La cadena nacional del lunes 14 de octubre sacrificó de nuevo, ante la opinión pública, lo que debería ser una respetable comunicación oficial, en aras de objetivos más importantes. Era previsible que la ciudadanía estaría expectante ante un anuncio oficial capaz de templar la incertidumbre general sobre la magnitud de la crisis energética, eso lo sabían quienes apostaron a esa táctica pese al creciente descontento social. También sabían que el nuevo distractor no tendría la fuerza para disminuir el desaliento sobre la economía o el desempleo, ni para repuntar la imagen del presidente sorprendiendo al público mediante encuestas que siempre entretienen con data sobre la aprobación-desaprobación del mandatario, y su posicionamiento como candidato a la reelección el 2025. La humareda en la que el presidente Daniel Noboa anunció que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional llevarán a cabo operativos inmediatos con el fin de eliminar 2.000 hectáreas de cultivos de cocaína detectados en territorio nacional, sirvió para bajar el nivel de al menos tres hechos esenciales: El regreso de una base militar extranjera en territorio ecuatoriano; la aprobación del proyecto de Pacificterminal y el nuevo concurso de frecuencias.
En el primer caso, con muy bajo perfil, se publicó el 15 de octubre la noticia de que la Corte Constitucional (C.C) por unanimidad, dio paso a la reforma constitucional planteada por el presidente para eliminar el artículo 5 de la Constitución que prohibía la instalación de bases extranjeras cuando el Estado lo decida.
En el segundo caso, y en medio de la creciente crisis energética, el gobierno ecuatoriano otorgó la aprobación a Pacificterminal S.A. para construir un muelle, una pasarela y plataformas de almacenamiento destinadas a la importación de gas natural. A pesar de que el país posee su propio campo de gas y quema diariamente millones de pies cúbicos, el Estado ha optado por importar este recurso. La rapidez con la que se concedió el permiso ha despertado inquietudes sobre la transparencia del proceso, generando interrogantes en torno a las posibles implicaciones políticas y económicas de las empresas involucradas.
Finalmente, el presidente Daniel Noboa modificó el reglamento de la Ley de Comunicación y ordenó mediante el Decreto Presidencial 421, firmado el lunes 14 de octubre, a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que lleve a cabo el proceso público para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Este proceso debe ser «competitivo y equitativo», y la entidad tiene un plazo de 60 días para cumplir con esta directriz.
¿Qué provocó la cadena nacional del 14 de octubre?
Decepción. Rechazo. Distracción.
Aunque se reconozca la importancia de cualquier acción del Gobierno encaminada a combatir el narcotráfico y sus conectores delincuenciales, que han contaminado el conjunto de la institucionalidad del Estado y extendido sus tentáculos al sector privado, los impactos de la crisis energética son devastadores y muy probablemente la percepción mayoritaria supera a cualquiera enfocada en otros temas.
La escucha social en redes podría dar una contundente idea sobre el desagrado ante el contenido de una cadena nacional que, además, expuso al presidente Noboa a un previsible rechazo de los ecuatorianos que no lo ven dando la cara con asertividad frente al problema, más allá de la zona de confort que brindan redes sociales y comunicados oficiales, donde se escamotea el debate. Jugarse de ese modo no es torpeza ni falta de juicio. El distractor así concebido permitió pasar casi desapercibidas las implicaciones políticas y económicas de temas harto sensibles, como los mencionados en este análisis.
El presidente se mantiene “a salvo” de la crisis energética; viajó una semana antes de los apagones, para cumplir una fútil agenda en la ONU. No es la primera vez que elude confrontar con la opinión pública temas álgidos de su administración. La zona de confort del mandatario se encuentra en mensajes en redes; precautelar su imagen y sacrificar “fusibles” del Ejecutivo ante la prensa y la opinión pública viene siendo práctica común
Este comportamiento no es un capricho ni un desliz técnico: evidencia la utilización de un elemento clave en el sostenimiento del perfil del presidente candidato.
Comunidades indígenas fronterizas, como el pueblo siona, han reportado la presencia de grupos armados y cultivos de coca vinculados a disidencias de las FARC y organizaciones criminales colombianas.
De nuevo, nada nuevo
Que se estaban levantando sembríos de coca en Ecuador no es ninguna novedad, el anuncio del presidente, no merecía el espacio de una cadena nacional. Se dijo que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para reducir la violencia y la criminalidad vinculada al narcotráfico, el cual se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de grupos armados; se enfatizó en la importancia de mantener el control territorial en las zonas donde operan estas organizaciones, y se convocó a la unidad nacional para enfrentar este desafío.
