Hace pocos años, la violencia tenía su expresión más visible en el cadáver abandonado en una calle, en el asesinato cometido por sicarios frente a una cámara de seguridad o en las imágenes de amotinamientos carcelarios que circulaban por las redes sociales. Después llegaron con mayor intensidad las “vacunas”, los mensajes de WhatsApp, los secuestros, las amenazas contra comerciantes y los explosivos colocados frente a los negocios. En septiembre de 2026, otra imagen se incorporó al paisaje de incertidumbre: montañas ardiendo alrededor de Quito y columnas de humo cubriendo sectores de la capital.
Son fenómenos diferentes. Y precisamente por eso sería irresponsable afirmar, sin pruebas, que forman parte de una misma estrategia.
Pero existe una pregunta legítima que merece ser investigada: ¿está cambiando la manera en que el crimen y la violencia generan inseguridad y miedo colectivo en Ecuador?
La respuesta obliga a mirar más allá del número de homicidios. Obliga a preguntarse cómo el crimen organizado ha evolucionado desde la disputa territorial, mediante asesinatos, hacia formas de coerción económica y social capaces de modificar rutinas, cerrar negocios, desplazar familias y condicionar la vida cotidiana. Y obliga también a distinguir cuidadosamente entre aquello que puede demostrarse y aquello que, aunque resulte inquietante, permanece todavía en el terreno de la hipótesis.
Ecuador registró 4.886 homicidios intencionales en 2022. Un año después, fueron 8.248. En 2024, la cifra descendió a alrededor de 7.033, según los registros del Ministerio del Interior y de la Planificación estatal. La tasa pasó de 27,58 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 a 46,25 en 2023 y bajó a 39,14 en 2024.
La reducción de 2024, sin embargo, no se consolidó como una tendencia sostenida. El año 2025 terminó nuevamente por encima de los nueve mil homicidios. Una reconstrucción basada en datos del Ministerio del Interior sitúa el total en 9.235, mientras que otras publicaciones de comienzos de 2026 difundieron cifras ligeramente diferentes. Más importante que esa diferencia metodológica es la magnitud: 2025 superó ampliamente el máximo anterior, el de 2023.
Un estudio de la ONU vinculó el crecimiento de la violencia ecuatoriana con la competencia violenta entre organizaciones por las rutas de la cocaína. Entre 2016 y 2022, la violencia homicida aumentó aproximadamente un 407 % en Ecuador.
En 2026 apareció una señal inicial de reducción, pero tampoco resultó lineal. Agosto registró 759 homicidios intencionales, prácticamente los mismos que en enero, con 760, y fue el segundo mes consecutivo de incremento, después de los 695 casos de junio y los 719 de julio. Hasta mayo, 2026, acumulaba 582 muertes violentas menos que en el mismo período de 2025, pero el repunte posterior obliga a ser prudentes antes de hablar de una tendencia consolidada. La geografía de esta violencia tampoco es aleatoria.
En 2024, el 83 % de los homicidios se concentró en seis subzonas: el Distrito Metropolitano de Guayaquil, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Esmeraldas. Son territorios atravesados, en distintos grados, por puertos, corredores logísticos, economías ilícitas, rutas del narcotráfico y disputas entre organizaciones criminales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya había advertido sobre este fenómeno. Su estudio mundial sobre homicidios vinculó el extraordinario crecimiento de la violencia ecuatoriana con la competencia cada vez más violenta entre organizaciones que disputan las rutas de la cocaína. Entre 2016 y 2022, según Naciones Unidas, la violencia homicida aumentó aproximadamente un 407 % en Ecuador.
Pero contar cadáveres ya no basta para medir la magnitud del problema.
La economía del miedo
El homicidio elimina a una víctima. La extorsión pretende gobernar su comportamiento. Esa diferencia ayuda a comprender una transformación fundamental en la inseguridad ecuatoriana.
La “vacuna” convierte el miedo en una renta. Un comerciante paga para abrir su negocio. Un transportista, para circular. Una familia, para evitar que alguien cumpla una amenaza. El delito deja entonces de ser únicamente un episodio y puede convertirse en una relación continuada entre victimario y víctima.
En 2025, la Fiscalía recibió 16.129 denuncias por extorsión en Ecuador. Fue el cuarto delito más denunciado ese año. Los expedientes judiciales permiten entender qué esconden esos números.
