El Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, anunció que este martes, 12 de agosto de 2025, encabezará una marcha “pacífica” hacia la Corte Constitucional para ejecer presión sobre el organismo, un vez que suspendió temporalmente la vigencia de ciertos artículos y disposiciones de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública que, a criterio del tribunal, riñen con la Constitución.
“Yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo», dijo el Primer Mandatario, este miércoles 6, desde Daule, en un encuentro por el agro. «Con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este día martes 12, porque no podemos permitir que nueve personas entronadas vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes”.
Para el oficialismo, el correísmo ya no es oposición
Este es el más reciente episodio de una secuencia de tensión que arrancó hace dos semanas, con una orquestada campaña de desprestigio hacia la Corte, pautada por medios afines al oficialismo y aupada por cuentas de redes sociales, en las cuales pesa más la caricatura que el debate jurídico.
Instalada ya esta ola de opinión negativa hacia la Corte, el presidente Noboa, experto en el surf político, se trepó en el bucle e incluyó en el temario de la consulta popular una pregunta para abrir las puertas al enjuiciamiento político a los jueces constitucionales.
De contar con el respaldo popular, tal juicio político recaerá en las manos de los mismos legisladores que, desconociendo criterios básicos de su misión, como la unidad de materia en un proyecto de ley, tensaron la cuerda en la coyuntura al aprobar normas que riñen, en forma y fondo, con la Constitución.
La democracia, por ende, no deja de ser una paradoja. Una paradoja o una camisa de fuerza a superar, en tiempos en que la promesa permanente de seguridad puede actuar como un somnífero en el canje de derechos y libertades, por dosis más altas de aquella promesa securitista.
Así, además, el Mandatario erige a la Corte Constitucional como su nuevo contradictor. El primero de nuevos contradictores en este “periodo especial” para el régimen: medios, ONG, gremios profesionales no alineados con el oficialismo.
Para Noboa y ADN, en la práctica, el correísmo deja de ser su principal antagonista político. ¿Realmente lo fue? Difícil admitirlo cuando el torbellino violeta replica gestos y acciones de aquella organización política cacical y autoritaria, amén de haber reclutado a sus operadores más gatopardistas (trollcenters incluidos). No se puede, por tanto, hablar de un nuevo Ecuador político con una versión “corregida y aumentada” del viejo Ecuador político.
El Presidente cumple 20 meses en el poder
Pero si vamos por tiempos, si vamos por echar la culpa a los gobiernos pasados, 20 meses de aquel pasado le corresponden al Presidente. Sí: explicar las limitaciones del presente mirando solo al retrovisor es escurrir el bulto, dado que el próximo 23 de noviembre Daniel Noboa cumplirá dos años al frente de los destinos del país.
Apostar por la dinámica explosiva de las marchas y contramarchas –recurso de chavistas, orteguistas y correístas– esconde realidades que ni los medios afines ni las cuentas fans pueden maquillar. Tal recurso, eso sí, da luces de cómo pudieran ser los próximos meses en cuanto a la gestión política del régimen.
Daniel Noboa, si finalmente encabeza la marcha prevista para este martes 12, inaugura, a vista y paciencia del CNE, un nuevo proceso de gestión gubernamental esencialmente marcado por acciones plebiscitarias, como el correísmo en el ciclo 2008-2013.
No en vano en varias ciudades de la Costa figuras gigantes con la imagen del Presidente cuelgan de postes y puentes, mientras que en Quito y sus alrededores metros y metros de murales dan cuenta de una nueva época de campaña permanente. Una campaña firmada por el versátil publicista político Sarmiento es pueblo, quien ha prestado sus brochas a los gobiernos populistas, tanto centrales como seccionales, de los últimos tiempos.
La convocatoria a la marcha es en sí misma una opción de promoción radical frente a tres aspiraciones en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se viene la segunda consulta popular del régimen, prevista tentativa e improbablemente para diciembre, ante la cual el oficialismo apostará por un ejercicio de promoción emocional, caudillístico, mediático, antes que técnico, jurídico y de pedagogía social sobre lo que el país realmente ganaría aprobando en las urnas las siete preguntas. El riesgo: que la consulta se convierta en un ejercicio plebiscitario en contra del Gobierno, pero Noboa ha demostrado ser un actor político que asume riesgos altos y siempre cae parado (al menos por ahora).
Elecciones en 2027 y 2029
En el mediano plazo aparecen en el radar político las elecciones de alcaldes, prefectos y demás autoridades seccionales en 2027. El régimen trabaja desde ya en ese norte, mediante acciones en que las gobernaciones y los programas anclados a territorios y grupos etarios específicos jugarán un papel clave para que el oficialismo gane base social.