Una revisión de varias fuentes que han trabajado sobre el tema, nos permite ensayar un acotado resumen, como ayuda memoria para entenderlo mejor. Durante la pandemia de la COVID-19, los grupos criminales en Ecuador ajustaron sus operaciones para aprovechar rutas alternativas en el tráfico de drogas.
El acuerdo de paz en Colombia, que redujo la presencia paramilitar en ese país, facilitó la expansión de grupos disidentes hacia Ecuador. Al mismo tiempo, la fragmentación interna de la banda de los Choneros dio lugar a la creación de nuevas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y producción de cocaína.
En la cadena nacional del pasado lunes 14 de octubre, el presidente Daniel Noboa, basándose en el «Informe geoespacial de cultivos ilícitos en la Frontera Norte del Ecuador», informó sobre la existencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca. Este análisis preliminar, elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de EE.UU., se realizó a través de imágenes satelitales y requiere verificación en terreno. Noboa advirtió que, si las cifras se confirman, Ecuador podría estar produciendo hasta 61 toneladas de cocaína anuales, aunque esto dependería de la presencia de laboratorios clandestinos.
Comunidades indígenas fronterizas, como el pueblo siona, han reportado la presencia de grupos armados y cultivos de coca vinculados a disidencias de las FARC y organizaciones criminales colombianas. También se ha mencionado la existencia de “cocinaderos”, (instalaciones artesanales para procesar la coca). El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado ha detectado estos cultivos y laboratorios en provincias como Sucumbíos y Carchi, mientras que, en otras regiones, como Manabí y El Oro, el narcotráfico se especializa en el transporte y la contaminación de contenedores.
Este escenario tiene estrecha relación el incremento de la violencia en los últimos años, vinculada a redes del crimen organizado. Noboa aseguró que los operativos no solo se enfocarán en destruir las plantaciones, sino también en desarticular las estructuras de distribución y lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. De nuevo, nada nuevo.
La preocupación en torno a la aprobación del proyecto no solo surge por la rapidez del proceso, sino también por los antecedentes de la empresa favorecida, Pacificterminal S.A.
Algo huele raro y no es solamente el gas quemado
La solicitud de Pacificterminal S.A. para construir un muelle, una pasarela y plataformas de almacenamiento destinadas a la importación de gas natural, fue aprobada de manera inusualmente rápida, pese a que el país cuenta con el Campo Amistad, su propio yacimiento de gas y desperdicia millones de pies cúbicos diariamente. Este proyecto se ubicará en la provincia de Santa Elena, cerca del complejo de Monteverde, una zona atractiva para importadores desde hace años. La preocupación en torno a la aprobación del proyecto no solo surge por la rapidez del proceso, sino también por los antecedentes de la empresa favorecida, Pacificterminal S.A.
Según investigaciones periodísticas, esta empresa, fundada en 2016, tiene vínculos con empresarios influyentes en el sector energético, quienes han estado involucrados en diversos proyectos y controversias. Entre los antecedentes destacan una deuda con la Corporación Financiera Nacional y disputas legales sobre terrenos. José Dapelo, uno de los principales accionistas, ha sido mencionado en casos polémicos relacionados con contratos petroleros y ambientales desde la época del gobierno de la “Revolución Ciudadana”. Su nombre ha aparecido en investigaciones tanto en Ecuador como en Panamá, donde también ha mantenido intereses comerciales.
La extracción minera: no todo lo que brilla es oro
La calidad de la inversión —privada o pública— en Ecuador, al parecer no está precautelada por un sistema estatal adecuado, o si aquel existe, debería transparentarse el modo en que ha venido aplicando sus normativas. Según una investigación del portal de investigación periodística PLAN V, al menos 76 empresarios mineros han sido investigados por delitos como actividades ilícitas de minería, tráfico de combustible y delitos ambientales, pero la mayoría de los casos han sido archivados o desestimados. Dos de cada diez mineros involucrados en la pequeña minería han enfrentado procesos judiciales, y existen indicios de que la minería legal podría estar sirviendo como vía para el lavado de activos provenientes de actividades ilegales.
