Un año que reveló el problema de fondo
El 2025 quedará registrado como un año clave para entender el rumbo reciente del Ecuador. No por un hito transformador ni por una reforma estructural, sino por la acumulación de señales que evidenciaron una forma de gobernar marcada por la improvisación, la fragilidad institucional y una preocupante desconexión entre el poder y la realidad cotidiana del país.
No fue un año de un solo escándalo ni de una sola crisis. Fue el año en que distintas áreas del Estado comenzaron a fallar de manera simultánea, revelando que el problema no estaba en sectores aislados, sino en la conducción general del gobierno. Cuando los errores se repiten en salud, energía, seguridad, justicia, economía y comunicación, ya no se trata de mala suerte ni de coyunturas adversas, sino de una ausencia de planificación y de una debilidad estructural en la gestión pública.
Inestabilidad institucional y gestión reactiva
La inestabilidad fue uno de los rasgos más visibles. Ministerios estratégicos, particularmente el de Salud, cambiaron de autoridades con una frecuencia que impidió cualquier continuidad real. La rotación constante no solo afectó la ejecución de políticas públicas, sino que erosionó la capacidad técnica del Estado. Cada cambio implicó volver a empezar, rehacer diagnósticos, modificar prioridades y ajustar discursos. Gobernar se volvió sinónimo de administrar crisis, no de resolverlas.
Recursos estratégicos: decisiones tardías
En el sector energético, esa falta de previsión tuvo consecuencias directas. Las decisiones se tomaron tarde y bajo presión, privilegiando soluciones de emergencia por sobre una planificación integral. Contratos cuestionados, proyectos inconclusos y promesas incumplidas expusieron la fragilidad de una política energética que reaccionó cuando el problema ya estaba encima. El país no enfrentó únicamente factores externos o climáticos, sino una cadena de decisiones mal calibradas que profundizaron el impacto sobre la ciudadanía y la economía.
Algo similar ocurrió con el manejo de los recursos estratégicos. La administración del sector petrolero evidenció dificultades operativas, caídas en la producción y una gestión errática de activos clave. Más allá de los debates ideológicos, lo que quedó en evidencia fue una debilidad técnica y administrativa para sostener uno de los pilares fiscales del Estado. En lugar de fortalecer la institucionalidad y la transparencia, se optó por decisiones apresuradas que abrieron cuestionamientos legítimos sobre el uso y control de los recursos públicos.
Impunidad y desgaste de la confianza pública
En ese contexto, se instaló una sensación cada vez más extendida de impunidad. A lo largo del año se acumularon denuncias de presuntos actos de corrupción, contratos cuestionados, negociaciones opacas y decisiones administrativas dudosas que no derivaron en investigaciones serias, sanciones visibles ni responsabilidades políticas claras. Funcionarios señalados continuaron en funciones y las explicaciones oficiales fueron insuficientes. El mensaje implícito fue peligroso: en el Ecuador actual, los escándalos no necesariamente tienen consecuencias. Esta percepción erosiona la confianza ciudadana y debilita el tejido democrático más que cualquier indicador económico negativo.
Seguridad: fuerza sin institucionalidad
La crisis de seguridad fue el reflejo más doloroso de ese deterioro estatal. El 2025 cerró con cifras de violencia que colocaron al Ecuador entre los países más inseguros del mundo. Estados de excepción, presencia militar y discursos de mano dura se volvieron parte del paisaje cotidiano, pero los resultados no acompañaron la intensidad del relato. La violencia no disminuyó de manera sostenida y las cárceles continuaron siendo espacios de abandono, donde la muerte llegó tanto por armas como por la ausencia de condiciones mínimas de salud y alimentación.
“Cuando los errores se repiten en salud, energía, seguridad y justicia, el problema ya no es la coyuntura: es la forma de gobernar”
En ese escenario, la relación entre seguridad y derechos humanos se volvió cada vez más tensa. Casos emblemáticos evidenciaron el riesgo de normalizar la excepcionalidad, de delegar funciones sin controles claros y de justificar abusos en nombre de la urgencia. La fuerza, cuando no está acompañada de institucionalidad sólida, termina debilitando al propio Estado que pretende proteger.
Justicia y Estado de derecho en tensión
La justicia tampoco logró actuar como contrapeso. Durante el año se acumuló una sensación creciente de interferencia política, disputas internas y pérdida de independencia. Las tensiones alrededor de los órganos judiciales y los intentos de trasladar responsabilidades hacia los jueces constitucionales reflejaron una relación conflictiva con el Estado de derecho. Cuando el poder ejecutivo culpa al control constitucional de sus propios fracasos, lo que se debilita no es la Corte, sino la democracia misma.
