En países en los que las instituciones democráticas son débiles, los gobernantes ceden rápidamente a la tentación de convertir el espacio público en espacio privado, de manera que la res publica: lo que pertenece al pueblo (Cicerón), se transforme en cosa que pertenece a uno.
Convertido lo público en privado, lo primero que desaparece es la publicidad de los actos de gobierno, actos que desde ese momento pasan a formar parte de la esfera íntima de quien gobierna y de su círculo de confianza. El acceso a la información se restringe y en la gestión pública se imponen la opacidad y el secretismo, aunque, como sostiene Spinoza, es preferible que los planes rectos del Estado sean conocidos por los enemigos a que se oculten a los ciudadanos los peores secretos del tirano, pues, si en determinadas circunstancias el silencio puede ser útil al Estado, eso no significa que este no pueda subsistir sin él.
En situaciones como la descrita, todo intento de acceder a la información pública, a fin de que alimente el debate ciudadano y dote de contenidos a la auditoría social del poder, es percibido por los gobernantes como una amenaza y la prensa, como un enemigo que debe ser reducido al silencio.
Mientras más se debilitan las instituciones democráticas más se fortalece el poder de los gobernantes y más apremiante se vuelve su necesidad de controlar la información y el discurso sobre lo público. Se recurre, entonces, a la censura. Pero no solo a través del direccionamiento y selección de los contenidos que se publican sobre el manejo del gobierno, sino también desde la persecución judicial y el ataque a los bienes, personas y medios de vida de quienes cuestionan el discurso oficial o se empeñan en encontrar y difundir la información que se oculta o manipula.
Estas acciones, al principio, se realizan de manera velada, pero conforme se va extendiendo el control del gobernante sobre los distintos poderes del Estado, más desembozada se torna la intervención en contra de quienes ve como enemigos. Si al principio justificaba de algún modo estas acciones, luego deja de hacerlo.
La ausencia de justificación es un indicador de que la opinión pública ha dejado de importarle. Y si a un gobernante deja de importarle el juicio de la ciudadanía, la democracia se tambalea, pues el pueblo, para él, ya no es un interlocutor político a quien deba rendirle cuentas respetando el principio de verdad, sino un simple receptor de la información, verdadera o falsa, que le quiera entregar. Que la plebe carezca de verdad y juicio, dice Spinoza, obedece a que los asuntos del Estado se tratan a sus espaldas.
El Ecuador del momento está retrocediendo paso a paso hacia un estado prepolítico y prejurídico. Un estado en el que el poder de quien gobierna se extiende más allá de los límites y ámbitos en los que debe ejercerse y penetra en la vida privada de los ciudadanos.
Manejar el poder fuera del marco legal y la esfera pública corrompe a los funcionarios que deben llevar a cabo las órdenes del poderoso y, al mismo tiempo, condena a las víctimas de tales órdenes a la impotencia e indefensión. Pensemos, por ejemplo, en la persona que, en el Hospital Carlos Andrade Marín, fue la encargada de anular la plaza de residente que ocupaba el hijo del periodista Hernán Higuera en represalia por sus investigaciones del caso PROGEN.
Corromper desde arriba a un funcionario es convertirlo en siervo de quien manda y, de paso, socavar las bases en las que se sustenta la burocracia como forma de organización racional, es decir, legal de la administración pública.
Sin institucionalidad pública, o con instituciones de fachada, la democracia no es más que un remedo de democracia, en la que el sentido de lo público y lo común —bien común, interés general— se ha perdido y se gobierna según reglas no escritas ni publicadas, las reglas que impone el interés privado.