Según el periodista Martín Pallares, en paradójica coincidencia con el exministro del correísmo, José Serrano, y toda la flota mediática correísta, la renuncia de la ministra de la Producción, Sonsoles García, obedecía a que la funcionaria se había opuesto a un presunto arreglo con el Partido Social Cristiano para salvar a la ministra Mónica Palencia a camb
io «del levantamiento de las sanciones a la flota pesquera de los Nebot. Si lo hacen, la UE le sacará tarjeta roja el sector».
El barco atunero de la polémica es el B/P Amalis, un atunero cerquero, registrado en la @iattc_ciat, de propiedad de Ecuavessel S.A., empresa que pertenece a dos personas naturales y una empresa panameña de Jaime Nebot Boher (hijo de Nebot Saadi).
Captura de X de Bitácora Ambiental
Este barco fue mencionado por el ex ministro José Serrano, en los documentos que la ministra Sonsoles García dijo luego no conocer. Serrano adjuntó una lista con seis presuntas sanciones al barco Amalis, entre el 2015 y mayo del 2024. Dos de estas eran por pescar en la reserva marina de Galápagos, que fueron archivadas por Andrés Arens, ex viceministro de Pesca, según el ex funcionario.
Las otras tres sanciones eran, aseguró a su vez el director del portal Bitácora Ambiental (BA), por exceso de la capacidad de acarreo y una por mal manejo del tiburón. La sanción habría sido una multa de USD 81.000 por presuntamente contravenir el Acuerdo MPCEIP-SRP-2022-0002-A, que contempla las medidas de conservación y ordenamiento del tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis). Las sanciones que Bitácora Ambiental, medio especializado en ambiente y conservación, pudo comprobar son las cuatro primeras.
La práctica de alterar el tamaño de la bodega se da porque del peso de la pesca depende la tarifa que un barco debe pagar en puerto. Mientras menos pesa, menos paga. el Amalis habría declarado 277 m3 cuando en realidad tenía 340 m3 de capacidad. Según la empresa armadora, es la autoridad la que determina la capacidad de carga a los barcos de pesca.
La exministra Sonsoles García dijo no conocer los documentos de las presuntas sanciones, que fueron expuestos por el exministro de Correa, José Serrano, en su cuenta de X. Pero Bitácora Ambiental aseguró haber obtenido los documentos enviados a la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea. En un informe del 1 de septiembre, esta entidad había mencionado tres cuestionamientos al barco atunero Amalis, reveló el periodista Franklin Vega en su cuenta de X. Los documentos, evidenciaba BA, habían llegado a la Unión Europea desde el despacho respectivo del Ministerio de la Producción.
Según dijo Vega, el informe de la UE mostró que Ecuador no ha avanzado desde el 2019, cuando se le impuso la tarjeta amarilla, por no controlar la cadena de valor de la pesca ilegal. Las consecuencias de esto la sufren otros pescadores: los palangreros no pueden exportar pez espada a Europa, por ejemplo. A esto se suma la sanción de CITES para la exportación de cinco especies de tiburón la cual tampoco ha sido levantada a pesar de los esfuerzos que se hace con el apoyo de USAID.
La opacidad del Estado ha influido en ello. En el gobierno de Lasso, el Ministerio de Producción emitió el Acuerdo MPCEIP-MPCEIP-2023-0016-A, con el que se declaró confidencial toda la información relativa a la pesca en el Ecuador, con este texto:
Establecer que la información concerniente a las actividades extractivas de las embarcaciones autorizadas y/o empresas procesadoras y comercializadoras que se ingrese al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), se considerará CONFIDENCIAL«.
Sobre el exceso de la capacidad de acarreo —que es motivo de sanción cuando el armador del barco declara como volumen de bodega de su barco y lo que realmente se transporta— por lo que se mencionó sobre el barco en mención, según BA, tuvo bandera roja porque el volumen de bodega era mayor al declarado en la CIAT, con lo cual se cuestionaba todo el proceso de medición que se hizo para arreglar el tema del volumen de bodega en el diálogo con la Unión Europea. ¿Por qué deberíamos confiar más en los arqueos de otros buques que en el arqueo del Amalis?, fue la pregunta de los inspectores europeos según Vega. A la UE le habría molestado que las inconsistencias en el arqueo, que se reportaron en el 2020, se daban cuando se estaba dialogando para el levantamiento de la tarjeta amarilla.
La práctica de alterar el tamaño de la bodega (declarar menos capacidad de la que en realidad se tiene) se da porque del peso de la pesca depende la tarifa que un barco debe pagar en puerto. Mientras menos pesa, menos paga. Así, según Bitácora Ambiental, el Amalis habría declarado 277 m3 cuando en realidad tenía 340 m3 de capacidad.
A la trampa en el peso y tamaño de los barcos atuneros, se suman los cuestionamientos al origen y a las fallas en la trazabilidad de la pesca. Nueve grandes empresas están involucradas en estos cuestionamientos, una de ellas por impedir la inspección, dijo el medio.
Serrano se junta al escrache
El exministro del Interior del correísmo, José Serrano, fue uno de los denunciantes de este supuesto “canje” del PSC de sus votos en contra de la censura a Palencia a cambio de “impunidad para los buques pesqueros del hijo de su líder”, es decir Jaime Nebot Saadi.
Serrano aseguró que estos buques pescaban ilegalmente en la Reserva Marina de Galápagos, incluyendo pesca de tiburón y fueron también acusados de violar los límites de tonelaje , de pesca, “tres faltas gravísimas”. Serrano dijo que antes de su renuncia había puesto en circulación documentos con las evidencias de esas sanciones, lo cual desmintió la ex ministra declarando a estos como “falsos” y declarando que no se iba a prestar para campañas políticas de desprestigio.
