sábado, mayo 23, 2026

Villavicencio y Uribe: dos crímenes y una misma sombra

La muerte del senador y precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay reabre la herida que Ecuador no logra cerrar desde el 9 de agosto de 2023, cuando Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito. En ambos casos, la violencia no solo asesina personas: condiciona elecciones, redibuja políticas públicas y expone a un Estado que llega tarde, poco o mal.

Hugo Marcelo Espín Tobar

Por: Hugo Marcelo Espín Tobar

Colombia y Ecuador comparten una escena que se repite con guion casi calcado: un candidato en campaña, un perímetro de seguridad insuficiente, un tirador que aparece en segundos y un país que despierta con más preguntas que respuestas. La muerte del senador y precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay —herido el 7 de junio de 2025 y fallecido el 11 de agosto— reabre la herida que Ecuador no logra cerrar desde el 9 de agosto de 2023, cuando Fernando Villavicencio fue acribillado en Quito. En ambos casos, la violencia no solo asesina personas: condiciona elecciones, redibuja políticas públicas y expone un Estado que llega tarde, poco o mal.

Dos estampas del mismo método

En Bogotá, Uribe Turbay recibió múltiples disparos durante un acto en el parque El Golfito (Modelia, Fontibón). Dos meses en UCI, cirugías consecutivas y, finalmente, su muerte. La Fiscalía capturó a un adolescente de 15 años señalado como autor material y a otros presuntos partícipes; habla de red de sicarios y “magnicidio”, pero no hay autor intelectual identificado. El dato es demoledor: un país a nueve meses de presidenciales que despide a un precandidato sin saber quién dio la orden.

Integrantes del Batallón Guardia Presidencial trasladan el féretro del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a la catedral Primada en Bogotá. FOTO: Mauricio Dueñas. EFE

En Quito, Villavicencio fue asesinado al salir de un mitin. La justicia ecuatoriana condenó en julio de 2024 a cinco implicados (penas de hasta 34 años y 8 meses), con pista firme hacia la banda Los Lobos y el reclutamiento de sicarios colombianos. Todos los presuntos sicarios detenidos fueron asesinados dentro de cárceles ecuatorianas semanas después, y la autoría intelectual sigue abierta; incluso surgieron indicios de armamento de origen peruano, hoy discutidos por autoridades peruanas. La escena deja una huella nítida: transnacionalización del crimen y cárceles-operativas, ello en conjunción con la metodología del crimen de Uribe y el juventud del “gatillero”.

Manual de la narcopolítica versión andina

Tercerización de la violencia (sicariato), subcontratación transfronteriza (Ecuador–Colombia–Perú), cárceles como centros de mando (GDOs activos y sus ramificaciones) y cooptación institucional. La lógica no es la del “cartel clásico”, sino la de redes híbridas que compran silencios, capturan operadores de justicia y apalancan coyunturas electorales para blindar sus negocios. El Tren de Aragua, nacido en Venezuela y expandido por la región, es el emblema de esa proyección criminal contemporánea, que inclusive ha sido analizado in extenso por el gobierno de los EE.UU. que lo ve como una amenaza regional de captación de jóvenes en condición de vulnerabilidad y su potencialización criminal contra las estructuras de la seguridad pública a la que enfrentan de manera análoga a grupos aún más radicales con arráigame Teo-ideológico como Hezbollah e ISIS.

El laberinto investigativo: cuatro fallas que se repiten

I. Autoría intelectual difusa. Colombia suma capturas y diligencias, pero el cerebro del crimen no aparece; en Ecuador hubo condenas a autores y cómplices, no a quienes ordenaron matar. Cuando los expedientes se concentran en el “gatillero”, el sistema falla donde más importa. Y lo más grave, es que luego de dos años de investigaciones a cargo de la señor Fiscal  titular de la Unidad de Lavado de Activos, la teoría del caso con el cual fueron sentenciados los autores materiales es contradictoria con la expuesta para la investigación de autores intelectuales.

II. Cárceles sin Estado. Siete implicados en el caso Villavicencio fueron asesinados bajo custodia en prisiones ecuatorianas: la cadena probatoria se pulveriza y la confianza pública también. Es imposible esclarecer los “por qué” si los testigos se apagan en pabellones dominados por bandas.

