Sin información sobre qué hacer o a quién acudir. Esa es la preocupación de decenas de organizaciones, activistas y abogados que denunciaron que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso ni notificación judicial. La mayoría de estos bloqueos se dio durante el último paro, que duró un mes.
Uno de estos casos es el de la Alianza Ceibo, una organización que trabaja con comunidades indígenas de la Amazonía en la defensa de los derechos territoriales y la protección del medio ambiente. Alicia Salazar, de la nacionalidad Siona y tesorera de la Alianza, cuenta que desde el 6 de octubre no pueden usar las cuentas bancarias institucionales y se dieron cuenta del bloqueo cuando quisieron hacer una transacción.
Desde esa fecha han acudido a su entidad bancaria, a la Superintendencia de Bancos y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en busca de una explicación, pero aún no tienen respuesta. También han enviado escritos a la Defensoría del Pueblo. María Espinosa, abogada que acompaña a la Alianza Ceibo en este proceso, dice que la única información que tienen es que la orden llegó desde Quito.
“Esto constituye un proceso de criminalización contra nuestra labor como organización defensora de derechos humanos”, sostiene Espinosa y añade que les están negando su derecho a la defensa porque no conocen cuál es la motivación de la medida. “Esto viola todos los principios del orden legal”, reclama.
En la misma situación se encuentra la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT), cuya cuenta bancaria está bloqueada desde el pasado 13 de octubre. “El Gobierno pretende callarnos cerrándonos las cuentas”, dice Donald Moncayo, coordinador ejecutivo de la UDAPT.
Esta organización, por ejemplo, ha estado al frente de la demanda que presentó un grupo de niñas amazónicas contra el Estado para que retire los mecheros de sus comunidades. Moncayo cree que este y otros reclamos que ha hecho la organización contra la contaminación petrolera, incluso de la empresa estatal Petroecuador, han sido incómodos.
De igual manera, Moncayo ha recurrido a las mismas instituciones, pero tampoco tiene respuesta. “Toda la información que requiera de la UDAPT para sus investigaciones es pública, está disponible (…) Aquí no hay dineros fraudulentos, las ONG internacionales nos hacen auditorías”, argumenta y agrega que el bloqueo ha dejado en suspenso sus actividades como el apoyo a pacientes oncológicos.
Pero también activistas han denunciado el bloqueo de sus cuentas personales. “He solicitado información al banco, pero no me da ningún tipo de respuesta”, reclama Pedro Bermeo, miembro de Yasunidos, un colectivo ambientalista que impulsó la consulta popular del 2023 en la que ganó el sí para mantener el crudo bajo tierra en ese parque de la Amazonía, una de las zonas más biodiversas del planeta. Bermeo explica que Yasunidos no es una organización o fundación, sino un grupo de voluntarios que trabaja por una causa. Pero durante las últimas protestas, los rostros más visibles de Yasunidos sufrieron estas restricciones.
Desde YASunidos denunciamos la continua persecusión y hostigamiento del gobierno de Daniel Noboa.
Condenamos públicamente la violencia directa, estructural y cultural ejercida sistemáticamente durante estas semanas, antes y durante este #ParoNacional2025 y exigimos al gobierno… pic.twitter.com/5MJvgVsuYH
— YASunidos (@Yasunidos) October 14, 2025
Bermeo cree que estas acciones están relacionadas con las posiciones políticas de las organizaciones y sus cercanías con los movimientos sociales e indígenas. “Es evidente que es una persecución política por disentir con el gobierno”, afirma el activista.
Organizaciones apuntan a Ley de Transparencia Social
Tanto Alianza Ceibo como la UDAPT y Yasunidos sospechan que detrás del bloqueo de sus cuentas está la aplicación de la Ley Orgánica de Transparencia Social, vigente desde el pasado 28 de agosto. El presidente Daniel Noboa propuso esta norma, a la que denominó “ley de fundaciones”, para controlar los flujos irregulares de capitales que, según él, pasan por las organizaciones sociales.
Durante las discusiones en la Asamblea, Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, consideró que el entonces proyecto de ley podría ser desproporcionado y contrario a estándares internacionales. En la actualidad, la Corte Constitucional analiza la demanda de inconstitucionalidad que presentaron 13 organizaciones contra esta normativa.
Uno de sus artículos más polémicos permite la inmovilización de fondos, sin una orden judicial, después de que la UAFE identifique una operación sospechosa vinculada a posibles delitos financieros. Según la norma, esta será una medida excepcional y se limitará al monto equivalente de la o las transacciones inusuales.
