Diana Salazar, fiscal general del Estado, acaba de poner el dedo en la llaga. Dio en el centro. Calificar al juicio político que le quieren seguir en la Asamblea Nacional como un narcojuicio implica establecer un parteaguas definitivo en la historia del país. A partir de ahora la confrontación política ya no se dará entre partidos amorfos y desprestigiados, o entre simples membretes electorales, sino entre sectores que se alinean con la defensa de la nación y sectores abiertamente comprometidos con las mafias que desangran al Ecuador.
La disputa, entonces, queda delimitada por referentes que son determinantes para evitar la debacle nacional: institucionalidad versus crimen organizado; transparencia versus corrupción; democracia versos autoritarismo mafioso. Después de la amenaza de disolución del Estado ecuatoriana hace 120 años, no habíamos enfrentado una amenaza tan extrema como la del narcotráfico.
La alianza político-delincuencial empeñada en desembarazarse de la fiscal Salazar no tiene ningún tipo de contemplaciones. Es rabiosa. No obstante, en esta confrontación la fiscal ha evidenciado una agudeza mental que contrasta con la torpeza y la ignorancia de sus detractores, sobre todo en el plano mediático. En cada jaleo que han mantenido en la escena pública no solo los ha ridiculizado, sino que los ha forzado a auto incriminarse. Tal como ocurrió con la alusión al narcojuicio. Ni bien la hizo pública provocó la reacción furibunda de grupos políticos específicos, especialmente aquellos que en los últimos tiempos han protagonizado sonados escándalos por sus vínculos con las mafias del narcotráfico y la corrupción judicial.
En efecto, el correísmo –y de refilón el socialcristianismo– arrastran una imagen tan contaminada por estas prácticas que cualquier insinuación al respecto se la toman muy a pecho. Como cuando alguien habla de libras en una reunión de obesos. La fiscal Salazar nombró la soga en casa de ahorcado.
La contienda que se avecina se desarrollará en dos campos. El primero, el de la información. No creo que Diana Salazar se haya botado al ruedo sin tener a la mano varios recursos contundentes. Sin lugar a duda, durante el juicio político sacará a la luz información suficiente como para poner contra las cuerdas a los operadores políticos de las mafias.
El segundo campo se refiere al capital simbólico. La fiscal general del Estado es mujer, joven, negra, de extracción popular y, por si fuera poco, está embarazada. Una imagen que seguramente activará la solidaridad y la simpatía de los sectores populares. Habría que conocer el grado de aceptación con que cuenta entre el electorado para analizar si los miembros de la Asamblea Nacional, la mitad de los cuales apunta a la reelección en 2025, están dispuestos a granjearse la enemistad popular enviando a la señora fiscal a su casa.