III. Transnacionalidad mal atendida. En Quito aparecen armas y sicarios con cruces de frontera irregular y operación en el anonimato de la ciudad capital con una logística de acogida y operación impresionantes; en Bogotá, partes de la investigación descartan vínculos internacionales, mientras otras líneas mencionan nexos con disidencias. Falta coordinación regional: sin equipos conjuntos y trazabilidad balística/financiera, las conclusiones se vuelven arena.

IV. Capacidades forenses y fiscales saturadas. Ecuador opera bajo conflicto armado interno y una Fiscalía con déficit de personal frente a la demanda; Colombia acumula más de un centenar de agresiones contra liderazgos solo en 2025. El resultado: cuellos de botella investigativos que las mafias explotan con precisión quirúrgica.

Política bajo extorsión

En Ecuador, el magnicidio catalizó una agenda securitizada: estados de excepción, militarización sostenida y un plebiscito que reforzó herramientas de control, con efectos mixtos en seguridad y derechos. El mensaje implícito es perverso: el crimen impone el marco del debate, y el Estado responde con medidas que, si no llegan acompañadas de inteligencia y justicia eficaces, se normalizan sin resolver el problema.

En Colombia, la muerte de Uribe Turbay reordena el tablero en tiempo real; revive traumas históricos y eleva el costo de hacer política. La estadística de violencia sobre líderes y candidatos confirma que la democracia se estrecha cuando las balas modifican la oferta electoral.

¿Quién manda? La recompensa sobre Maduro y el tablero regional

A esta geografía del crimen se suma un movimiento geopolítico: Estados Unidos duplicó a USD 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto y/o condena de Nicolás Maduro, bajo el Narcotics Rewards Program (NRP) que administran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Las autoridades estadounidenses vinculan a Maduro con redes criminales como el Tren de Aragua y organizaciones mexicanas, extremo que Caracas niega y aliados critican como “propaganda”. La dimensión de estas acciones puede desencadenar en una invasión abierta al estilo de lo acaecido en Panamá para la captura de Manuel Antonio Noriega y sus terratenientes. La historia está escrita, y seguramente, se repetirá por la cantidad de vasos comunicantes que existen en el pasado con las actuales historias de la narco política latinoamericana.

Cartel difundido por el gobierno de EE.UU.

Coincidencias o similitudes de dos candidatos asesinados

  • El modus operandi está instalado. Evento de campaña, sicarios, logística previa y fuga; el crimen organizado aprendió que matar en público reescribe campañas y agendas.
  • Las fronteras son de papel. Sicarios colombianos, armas que cruzan, bandas que operan desde prisión: sin equipos binacionales permanentes (Fiscalía–Policía–UIF) y cadena de custodia regional, toda investigación nace tuerta y patoja.
  • El eslabón roto es la autoría intelectual. Condenar autores materiales sin subir por la ruta del dinero es aplaudir la sombra. Las mafias cuentan con ello.
  • La democracia paga el costo. Entre funerales y marchas del silencio, se instala la idea de que hacer política es morir joven. Ese es el triunfo más peligroso de la narcopolítica.

Qué debemos exigir y ya…:

  1. Fiscalías con músculo regional: unidades conjuntas Colombia–Ecuador–Perú para trazabilidad balística y financiera (billetera, balas, banda, armamento).
  2. Inteligencia penitenciaria real: cárceles con bloqueo total de comunicaciones, rotación de pabellones y auditorías externas; sin cárceles-CPU no hay banda que mande.
  3. Protección electoral con métricas: protocolos medibles, presupuesto y auditoría independiente; blindaje físico y digital de candidatos y equipos.
  4. Transparencia radical: cada paso de la investigación —sin filtrar pruebas sensibles— debe rendir cuentas periódicas; el secreto que protege procesos no puede volverse opacidad que protege mafias.

Lo dicho, no es solo quién dispara, sino quién decide que alguien debe morir y por qué conviene que ocurra en campaña. Hasta que el sistema no responda a esa pregunta con nombres propios y sentencias firmes, la narcopolítica seguirá dictando la agenda desde la sombra. No es posible desatender que antes de cargar culpas políticas, hay un dato básico que conviene aclarar: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no hizo las “declaraciones” que circularon sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay. Varios verificadores independientes demostraron que es un video manipulado con voz clonada por IA; además, la cancillería mexicana lamentó el fallecimiento del candidato Uribe Turbay.

Hugo Marcelo Espín Tobar

Hugo Marcelo Espín Tobar

Abogado penalista, experto en seguridad

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