El Gobierno de Daniel Noboa, ha emprendido en sus primeras semanas una estrategia visible para reorganizar el deterioro institucional y el desgaste acumulado en sectores estratégicos como energía, minería e hidrocarburos. El 2 de junio de 2025, su portavoz, Carolina Jaramillo, anunció una serie de medidas clave que configuran una narrativa de reestructuración estatal en áreas críticas de la economía. Las medidas buscan marcar distancias con prácticas del pasado y enviar señales de eficiencia, control y apertura responsable a la inversión.
Ecuador atraviesa un momento de reconfiguración política. Tras una década de inestabilidad institucional, cuatro elecciones presidenciales en menos de nueve años y una creciente presión social derivada de la crisis energética, la inseguridad y el estancamiento económico, el gobierno de Noboa intenta proyectar liderazgo con decisiones de alto impacto mediático y técnico.
Económicamente, enfrenta un déficit fiscal elevado, dependiente del petróleo como fuente primaria de ingresos y con escasa inversión sostenida en infraestructura. Las empresas públicas han sido señaladas por ineficiencia y corrupción, mientras que la presión del Fondo Monetario Internacional y de multilaterales ha impulsado ajustes, auditorías y reformas estructurales.
I. Creación de una tasa de fiscalización minera y asignación de USD 229 millones
La decisión de establecer una tasa de fiscalización minera y destinar USD 229 millones a control y vigilancia representa un giro discursivo importante. La minería ha sido históricamente uno de los sectores más opacos en cuanto a concesiones, impactos ambientales y evasión tributaria. Esta tasa pretende dotar al Estado de recursos para reforzar la capacidad de regulación y frenar la expansión de la minería ilegal o subregulada, sobre todo en zonas de alta conflictividad como Zamora Chinchipe, Esmeraldas y la Amazonía central.
Desde el punto de vista político, el anuncio permite al Gobierno colocarse como defensor de los recursos naturales frente a la percepción ciudadana de entrega indiscriminada de concesiones. Además, anticipa un marco de “minería con responsabilidad”, que podría mejorar la imagen internacional del país, sobre todo ante organismos ambientales y financieros.
No obstante, su implementación presenta riesgos. Si la tasa se fija de forma inadecuada —demasiado alta o sin diálogo con el sector— podría disuadir inversiones. Si es simbólica, será vista como maquillaje. Además, la ejecución transparente de los USD 229 millones será clave: de lo contrario, podría reforzarse la narrativa de despilfarro público. La medida, por tanto, tiene una carga simbólica poderosa, pero su éxito dependerá de la solidez técnica, la trazabilidad del gasto y el involucramiento de las comunidades afectadas.
II. Apertura del catastro minero: inicio parcial en junio y total a fin de año
El catastro minero, cerrado desde 2018 por motivos de auditoría y rediseño normativo, será reabierto parcialmente el 16 de junio de 2025 para la pequeña minería no metálica y en su totalidad a fines de año. Esta reapertura marca un cambio radical en la política minera del país. Desde la perspectiva del Ejecutivo, este acto busca desbloquear un sector paralizado, atraer inversión formal y reducir la presión de la minería ilegal.
El hecho de iniciar con la pequeña minería no metálica tiene un doble mensaje: por un lado evita choques con comunidades indígenas (muchas de las cuales se oponen a la minería metálica a gran escala) y, por otro, permite comenzar con un segmento menos conflictivo y más manejable en términos de impacto ambiental. Políticamente, la medida implica un riesgo calculado. Mientras actores económicos celebran la reapertura del catastro como una oportunidad de dinamización, sectores sociales y ambientales lo perciben como una puerta trasera para expandir proyectos extractivos. En este punto, la consulta previa, libre e informada, el respeto a zonas protegidas y la garantía de licencias ambientales serán variables determinantes.
En términos estratégicos, la reapertura del catastro debe ir acompañada de una arquitectura institucional sólida. Si se percibe como una apertura descontrolada, el gobierno puede ser acusado de ceder ante lobbies extractivos. Si se regula de forma estricta y con transparencia, puede convertirse en un hito de planificación territorial y ordenamiento ambiental. El tiempo dirá si la tasa minera sostiene fiscalmente la vigilancia contra minería ilegal, si las auditorías resultan contundentes y si la eliminación de subsidios se traduce en mayor eficiencia o afecta competitividad. En términos políticos, estas medidas refuerzan la narrativa de institucionalidad y lucha contra la corrupción, pero deben calibrarse para evitar generar tensiones sociales o corporativas.
III. Auditoría internacional a Petroecuador, CENEL y CELEC
El anuncio de que tres de las cuatro grandes auditoras internacionales revisarán los estados financieros y operativos de Petroecuador, CENEL y CELEC representa probablemente la señal más fuerte de ruptura con el pasado reciente. Estas tres empresas concentran el núcleo del poder estratégico energético del Ecuador: petróleo, distribución eléctrica y generación. La iniciativa busca reconstruir credibilidad en sectores donde la ciudadanía percibe altos niveles de corrupción, ineficiencia e improvisación. En particular, Petroecuador ha estado envuelta en escándalos que han costado al Estado millones de dólares. CELEC, por su parte, ha sido criticada duramente por su manejo de la crisis energética de 2024 y por contratos opacos como los suscritos con Progen y barcazas flotantes.
