder. Este no es el caso de Ecuador”.
Reconoce Molina que “el país vive momentos difíciles y que la violencia ha crecido enormemente debido a la presencia de bandas criminales y mafias extranjeras involucradas en el terrible y lucrativo negocio de la droga. También es cierto que la corrupción y la impunidad en algunas áreas del estado contribuyen a este clima de inseguridad y temor entre los ciudadanos”.
Sin embargo, agrega Molina, “etiquetar a Ecuador como narcoestado es una grave estigmatización y un daño significativo que el periodista mencionado ha infligido a nuestro país con esta publicación. El artículo es en gran parte anecdótico, carece de rigor investigativo y se centra en conocidos focos de violencia, en particular a lo largo de la costa ecuatoriana, donde operan bandas de narcotraficantes para transportar drogas por mar”.
“Países como México no han sido etiquetados esa manera” agrega el militar, “pese a sus graves problemas de seguridad. Igual pasa con Colombia, con más de 300.000 hectáreas de plantaciones de coca y una enorme producción de cocaína de alrededor de 2.800 toneladas por año, y Venezuela, donde gobierna una dictadura vinculada al narcotráfico a través del «Cartel de los Soles», y tampoco han sido objeto de tal caracterización”, analiza el oficial.
“Uno de los efectos secundarios negativos de la dolarización en Ecuador”, sostiene Molina, “es la facilitación del lavado de dinero del narcotráfico, nuestra pequeña economía hace que los montos estimados de lavado sean relativamente insignificantes. Según la agencia de noticias alemana DW, en Ecuador se blanquean anualmente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. En cambio, la mayor parte del lavado de dinero ilegal, que asciende a miles de millones, se produce en centros financieros de Estados Unidos y Europa”.
Ecuador es víctima de esta situación. Cargamos con la peor parte de la violencia y la pérdida de vidas por la alta demanda de drogas, que impulsa una oferta creciente. El país pasó de ser un punto de tránsito a convertirse en una plataforma para la distribución internacional de drogas.
“Esta situación es un cáncer severo que ha hecho metástasis debido a la complicidad de un gobierno que hizo tratos con bandas criminales e incluso recibió recursos financieros para su campaña, así como a la complacencia de los gobiernos posteriores, que, en diversos grados, tienen responsabilidad. Es evidente que el gobierno actual tiene la obligación de enfrentar este flagelo y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, concluye Molina Flores.
¿Cumple el país los requisitos?
El término «narcoestado» se refiere a un país donde el narcotráfico tiene una influencia significativa en las instituciones gubernamentales, económicas y sociales, a tal punto que puede llegar a definir la política interna y la estructura del poder del país. Esto podría ser observado en países como México o Haití, un país en donde las bandas criminales dominan la capital, Puerto Príncipe y otras ciudades.
Ecuador ha sido tradicionalmente un punto de tránsito clave para el narcotráfico por su ubicación geográfica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína en América Latina. Aunque Ecuador no es uno de los principales productores de cocaína, tiene una posición estratégica que lo convierte en un corredor importante para el tráfico de drogas hacia mercados internacionales, especialmente a EE. UU. y Europa.
En los últimos años, Ecuador vio un aumento significativo en el número de incautaciones de drogas y de operaciones de tráfico, especialmente a través de sus puertos marítimos. Sin embargo, el país ha hecho esfuerzos por combatir el narcotráfico, aunque con resultados mixtos.
Un elemento fundamental de los narcoestados es la penetración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales y la corrupción a niveles altos. En el caso de Ecuador, aunque existen casos de corrupción vinculados con el narcotráfico, y existen funcionarios públicos y judiciales arrestados por tráfico de drogas o por estar relacionados con organizaciones criminales, no se ha llegado aún a un nivel tan extremo como en otros países donde las estructuras estatales han sido completamente infiltradas por el narcotráfico.
El país mantiene políticas para combatir el narcotráfico, incluyendo la erradicación de cultivos ilegales, incautación de drogas, y operaciones de desmantelamiento de redes de narcotráfico.
El actual gobierno, en general, ha tratado de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y ha adoptado políticas de cooperación internacional con organizaciones como la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE. UU.), países como Israel y agencias de seguridad de otros países. Sin embargo, el desafío sigue siendo grande por la penetración de las redes transnacionales de narcotraficantes.
Otro indicador importante es el nivel de violencia relacionada con el narcotráfico. Ecuador ha experimentado un aumento en la violencia en los últimos años, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia y en las principales ciudades, donde bandas criminales asociadas al narcotráfico compiten por el control de territorios. Aunque no es comparable con el de otros países considerados narcoestados, como México o Colombia en sus peores momentos, esto ha generado una preocupación creciente entre la población y las autoridades.
El país mantiene políticas para combatir el narcotráfico, incluyendo la erradicación de cultivos ilegales, incautación de drogas, y operaciones de desmantelamiento de redes de narcotráfico. Sin embargo, la capacidad del Estado para hacer frente al narcotráfico es limitada por diversos factores, como la corrupción, la falta de recursos y la influencia de las organizaciones criminales.
Por lo expuesto, Ecuador no cumple plenamente con los requisitos para ser considerado un narcoestado en el sentido más estricto del término. Enfrenta desafíos relacionados con el narcotráfico, como el aumento de la violencia y la penetración de organizaciones criminales, pero el estado aún mantiene una estructura política y gubernamental funcional y hay un esfuerzo por parte de las autoridades para combatir el narcotráfico, pero con limitados resultados. No obstante, si la situación de inseguridad y corrupción vinculada al narcotráfico desmejora, podría acercarse más a cumplir con las características de un narcoestado en el futuro.