Como en la película Diamantes de sangre, protagonizada por Leonardo Di Caprio, la vida real suele mostrar más crudeza que algunas historias que se llevan a la pantalla grande. El conflicto en Sudán representa una de las crisis humanitarias y políticas más complejas del mundo, donde la interrelación entre los recursos minerales y la explotación humana alimenta un ciclo de violencia imparable.
En este convulsionado país africano las alianzas son cambiantes y existen muchos civiles atrapados en el conflicto en una lucha entre las milicias y el ejército por el poder y los recursos. En Omdurman, ciudad gemela de la capital, Jartum, el general Jaber Ishaq Ali Ambadi lidera la Fuerza Conjunta, una coalición de grupos rebeldes de Darfur que pasó de la neutralidad al apoyo del ejército regular contra las RSF, acusadas de violencia y reclutamiento de niños. Un país atrapado en la guerra donde el conflicto armado es ahora permanente y donde las alianzas cambian rápido, como las corrientes del Nilo.
Los antiguos enemigos de la Fuerza Conjunta, los militantes, ahora luchan junto a las Fuerzas Armadas Sudanesas, dirigidas por Abdel Fattah al-Burhan y se enfrentan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que son grupos paramilitares del general Mohamed Hamdan Dagalo. El conflicto, que estalló el 15 de abril de 2023, ha provocado miles de muertes y una crisis humanitaria.
Para entender lo que pasa en Sudán hay que ver su fragmentación armada. En cada región existe una milicia, creada o manipulada por el gobierno central. En el régimen de Omar al-Bashir, se usó grupos armados para reprimir levantamientos, como pasó en Darfur con los Janjaweed, de donde surgió la actual RSF.
El sistema ahora se complica mucho más. Voluntarios de las Brigadas de Resistencia Popular operan junto al ejército, mientras que la RSF mantiene el control de vastos territorios entre Darfur y Kordofán. Según Ambadi, los paramilitares tienen apoyo internacional, con armas, fondos y mercenarios de diversos países africanos y de Medio Oriente. Este entramado geopolítico hace difícil resolver el conflicto.
Niños soldados y violencia contra civiles
Las acusaciones más graves que se hacen se refieren al trato a la población civil. La RSF está acusada de violaciones, ejecuciones masivas y reclutamiento forzoso de menores, como Modather, que se alistó con apenas 15 años. Las familias viven en la incertidumbre y no saben el paradero de sus hijos o si están vivos. Barrios enteros están desiertos, mientras que millones de personas huyen a campos de refugiados o países vecinos. La Fuerza Conjunta también afirma tener un papel protector, pero la línea entre la defensa y la participación en el conflicto es volátil.
Detrás de la guerra hay una batalla por los recursos. Sudán es rico en oro, especialmente en la región de Darfur. Las minas, a menudo, son controladas por milicias y son una gran fuente de financiación. Según Ambadi, buena parte del oro extraído termina en los mercados internacionales por canales ilegales, alimentando una economía paralela que perpetúa el conflicto. Un círculo vicioso en el que la violencia y el lucro se retroalimentan.
Sudán permanece dividido, con un frágil equilibrio entre el ejército y las milicias. Las perspectivas de un gobierno civil son lejanas, mientras la población paga el mayor precio. Entre la guerra, la pobreza y la ausencia de instituciones, para muchos jóvenes las únicas alternativas son enrolarse en alguna de las fuerzas enfrentadas o huir, mientras el país se hunde en un conflicto interminable.
Mientras tanto, la guerra que lleva más de tres años asolando el país entre el ejército y las milicias también está en la digitalidad, en las redes sociales. El oro financia armas, los bots difunden propaganda y el silencio mediático sobre Sudán se vuelve estrategia.
Desde abril de 2023, Sudán es testigo de esta lucha de poder entre el ejército regular, las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), milicia transformada en fuerza paramilitar y ejército paralelo. Este conflicto ha desplazado a millones de personas y ha causado entre 40.000 y 150.000 muertes, además de convertir los recursos naturales en herramientas de supervivencia política.
Las familias viven en la incertidumbre y no saben el paradero de sus hijos o si están vivos. Barrios enteros están desiertos, mientras que millones de personas huyen a campos de refugiados o países vecinos.
La diplomacia y su nulo papel
Tres años después del inicio del conflicto, el formato de las principales conferencias internacionales dedicadas a Sudán está claro, pero sin avances políticos -ni pacíficos- reales. El camino va desde París 2024 a Londres 2025 y finalmente a Berlín 2026, que es un tercer intento de construir una plataforma multilateral capaz de combinar ayuda humanitaria y presión diplomática.
