La filtración de los supuestos chats de Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del año pasado, ya tiene tres denuncias. La primera la presentó, el pasado 8 de noviembre, Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial.
Sarauz dice que en este caso se cometió una presunta difusión de información de circulación restringida que, el artículo 180 del Código Integral Penal, la define de la siguiente manera:
- La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley.
- La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa.
- La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
En su denuncia, Sarauz no identifica a los presuntos autores de dicho delito, pero sí menciona los nombres de quiénes habrían tenido acceso al teléfono de Villavicencio. Por ejemplo, cita a a César Gonzaga, quien se desempeñaba como chofer del político en el momento de su asesinato. Él, dice Sarauz, entregó el dispositivo a Amanda Villavicencio, hija del excandidato, quien a su vez dio el celular a Christian Zurita, amigo personal de Villavicencio y quien lo reemplazó en su candidatura tras el crimen.
Sarauz afirma que Zurita, junto con Cristina S., “decidieron siete días después del asesinato de mi esposo, sin autorización alguna, vulnerar el teléfono personal de Fernando Villavicencio y hacer dos copias, teniendo conocimiento que una de estas copias fue entregada en la ciudad de New York al FBI”.
Zurita, al respecto, dijo: “Verónica Sarauz no conoció absolutamente nada de la ruta del teléfono hasta finales de 2023, semanas después de que el FBI recibiera esa información en Nueva York. Lo que conoce es lo que está en el expediente del caso que lleva la fiscalía y de lo que directamente cree saber sobre esos hechos. Entiendo que su denuncia pasa por la objetividad de conocer si existió violación a la cadena de custodia, pero eso no implica responsabilidad alguna de Amanda Villavicencio o cualquier otro colaborador de Fernando”.
Y agregó: “La lógica de Verónica Sarauz es no dejar cabos sueltos, lo entiendo y respeto su decisión aunque considero que esa línea de investigación que ha iniciado no le llevará a ningún lado, ni a los responsables del crimen ni a quiénes organizaron este show para desprestigiarnos”. En una entrevista previa con Plan V, Zurita responsabilizó a la Policía de la filtración.
Sarauz solicitó a la Fiscalía que se determinen todos los portales digitales que han difundido los chats desde el 7 de noviembre, así como receptar versiones de todas las personas que pudieran conocer o aportar elementos para esclarecer cómo se produjo esta difusión.
Esta no es la única denuncia. El pasado 13 de noviembre, Amanda y Tamia Villavicencio presentaron una denuncia contra Andersson Boscán, Luis Vivanco, Doménica Vivanco y Mónica Velásquez, todos de la plataforma La Posta, quienes difundieron los presuntos chats en sus programas de la mañana. También fueron denunciadas Priscilla Schettini y Angélica Porras, figuras del correísmo, quienes colgaron el enlace Google Drive donde estaban casi 9.000 chats que atribuyen al excandidato asesinado. Las hijas del político los acusan del presunto delito de violación a la intimidad.
Boscán reaccionó en su cuenta de X: “Dato curioso: NO nos han denunciado por falsificar o manipular conversaciones de Fernando Villavicencio, sino por ‘atentar contra la intimidad’. Es decir, admiten que son reales, pero se sienten afectados. Gracias por su atención. Nos vemos en tribunales”.
Dato curioso: NO nos han denunciado por falsificar o manipular conversaciones de Fernando Villavicencio, sino por «atentar contra la intimidad». Es decir, admiten que son reales, pero se sienten afectados.
Gracias por su atención. Nos vemos en tribunales.
— Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) November 15, 2024
Las hijas de Villavicencio presentaron una segunda denuncia el pasado 15 de noviembre, pero esta vez está dirigida a Jeffrey B. Veltri, agente especial a cargo de la Oficina del FBI, en Miami. En el escrito también constan los nombres de Aleczandra Villavicencio, familiar del excandidato; de Sara Ortiz, periodista de diario Expreso; y de Gabriela Panchana, quien se dedica a la comunicación política, como denunciantes.
“Acceder o almacenar información en servidores de datos en los EE.UU. para distribuirla ilegalmente constituye un delito que merece ser investigado, especialmente cuando dicha información se utiliza de manera malintencionada para interferir en procedimientos penales y poner en peligro la vida de las personas, incitando a las bandas de narcotráfico en su contra”, alegan las interpelantes.
#ATENCIÓN
Hemos presentado una denuncia y un pedido urgente de investigación al @FBIMiamiFL sobre el cometimiento de delitos por parte de dos candidatas de @RC5Oficial, Andersson Boscán, Luis Eduardo Vivanco, entre otros, con la utilización ilegal de servidores de 🇺🇸, para… pic.twitter.com/qh4tmJul35— Gabriela Panchana Briones ❤️🇪🇨 (@EnVozAltaEC) November 16, 2024
En el documento vuelven a mencionar a Schettini y Porras, y también a Boscán, Velásquez, Luiz Vivanco y Doménica Vivanco, de La Posta.