miércoles, abril 29, 2026

Dinero electrónico, ¿el arma para «matar» al dólar?

Poner al dólar en la Constitución lo mantendría como moneda oficial, pero no en poder del público sino de modo “virtual”, creado y controlado por el Banco Central, obteniendo como resultado final la viabilidad de la propuesta del dinero electrónico, disponiendo del dinero en billetes y monedas que circula en nuestra economía para manejarlos desde el Banco Central.

Redacción Plan V

Por: Redacción Plan V

La desconfianza ciudadana por las contradicciones en las propuestas de la Revolución Ciudadana a favor de una moneda virtual y en contra de la dolarización en los últimos años, los condujo en el 2021 a presentar, como estrategia política, la propuesta de incluir en la Constitución como moneda oficial al dólar. Superada la tormenta política de ese entonces, hoy se han visto obligados a actualizarla de urgencia por los mismos motivos originales: restablecer la confianza perdida y asegurar que la Revolución Ciudadana mantendrá la dolarización en el país.

Pero tanto las formas como el fondo de esa estrategia política de reforma tendrían el siguiente enfoque:

«La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. El dólar de los Estados Unidos de América es la moneda oficial y de libre circulación en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley”.

Con lo cual mantendrían al dólar como moneda oficial, pero no en poder del público sino de modo “virtual”, creado y controlado por el Banco Central, obteniendo como resultado final la viabilidad de la propuesta del dinero electrónico, disponiendo del dinero en billetes y monedas que circula en nuestra economía para manejarlo desde el Banco Central, para el pago de las obligaciones de salarios, pensiones, otras prestaciones y contratación pública en moneda virtual, estatizando en la práctica los dólares en circulación para disponerlos a conveniencia del Estado, sin supervisión alguna ni un proyecto técnico básico que lo explique, lo cual sería aún más radical que la desdolarización de la economía del Ecuador.

En el periodo 2007 al 2016, tras bastidores, se inició un proceso oculto de desdolarización del Ecuador, con la nueva Constitución del 2008, al sacar del texto constitucional la moneda oficial del Ecuador, dejando un vacío que podía ser utilizado con cualquier disposición legal o normativa, a conveniencia del gobierno de turno.

Mantendrían al dólar como moneda oficial, pero no en poder del público sino de modo “virtual”, creado y controlado por el Banco Central, obteniendo como resultado final la viabilidad de la propuesta del dinero electrónico

A la vez, el gobierno de Rafael Correa impulsó la creación del sistema SUCRE como moneda virtual para el comercio entre Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba entre otros países de la región. Fue el disfraz técnico con el que ocultaron el propósito final de desplazar al dólar como moneda de cambio regional e iniciar la desdolarización en el Ecuador, sospechosamente y sin la mínima supervisión de organismos de control, bajo el pomposo nombre de Sistema Unitario de Compensación Regional, que no por coincidencia en un juego de palabras por sus iniciales se llamó SUCRE, nuestra moneda oficial reemplazada por el dólar en la crisis bancaria.

La propuesta fracasó rotundamente por sus graves deficiencias técnicas y envuelta en la primera trama de delincuencia organizada transnacional y corrupción en los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que incluyó exportaciones ficticias, lavado de activos, corrupción gubernamental, dineros retenidos e incautados por la justicia posteriormente desbloqueados y sacados al exterior el 2016, que culminó con el juzgamiento de los responsables en Estados Unidos y en contraste, silencio e impunidad en Ecuador.

Todo ello, ocasionó desconfianza pública en el manejo del sistema de dolarización que requería dólares y fue opacado por el derroche de la reserva internacional del país y endeudamiento, para sostener un desmesurado gasto público disfrazado de inversión social, amparado en una legislación de contratación pública opaca y la ficción de la existencia de un quinto poder del Estado independiente, o Función de Transparencia, que también fracasó en el control gubernamental.

La consecuencia de la desconfianza pública ha sido la deficiente inversión extranjera y salida de dólares del país, resueltas con medidas de coerción estatal para disminuir importaciones por aranceles altos, Impuesto a la Salida de Divisas, ISD, y regulación bancaria orientada a que el Estado maneje la liquidez del sistema económico, con consecuencias en el sistema financiero, que sin controles efectivos aumenta drásticamente las tasas de interés para que los depositantes mantengan sus ahorros en el sistema, pero que obligan a quienes se endeudan a pagar mayores tasas de interés. Todo ello provocado por la inestabilidad política y subida de la percepción internacional y nacional del riesgo del país.

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