En París, en abril de 2024, se priorizaron los recursos. Gobiernos e instituciones internacionales prometieron más de 2.000 millones de euros en ayuda humanitaria. Un año después Londres evidenció las limitaciones del formato. Sin acuerdos por las divisiones explícitas entre los principales actores del mundo árabe -Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí-. El G7 apenas pidió un alto el fuego incondicional, sin resultados.
En Berlín 2026 hubo un enfoque humanitario, para movilizar nuevos fondos y coordinar la ayuda. Sin embargo, la conferencia partió de una clara división política: ni las partes en conflicto ni el gobierno sudanés participaron en la cumbre. El primer ministro sudanés, Kamil Idris, denunció su exclusión de la conferencia, condenando el proceso a un fracaso. El resultado es una paradoja muy evidente: la gobernanza internacional del conflicto se viene configurando, pero sin los actores principales.
Una guerra que evoluciona con drones y colapso humanitario
Mientras en el plano diplomático hay estancamiento, el conflicto evoluciona sobre el terreno. El creciente uso de drones marca un cambio en las operaciones. Según la ONU, en los primeros meses de 2026, cientos de civiles murieron en ataques con sistemas no tripulados, cada vez más accesibles e integrados en las estrategias militares tanto del ejército como de las RSF.
Lo sufre, sobre todo, la población civil y, de manera desmedida, los niños. Los datos de agencias internacionales indican que miles de niños murieron o resultaron mutilados desde el inicio de la guerra. Un porcentaje creciente de víctimas se vincula con ataques a distancia. La multiplicación de drones aumenta la letalidad del conflicto, cada vez más impredecible y menos ligado a frentes definidos.
Al mismo tiempo, la crisis humanitaria alcanza proporciones sistémicas. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia, 19 millones tienen niveles agudos de inseguridad alimentaria y más de 13 millones huyeron de sus hogares. La tasa de pobreza creció, transformando la guerra en un mecanismo de empobrecimiento estructural y de destrucción física. Los niños son el resultado más brutal del colapso. La economía del oro sangriento alimenta la guerra.
En Jebel Amer, provincia occidental de Darfur, las excavadoras de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) remueven el polvo rojo en más que una mina. Es un símbolo de cómo la riqueza natural es un arma. Esta mina suministra oro de alta calidad, que se saca del país de contrabando. Un 85% de la producción de Sudán proviene de minas artesanales o semiindustriales, según Yale Environment 360, la mayoría son controladas por milicias e intermediarios. El oro ya no es un recurso nacional sino una forma de represalia, disuasión o moneda de cambio en tiempos de guerra.
Una investigación de The Sentry siguió la huella del oro sudanés a Dubái, a través de una red de empresas controladas por hombres cercanos a Mohamed Hamdan Dagalo, Hemedti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).
Sudán, que tiene las terceras mayores reservas de oro de África después de Sudáfrica y Ghana, es un laboratorio del capitalismo de guerra. Tras el golpe de Estado de 2021, la economía nacional se desplomó y la red minera es la principal fuente de ingresos de las facciones armadas.
Una investigación de The Sentry siguió la huella del oro sudanés a Dubái a través de una red de empresas controladas por hombres cercanos a Mohamed Hamdan Dagalo, Hemedti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). El objetivo: transformar el oro en moneda internacional, al margen de cualquier control fiscal o sanción. El mismo modelo lo usan grupos armados en la República Centroafricana y Malí, donde el propio recurso tiene carácter geopolítico.
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Una economía informal y de guerra
Desde 2019, el oro es el verdadero motor de la economía sudanesa. Unas 90 toneladas se extraen cada año, pero solo una parte se registra oficialmente. Alrededor del 70% del metal sale ilegalmente de Sudán. Para las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el oro es su «combustible logístico”. Pagan a los militantes y compran gasolina, drones y armas ligeras. Para el ejército regular es su forma de tener buenas relaciones con los mercados internacionales y ganar credibilidad política.
Según el Proyecto de Investigación sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) gran parte del oro sudanés pasa por refinerías en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde se mezcla metal procedente de zonas de conflicto con oro adquirido legalmente. El metal se limpia, vuelve al mercado y no se puede rastrear. Los Emiratos niegan su participación, pero los datos muestran que adquirieron el 97% del oro vendido legalmente en 2024 —en zonas controladas por las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF)—. Dubái es el principal destino del oro extraído en zonas controladas por las RSF desde Libia, Chad y Sudán del Sur.
En 2022, CNN detectó la presencia de la empresa rusa Meroe Gold, afiliada al Grupo Wagner —organización paramilitar y militar privada rusa compuesta por una red de grupos activos en diversos conflictos, liderada hasta su misteriosa muerte por Yevgueni Prigozhin, aliado y luego enemigo de Vladimir Putin—, que extraía oro en el centro de Sudán y lo enviaba a Moscú. El oro es la moneda alternativa para eludir sanciones occidentales y financiar guerras subsidiarias.