Jóvenes en acción, iniciativa gubernamental de pasantías, es un claro caballo de batalla con el cual el Gobierno mata dos pájaros de un tiro: moviliza a ciento de miles de jóvenes que están en el desempleo, aunque sea por un trimestre, y aumenta su posicionamiento en un grupo social fundamental para toda elección y toda política pública.
Le faltaría, de momento, un pequeño detalle: figuras políticas no solo histriónicas, sino con densidad, que permitan posicionar a cuadros de ADN frente a las principales alcaldías del país. De allí que, hoy por hoy, los plenos del Legislativo parecen sesiones de casting de personajes que, sin miedo al éxito o al ridículo, se roban la cámara, se posicionan, y se miran ya en los sillones de Olmedo o de Jijón y Caamaño. Aunque tomando en cuenta el capital político y la gestión de autoridades locales como Pabel Muñoz o Aquiles Álvarez, cualquier ser vivo, con mayoría de edad y que respire, la tendría fácil.
En el lejano plazo, finalmente, al Gobierno le resulta prioritario “podar” a tiempo todo obstáculo que encuentre en la Corte Constitucional, no solo para que las leyes de su “periodo especial” pasen sin mayores debates serios, sin filtros ni contrapesos jurídicos, sino también para que nadie en 2029 corte el vuelo de Daniel Noboa para ser reelecto, quizá en una época en que su aplanadora violeta en la Asamblea y en otras entidades del Estado viabilicen lo que Rafael Correa no consiguió en 2015: reelecciones consecutivas e indefinidas. Todo bajo aquella eterna promesa de seguridad…
Los contratos por lo pronto fallidos con Progen y Austral, con un perjuicio de USD 140 millones según la Contraloría, son un síntoma de lo que el oficialismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, entiende por transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
¿Una promesa eterna de seguridad?
Y ya hablando de seguridad, la inauguración de una nueva época de marchas y contramarchas activa también una polvareda que puede ser utilizada para tapar datos clave. 2025, por ejemplo, pudiera convertirse en el año más sangriento de la historia del Ecuador, pese a todas las ventajas legales y procedimentales que le otorgan los recurrentes estados de excepción, la declaratoria de conflicto armado interno y, desde la retórica oficial, las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, varios de cuyos artículos y disposiciones han sido suspendidos temporalmente por la Corte Constitucional.
No se puede caer en falsas ingenuidades. Ecuador vive su etapa más oscura por la penetración del crimen organizado en casi todas las esferas públicas, gracias a la impunidad y los padrinos en juzgados, cuerpos armados y organizaciones políticas. Sin embargo, la misma seriedad de la crisis merece un Legislativo que entienda que urgencia y atolondre no son lo mismo. Y lamentablemente, las dos mayores fuerzas políticas en la Asamblea o no entienden la altura del reto o ciertos rabos de paja no permiten visualizar panorámicamente tal reto.
Pero la inseguridad es la punta del iceberg. Recorrer las carreteras estatales no concesionadas, buscar un turno o un medicamento en el sistema público de salud, acceder a una cita para renovar una cédula de identidad son termómetros de casi dos años de gestión gubernamental marcada más por la propaganda que por una eficiente y oportuna ejecución presupuestaria de los planes anuales de inversión.
Capítulo aparte marca el perjuicio al Estado en USD 140 millones, de acuerdo con la Contraloría, en los contratos emergentes de generación termoeléctrica con Progen y Austral. Este episodio es emblemático sobre lo que el oficialismo, tanto en el Ejecutivo como el Legislativo, entienden por transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y reparación.
Así, el ambiente social y político del país se enrarece cada día más y recuerda épocas de corte autoritario que parecían superadas. Ya no son pocos los funcionarios públicos que, interpelados por periodistas u organizaciones sociales, empiezan a mostrar solvencia en la diatriba más que en las respuestas que deben a sus mandantes. Por ello, el “sicarios de tinta” del correísmo ahora es el “terroristas digitales” del noboísmo.
Entregado a un gobierno con brújula electoral, el presidente Daniel Noboa no puede hallar recurso más reduitable para sus tesis, pero pernicioso para el contrapunto democrático, que la polarización. Polarización que infla a funcionarios que creen que el Estado son ellos. Polarización que inflama a las masas y les hace creer que ellas sí están del lado correcto de la historia. Otra vez.