Confrontación política y ruptura del diálogo
Ese espíritu de confrontación se trasladó a la relación con los gobiernos locales. El Ejecutivo mantuvo disputas abiertas con los alcaldes de las tres principales ciudades del país, no desde el diálogo ni la coordinación institucional, sino desde la confrontación pública. En lugar de construir consensos para resolver problemas comunes, se optó por polarizar, desacreditar y enfrentar a la ciudadanía con sus propias autoridades. Gobernar se entendió como disputar poder, no como articular soluciones.
La misma lógica se aplicó frente a la oposición y la crítica. El disenso fue presentado como amenaza y la fiscalización como obstáculo. No fue necesaria la censura directa: bastaron los señalamientos públicos, la estigmatización constante y el uso del aparato estatal para generar un efecto disuasivo. En una democracia, cuando criticar se vuelve riesgoso, el problema deja de ser solo político y pasa a ser institucional.
Comunicación oficial: propaganda en lugar de claridad
La política de comunicación del gobierno fue uno de los mayores déficits del año. Lejos de construir una vocería sólida, coherente y creíble, el Ejecutivo apostó por una estrategia más cercana a la propaganda y al populismo digital. Los mensajes fueron contradictorios, los datos poco claros y, en muchos casos, incorrectos. Verificadores independientes evidenciaron que solo alrededor de la cuarta parte de las afirmaciones del presidente fueron completamente verdaderas. Cuando el jefe de Estado se convierte en una fuente poco confiable, el problema deja de ser comunicacional y se vuelve institucional.
Este deterioro también se reflejó en el ecosistema mediático. La concentración de medios en manos de actores cercanos al poder, sumada a presiones indirectas sobre periodistas críticos, debilitó la pluralidad informativa. Al mismo tiempo, el uso sistemático de influencers y plataformas digitales para difundir mensajes oficiales sin sustento verificable profundizó la desinformación y convirtió la comunicación pública en un instrumento de confrontación.
Política social: asistencialismo sin estrategia
En el ámbito social y económico, el Estado mostró serias dificultades para sostener servicios básicos. La salud pública enfrentó desabastecimiento, hospitales colapsados y personal sobrecargado. La educación continuó arrastrando problemas estructurales sin una estrategia clara de recuperación. Paralelamente, se expandió el uso de bonos y transferencias como mecanismo de contención inmediata del malestar social. Más que una política integral de reducción de pobreza, el asistencialismo terminó funcionando como herramienta de supervivencia política y, en la práctica, de campaña permanente.
“Gobernar no es reaccionar ni culpar a otros: es asumir responsabilidades, planificar y cumplir”
Desconexión del poder y punto de quiebre
Todo esto ocurrió mientras la imagen del poder proyectaba una distancia cada vez mayor con la realidad de la mayoría. Viajes frecuentes, agendas reservadas y símbolos de ostentación contrastaron con un país golpeado por la inseguridad, el desempleo y el deterioro de los servicios públicos. Esa desconexión no fue solo simbólica; fue profundamente política. Gobernar desde una burbuja produce decisiones tardías, irreales y deja una sensación de abandono.
El punto de inflexión llegó con la consulta popular. La ciudadanía marcó un límite claro al proyecto del Ejecutivo y a su forma de plantear soluciones. Sin embargo, el mensaje no fue procesado como una oportunidad de corrección, sino como un obstáculo más. Meses después, el propio gobierno demostró que varios de los argumentos utilizados para justificar esa consulta no eran ciertos. La evidencia terminó contradiciendo al relato.
2026: entre la corrección y otro año perdido
El balance del 2025 deja una lección que trasciende a un gobierno específico. La improvisación no puede ser política de Estado. La propaganda no reemplaza a la planificación, la confrontación no construye gobernabilidad y la ausencia no es una forma de gobernar. Un país no se gestiona desde la urgencia permanente ni desde el enemigo constante. Ecuador necesita resultados, obras tangibles, instituciones fuertes y autoridades presentes.
De cara al 2026, la expectativa ciudadana es clara: menos discurso y más trabajo. Menos enfrentamientos y más soluciones. Rectificar errores no es debilidad; insistir en ellos sí lo es. El país no puede permitirse otro año perdido. Y aunque los primeros signos no son alentadores —con un inicio de año marcado nuevamente por ausencias presidenciales—, aún existe la posibilidad de corregir el rumbo.
Gobernar no es reaccionar ni culpar a otros. Gobernar es asumir responsabilidades, planificar y cumplir. Ecuador ya pagó demasiado caro el costo de la improvisación. Lo que viene exige algo más simple y, al mismo tiempo, más difícil: trabajar.