La extorsión en Ecuador ya no puede entenderse únicamente como un delito basado en la amenaza y en el uso de la violencia. Una dimensión cada vez más relevante es la información previa a esa amenaza: la capacidad de identificar a una persona, conocer su actividad económica, ubicar su domicilio, reconstruir su entorno familiar y laboral y estimar cuánto dinero podría estar en condiciones de pagar.
En otras palabras, antes de extorsionar, puede haber un proceso de perfilamiento de la víctima.
Este perfilamiento puede alimentarse de distintas fuentes: información expuesta en redes sociales, registros obtenidos mediante aplicaciones digitales, bases de datos filtradas o comercializadas ilegalmente, accesos no autorizados a sistemas institucionales y la combinación de registros procedentes de diferentes fuentes. El resultado es especialmente peligroso cuando esos datos permiten relacionar la identidad, el teléfono, el domicilio, los familiares, la actividad comercial, los bienes, los vehículos o la información económica de una misma persona.
Ecuador cuenta con antecedentes que evidencian la magnitud de este riesgo. En 2019, la Fiscalía abrió una investigación por la exposición de información de cerca de 20 millones de ecuatorianos vinculada a la empresa Novaestrat. La información disponible incluía datos provenientes de —o aparentemente relacionados con— distintas fuentes públicas y privadas. Años después, la propia Fiscalía obtuvo una sentencia contra una persona que comercializaba por USD 5 el acceso a una aplicación desde la cual se podía consultar, sin autorización, información de sistemas del SRI, del Registro Civil, de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), de la Policía Nacional y de otras instituciones. Estos antecedentes demuestran que el problema no consiste solamente en que una base sea vulnerada, sino en la posibilidad de integrar información procedente de múltiples registros y convertirla en un producto comercializable.
A partir de 2025 aparecen evidencias todavía más claras de cómo esa información puede incorporarse directamente a una operación extorsiva. En junio de ese año, la Fiscalía y la Policía desarticularon en Quito una estructura que operaba desde un call center. Según la investigación fiscal, uno de sus integrantes distribuía usuarios, contraseñas y bases de datos que contenían nombres y números telefónicos de las personas que debían ser contactadas. La organización disponía, además, de una plataforma que almacenaba información personal y fotografías de las víctimas. Los datos se distribuían entre los operadores y se utilizaban de manera sistemática para ejecutar las amenazas.
El caso permite observar un cambio cualitativo: la extorsión puede funcionar como una actividad organizada en torno a datos. La Policía determinó que algunas víctimas eran captadas a través de aplicaciones que ofrecían préstamos. Al instalarlas, los usuarios proporcionaban información personal y autorizaban el acceso a la ubicación, a los contactos y a las imágenes almacenadas en sus teléfonos. Esa información posteriormente se utilizaba para ejercer presión, contactar al entorno de la víctima e incluso para producir montajes destinados a incrementar la capacidad de intimidación.
Los acontecimientos conocidos en 2026 aumentan la preocupación. En abril se reportó la presunta comercialización de una base de datos relacionada con la ANT que contendría alrededor de 17 millones de registros, con datos como nombres, cédulas, teléfonos, domicilios, placas, chasis y valores de los vehículos. La ANT sostuvo que no había encontrado evidencia de una vulneración directa de su infraestructura durante la administración vigente y señaló que se investigaban registros históricos e integraciones con terceros como posibles fuentes de la vulneración. Por tanto, técnicamente no corresponde afirmar que se comprobó un “robo de la base de la ANT”; lo comprobable es que se reportó la circulación y la presunta comercialización de una enorme cantidad de información atribuida a registros de tránsito.
Pocos días después, surgió una alerta similar relacionada con información atribuida al Registro Civil: se reportó la posible exposición de hasta 14,8 millones de registros y de millones de imágenes de documentos de identidad. El Registro Civil manifestó que no había detectado un ataque directo a su infraestructura, mientras que la Superintendencia de Protección de Datos señaló que esa explicación debía ser sometida a una verificación técnica. Es decir, el origen exacto de la información seguía bajo investigación, pero el episodio volvió a poner de relieve el riesgo asociado a la circulación de grandes volúmenes de datos personales.
El delincuente ya no necesita conocer previamente a la víctima ni realizar durante semanas una vigilancia física para obtener determinados datos básicos. Parte de ese reconocimiento puede realizarse de forma digital antes del primer contacto.