Desde una mirada política, las auditorías representan un doble mensaje: uno externo, de apertura y confianza para potenciales inversores; y otro interno, de limpieza y fortalecimiento institucional. Sin embargo, también pueden derivar en consecuencias explosivas: si revelan irregularidades graves, los responsables deberán ser sancionados. De lo contrario, la iniciativa será percibida como un gesto cosmético. La clave de esta medida estará en el uso político de los hallazgos: si el gobierno los incorpora para reformar las empresas estratégicas, puede ganar legitimidad. Si se limita a publicar informes sin consecuencias, perderá la oportunidad de marcar una diferencia real.
IV. Eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero
La supresión del subsidio al diésel para el sector atunero, con excepción de las embarcaciones de pesca artesanal, responde a una lógica de racionalización fiscal. Ecuador destina anualmente más de USD 1.500 millones en subsidios a combustibles, muchos de ellos con escaso control, impacto ambiental negativo y escasa progresividad social. Desde el plano económico, la eliminación de este subsidio puede significar un ahorro importante y una señal de responsabilidad frente a los organismos multilaterales.
En lo político, se trata de una medida de riesgo bajo: el sector atunero es poderoso económicamente, pero pequeño en términos electorales, y la exclusión de la pesca artesanal evita un conflicto con sectores populares y costeros. La medida también envía un mensaje al país: los subsidios deben tener un enfoque social, no corporativo. No obstante, puede tener efectos colaterales si no se compensa con medidas de fomento al sector atunero formal, que genera empleo e ingresos por exportación. El equilibrio entre ajuste y sostenibilidad productiva será decisivo.
V. Aplicación de tarifa real a grandes consumidores eléctricos
El anuncio de que los consumidores de alto voltaje (AV1) y medio voltaje pagarán tarifas reales, eliminando precios subsidiados, constituye una de las decisiones más contundentes del nuevo gobierno en materia de política energética. Se trata de usuarios industriales, comerciales o institucionales con alto consumo energético, como fábricas, centros comerciales, industrias de exportación o sistemas de bombeo privado.
El aumento de tarifa es significativo: de 7,91 a 10,22 centavos por kilovatio/hora para AV1 y de 9,27 a 11,64 centavos por kilovatio/hora para los de medio voltaje. Esto puede traducirse en millones de dólares adicionales en ingresos para el Estado o las empresas distribuidoras, y busca desmontar un esquema de subsidios regresivos que favorecen a grandes consumidores.
Desde una perspectiva política, el gobierno acierta al excluir de esta medida a sectores sensibles: hogares pobres, sistemas comunitarios de agua, asistencia social, escuelas, hospitales y centros deportivos. No obstante, el impacto económico puede ser relevante para ciertos sectores industriales, que podrían trasladar parte del costo al consumidor final o reducir su plantilla laboral. Esta medida tiene una lógica de transición energética: incentiva la eficiencia, el autoconsumo (como paneles solares) y el desarrollo de fuentes renovables, aunque en el corto plazo puede provocar tensiones con el sector privado si no va acompañada de incentivos o créditos de reconversión energética.
VI. Prospectiva económica
Las medidas adoptadas podrían mejorar los ingresos fiscales en el corto y mediano plazo (vía tasa minera, eliminación de subsidios, tarifa real) y recuperar la confianza del mercado en sectores estratégicos (por medio de auditorías y reapertura catastral). Sin embargo, mal ejecutadas, podrían generar litigios, frenar inversiones o transferir costos al consumidor. La sostenibilidad económica dependerá de la capacidad del gobierno para mantener un equilibrio entre control estatal e incentivos productivos.
Medioambiente
El principal riesgo ambiental está en la reapertura del catastro minero. Sin un sistema de licencias transparente y sin evaluación de impacto ambiental rigurosa, podría expandirse la frontera extractiva hacia áreas protegidas o reservas hídricas. Por otro lado, si se fortalece la fiscalización con los USD 229 millones anunciados y se regula adecuadamente, se podría controlar la minería ilegal y reducir la contaminación. En energía, el alza tarifaria puede impulsar inversiones en eficiencia energética, lo cual tiene efectos positivos en reducción de emisiones.
Sector social
Las medidas más sensibles socialmente han sido matizadas: la exclusión de la pesca artesanal y de sectores vulnerables del alza tarifaria indica que el gobierno busca evitar movilizaciones populares. No obstante, sectores empresariales pueden reaccionar negativamente. En regiones donde se expanda la minería o se eliminen subsidios, podrían emerger protestas si las comunidades no se sienten compensadas o escuchadas. La gobernabilidad local en zonas estratégicas (Amazonía, Sierra central, costa industrial) será clave.
La oposición observará con atención la ejecución presupuestaria, las auditorías, los efectos sociales y la defensa de la soberanía nacional, para capitalizar cualquier error político.
