I. La institucionalidad pone los límites
El 9 de enero de 2025, la Asamblea Nacional rechazó el encargo de la Presidencia a Cynthia Gellibert, designada por el presidente Daniel Noboa como vicepresidenta en funciones. El Legislativo ratificó que Verónica Abad es la única vicepresidenta constitucional y, por tanto, la legítima sucesora en caso de ausencia del mandatario.
Daniel Noboa encargó desde las 17:00 del 9 de enero hasta las 16:59 del 12 de enero de 2025, la presidencia a Cynthia Gellibert, a quien designó vicepresidenta hasta que Verónica Abad se reporte en Turquía cumpliendo la disposición del primer mandatario. El secretario general del Legislativo, Alejandro Muñoz, informó que el Parlamento devolvió el oficio de Noboa en el que solicitaba la designación temporal de Gellibert para asumir la Presidencia durante su ausencia por «fuerza mayor», argumentando que esta acción contraviene el marco constitucional que establece que el presidente debe solicitar licencia a la Asamblea Nacional para ausentarse temporalmente, y es el Pleno Legislativo el que decide sobre dicho pedido.
Muñoz destacó que, de aprobarse la licencia, la vicepresidenta Verónica Abad debe asumir la Presidencia, tal como lo dispone el artículo 146 de la Constitución. Además, criticó que el Decreto Ejecutivo No. 500, utilizado para justificar la designación de Gellibert, aduce razones de «fuerza mayor» relacionadas con actividades de campaña electoral, lo cual no se ajusta al artículo 30 del Código Civil, que define estas causas como eventos imprevisibles y extraordinarios. Hacer campaña electoral no es un caso de “fuerza mayor”. Mencionó que tanto el artículo 146 de la Constitución como el artículo 93 del Código de la Democracia establecen que, para optar por la reelección en el mismo cargo y en caso de ausencia temporal, es indispensable la solicitud de licencia sin remuneración, «para que no se den actos de proselitismo político en ejercicio de un cargo público». El funcionario también advirtió que el incumplimiento de los procedimientos legales podría derivar en infracciones graves, como el uso indebido de recursos públicos, Finalmente, enfatizó que el Legislativo no reconocerá designaciones fuera del marco constitucional.
El Decreto Ejecutivo No. 500, utilizado para justificar la designación de Gellibert, aduce razones de «fuerza mayor» relacionadas con actividades de campaña electoral. Hacer campaña electoral no es un caso de fuerza mayor.
De su lado, la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) difundió cerca de las 22h00 del viernes 10 de enero, mediante un comunicado, las decisiones que ha tomado en relación a los casos de interés público, como el cumplimiento del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral; además, la revisión de los decretos ejecutivos No. 494 y 500, que regulan el ejercicio de la Vicepresidencia y el encargo de la Presidencia a Cynthia Gellibert. El 10 de enero, desde la Corte Constitucional se comunicó que “el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional ha resuelto ADMITIR a trámite la acción pública de inconstitucionalidad 1-25-IN respecto del Decreto Ejecutivo 500 de 07 enero de 2025, y NEGAR la solicitud de medidas cautelares”. La decisión fue transmitida a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General del Estado “…para que intervengan defendiendo o impugnando en un plazo de 3 días la constitucionalidad del Decreto 500 de 07 de enero de 2025”. De igual manera, el dictamen requiere al presidente de la República que, en el plazo de tres días, remita a la Corte la documentación que dio origen a ese Decreto Ejecutivo 500. Los pronunciamientos de las más altas instancias judiciales del país, están definiendo el escenario político y el tablero electoral, y deberán ser respetados en democracia.
El “golpe de Estado”, la vieja confiable de un país políticamente incorrecto
La corriente de opinión generada desde la oposición a Noboa, trató de posicionar que las acciones del presidente-candidato sumaban sólidos indicios sobre un golpe de Estado en curso, cuyas coordenadas incluían el obligado desplazamiento de Abad hacia Turquía, dispuesta por el presidente, la negativa del mandatario a solicitar licencia para dedicarse a su campaña electoral y la designación inconstitucional de una nueva vicepresidenta. Esta narrativa se fue diluyendo cuando las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, que suelen articularse contra el Gobierno, no refrendaron la competencia de la Asamblea para licenciar de facto a Noboa, antes de irse de vacancia legislativa, el 08 de enero. Voceros del oficialismo y desde distintos medios de comunicación, respondieron utilizando el mismo cazabobos del “golpe de Estado”, acusando al correísmo y a la vicepresidenta Verónica Abad de estar promoviéndolo. La granizada provocada por los actores políticos en medio de la campaña electoral, no ha prosperado más allá de contaminar el clima social y la esfera pública e, indirectamente, fortalecer la percepción de que, en esta elección, solo hay dos fuerzas que disputan con reales posibilidades la presidencia de la República: ADN y la Revolución Ciudadana. El golpe de Estado, el “golpe bando”… Desde el 2007 es una de las líneas preferidas de los poderes de turno, para invocar a “la vieja confiable”, que pocas veces pasa de ser nada más que una estratagema.
