¿Dónde radica la clave de la descomposición del Estado ecuatoriano por la acción o la influencia del narcotráfico? Técnicamente, estaría en el grado de penetración de las estructuras criminales en las instituciones estatales. Así, al menos, lo establecen los expertos internacionales que clasifican como narcoestados a los países que enfrentan esta amenaza.
Frente a la reciente publicación de un extenso artículo de Alexander Clap en la revista The Economist, el ministro de Defensa se apresuró a desmentir las afirmaciones del periodista británico con el peregrino argumento de que la supuesta contaminación criminal a la que se hace referencia podría darse en el caso de las funciones judicial y legislativa, pero jamás de los jamases en la función ejecutiva.
Desafortunadamente para el Gobierno, el desmentido del ministro Loffredo solo echa más leña al fuego. ¿Acaso desconoce que el Estado es mucho más que el gobierno central? ¿Qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados, o con los interminables organismos que también forman parte del Estado?
El ministro de Defensa esgrime una valoración que más parece un acto de fe: supone que esa gigantesca estructura integrada por miles de burócratas y cuadros del oficialismo, que forman parte de la función ejecutiva, es inmune por naturaleza a las tentaciones de las actividades ilegales. En su cándido afán por barrer el dormitorio, deja la basura en el resto de la casa. Y de paso termina por validar el contenido del artículo de marras.
En realidad, la gravedad del problema no reside en la muy probable penetración del crimen organizado en la estructura del Estado, sino en el progresivo y sistemático desmantelamiento de los filtros institucionales que bloquean esa posibilidad. En concreto, que aquellas normas, mecanismos o procedimientos destinados a impedir que personas con antecedentes reñidos con la ética o abiertamente criminales accedan a un cargo público terminen volviéndose inaplicables. Si el crimen organizado coloniza las instituciones estatales, no habrá forma de contener su expansión.
El ejemplo que mejor ilustra esta aberración es el de Wilman Terán. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado concluyen, entre otras linduras, que la conducta mafiosa de Terán en el ámbito judicial era un secreto a voces. No obstante, fue imposible impedir su ascenso hasta la presidencia del Consejo de la Judicatura. Es inadmisible suponer que nadie sabía lo que estaba en juego. Seguramente, sobornos y amenazas sirvieron para allanar esta meteórica carrera delictiva.
Ahora sabemos que Wilman Terán contaba con estructuras paramilitares que apoyaban su agenda política. Muy suelto de huesos, soñaba con llegar a la Presidencia de la República. Solo basta imaginar que lo hubiera conseguido para confirmar el panorama aterrador al que se enfrenta el Ecuador.
Diciembre 4, 2024