¿Qué proceso genuino de democracia interna o de elecciones primarias pueden esperar los ciudadanos de partidos y movimientos políticos socialmente estériles, cuya existencia parece limitarse al cumplimiento de requisitos legales para conservar su personería jurídica, aunque después desaparezcan de la vida pública? Ninguno. De hecho, la gran mayoría de ecuatorianos ni siquiera sabe que el país atraviesa un proceso de elecciones primarias ni los mecanismos con los que se elige a quienes posteriormente aparecerán en las papeletas de las Elecciones Seccionales de 2027, tal como ha ocurrido con otros procesos electorales. Y la explicación de ello va mucho más allá de un problema comunicacional. Reside, en realidad, en que tenemos una democracia electoral sin organizaciones políticas internamente democráticas; con partidos y movimientos que, salvo contadas excepciones, carecen de arraigo territorial, de militancia activa y de una presencia sostenida en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Solo así se explica que, desde caudillos y propietarios de organizaciones políticas hasta simples administradores de negocios electorales, las dirigencias del disfuncional sistema de partidos ecuatoriano piensen exclusivamente en ganar elecciones. Y, en ese afán utilitario, poco o nada parece importarles quiénes integran sus listas, qué intereses económicos o financieros respaldan determinadas candidaturas o, peor aún, qué méritos poseen frente a ese puñado de militantes y simpatizantes que los acompaña levantando banderas, recorriendo calles o formándose —cuando pueden— en capacitaciones o, incluso, en tediosas sesiones de adoctrinamiento político; con lo cual, se dejan de reconocer trayectorias, liderazgos y méritos construidos colectivamente durante años por decantarse en favor de advenedizos.
Pero más grave aún es reconocer que el estado de desconexión entre (potenciales) representantes y representados, así como la consiguiente devaluación de ese vínculo, obedece a que la gran mayoría de partidos y movimientos políticos son incapaces de construir un horizonte compartido de futuro o un proyecto político capaz de dar sentido al porvenir de los ciudadanos. Como resultado de ello, sus procesos internos terminan convirtiéndose en meros rituales burocráticos destinados a legitimar las decisiones previamente adoptadas —especialmente en el caso de las organizaciones políticas de alcance nacional— por una minoría dirigencial que concentra el poder, a la que Robert Michels categorizó como oligarquía en su texto Los partidos políticos (1969). Esto es, en gran medida, lo que sucede con las “casi anónimas” elecciones primarias representativas en Ecuador: un invento de la clase política observado por el Consejo Nacional Electoral para que los caudillos y sus séquitos enclaustrados en los partidos diseñen con discrecionalidad las listas de candidatos, sin someterlas a verdaderos procesos electorales, ya sean abiertos —con participación de ciudadanos sin filiación política— o cerrados —reservados para afiliados y adherentes permanentes—, porque, básicamente, no cuentan con una base social ni electoral o, peor aún, económica, para sostener un proceso previo en las urnas.
Por ello, se elude la realización de procesos internos regidos por los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información electoral, todos mecanismos genuinamente competitivos de la democracia. Esta situación reafirma la condición oligárquica de las organizaciones políticas en donde los intereses de pocos se institucionalizan y superponen a los de cualquier partido. Consecuentemente, el aporte de las elecciones primarias y sus mecanismos de democracia interna han sido nulos para mejorar la calidad de la política y de sus representantes al frente del Estado.
Si se quiere cambiar esta realidad, es imprescindible una reforma política profunda que depure el registro de organizaciones políticas y permita consolidar un sistema de partidos institucionalizado y con verdadera vida interna. Asimismo, se requiere un padrón de afiliados actualizado y transparente, bajo control del Consejo Nacional Electoral, que refleje con precisión la militancia efectiva de cada organización. A ello debe sumarse la implantación de elecciones primarias abiertas para que participe toda la ciudadanía, con y sin filiación política, tomando como referencia la experiencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina. Solo así la selección de candidaturas dejará de ser un asunto reservado a las cúpulas partidarias para convertirse en un proceso sometido al escrutinio ciudadano, condición indispensable para fortalecer la democracia representativa.