La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay representa la primera caída de un mandatario en funciones dentro de la corriente de gobiernos de derecha y extrema derecha que se extiende por el continente americano. El escándalo financiero que precipitó su decisión tiene hilos fáciles de comprender y encuentra su esencia en un concepto con el que en Ecuador estamos más que familiarizados: el conflicto de interés.
Aquí un resumen para entender la crisis política que atraviesa Paraguay. Peña presentó su renuncia luego de que Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, con el que mantuvo vínculos comerciales, entrara en un proceso de disolución. La entidad bancaria se expandió vertiginosamente y captó depósitos de particulares y de instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social (una especie de IESS paraguayo), que administra fondos de jubilación y prestaciones sociales. Sin embargo, la intervención del Banco Central del Paraguay dejó al descubierto graves problemas de solvencia, mientras las autoridades investigan presuntas irregularidades financieras y operaciones con empresas vinculadas al mismo grupo económico.
¿Y qué tiene que ver Peña en todo esto? Aquí viene lo más cuestionable: la polémica alcanza directamente al mandatario porque mantuvo participación accionaria en Ueno Holding, vinculada al Grupo Vázquez, durante parte de su Presidencia. A ello se suma el controvertido nombramiento de Carlos Carvallo, exdirector de la financiera Ueno, como presidente del Banco Central del Paraguay. En otras palabras, el ratón cuidando del queso.
Serán la justicia ordinaria y las instancias políticas las que determinen las responsabilidades de Peña en sus respectivos ámbitos. Sin embargo, resulta imposible ignorar los evidentes cuestionamientos por conflicto de interés que rodean este caso, una práctica que parece repetirse entre varios de sus correligionarios ideológicos en el continente. Lo vemos en Ecuador con Daniel Noboa y los cuestionamientos por leyes promovidas durante su Gobierno que habrían beneficiado a su grupo familiar. Lo vemos en El Salvador con Nayib Bukele y los contratos de salud adjudicados a empresas vinculadas a su familia, según investigaciones de medios locales.
Lo vemos y lo vivimos. Pero ¿qué estamos haciendo como sociedades para evitarlo? La experiencia paraguaya nos deja al menos una lección: el conflicto de interés jamás debe normalizarse en el ejercicio del poder político. Lamentablemente, esa lección llega demasiado tarde para evitar las consecuencias de una crisis que ha dejado a cerca de tres millones de clientes de un banco sin acceso a sus recursos, en un país de poco más de seis millones de habitantes. Una dimensión que retrata la gravedad del problema y el precio que puede terminar pagando una sociedad cuando los intereses privados y las responsabilidades públicas se entremezclan.
El verdadero peligro de normalizar lo inaceptable en la administración pública es que quien ostenta el poder siempre estará tentado a ir un poco más allá si nadie se lo impide. Cada silencio ciudadano, cada justificación política y cada institución que mira hacia otro lado pueden convertirse en una invitación para cruzar la siguiente línea roja. Y cuando una sociedad finalmente comprende hasta dónde permitió llegar a sus gobernantes, quizás ya sea demasiado tarde para detenerlos. Porque el poder sin límites no se conforma con aprovecharse de las instituciones: termina poniéndolas a su servicio. Y cuando eso ocurre, la democracia deja de gobernar al poder y empieza a obedecerlo.