Los impactos de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, que durante décadas han llevado a cabo México y Colombia, pueden ser extrapolados al resto de América Latina. En especial al Ecuador, un pequeño país en el cual el fenómeno de la violencia y la inseguridad alcanza dimensiones gigantescas. Todas las estrategias puestas en práctica brillan por su inocuidad.
En México, la guerra contra el narcotráfico desatada durante el sexenio de Felipe Calderón no hizo más que incrementar el número de asesinatos y desapariciones a niveles escalofriantes. En la otra mano, la política de abrazos y no balazos de López Obrador solo permitió la consolidación política y la ampliación territorial de los carteles. En la práctica, le heredó a la presidente Sheinbaum una manzana envenenada que hoy vuelve ingobernable al país. Basta revisar el estallido criminal que se produjo luego de la captura y eliminación del “Mencho” para constatar la dimensión del problema.
En nuestro vecino del norte la situación no difiere mayormente. Décadas de estrategias militares y policiales, incluida la aplicación del Plan Colombia, únicamente posibilitaron el incremento de la producción de cocaína y la diversificación de los grupos criminales. La propuesta de paz total del presidente Petro se resume en un lamentable fracaso. Y ahora, con la guerra total decretada por Abelardo de la Espriella, solo se puede aspirar a una intensificación de la violencia general. En su primer mes de mandato ya se produjo un atentado con explosivos que trajo a la memoria la época más macabra de Pablo Escobar.
En menor medida, el Ecuador también ha transitado por senderos parecidos. Sobre todo, en las últimas dos décadas. La pax narca impulsada durante los gobiernos de Correa se tradujo en el afianzamiento de estructuras criminales que, a la vuelta de unos años, evidenciaron su poder de la manera más violenta posible. De las bandas y pandillas pasamos a los grupos de delincuencia organizada, algunos de ellos articulados al crimen transnacional.
La guerra interna declarada por el gobierno de Noboa tampoco ha dado resultados. Es más, hemos escalado hasta medidas delirantes, como el bombardeo de lanchas en el Océano Pacífico. Mientras tanto, los indicadores de inseguridad no mejoran, el decomiso de droga se sigue midiendo en centenares de toneladas, y el control territorial e institucional de los grupos criminales no hace más que expandirse.
Todas estas experiencias nos remiten a un dilema sustancial: el problema va más allá del epifenómeno criminal del narcotráfico. Los Estados no han perdido la guerra contra los carteles; han perdido la guerra contra la droga. Mientras la demanda se incremente y se diversifique exponencialmente, el negocio no dejará de ser una tentación irresistible.
Toca entonces hacer una reflexión sobre las condiciones de la civilización capitalista que han potenciado el fenómeno del consumo de estupefacientes, ya sea por evasión o recreación. Pero este es un tema demasiado extenso y complejo como para tratarlo en un artículo.
Septiembre 5, 2026