Noboa y Verónica Abad, entre Turquía y la pared
La vicepresidenta Verónica Abad dio una rueda de prensa el jueves 9 de enero de 2025 en un hotel del norte de Quito. En sus declaraciones afirmó: que (Ecuador) “… está soportando un golpe de Estado orquestado por el mismo Gobierno” (…) “Lo he venido advirtiendo desde el inicio de la gestión y cuando me desterraron”, dijo. Abad advirtió que esto traerá consecuencias no sólo políticas sino legales, nacionales e internacionales sobre el presidente Noboa. El conflicto escaló nuevamente hacia la Asamblea Nacional que se encuentra en receso desde el 08 de enero. Temprano en la mañana del día 10 de enero, la Fiscalía General del Estado notificó en su despacho al secretario de la Función Legislativa Alejandro Muñoz, sobre el inicio de una investigación en su contra, en la que el presidente Daniel Noboa, lo acusa de acusa de “simulación y usurpación de funciones públicas”. Muñoz explicó en un video difundido en redes sociales, que la denuncia se relaciona con la devolución del decreto 500, emitido por el Mandatario en el cual anunció su licencia y designa como encargada de la Presidencia a Cynthia Gellibert. Muñoz subrayó señaló que actuó en cumplimiento de sus funciones administrativas, siguiendo instrucciones de la presidenta encargada de la Asamblea, Esther Cuesta.
Durante su rápida intervención en el balcón de Carondelet, Noboa, entre otras cosas dijo: “Ustedes y este Gobierno vamos a lograr que en cinco semanas resurja al fin el país. (…) En cinco semanas venceremos”.
Tardíamente, los presidenciables de Construye, Avanza y del Partido Social Cristiano, criticaron el silencio de las autoridades electorales ante la arenga del presidente–candidato- Daniel Noboa, desde el Balcón del Palacio de Carondelet, el 5 de enero, en la que se dirigió a un grupo de ciudadanos congregados al pie de la presidencia, pidiendo el apoyo ciudadano a su gestión. Durante su rápida intervención, Noboa, entre otras cosas dijo: “Ustedes y este Gobierno vamos a lograr que en cinco semanas resurja al fin el país. (…) En cinco semanas venceremos”. Los candidatos que reclamaron formalmente ese episodio también objetaron la postura de Daniel Noboa, quien hasta ese día no había solicitado licencia sin remuneración para hacer promoción política. El 6 de enero, Henry Cucalón del movimiento Construye, presentó una acción en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por incumplimiento, para que se apliquen las reglas de campaña a todos los candidatos, y advirtió que es el primer paso antes de recurrir a la Corte Constitucional. También Luis Felipe Tillería, candidato por Avanza, denunció a Daniel Noboa por no pedir licencia para hacer campaña electoral, pero tres días después esta acción fue archivada por el Juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, quien explicó que la norma dispone que este tipo de acciones pueden ser presentadas por los representantes de las organizaciones políticas y no por los candidatos. El mismo día, el candidato presidencial del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, exigió al Consejo Nacional Electoral que presente una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra el presidente Noboa por no solicitar licencia para participar en campaña electoral.
Un día más tarde, Jorge Escala, candidato presidencial por Unidad Popular, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Daniel Noboa y Cynthia Gellibert, presidenta encargada mientras Noboa hace campaña. En su petición, exigió que la Policía intervenga en Carondelet para evitar una posible arrogación de funciones tras la designación temporal. Dado el modo en que se ha posicionado la imagen y la gestión del presidente Noboa durante más de un año de gobierno transitorio, sumado a las debilidades de sus opositores electorales, es previsible que los tardíos berrinches reclamando por las “condiciones desiguales” de la contienda, poco o ningún resultado tendrán para sus aspiraciones electorales. El presidente-candidato, Daniel Noboa interrumpió este domingo sus actividades de “fuerza mayor”, previstas en el Decreto Ejecutivo No 500 del 07 de enero del 2025, el mismo que derogó para asumir de nuevo su cargo, mediante la expedición del Decreto Ejecutivo No. 504, dado en Olón, provincia de Santa Elena.
II. La ilimitada arrogancia del poder
Para muchos, las enérgicas declaraciones del ministro de Defensa sonaron a amenaza. ¿Es ese el tono? amenazar y advertir públicamente desde el poder político -como lo hicieron los titulares de dos Carteras de gobierno-, a los operadores de justicia que están procesando las denuncias por la desaparición y asesinato de cuatro menores de edad; es lo que el país necesita? ¿Quién le ha concedido al Estado un cheque social en blanco? El liderazgo no viene por decreto, tampoco la autoridad. El mando se gana con el ejemplo; y firmeza no es sinónimo de prepotencia. Al parecer, hay quienes no se percatan de que en el país se está allanando el mismo camino y se está reconstruyendo el mismo modelo autoritario, que instaló 14 años de abusos, polarización y corrupción impune. ¿Ese es el modelo de “tolerancia” y respeto a la independencia de las Funciones del Estado que se pretende imponer de nuevo en Ecuador? ¿Acaso ello no mina hasta el extremo la ya flácida credibilidad ciudadana en las instituciones? ¿Acaso tal actitud no hiere gravemente una democracia civilizada? Gran desacierto haber utilizado para cuestionar un fallo, el espacio de una cadena nacional abierto por una Jueza, en ejercicio de sus atribuciones, para que el ministro Loffredo ofrezca disculpas públicas a las familias de las víctimas y al país que demanda un Estado que garantice la vida y fortalezca la democracia.
