Una de las instituciones que se fue fortaleciendo desde la instauración democrática en Ecuador en 1979 fue el de la participación ciudadana. Principalmente porque este proceso de reestructuración jurídica estuvo precedido por la paulatina irrupción en el ámbito público de dos movimientos sociales: el de las mujeres y el de los pueblos indígenas, que fueron obteniendo el reconocimiento político por su aporte social a la colectividad ecuatoriana.
Cuánta distancia, y no me refiero a la temporal, entre las actitudes de quienes intervinieron en la conversion de esos movimientos en nuevos actores sociales, y las prácticas de quienes pretendieron apoderarse de la participación social y ciudadana y osaron denominarse como la Revolución Ciudadana (RC) y que ahora han desnudado su impudicia con el caso de la liga azul, en el mal nacido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Para apreciar y comprender las diferencias en estos procesos, largos y complejos, propongo un ejercicio de recordación de los antecedentes y transformaciones que vinieron con ellos.
En las constituciones anteriores a la que rigió desde 1979, si bien sus textos consignaban la igualdad de los derechos de mujeres y hombres, la participación efectiva de las mujeres en la vida política era nula. Ninguna mujer intervino en las comisiones de reestructuración jurídica ni en los organismos electorales que presidieron los eventos electivos en el proceso que determinó el fin de las dictaduras de 1970 a 1979. Sin embargo, la percepción generalizada era que la votación de las mujeres fue determinante en los resultados, pues sus papeletas no fueron producto de la mera simpatía. Tampoco, ninguna había formado parte de los gabinetes de gobierno anteriores. Recién en 1979 el presidente Jaime Roldós designó a una mujer como ministra de estado. El decenio de la mujeres (1975-1985), proclamado por las Naciones Unidas, sin duda fue fundamental en favorecer estos cambios.
Hasta 1979, los analfabetos estaban excluidos del derecho al sufragio pues no eran considerados ciudadanos quienes no sabían leer ni escribir. Una enorme mayoría de los iletrados provenía de los pueblos indígenas. Datos de la época indican que el 28% de la población mayor de 18 años era analfabeta. Y el analfabetismo estaba presente sobre todo en los territorios con mayor presencia de población indígena, esto es en las provincias de la sierra: 51% en Chimborazo; 48% en Cotopaxi; 42% en Imbabura y 40% en Bolívar y Cañar. La constitución aprobada por plebiscito en 1978 consignó la plena igualdad de derechos políticos de las personas iletradas pues las registró como ciudadanos. Otro hito posterior fue el acontecido en 1990 cuando la CONAIE, creada en 1986, demandó al gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, el reconocimiento del Ecuador como estado plurinacional y la adopción de una legislación que permitiera su derecho a la auto-determinación y garantizara su derecho a la defensa y recuperación de tierras, territorios y recursos naturales.
Esas primeras conquistas abrieron el paso para reformas legales reivindicadas por ambos movimientos. Una de ellas fue la de abolir el adulterio de las mujeres como un delito reprimido con prisión de seis meses a dos años, vigente desde la creación del código penal en 1938 y suprimido solamente en junio de 1983; o derogar, apenas en 1989, la infracción que excusaba al padre, abuelo o hermano de matar, herir o golpear a “su hija, nieta o hermana, ora a la culpable, ora al hombre que yace con ella” cuando la sorprendía “en acto carnal ilegitimo”. A su vez auspiciaron el reconocimiento y juridificación de un conjunto de derechos colectivos que sancionó la constitucion promulgada en junio de 1998, vigente desde agosto de aquel año, cuando se posesionó en la presidencia Jamil Mahuad.
La nueva carta incorporó reivindicaciones del movimiento de las mujeres, de los indígenas y de los afro ecuatorianos,. Agregó el enfoque de género y comprometió al estado a promover y garantizar la participación equitativa de las mujeres en las elecciones populares y en las instancias de decisión y dirección en el ámbito público. Asi, prescribió la participación del 20 por ciento de mujeres en las listas de elecciones pluripersonales, porcentaje que se iría incrementando paulatinamente. En cuanto a los pueblos indígenas y a los afro ecuatorianos añadió un capítulo sobre los derechos colectivos para garantizar su desarrollo, participación, la posesión de tierras, la preservación de sus culturas e identidades y su reconocimiento y respeto por parte del estado ecuatoriano. Constitucionalizó esos derechos y los garantizó mediante la figura del hábeas data, del hábeas corpus, acciones de amparo judicial y la creación de la defensoría del pueblo. También reconoció los derechos de la niñez, de los adolescentes, de los consumidores y de las personas con discapacidades, y la protección del medio ambiente. E incorporó el derecho a requerir la convocatoria a consultas populares y a proponer la revocatoria del mandato a los alcaldes, prefectos y diputados, por el cometimiento de actos de corrupción o por el incumplimiento injustificado de sus planes de trabajo, que los postulantes a estas dignidades estaban obligados a presentar al registrar sus candidaturas.
El advenimiento de la democracia en 1979, a pesar de todas sus falencias y limitaciones, nos hizo bien a las mujeres, a los pueblos indígenas y al país en nuestras demandas por ampliar y fortalecer la participación ciudadana y social. Quiero recalcar que, en modo alguno, ello fue una dádiva de los actores políticos tradicionales. Fue una consecuencia de las luchas y movilizaciones de las mujeres, pueblos indios, afroecuatorianos y movimientos ciudadanos devenidos en nuevos actores sociales.
Este fue el panorama que halló en 2007 el gobierno de la RC, que debió su triunfo electoral al apoyo que le brindó la sociedad civil organizada. Pero, en lugar de agradecerlo, su caudillo se lanzó a denigrar a sus dirigentes, a perseguirlos, a acosarlos y acusarlos y a sancionarlos por no rendirse a sus pies y acatar la sumisión que esperaba. No contento con estos atropellos introdujo en la constitución aprobada en 2008, un golpe letal contra la participación ciudadana y social con la creación del CPCCS. Este organismo, como fue alertado desde entonces, se consolidó como un espacio estatal para someter al control social a los ciudadanos que incomodaran los intereses particularísimos de los propietarios de la RC.
La liga azul y sus actuaciones, especialmente las conocidas por la transcripción de los chats de varios de los integrantes del CPCCS con los cabecillas de la RC, han evidenciado en toda su deshonestidad las prácticas de esta oficina, aparejada con la incapacidad de los gobernantes aupados por la RC de trasformar al país, en circunstancias inmejorables de respaldo político y social y bonanza económica, como fueron las de la década perdida. La no respuesta de la candidata de la RC en el debate presidencial sobre si el caso Ligados se enmarca o no en el cometimiento de actos de corrupción muestra no solo su cercanía con los antiguos consejeros sino su dificultad para distinguir lo que es una conducta no etica de lo que significa la integridad.