Si bien el Art. 66, numeral 13, de la Carta Magna reconoce y garantiza a las personas el derecho a manifestarse en forma libre y voluntaria, la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa que se desarrolló en la ciudad de Quito, este martes 12 de agosto, estuvo cargada, por el origen de la convocatoria, de un molesto tufo autoritario, en tanto el poder ejecutivo, los acólitos y sus cajas de resonancia, han dirigido sus dardos en contra de la Corte Constitucional, etiquetándola, de manera injusta, como enemiga de la ciudadanía al haber dado, supuestamente, la espalda a la fuerza pública, con la admisión de las demandas de inconstitucionalidad de leyes orgánicas de reciente promulgación, como la de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública y ordenado, además, la suspensión provisional de ciertas normas que, en principio, podrían estar afectando derechos esenciales de las personas.
Ciertamente, esta movilización no fue de iniciativa popular, sino que esta vez provino directamente desde la esfera de la Función Ejecutiva, es decir, desde el mismísimo poder, por lo que su motivación no necesariamente coincide con el interés ciudadano, en tanto la inconformidad del Gobierno frente a lo resuelto por la Corte Constitucional no tiene una explicación técnica ni ajustada a derecho, sino que ahora, ante esas carencias, se acude al discurso incendiario, para desprestigiar y estigmatizar a jueces cuyo único ‘pecado’ ha sido actuar de conformidad con las competencias y responsabilidades asignadas a tan alto tribunal y que conlleva la interpretación, control y administración de la justicia constitucional en el país.
Por eso el afán de pretender someter a los jueces constitucionales al control político de la Asamblea Nacional, lo cual rompería groseramente con los estándares generales de la independencia judicial a la cual hace mención la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el tratamiento seguido para la aprobación de las últimas leyes orgánicas debió cumplirse, a pie juntillas, con lo señalado en el Art.132 de la Constitución, en aquello que la Asamblea Nacional aprueba «…como leyes las normas generales de interés común», así como lo previsto en el Art. 136, ibídem: «Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia…». Con ello es claro que la producción de leyes no sólo debe observar el procedimiento y la técnica legislativa, sino que también, y en lo sustantivo, no puede entrar en conflicto con la pirámide de Kelsen, es decir, no cabe violentar, bajo ningún pretexto, la jerarquía de las normas jurídicas, incluso más allá del discurso utilitario que conlleva la lucha contra la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado.
De ahí que la Ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se equivoca del medio a la mitad al insinuar que ante «…una situación excepcional, las respuestas también deben ser excepcionales». No, señora Ministra, ante la gravedad de lo que sucede en el Ecuador, las acciones no deben estar cobijadas bajo la sombra de la excepcionalidad, sino encausadas dentro del marco constitucional y legal y ahí, precisamente, la Corte Constitucional, juega un papel central como garante de que aquello se respete a rajatabla, en tanto están de por medio la vigencia de derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto.
El Gobierno, si se define como respetuoso de las libertades y la democracia, no puede cometer acciones ciertamente intolerables como la agresión realizada contra la Corte Constitucional, más aún cuando la discusión de la constitucionalidad o no de una norma debe ser tratada, como debate de ideas, en las audiencias públicas y no en las calles con movilizaciones. Los jueces, contrario a lo que sostiene el Primer Mandatario, muestran sus rostros y nombres cada vez que emiten una sentencia.
Más bien, quienes disimulan intereses y esconden sus rostros son los financistas de marchas perfectamente articuladas, que cubren ingentes gastos que implica movilizar a miles de personas desde el interior del país hasta Quito, además de la producción de pancartas, banderas, frases prefabricadas y la alimentación de muchos manifestantes que no tuvieron la menor idea del porqué de su presencia en la capital. A esto se suma el alto costo que representa en seguridad la participación directa del Presidente, ministros, altos funcionarios del Estado y de todo ese personal de la fuerza pública que bien pudiera estar brindando apoyo en otros espacios.
Vivimos tiempos difíciles, en medio de una democracia de cartón…