Al gobierno del ‘Nuevo Ecuador’ en época de campaña, espacio en el que se ofrece el oro y el moro a un cándido y distraído electorado, con el propósito de obtener adhesiones en las urnas hacia las tiendas partidistas, nunca se le escuchó hablar de disminuir el tamaño del Estado. No obstante, ahora, como parte del compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se tiene proyectado optimizar el gasto en remuneraciones en el orden del 1,2% del PIB hasta el año 2028, lo cual en términos prácticos, y sin eufemismos, se debe leer, en buena medida, como desvinculaciones de servidores públicos y su dolorosa transición –en su gran mayoría- hacia el desempleo.
En este contexto, además, será notoria la imposibilidad de que esa mano de obra cesante pueda ser absorbida por el sector privado, en tanto la inversión extranjera directa (IED) y nacional resultan bastante marginales. Para entender esto último, basta revisar las cifras que proporciona la Cepal para constatar que el Ecuador apenas recibió como IED, en el año 2024, USD 318 millones, muy distante de los USD 6.779 millones recibidos por este rubro en el Perú o los USD 14.269 millones que ingresaron a Colombia en igual periodo, por citar a dos países limítrofes con el nuestro.
En esa línea de acción, el presidente Daniel Noboa, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 60, del 24 de julio de 2025, dispuso a la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, iniciar la reforma institucional a la Función Ejecutiva, mediante varias fusiones entre ministerios y secretarías nacionales y técnicas, así como otros traslados y adscripciones de entidades de la administración pública central. Con ello se anticipa, en principio, la salida de al menos 5.000 servidores públicos cuyas notificaciones se han dado con base en los cambios introducidos en la Ley Orgánica de Integridad Pública que reforma a la LOSEP y, a través de su reglamento, al propio reglamento de la LOSEP. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo, con una agilidad poco usual en su gestión institucional, emitió la norma técnica que viabiliza la supresión de puestos en el servicio público.
Sin duda, en el oficialismo se come ansias y por ello esa urgencia de proceder con este recorte de personal, aun cuando la Ley Orgánica de Integridad Pública afronta varias demandas de inconstitucionalidad que están en conocimiento de la Corte Constitucional. Al parecer, más interesa al oficialismo cumplir con el FMI antes que con los derechos de los trabajadores a quienes se los mira como un frío número o dato estadístico, sin reparar que detrás de cada servidor hay una familia que depende de sus ingresos y que, además, son parte esencial del consumo interno, como elemento dinamizador de la demanda agregada de la economía.
Penosamente, no faltan aquellas voces que detrás de esta tragedia social y económica que representan los despidos de personal, batan palmas, justificando esta dañina política de ajuste neoliberal, en tanto se considera al Estado como un ogro que lo engulle todo y al que hay que pulverizar. Empero, para entender este comportamiento y forma de analizar la realidad, hay que acudir al pensamiento del filósofo Noam Chomsky, para quien una de las estrategias de manipulación de masas tiene que ver, precisamente, con aquello de crear problemas, generar una reacción en la población y luego ofrecer soluciones. Por citar, la falta de asignación de recursos y la politización en la administración de entidades estatales (convertidas a veces como moneda de pago por favores o lealtades electorales, olvidándose de las cuestiones meritocráticas), terminan por deteriorar la calidad del servicio público, lo cual provoca una lógica reacción negativa en la gente y con ello surge la necesidad de una solución frente al problema que podría terminar en la privatización del servicio o en la reducción del talento humano, colocando siempre al personal de las instituciones como la piedra de tope en toda crisis.
De ahí que haya personas, producto de esta manipulación mediática, que incluso lleguen a apoyar el recetario neoliberal, sin caer en la cuenta de la enorme desventura que ha representado para América Latina la aplicación de políticas centradas en el capital.