En un escenario hipersensible, dividido y acosado por el miedo, la desinformación, la banalización de lo importante, la crisis económica, la manipulación política abren la puerta a la tentación que empuja a los no deliberantes y obedientes, a convertirse en beligerantes. Ocurre cuando a la oportunidad se la pintan calva. Es imprescindible para una nación recuperar la fe pública en sus instituciones; ello se logra con justicia, respeto y transparencia. Una sociedad que teme a sus representantes, es la misma que permite al poder, deshonrarlas.
Es tan delicado este tema, que llama la atención que desde ningún extremo de la política se haya mencionado en esta campaña. A estas alturas en Ecuador ¿ese debate es intrascendente? Todo lo contrario.
Luego de las declaraciones de los titulares de Defensa y del Interior, en torno al caso de “Los cuatro de Guayaquil” ¿debe asumir el país que está vigente un modelo de autoridad de “mano dura”, por parte del Gobierno? La línea de tolerancia del régimen en este caso, es una clara advertencia sobre lo que el poder político de turno podría estar dispuesto a procesar democráticamente y lo que no será admisible, desde su perspectiva, máxime en medio del “conflicto armado interno” que fundamenta toda decisión encaminada -desde esta impronta- a imponer el orden alineándolo con su proyecto de país.
Es tan delicado este tema, que llama la atención que desde ningún extremo de la política se haya mencionado en esta campaña. A estas alturas en Ecuador ¿ese debate es intrascendente? Todo lo contrario. Bajo el canibalismo argumental de una sociedad que sataniza todo pensamiento ajeno al redil, se encuentran al menos dos generaciones, en las que muchos pueden manejar las últimas tecnologías de información y comunicación, pero no son capaces de tender sus camas o atarse sus zapatos; y se encuentra también un porcentaje de personas dispuestas a satanizar y rechazar militantemente todo lo que ponga en duda la vigencia de una tradición o de un dogma que altere su zona de confort.
En ese bucle ha sido posible que, en estos mismos días, los ecuatorianos seamos testigos de cómo un dolor terrible, ha sido manipulado al punto de disputarse las cenizas de un niño y tres adolescentes, como es lícito entre carroñeros. En esa visión que pretende tutelar el pensamiento reflexivo y la opinión razonada, de la noche a la mañana, muchos ciudadanos respetables se habrían convertido en antipatrióticos ingratos y enajenados enemigos de las FF.AA.; por solo requerir que el proceso de investigación sobre el caso de “Los cuatro de Guayaquil” esté libre de presiones políticas, y se conduzca por los canales judiciales competentes, precisamente para evitar que se pesque a río revuelto en medio del contexto electoral, y para que no se ensucie la reputación de una de las poquísimas instituciones a las que la mayoría de ciudadanos respeta.
III. Una grave denuncia contra Diego Borja, binomio de la candidata Luisa Gonzáles
Hasta ahora, las propuestas económicas de las presidenciables (con excepción de uno solo cuyo nombre no incluimos para evitar cualquier suspicacia respecto a este análisis), se han centrado en abordar la crisis económica mediante reformas fiscales, subsidios y atracción de inversiones, temas cruciales para los votantes. Por omisión intencional, dado que son temas difíciles de explotar sin caer en la demagogia, quizá por desconocimiento, o porque se subestima a los electores que en gran porcentaje forman parte del aparato productivo del país, no se encuentra una oferta de campaña, o al menos una línea clara de políticas públicas efectivas para garantizar la calidad de las inversiones públicas y privadas mediante sistemas transparentes, calificados, equitativos y justos para el país, precautelando sus sectores estratégicos. La grave denuncia en contra del candidato vicepresidencial Diego Borja, binomio de Luisa González, golpea directamente en la dirección que subrayamos en el párrafo anterior. La polémica levantada por documentadas investigaciones de prensa sobre la presunta participación de Diego Borja en el contrato de la empresa Downhole Tools con PETROECUADOR, es seria, y por ello no debe ser tramitada en redes sociales, sino en esferas competentes, para ser esclarecida.
IV. Un alcalde asesinado más
El asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, ocurrido en la tarde del domingo 12 de enero, es un hecho lamentable y, otra vez, una alerta sobre lo que puede esperarse en el transcurso de la campaña electoral.