Un informe del Observatorio Legislativo desmenuza la agenda de la Asamblea Nacional ecuatoriana entre mayo de 2013 y mayo de 2016.
Según el estudio, la gran mayoría de las leyes aprobadas por el Legislativo ecuatoriano han sido propuestas por el Gobierno, cuya mayoría en la Asamblea se mantiene sólida. En efectivo, apenas tres legisladores del bloque de Alianza PAÍS se han apartado de la línea partidista: Fernando Bustamante (Pichincha), Ángel Vilema (Galápagos) y Osvaldo Larriva (Azuay). Mientras Bustamante fue sometido a un intenso «bullyng» político por haberse abstenido de votar en el caso de las enmiendas constitucionales, al igual que Larriva, Vilema se separó del oficialismo porque consideró que una reforma legal para su provincia, Galápagos, afectaba a sus electores.
Pero la agenda ha estado marcada por dos aspectos: en primer lugar, las preocupaciones económicas del régimen, que, con la baja del precio del petróleo, en primera instancia, y los efectos del terremoto que sacudió principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, se vió obliga a tomar medidas económicas que requerían de reformas legales. En segundo lugar, las maniobras políticas del correísmo, que se empeñó en la aprobación de una serie de enmiendas constitucionales, si bien se excluyó, expresamente la posibilidad de que Rafael Correa se vuelva a postular para la presidencia de la República.
La crisis económica, los efectos del terremoto y la agenda política centrada en las enmiendas constitucionales fueron las claves del trabajo de la Asamblea.
Estos dos grandes ejes, más una serie de normas que han sido cuestionadas por, en criterio de varios analistas, fomentar la opacidad en el manejo de los bienes de los políticos, han sido la hoja de ruta de por lo menos doce leyes, aprobadas por la Asamblea con una holgada mayoría.
Según un informe del Observatorio Legislativo, organización no gubernamental que monitorea la actividad de la Asamblea, la gran mayoría de las iniciativas legales han llegado desde el Palacio de Gobierno. Esto, que para el presidente Rafael Correa es una muestra de «gobernabilidad», muestra el escaso margen de autonomía que tienen los legisladores, así como el limitado aporte que ha podido realizar la oposición política, cuyos votos en el pleno no son suficientes para tener un peso significativo en la tarea legislativa.
El informe del Observatorio establece que el 100% de las propuestas de Ley presentadas por el Ejecutivo fueron calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), frente al 82% de los proyectos que fueron formulados por asambleístas.
Asi mismo, el 63% de los proyectos aprobados por el Legislativo corresponden a iniciativas del Presidente de la República, frente al 24% que tuvieron su origen en iniciativas de los diputados.
El 63% de los proyectos aprobados por el Legislativo corresponden a iniciativas del Presidente de la República, frente al 24% que tuvieron su origen en iniciativas de los diputados.
La Asamblea, destaca el Observatorio Legislativo, aprobó doce leyes. Entre las más importantes están las que tienen que ver con la crisis económica, producida por la baja del precio del petróleo en el mercado internacional y la reducción de ingresos del Estado.
Por ejemplo, la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas, que es considera un paso para desmontar el rígido estatismo que caracterizó al correísmo.
La Ley, que fue una iniciativa del Ejecutivo con carácter de económica-urgente, permite la vuelta a un esquema económico que el propio Gobierno había calificado como «neoliberal», como es el que facilita que una obra sea encargada por el Estado en forma total o parcial a inversionistas privados.
Otro aspecto contemplado en la nueva ley es la dinamización de la economía por medio de la inversión extranjera, la incentivación de la liquidez y la posibilidad de que las empresas públicas se asocien con el capital privado.
Por otro lado, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales estableció nuevos criterios para el uso y acceso de la propiedad de la tierra rural. La posesión, administración y uso de la tierra, al menos en el papel, deberá apuntar a la soberanía alimentaria. La norma creó una Autoridad Agraria y un Fondo Nacional de Tierras.
Otras Leyes de naturaleza fundamentalmente económica fueron las de Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo y la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. En estas normas, el Gobierno volvió a recurrir a modelos que había denostado previamente, como la flexbilización laboral, y una serie de cambios en la forma en la que se administran los recursos del Estado.
Por ejemplo, la Ley de Trabajo Juvenil permite la reducción de la jornada laboral -y por tanto, del salario mínimo- a seis horas, de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, y pretende evitar, en teoría, la pérdida de empleos por la crisis. Esta misma norma creó un seguro de desempleo, modificando la aplicación del seguro de cesantía que ya existía en el IESS.
En el caso de la Ley Orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas, la mayoría oficialista aprobó aumentos de tributos para los cigarrillos y las bebidas azucaradas, así como en la cantidad de dinero que una persona puede sacar del país por avión. Así, se pasó de USD 10 mil a solo USD 1098 en efectivo, que pueden ser llevados por una persona que sale del Ecuador por medio de los aeropuertos.
La Ley estableció nuevas normas para la asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gobiernos provinciales y municipales) que estarán atadas a los ingresos del país.
Otras dos normas de reciente aprobación fueron la Ley Orgánica de Gestión y Uso del Suelo y la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana.
La primera norma creó una Superintendencia de Ordenamiento Territorial, lo que fue cuestionado por algunos alcaldes, que estimaron que les quitaba a los municipios sus atribuciones pra regular el uso del suelo en sus cantones.
La segunda, en cambio, se aprobó con ocasión del terremoto del 16 de abril en Manabí y Esmeraldas, y básicamente dispuso el aumento del IVA al 14% por un año, donaciones de sueldos en función del ingreso y nuevos incentivos sobre el uso del dinero electrónico, lo que sectores de oposición denunciaron como una posible forma de crear una nueva moneda y salir de la dolarización.
Declaraciones de bienes por internet
Una aprobación que provocó críticas fue la de la Ley para la Presentación y Control de las declaraciones patrimoniales juradas. De ser presentadas ante un notorio -lo que permitía, en teoría, enjuiciar por perjurio a quienes declararan falsedades en su patrimonio, se pasó al envío por internet de una declaración a la Contraloría General del Estado, con una serie de blindajes, pues no se podrá conocer las resultados del examen al final de la gestión del funcionario o si es que hay diferencias en los valores declarados.