La salud de la Amazonía ya no es una cuestión regional, sino un imperativo ético que nos atañe a personas y colectivos de todo el mundo. Lo que ocurra en la selva tropical más grande del planeta tendrá repercusiones directas en nuestra capacidad global para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
En este contexto, la Declaración de Bogotá y los recientes consensos de la V Cumbre de Presidentes Amazónicos marcan un momento decisivo. Ahora, la voluntad política debe traducirse en acciones concretas, y la COP30 en Brasil será el escenario donde el mundo entero espera ver si estos compromisos son más que palabras.
El reto es monumental. Los líderes de la región han reconocido la urgencia de actuar frente a un posible punto de no retorno. La ciencia es clara: la deforestación, la ganadería y agricultura insostenibles y el cambio climático están llevando a la Amazonía al límite. El bioma ha perdido el 17% de su cobertura vegetal, de llegar entre el 20% y 25% podría transformarse en un ecosistema seco, completamente distinto. Para revertir esta tendencia, es crucial que los países amazónicos se presenten en la COP30 como un bloque sólido con una agenda común, mostrando al mundo un camino claro. Esta agenda debe basarse en pilares innegociables.
En primer lugar, la deforestación debe ser detenida y revertida. Si bien la Declaración de Bogotá reafirma este compromiso, es vital que se establezcan metas cuantificables y plazos ambiciosos y esperamos un resultado en este sentido en la COP30 de acuerdo a lo que establece el Balance Global del Acuerdo de París. Esto debe ir de la mano con acciones firmes contra los delitos ambientales, la minería y el tráfico de vida silvestre, que son motores de la destrucción en este bioma. La cooperación regional para la trazabilidad del oro y la eliminación progresiva del mercurio son pasos esenciales que demuestran un compromiso serio y coordinado en este sentido.
La ciencia es clara: la deforestación, la ganadería y agricultura insostenibles y el cambio climático están llevando a la Amazonía al límite.
En segundo lugar, la salida de los combustibles fósiles es un compromiso ineludible. Para proteger los bosques, las promesas de conservación deben ir acompañadas de un plan de transición energética basada en la justicia social y en la construcción de economías locales resilientes y bajas en carbono. La credibilidad de la región en la lucha contra el cambio climático reside en su capacidad para ofrecer alternativas viables y justas que permitan a sus economías prosperar sin depender de la explotación de los recursos que amenazan el futuro del bioma y los medios de vida de sus habitantes.
Tercero, es imperativo asegurar el financiamiento suficiente para mantener los bosques en pie y asegurar los territorios indígenas. Mecanismos como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) son vitales, y el compromiso de que al menos el 20% de los fondos lleguen directamente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales es un hito de justicia. En la COP30, los países patrocinadores e inversionistas privados deben mostrar una movilización de recursos que asegure la capitalización y puesta en marcha de estos fondos. No hay soluciones duraderas sin los guardianes históricos de la Amazonía.
Por último, esta transición debe ser socioecológica y justa. La Declaración de Bogotá resalta la participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas, un avance histórico que dio paso a la creación del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI). Este hito de co-gobernanza es un reconocimiento de que las soluciones deben ser construidas de la mano de quienes mejor conocen el territorio y lo han protegido por milenios. Esta agenda de justicia climática debe ser el eje central de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) que los países amazónicos presenten en la COP30, integrando el bioma como un eje estratégico de mitigación y adaptación.
Las recientes opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia establecen la obligación de los Estados de prevenir el cambio climático y extender medidas de protección especiales para la población más vulnerable, incluyendo acciones por pérdidas y daños, así como la asegurar la reparación y no repetición. Con esta base, hacemos un llamado a que la acción climática en la Amazonía y su conservación sean un imperativo ético y un derecho humano. Es crucial que los compromisos climáticos nacionales integren este marco de justicia, garantizando la meta de 1.5°C al tiempo que se respetan los conocimientos tradicionales y la dignidad de los pueblos amazónicos. Estas decisiones judiciales elevan la protección del bioma a un asunto de justicia climática y así debe ser integrado en los marcos de cooperación regional y en las políticas nacionales.
La COP30 será una oportunidad inigualable para que los países de la Amazonía demuestren su liderazgo y se presenten como un bloque unido con estos objetivos comunes. El mundo estará a la expectativa de que la voluntad política expresada en Bogotá se traduzca en acciones concretas, dando un giro para garantizar la salud de la Amazonía, las comunidades que la habitan y el futuro de todo el planeta. El tiempo es corto y esperamos acciones a la altura de la urgencia.