Impacto político
A nivel político, el gobierno de Noboa intenta construir una narrativa de responsabilidad, lucha contra la corrupción y eficiencia técnica. Si logra implementar con éxito estas medidas, puede consolidarse como un reformador pragmático. Sin embargo, si fallan por ejecución ineficiente, corrupción o contradicciones internas, la narrativa puede revertirse.
La oposición observará con atención la ejecución presupuestaria, las auditorías, los efectos sociales y la defensa de la soberanía nacional, para capitalizar cualquier error político. El tiempo dirá si la tasa minera sostiene fiscalmente la vigilancia contra minería ilegal, si las auditorías resultan contundentes y si la eliminación de subsidios se traduce en mayor eficiencia o afecta competitividad.
En términos políticos, estas medidas refuerzan la narrativa de institucionalidad y lucha contra la corrupción, pero deben calibrarse para evitar generar tensiones sociales o corporativas.
La falta de planificación energética a largo plazo, sumada a decisiones improvisadas, genera vulnerabilidad institucional y expone al Estado a millonarias demandas. La solución debe contemplar una auditoría integral, responsabilidad institucional y un marco legal robusto que privilegie el interés nacional con transparencia. El desafío no es elegir entre Estado o mercado, sino construir un marco donde ambos interactúen con reglas claras, justicia fiscal y responsabilidad ambiental. Las auditorías internacionales, la fiscalización minera, la eliminación de subsidios corporativos y la tarifa real son elementos que apuntan en esa dirección. No obstante, si estos cambios se hacen sin planificación, participación social ni rendición de cuentas, podrían derivar en conflictos, captura corporativa o ineficacia.
La inversión privada en sectores estratégicos es necesaria, pero debe operar bajo acuerdos bilaterales o regionales transparentes, libres de corrupción, con cláusulas públicas, condiciones ambientales exigentes y participación comunitaria. Solo así el Ecuador podrá transitar hacia un modelo de desarrollo soberano, equitativo y sostenible.
VII. La piedra en el zapato: el contrato con PROGEN o las secuelas de la improvisación
En el marco de la crisis energética que enfrenta Ecuador desde 2023, el Gobierno Nacional, a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), firmó contratos con la empresa PROGEN S.A. para la provisión e instalación de generadores eléctricos en las centrales térmicas Quevedo y Salitral. Esta contratación buscaba una solución urgente ante el estiaje prolongado y la falta de infraestructura energética operativa. Naturaleza del contrato y su cuestionamiento
El contrato con PROGEN fue suscrito en 2023 bajo régimen especial de emergencia, por un monto aproximado de 140 millones de dólares. Contemplaba la provisión de 120 MW para Quevedo y 100 MW para Salitral. Desde el inicio, el proceso fue cuestionado por falta de transparencia, presuntos sobreprecios y demoras en la entrega de equipos críticos. Informes técnicos internos y alertas ciudadanas encendieron las alarmas respecto al cumplimiento del contrato.
En mayo de 2025, CELEC notificó a PROGEN su intención de terminar unilateralmente los contratos debido a supuestos incumplimientos contractuales, retrasos significativos, y falta de garantías operativas. El Gobierno sostiene que esta decisión responde a la necesidad de proteger los intereses públicos ante una ejecución deficiente del contrato. La empresa ha rechazado la terminación y anunció que recurrirá a mecanismos de arbitraje internacional. PROGEN argumenta que cumplió con sus obligaciones conforme a los cronogramas iniciales y que los retrasos se deben a causas fuera de su control, incluyendo obstáculos logísticos y decisiones administrativas por parte del propio Estado.
Este conflicto anticipa un posible litigio internacional bajo mecanismos de resolución de controversias establecidos en tratados de inversión.(Extraña paradoja: el pueblo votó mayoritariamente en contra de la pregunta que proponía justamente aprobar ese mecanismo, en la consulta popular promovida por el mismo presidente Noboa…).
En el plano interno, abre un debate sobre el uso de regímenes contractuales de emergencia, la transparencia en los procesos públicos y la capacidad del Estado para garantizar soberanía energética sin comprometer la seguridad jurídica. El caso PROGEN evidencia los riesgos de las contrataciones públicas de emergencia en contextos de crisis estructural, y desnuda las falencias en la gestión administrativa del sector público.
El gobierno de Daniel Noboa ha lanzado una estrategia de intervención decidida en sectores estratégicos que combina señales de apertura regulada, eficiencia administrativa y transparencia. Estas medidas, bien ejecutadas, podrían iniciar una transformación estructural del aparato estatal: profesionalización de empresas públicas, racionalización de subsidios, ordenamiento territorial del extractivismo y creación de marcos institucionales más robustos. Para que esto se concrete, será indispensable evitar favoritismos, establecer mecanismos de fiscalización social y asegurar que las ganancias se traduzcan en bienestar para el país. La soberanía estratégica no implica cerrar puertas a la inversión, sino ejercer control político informado y justo sobre los recursos que determinan el destino nacional.