Vistos en conjunto, estos hechos permiten plantear un problema de seguridad más profundo. Una base de datos de ciudadanos no tiene valor criminal únicamente por permitir cometer fraude informático. Puede convertirse en infraestructura para la comisión de delitos contra la persona y el patrimonio. Si una estructura logra cruzar identidad, teléfono, domicilio, relaciones familiares, vehículos, actividad económica y, eventualmente, indicadores financieros, puede construir perfiles con los que seleccionar objetivos, determinar el monto de una exigencia y personalizar una amenaza.
La información reduce así el costo operativo de la delincuencia organizada. El delincuente ya no necesita conocer previamente a la víctima ni realizar durante semanas una vigilancia física para obtener determinados datos básicos. Parte de ese reconocimiento puede realizarse de forma digital antes del primer contacto.
Por eso, el problema de las filtraciones y del acceso ilegal a bases de datos debe analizarse también como un problema de seguridad pública y de prevención del crimen organizado, y no exclusivamente como un asunto de privacidad o de ciberseguridad. Los incidentes que en su momento pudieron ser tratados principalmente como vulneraciones tecnológicas adquieren una dimensión diferente cuando se observa que, desde 2025, investigaciones de la Fiscalía documentan estructuras extorsivas que operan precisamente mediante bases de datos, plataformas digitales, operadores especializados y la segmentación de las víctimas.
El objetivo final sigue siendo económico, pero el instrumento que hace más eficiente la amenaza es la información.
Los datos permiten identificar. El cruce de datos permite perfilar. El perfilamiento permite seleccionar. Y una víctima seleccionada puede ser extorsionada con una amenaza mucho más creíble, porque el delincuente puede demostrar que conoce quién es, qué posee, dónde se encuentra y quiénes forman parte de su entorno.
En ese escenario, proteger las bases de datos del Estado, del sistema financiero y de los operadores privados deja de ser solo una obligación en materia de protección de datos personales. Se convierte en un componente de la estrategia nacional contra la extorsión y la delincuencia organizada.
Del control de territorios al control de comportamientos
La extorsión permite observar algo aún más profundo: una organización criminal no necesita administrar formalmente un territorio para ejercer poder sobre quienes viven en él.
Puede establecer horarios implícitos, imponer pagos, decidir quién trabaja, amenazar a comerciantes, controlar determinadas rutas o utilizar el asesinato de una persona como mensaje para otras cien. El secuestro participa de la misma lógica.
Esa es quizá esta transformación la que resulta más difícil de medir, porque el miedo deja de ser solamente la consecuencia del delito y empieza a convertirse en una forma de poder.
Por eso, Ecuador enfrenta un desafío mayor que no se limita a reducir sus tasas de homicidios: debe impedir que la violencia, la extorsión, el secuestro y el uso indebido de información criminal acumulen poder para influir silenciosamente en la vida de las personas. Es importante reconocer que las acciones del Ministro de Gobierno, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas han sido fundamentales y, hasta ahora, efectivas, más allá de las críticas que puedan formularse.
Los incendios que rodearon Quito se apagarán, una vez más, pero dejarán una factura enorme para el país. La Contraloría General del Estado debería cuantificarla: no solo por el costo de operar helicópteros, movilizar personal y desplegar recursos públicos para combatir el fuego, sino también por el valor del daño ambiental y sus consecuencias económicas. Conocer ese costo permitiría dimensionar la verdadera gravedad de provocar deliberadamente un incendio y evitar que estos hechos sean reducidos a simples actos de vandalismo o piromanía y elevarlos al nivel que jurídicamente corresponde.
Ecuador enfrenta un desafío mayor que no se limita a reducir sus tasas de homicidios: debe impedir la violencia, la extorsión, el secuestro y el uso indebido de información criminal.
Pero existe una pregunta todavía más inquietante que las investigaciones deberían despejar: ¿quiénes están detrás de quienes encienden el fuego y con qué propósito? No existe evidencia suficiente para atribuir estos incendios, de manera general, al crimen organizado. Sin embargo, tampoco debería descartarse, sin investigación, la posibilidad de que determinados eventos sean utilizados deliberadamente para provocar alarma, obligar al Estado a dispersar recursos y amplificar una sensación de vulnerabilidad colectiva. Si alguna vez se comprobara esa conexión, el incendio dejaría de ser únicamente un delito ambiental: podría convertirse también en un instrumento de presión y guerra psicológica.