La investigación de PLAN V revela que la Fiscalía ha señalado falta de recursos para obtener condenas en un contexto de creciente violencia y minería ilegal. Así mismo, la mayoría de estos casos no avanzó a juicio, y muchos fueron archivados por falta de pruebas suficientes. Expertos en la materia advierten que la minería ilegal podría estar financiando grupos criminales, especialmente en zonas de la Amazonía, lo que contribuiría al aumento de la violencia en el país. Crisis energética, en hidrocarburos, en minería, alta probabilidad en el área de seguridad alimentaria… Está fuera de toda duda que los sectores estratégicos del país han sido, y continúan siendo, víctimas de corrupción y negligencia.
En medio de este contexto de opacidad e incertidumbre, decisiones coyunturales, e intereses en tensión marcados por el proceso preelectoral, Sonsoles García renunció a su cargo como ministra de Producción el 18 de octubre.
Despidos en medio de crisis
Los despidos están aumentando, como se temía, tanto por la dimensión de la crisis económica y energética, por la incidencia de la inseguridad y el aumento de la criminalidad, el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes y para todos los ciudadanos que forman parte de la población económicamente activa del país, así como por las condiciones del endeudamiento con los multilaterales. Lo más probable es que se intensifiquen. La recesión económica se anticipa como un factor que difícilmente será contenido en el cercano y mediano plazo. Es pertinente que la clase política tenga lista su propuesta electoral para reanimar las finanzas públicas y sanear la economía, y en la campaña nos digan seriamente a los ecuatorianos cómo, por ejemplo, pretenden mantener la dolarización en un país que no ve la salida al final del túnel.
Campaña de publicidad permanente
No obstante, el poco alentador escenario que enfrenta el país, el gobierno nacional se concentra en contarle al “Nuevo Ecuador” cómo su gestión es sensible con los menos favorecidos y lo bien que se han manejado las finanzas públicas, pese a su deficiente ejecución en el marco del Plan Operativo Anual del Presupuesto General del Estado: becas para que los jóvenes que no pudieron matricularse en universidades accedan a institutos de capacitación o educación intermedia, ayudas económicas para las madres que mantengan un control a la desnutrición infantil, con base a la guía del sistema de salud pública, pago de planillas eléctricas a quienes consuman hasta 180 kilovatios/hora de luz, y el pago del excedente de a quienes superen ese límite de consumo; condonación de deudas de hasta USD 5 mil con el Banco Nacional de Fomento, son los más destacados.
En medio de este contexto de opacidad e incertidumbre, decisiones coyunturales, e intereses en tensión marcados por el proceso preelectoral, Sonsoles García renunció a su cargo como ministra de Producción el 18 de octubre, horas después de acompañar al presidente Noboa y a la ministra de Ambiente, en el mensaje transmitido casi a la media noche del 17 de octubre y reprisado la mañana del mismo día 18, en el cual el mandatario informó sobre la restructuración del cronograma de cortes de energía eléctrica:10 horas de cortes de luz en el sector industrial, durante 15 días, y reducciones semanales paulatinas de dos horas, para el sector residencial; así como proyectos de energía renovable que darán electricidad a largo plazo, entre otras. En julio pasado, en una entrevista con Forbes Ecuador, García manifestó el interés en desarrollar proyectos energéticos en el país, para enfrentar el déficit cada vez mayor en ese sector, dado que la demanda sigue incrementándose, especialmente con el avance de la minería, por lo que según afirmó “…es necesario que el parque eléctrico crezca al mismo ritmo que la demanda”. La ministra deseó “suerte y éxitos” a sus colegas industriales. Van a necesitar mucho más que suerte.
Paola Cabezas, legisladora de Revolución Ciudadana, recalcó que el juicio político no se trata de un ataque personal, sino de una respuesta a las demandas de la ciudadanía que exige acciones frente al aumento de la violencia.
El juicio político a la ministra Palencia
El 17 de octubre de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 89 votos la continuación del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por el presunto incumplimiento de sus funciones en el contexto de la inseguridad en el país. En la sesión, a la que asistieron 132 legisladores, los votos a favor provinieron de las bancadas de Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el movimiento Construye, mientras que 40 asambleístas oficialistas se opusieron a seguir con el proceso.
Paola Cabezas, legisladora de Revolución Ciudadana, recalcó que el juicio político no se trata de un ataque personal, sino de una respuesta a las demandas de la ciudadanía que exige acciones frente al aumento de la violencia. «Este no es mi juicio político, es el juicio que reclama el pueblo», afirmó en un encendido discurso, instando a sus colegas a actuar con responsabilidad y alertando sobre las consecuencias de no censurar a la ministra Palencia.
