Los datos que presenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), relacionada con la inversión extranjera directa (IED) dejan al Ecuador en una posición marginal respecto a la capacidad de atraer recursos y con ello estimular la economía doméstica y la generación de empleo adecuado.
Por ejemplo, en el año 2022, América Latina y el Caribe, registró ingresos por 224.579 millones de dólares en concepto de IED, de los cuales, tan solo el 0,39% del total se dirigió al Ecuador, es decir, 880 millones de dólares, lo que resulta absolutamente insuficiente frente a las necesidades de una economía asfixiada —y ahora en recesión— que requiere, en el tiempo, de inversiones sostenidas que dinamicen el aparato productivo nacional.
Si comparamos la IED con los países vecinos inmediatos podemos dimensionar, de mejor manera, el grado de retraso que muestra el país en esta materia. Verbigracia, Colombia en el mismo periodo de análisis recibió 16.869 millones de dólares, es decir, el 7,51% del total, en tanto el Perú captó 10.848 millones de dólares o el 4,83% del total de los ingresos por inversión en la región.
Para el año 2023, según cifras del propio Banco Central del Ecuador, la IED apenas ascendió a los 380,3 millones de dólares lo que comparado con el año 2022, representó una contracción del 56,80%. Y si eso ya genera una alarma respecto al comportamiento errático de nuestra economía y sus posibilidades reales de inversión, el primer trimestre del 2024 resulta patético. Apenas 78 millones de dólares como IED es la mejor radiografía de una economía estancada que no genera incentivos ni mayores atractivos en el propósito de captar capitales.
Y el riesgo país, actualmente en 1.296 puntos, es un claro indicador de la desconfianza que se genera tanto para inversionistas extranjeros como nacionales, muchos de estos últimos, sin una gota de sentido de Patria o de pertenencia (sino exclusivamente gobernados por los ‘business’), colocan sus capitales en economías que ofrecen mejores tasas de retorno y donde, por lo general, el capital está por encima de la fuerza de trabajo, vía salarios más bajos y menores derechos laborales.
Si queremos atraer inversiones lo que se requiere es recobrar el Estado de Derecho, donde las diferencias se resuelvan activando los resortes institucionales, en la que, en última, los operadores de justicia se pronuncien en función de los méritos del proceso y no por presiones u oscuros intereses.
También las inversiones fluirán hacia el Ecuador cuando las condiciones de seguridad garanticen un derecho humano fundamental, que es el respeto a la vida, así como se castigue en forma ejemplar a todo aquel que viola la ley y menosprecia el contrato social. Si queremos trabajar en una sociedad civilizada no cabe la impunidad, pues, entraríamos en ese peligroso estado de naturaleza, donde impera la muerte, violencia y el temor.
Y es que promover la IED no implica precarizar el mercado laboral, realizando los ajustes sólo por el lado del trabajador (la parte más débil de la relación obrero – patronal), sino generando condiciones propicias para la reactivación de la demanda agregada, esto es, incentivar el consumo (reduciendo impuestos), promoviendo la inversión (reduciendo tasas de interés), inyectando recursos en sectores estratégicos y fundamentales (sosteniendo el gasto en educación, salud, infraestructura, etc.) y dinamizando las exportaciones frente a las importaciones (robustecimiento del sector externo).
No se trata de inventar el agua tibia sino de actuar con lógica y en función del bien común.