Pero tras un comunicado de Jaime Nebot, Serrano cambió su versión y dijo que no era un canje sino una extorsión del propio gobierno al PSC: Luego de leer el comunicado de @jaimenebotsaadi y tener acceso a otra información muy relevante, debo señalar que no hay canje pero si extorsión del gobierno de Noboa, al mejor estilo de la mafia más peligrosa. Extorsionar a un padre con hacer daño a un hijo o extorsionar a un hijo con hacer daño a una madre, eso es muy cobarde Noboa, tú sabes por qué lo digo. El documento que adjunté y su información es completamente verdad y es el motivo de la extorsión de este #narcogobierno.
Nebot: el barco existe, pero es persecución.
Nebot Saadi se vio obligado a publicar un comunicado sobre el tema desde su cuenta de X. Además de desmentir el supuesto cambio de votos por impunidad para un barco de su hijo, el líder del PSC aseguró que los expedientes presentados (por Serrano) respecto al Amalis “no tienen fundamento legal alguno, al punto de que dos de ellos ya han sido resueltos por el propio Ministerio de la Producción a favor de la compañía”. Dijo que este montaje se trataba de una persecución.
Verdad mata calumnia. pic.twitter.com/KyD6rRpVOI
— Jaime Nebot 🇪🇨 (@jaimenebotsaadi) October 20, 2024
Nebot se refirió a un gremio de atuneros llamado Protuna, al que pertenece la empresa vinculada a su hijo. Tal gremio, dijo Nebot, ha reclamado al Ministerio de la Producción sobre “el llamado lavado de pescado”, que consistiría en que “ciertos exportadores de atún adquieren, con falsos certificados de origen, pescado capturado con violación a las normas ambientales exigidas por la Comunidad Europea y Ecuador, haciéndolo luego pasar como que cumple dichas normas, lo exportan a la Unión Europea”. Así se configuraría un engaño, pero además esta trampa pone en peligro las exportaciones de atún ecuatoriano a Europa. Según Nebot, este reclamo de Protuna fue la razón para la tarjeta amarilla a Ecuador y la razón de la persecución a la empresa de su hijo, que se habría iniciado en el 2023.
En cuanto a las razones detrás de la “tarjeta amarilla», la verdadera causa radica, dijo a su vez la empresa Ecuavessel, dueña del B/P Amalis, “en la continua y sospechosa negligencia del Ministerio de la Producción en los últimos gobiernos, que ha permitido que ciertos empresarios importen pescado sin cumplir con las mismas exigencias de pesca sustentable que si son exigidas en Ecuador. Posteriormente, este pescado se exportó a la Comunidad Europea con certificación de origen ecuatoriano, engañando así a las autoridades comunitarias. Esta situación es la que realmente pone en peligro el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en Ecuador y amenaza con la pérdida de las divisas que esta actividad genera. La DG-MARE, insiste en que Ecuador aún no ofrece garantías de que no se siga «blanqueando» atún, debido al retraso de dos años en la implementación del sistema de trazabilidad y transparencia establecido por la Ley de Pesca”.
Es imposible saber de dónde proviene con certeza la mitad del atún que el Ecuador exporta. El origen del atún que se vende en el mundo como procesado en el país es una incógnita. La incógnita prevalece si se considera que la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) regula una porción del Océano Pacífico.
La empresa negó que el B/P Amalis haya sido mencionado en la decisión de la Comisión Europea (2019) en relación con prácticas pesqueras prohibidas que influyeron en la emisión de la «Tarjeta Amarilla». Ninguno de los 56 puntos de dicha decisión menciona al B/P Amalis, dijo la empresa. «Los problemas relacionados con los expedientes administrativos surgieron cinco años después, de manera irregular y sin fundamento legal».
También dijo que es falso que el B/P Amalis estuviera incluido en la lista de buques involucrados en pesca ilegal según el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1471. El B/P Amalis tampoco figura en ninguna otra lista relevante, como las de la CIAT, SPRFMO, o la del propio Ecuador. En realidad, la DG-MARE, máxima autoridad en la Comunidad Europea sobre estas materias, ha reconocido que las sanciones Impuestas al B/P Amalis han sido incoherentes y desproporcionadas».
La opacidad pasa factura
El affaire del B/P Amalis, que involucró el juicio a la ministra Palencia, los votos del PSC en la asamblea, fue sobre todo la revelación de la forma en que se entrelaza el poder político y el económico. El tema de fondo, según Franklin Vega, es precisamente la falta de opacidad en el lucrativo negocio de la pesca y exportación del atún, cuya flota de 107 barcos, ha convertido al país en el segundo exportador más grande del Pacífico, después de Tailandia.
En una amplia y detallada investigación, Bitácora Ambiental reveló que las cifras y el origen de las importaciones de atún que realiza el Ecuador no cuadraban. Entre la Aduana, el Banco Central y la Cámara Nacional de Pesquería existen diferentes datos, lo que impide la correcta trazabilidad, señaló.
Para el 2021 se había detectado que el origen de 200.000 toneladas de atún, valorados en 340 millones de dólares, no estaba definido. Así, el 50% del atún para enlatados se importa desde otros países, de los cuales, a su vez se desconoce el origen de la pesca y se reportan como «mar abierto».
Es imposible saber de dónde proviene con certeza la mitad del atún que el Ecuador exporta. El origen del atún que se vende en el mundo como procesado en el país es una incógnita. La incógnita prevalece si se considera que la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) regula una porción del Océano Pacífico.
En resumen, existe un faltante aproximado de 200.000 toneladas de atún que no se puede ubicar entre los datos oficiales de la SENAE, el Banco Central ni el Ministerio de Producción. Esta cantidad representa 340 millones de dólares si se considera el valor promedio de tonelada de 1.700 dólares.