Pero, la cadena de suministro no termina en el extranjero. Hay una red interna de contrabando con varios mercados negros, especialmente en Jartum y Omdurman, donde se venden lingotes y gránulos de oro a precios informales, agotando las reservas del Banco Central. Estimaciones independientes sugieren que el comercio interno ilegal y los flujos financieros ilícitos le cuestan al Estado sudanés pérdidas que han ascendido a decenas de miles de millones durante varios años.
Si el oro financia la guerra sobre el terreno, la desinformación digital se alimenta en línea. Sudán es uno de los países africanos más vigilados por los investigadores de ciberseguridad.
La lucha por el control de las minas es una lucha por la supervivencia económica. La Unión Africana ha denunciado su uso para una creciente financiación de los conflictos africanos, donde los metales y las criptomonedas sustituyen al sistema bancario tradicional. Sudán es un nexo geopolítico entre la política rusa, la economía del Golfo y las nuevas formas del poder digital.
Si el oro financia la guerra sobre el terreno, la desinformación digital se alimenta en línea. Sudán es uno de los países africanos más vigilados por los investigadores de ciberseguridad por la cantidad de campañas coordinadas en redes sociales.
Una investigación del Laboratorio de Investigación Forense Digital y Disinfo.Africa reveló que existe una red de más de 200 cuentas X que amplificaban mensajes y videos en apoyo de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Según los investigadores, las cuentas están sincronizadas en horarios y hashtags idénticos, comportamiento clásico de operaciones de influencia digital. El informe documenta el uso de granjas de bots para inflar el número de visualizaciones y hacer que las RSF parezcan una fuerza popular de consenso en el país.
Paralelamente, el Ejército Sudanés (SAF) responde con bloqueos digitales y restricciones de acceso a internet. El sitio de monitoreo NetBlocks registró cortes totales de internet en 11 lugares entre 2023 y 2025. Según Amnistía Internacional, estos cortes «impiden entregar ayuda y recopilar pruebas de crímenes de guerra».
Mientras tanto, las RSF trasladaron parte de su propaganda a plataformas menos controladas -Telegram y TikTok-, donde distribuyen videos de combatientes, mensajes motivacionales con bandas sonoras que aluden al género y cultura trap. Se podría afirmar que la guerra en Sudán es el primer conflicto en el que la conquista territorial y del algoritmo van juntas.
La caída y el horror de El Fasher
La caída de El Fasher (Al-Fashir), capital de la región de Darfur del Norte, el 28 de octubre de 2025, marcó un punto de inflexión en la guerra, incluyendo la guerra de la información. El último bastión del ejército sudanés en la región, tras un asedio de 18 meses, cayó bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), pero a un alto precio.
Imágenes satelitales analizadas por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale mostraban manchas de tierra oscurecida y formas que coincidían con cuerpos humanos en las calles y cunetas de la ciudad, evidencia de asesinatos a gran escala. Cientos de civiles fueron ejecutados o desaparecieron tras el ataque, incluyendo pacientes y personal del Hospital Saudí: un escenario de masacre.
La magnitud de la violencia se confirma también por el hecho de que las RSF publicaron videos durante y después de las ejecuciones, filmándose a sí mismas asesinando prisioneros o destruyendo infraestructura civil. La milicia produce sus propias pruebas de crímenes de guerra que la comunidad internacional puede usar en los tribunales. Este es el primer conflicto donde coinciden la conquista territorial y la captura algorítmica y los vídeos de propaganda se convierten tanto en herramientas de terror como en memoria judicial.
La paradoja es que Sudán es un país donde la infraestructura de información sobrevive a la infraestructura humana, el conflicto destruye carreteras y hospitales, pero multiplica el contenido digital que circula.
Un país sin conexión
Más de 12 millones de sudaneses están desplazados y 30 millones dependen de la ayuda humanitaria, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Muchas zonas de Sudán están completamente desconectadas, sumidas en la oscuridad e incomunicadas.
La censura digital oculta a las víctimas y reduce el espacio para la solidaridad internacional y, al mismo tiempo, las milicias permanecen hiperconectadas, distribuyendo vídeos, gestionando redes sociales y controlando la narrativa fuera de las fronteras. La paradoja es que Sudán es un país donde la infraestructura de información sobrevive a la infraestructura humana, el conflicto destruye carreteras y hospitales, pero multiplica el contenido digital que circula. Los civiles sobreviven sin internet, mientras los generales compiten por el control de los datos. Una guerra en el desierto y en línea. Y en ambos casos, el que controla lo que brilla, gana.