Además, la medida deberá ser ejecutada por las entidades financieras en un plazo máximo de 72 horas y tendrá una vigencia de ocho días. Dentro de ese plazo, los jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado deberán pronunciarse sobre su ratificación, modificación o revocatoria.
En los tres casos anteriores, el plazo fue superado y no recibieron una notificación, según contaron los entrevistados a Plan V. Para Espinosa, esta es una medida “revestida de arbitrariedad” y una “estrategia del Estado para impedir el trabajo de las organizaciones, que en muchas áreas suplen las obligaciones que el Estado debería tener”.
“En mi caso, ya pasó ese tiempo, pero no me han notificado sobre algún presunto delito”, manifiesta Bermeo, quien dice que durante su permanencia en Yasunidos ha sufrido vigilancias y amenazas, pero es la primera vez que una cuenta bancaria suya es congelada. “El gobierno está afectando nuestro derecho a la propiedad. El bloqueo de las cuentas es una acción extremadamente violenta”, sostiene.
La Ley de Transparencia Social dice que una vez que la medida sea ratificada por el juez, los fondos congelados deberán ser trasladados al Banco Central hasta la resolución definitiva del proceso. Noboa expidió el reglamento de la norma este 27 de octubre que incluye más controles a las organizaciones ambientalistas, a las que prohíbe “intervenir, directa ni indirectamente, en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”.
Al menos 27 organizaciones investigadas
A diferencia de estas organizaciones que desconocen el porqué del bloqueo de sus cuentas, hay otro grupo que sí recibió una notificación. Durante el paro, la Fiscalía abrió una investigación previa contra 61 personas por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.
Entre ellas se encuentran dirigentes, exdirigentes o representantes de, al menos, 27 organizaciones principalmente ambientalistas o indígenas, además de presidentes de juntas parroquiales o de comunidades indígenas de la Amazonía y Sierra, según el levantamiento de información que hizo Plan V.
Entre ellas se encuentran las Conaie, Confeniae, FENASH-P, FENOCIN, Pakkiru, MICC, Ecuarunari y la UNORCAC. Esta última fue una de las más activas durante el último paro en Imbabura. Asimismo están los presidentes de los pueblos Kayambi, Kitu Kara y Natabuela, ubicados en Imbabura y Pichincha, lugares donde hubo también protestas.
Uno de los casos más visibles es el de la Fundación Pachamama, que el pasado 27 de septiembre denunció el congelamiento de todas sus cuentas bancarias, así como el inicio de investigaciones contra Belén Páez, presidenta de esa organización. “Una acusación que no solo carece de sustento legal, sino que constituye una clara forma de intimidación frente a nuestro trabajo”, reclamó Pachamama en un comunicado público.
En 2013, esta organización fue cerrada después de que el gobierno de Rafael Correa la acusara de haber participado en protestas contra la Décima Primera Ronda Petrolera. Ahora, el próximo 17 de noviembre, su caso será discutido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Pachamama ha anunciado que en esa sesión expondrá el bloqueo de la totalidad de sus cuentas bancarias y otras acciones que han calificado como hostigamiento en su contra que constituyen “en la práctica un nuevo cierre de sus actividades”.
Pero en el listado de los investigados también están activistas. Este es el caso de David Fajardo, abogado y activista ambiental, quien desde el 20 de septiembre pasado no tiene acceso a sus cuentas. Ese día, salió a realizar compras para su casa, pero cuando quiso pagar las aplicaciones de sus entidades bancarias no funcionaron.
Esto le sucedió cuatro días después de que participara en la masiva movilización en Cuenca en contra del proyecto minero Loma Larga, ubicado en el páramo de Quimsacocha y operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals. Medios de comunicación la consideraron como la marcha más grande en la historia de esta ciudad, que convocó a alrededor de 100.000 personas.
Una de las organizaciones impulsoras fue el Cabildo Popular Por el Agua de Cuenca, de la que es miembro Fajardo. Cuando se dio cuenta de la situación de sus cuentas, consultó con sus compañeros y ahí se dio cuenta de que otro integrante más tenía el mismo problema. Ninguno fue notificado en ese momento.
Pero el 27 de septiembre, Fajardo recibió un aviso de la Fiscalía sobre el inicio de una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado. Él explica que este delito se refiere a un incremento patrimonial no justificado mayor a 200 salarios básicos unificados, es decir aproximadamente 94.000 dólares. El jurista afirma que esta no es su situación y que ha viajado a Quito para obtener información de su caso y otra denuncia que existe en su contra por el mismo delito.
“No he tenido acceso al expediente y esto vulnera todos mis derechos constitucionales. Es muy macabra esa criminalización económica”, concluye.