En medio de la oscuridad que golpea al país, el Gobierno le enciende una velita a Pacificterminal S.A. En tiempo récord, la firma recibió la autorización de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos para la construcción de un muelle, pasarela de acceso de 630 m y plataformas de almacenamiento para la importación de gas natural. Así consta en la Resolución ARCH-DE-2024-0063-RES, del pasado 8 de octubre.
¿Importar gas cuando Ecuador tiene el Campo Amistad, en el golfo de Guayaquil, y quema diariamente 140 millones de pies cúbicos en los mecheros petroleros de la Amazonía? Pues sí y el nuevo puerto gasífero estaría ubicado en la provincia de Santa Elena, en la zona aledaña al complejo gasífero de Monteverde, un emplazamiento apetecido por los importadores de combustibles desde hace 25 años. El plazo de construcción estimado es de cinco años.
De acuerdo con la resolución, Pacificterminal S.A. pidió la autorización el 5 de septiembre, es decir 15 días antes del inicio del nuevo ciclo de racionamientos eléctricos y 10 días antes de que Petroecuador decidiera revertir la operación del Campo Amistad al Ministerio de Energía. Y el ente estatal se la concede en un tiempo inusual para la envergadura de la actividad, 33 días, cuando hay iniciativas que esperan lustros por un criterio favorable.
La resolución apunta a que Pacificterminal tiene que contratar a otras firmas especializadas para el diseño del complejo, para definir su ubicación exacta y empezar su construcción. En todo caso, el desarrollo de los estudios de ingeniería básica demandan cerros de carpetas con análisis de factibilidad financiera, mapas topográficos, geológicos, hidrológicos, consideraciones ambientales y un largo etcétera. Jorge Luis Hidalgo, analista de temas energéticos, tiene dudas: “¿qué realmente presentó Pacificterminal S.A. a la Agencia de Regulación y Control?”, se pregunta.
Los terrenos de Monteverde
Pacificterminal S.A. es una empresa constituida el 23 de agosto de 2016. Sus socios son los hermanos Danilo Antonio y José Miguel Dapelo Benites (mayoritario). Este último figura como presidente de la sociedad, cuyo gerente general es Bernardo Arosemena Gangotena.
José Dapelo y Bernardo Arosemena son, además, accionistas de JIK S.A., constituida en 2004 para la distribución de redes de agua potable. Dapelo es el presidente de la empresa y su hermano Danilo es gerente general.
JIK S.A. también aparece en un proceso contra la Corporación Financiera Nacional. La firma de los Dapelo mantenía una deuda con la CFN y cuando la entidad estatal inició los procesos coactivos, la firma consiguió que tres jueces le otorgaran una acción constitucional para que la CFN reciba como dación en pago unos terrenos precisamente en Monteverde, Santa Elena.
La Corte Constitucional, mediante una sentencia de 52 páginas que tuvo como juez ponente a Enrique Herrería, revirtió la sentencia y los tres magistrados fueron destituidos por error inexcusable.
El ‘gángster’ al cual premió Correa
El nombre de José Dapelo no es extraño en el sector energético. En 2008, el vicealmirante Homero Arellano, para entonces comandante general de la Armada, enfrentó una suerte de asonada en la Base San Eduardo, lo cual forzó su separación del cargo. Y en la espuma de esa marejada estuvo, para Arellano, el nombre de Dapelo.
En una carta al presidente Rafael Correa, Arellano dice que todas las tensiones en la Marina y en Petroecuador responden a un “complot, organizado por grupos plenamente identificados por Usted, que pretenden beneficiarse de contratos petroleros. El caso más emblemático es el del ciudadano José Dapelo y sus empresas”.
Sigue en la carta lo siguiente: “Como ya se ha hecho público, la primera acción que debí enfrentar, en la línea de defensa de los intereses nacionales para acabar con las mafias del gas, fue impedir la arbitraria concesión de un inmenso sector de playa y bahía a favor de la empresa Ecoterm, de propiedad de José Dapelo, para el funcionamiento de un terminal de almacenamiento de derivados de petróleo, por constituir un evidente acto de competencia en contra del proyecto estatal de construir la planta de almacenamiento de GLP”.
rafael correa profería epítetos contra josé dapelo. pero eso no importó para entregar el campo armadillo al consorcio gran colombia, integrado por una firma del empresario.
Arellano hace mención a la planta de Monteverde, en Santa Elena, otra de las construcciones meteóricamente caras de la Revolución Ciudadana. Con un presupuesto inicial de USD 97 millones, el país terminó pagando USD 570 millones, luego de siete largos años de construcción.
Desde entonces, el expresidente Correa, prófugo de la justicia, ubicaba a Dapelo como parte de un grupo de “mafiosos” de Guayaquil que se oponían a que el Estado se encargue del almacenamiento de gas en tierra. De hecho, específicamente lo llamaba “gángster” por los oscuros contratos de remediación ambiental, según su versión, que se suscribían entre Petroecuador y una de sus empresas: Ecuavital.
Para la Revolución Ciudadana, la idea tras Monteverde era acabar con el encadenamiento del país a firmas como Trafigura, a la cual también señalaba como mafiosa, pues durante un cuarto de siglo había controlado, entre otras, la importación de gas. Y el monto no es menor: Ecuador paga USD 1.000 millones anuales por este rubro.
Pero Correa decía una cosa y su gobierno hacía otra. Los epítetos presidenciales no fueron obstáculo alguno para entregar el campo Armadillo, en 2009, al consorcio Gran Colombia, del cual era parte la empresa Ecuavital, de José Dapelo Benites.
Fue una entrega cuestionada por la Procuraduría, pero forzada por el propio Correa y José Serrano, mientras estuvo encargado del Ministerio de Minas y Petróleos. Curioso: Serrano, en su cuenta de X, actualmente despotrica contra Dapelo, “quien fue considerado el gángster de las remediaciones de los derrames petroleros truchos de Petroecuador”.
Los negocios en Panamá
Otro ruido rodea a Dapelo. Por la misma época en que el correísmo decía que había puesto un alto a los intereses del empresario en el mercado de la importación de gas y almacenamiento en tierra, este apuntó a Panamá. Una investigación del consorcio periodístico Connectas lo ubica como el rostro visible del para entonces novísimo negocio de alije de gas en tierra en el país del canal.
Connectas recuerda que en septiembre de 2009, dos meses después de la llegada a Ricardo Martinelli a la Presidencia panameña, Dapelo ganó la concesión de 48 hectáreas en la costa atlántica, por 40 años, para el desarrollo de este negocio.
Tres meses después, Dapelo, su hermano Danilo y Rodolfo Barniol inscriben en el Registro Público de Panamá a Monteverde NG Power, firma involucrada en un escándalo por la transferencia de USD 630.000 a cuentas en Andorra de los padres de Demetrio Papadimitriu, entonces ministro de la Presidencia panameña, bajo cuyo control está la Secretaría de Energía, entidad que recomendó la licitación exclusiva con las firmas del empresario ecuatoriano.
El apellido Dapelo volvió a tronar en Panamá en 2021, cuando ese Gobierno anunció la construcción de una generadora de electricidad a partir de gas, mediante inversión privada de un consorcio de firmas de EE.UU. y América Latina vinculadas con una de las empresas del ecuatoriano. Un amplio reportaje de Univisión Investiga da cuenta de ello.