De ser censurada, la ministra Palencia enfrenta un futuro incierto, lo que podría llevar a un cambio de liderazgo en el Ministerio del Interior en un momento clave para la seguridad nacional, y cuando prácticamente “la mesa está servida” para facilitar el establecimiento de una base militar extranjera en el país, con el objetivo de colaborar en la lucha contra el crimen organizado.
En la coyuntura electoral, el juicio político a la ministra Palencia provocará una tensión de intereses entre Noboa y sectores de la legislatura que eventualmente forman mayorías móviles, tan frágiles, como la capacidad de negociación de quienes se les opongan.
La principal narrativa de la agenda gubernamental es su bandera contra la delincuencia criminal y el narcotráfico. No se incluyen con el mismo despliegue publicitario de esta cruzada, los tentáculos extendidos hacia enclaves del sector privado; por ejemplo, no se conoce de auditorías sobre procesos de responsabilidad de la UAFE en el sector financiero. Al parecer en ciertas esferas creen que los ecuatorianos nunca nos interesamos en saber si en el Ecuador, tal como ocurre en otros países, pasa lo que leemos en medios nacionales e internacionales y en documentos académicos, sobre la relación que en el mundo globalizado tienen los bancos, otros actores del sector privado, así como cooperativas -por mencionar algunos- con el blanqueo de capitales. Somos un país en el que reinan la simulación, la impunidad, y el miedo. Un paraíso para la corrupción de élites políticas en alianza con la delincuencia financiera y el narco.
Atentado
Jimmy Jairala, candidato presidencial de Centro Democrático para las elecciones de 2025, denunció el 20 de octubre un atentado contra el vehículo en el que viajaba su hijo, en Guayaquil. El automóvil recibió al menos nueve disparos, cuatro de los cuales impactaron al conductor, quien fue hospitalizado. El hijo de Jairala y sus acompañantes resultaron ilesos. El candidato pidió a las autoridades que investigaran el ataque y el vehículo fue llevado a Criminalística para análisis balísticos.
Ecuador ha experimentado un preocupante aumento en los atentados y asesinatos dirigidos a políticos y funcionarios públicos. Se han registrado al menos 31 atentados y 25 asesinatos de políticos en el país, en un periodo que abarca desde enero de 2022 hasta mediados de 2023. Estos ataques han involucrado tanto a candidatos seccionales como a alcaldes, concejales y un candidato presidencial. La violencia ha afectado principalmente a las zonas costeras, especialmente en provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas y Santa Elena.
son miedos que inmovilizan, que hacen mirar hacia otro lado; la complicidad de la política corrupta con la delincuencia criminal y la delincuencia financiera enturbia los sentimientos, y ha logrado convertir a muchos ciudadanos en sujetos anómicos, disgregados, antagónicos, irreconciliables.
¿Y los ciudadanos?
Una sociedad políticamente polarizada y fragmentada como la nuestra, en la que se ha sembrado la narrativa del miedo a la delincuencia criminal se ha vuelto inerme; a esa causa se suman al miedo a perder el empleo, a enfermarse, a no tener futuro ni oportunidades; son miedos que inmovilizan, que hacen mirar hacia otro lado; la complicidad de la política corrupta con la delincuencia criminal y la delincuencia financiera, enturbia los sentimientos, y han logrado convertir a muchos ciudadanos en sujetos anómicos, disgregados, antagónicos, irreconciliables; cómodos militantes del repudio siempre que se ejerza a salvo, en las redes sociales.
La impunidad que normaliza la difusión de opiniones prejuiciadas y sesgadas en redes sociales, unida a la desinformación que disuelve el sentido de responsabilidad civil, cumplen un rol fundamental en este entramado. Sospechamos los unos de los otros, desconfiamos de los medios de comunicación, de la Policía local y nacional, de la Justicia; condenamos la pedofilia, la violencia contra las mujeres, nos condolemos por la contaminación de nuestro medio ambiente y detestamos a los políticos, pero ya muchos se han resignado a saber que aquellos roban, pero que, además, “roban y no hacen obras”.
En soledad, esperamos en cada elección que aparezca un líder que nos conmueva y nos prometa enmendar todo cuanto enferma de manera terminal la democracia y las oportunidades de progreso personal, familiar y colectivo; y en paralelo, nos devuelva la paz y la fe en el futuro.