La detención y prisión preventiva de Luisa González no inaugura un ciclo: culmina uno. Desde enero, la disputa entre el oficialismo y el correísmo se ha desplazado de las urnas a los juzgados, y esta semana ese desplazamiento alcanzó a la principal figura electoral de la oposición a 38 días de las seccionales. El caso absorbió la agenda y dejó en segundo plano lo que más pesa en los hogares: una violencia carcelaria que cobró ocho vidas en un solo día, un riesgo país en su nivel más alto del año y un fenómeno de El Niño que pondrá a prueba el sistema eléctrico desde noviembre. En Quito, la elección sigue abierta y fragmentada. La sociedad respondió con repliegue: no hubo movilización.
Este informe sostiene que el país necesita separar con nitidez tres planos que hoy se confunden: la justicia, la campaña y la gestión de las crisis. En cada tema propone responsabilidades y salidas concretas para las instituciones, las organizaciones políticas, el aparato productivo, el periodismo y la ciudadanía.
La justicia como campo de batalla electoral
El 22 de octubre fue detenida en Manabí la excandidata presidencial Luisa González, y al día siguiente un juez dictó prisión preventiva contra ella y otros dos procesados del caso Laberinto. La Fiscalía investiga el origen de unos USD 500.000 que habrían financiado, mediante personas jurídicas, publicidad de la campaña de 2023. Piezas del expediente que se han hecho públicas cifran en USD 725.933 los recursos asignados a esa candidatura desde una petrolera vinculada al entorno del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, procesado en otras causas.
La detención es el último eslabón de una secuencia: allanamientos del caso Caja Chica en enero, allanamiento de la sede de la Revolución Ciudadana en febrero, suspensión del movimiento en marzo e inhabilitación de la candidatura de González a la Prefectura de Manabí en septiembre. Cada paso tiene su propio sustento procesal, leídos en conjunto, definen la variable que hoy ordena la competencia: el principal partido de oposición llega a las seccionales sin sigla propia y con su figura más visible en prisión.
Conviene poner cada cosa en su lugar. Si se prueba que una campaña recibió dinero no declarado de origen ilícito, se trata de un delito grave contra la democracia y debe sancionarse sin atenuantes; pero la fuerza de una acusación de ese calibre depende de la solidez de quien la impulsa; la oposición observa que la Fiscalía actúa con un titular subrogante, mientras el concurso para designar al Fiscal General, que dejó fuera a 21 de 26 aspirantes, entre ellas las dos mejor puntuadas, sigue abierto. Esa provisionalidad no invalida la causa, pero la expone: cualquier exceso procesal será leído como instrumentación, y cualquier tibieza, como encubrimiento.
El segundo riesgo es discursivo. Cuando la Presidencia de la República ubica a un exmandatario extranjero dentro de una red de narcotráfico y lavado, y el Ministerio del Interior sugiere un vínculo entre la detención y los motines carcelarios del mismo día, el expediente judicial se funde con el relato político, y esa fusión debilita la causa que se busca fortalecer. La oposición comete el error inverso: declarar una “dictadura” antes de conocer las pruebas convierte una defensa legítima en un acto de fe.
Cárceles: la violencia aún gobierna
El 22 de octubre, dos amotinamientos en las cárceles de Cotopaxi y El Inca, en Quito, dejaron ocho muertos y diez heridos. Ocurrieron tres días después de iniciada la primera fase del Plan Nacional de Clasificación de personas privadas de libertad. La violencia penitenciaria no es nueva: el sistema arrastra masacres desde 2021 y tiene presencia militar desde 2024. Lo nuevo es el detonante: una reclasificación necesaria que, al reordenar jerarquías y territorios dentro de los pabellones, abre una ventana de riesgo que debía anticiparse.
La lectura que asoció los motines con la detención de una dirigente opositora puede ser políticamente eficaz, pero aleja el foco de lo que debe explicarse: cómo se planificó la reclasificación y qué falló en la contención. La seguridad es el principal activo del Gobierno y, por eso mismo, el terreno donde una explicación incompleta se paga más caro. A ello se suma el toque de queda anunciado para la Costa entre el 1 y el 10 de noviembre, que vuelve a imponer restricciones a familias, comercios y transportistas en plena antesala electoral.
No publicar el protocolo y el cronograma de la reclasificación, y reportar con regularidad cifras verificables de violencia penitenciaria tiene costos en imagen, genera dudas, incertidumbre y la tarea recae en la defensoría del Pueblo y más veeduríasindependientes. Adicionalmente, las autoridades penitenciarias deben garantizar a las familias de las personas privadas de libertad información oficial y oportuna durante las crisis.
Seccionales: Quito, una ciudad que aún no decide
La campaña oficial irá del 12 al 26 de noviembre. En Quito, la Alcaldía se decide por mayoría simple y sin segunda vuelta: en 2019 se ganó con 21,39 % y en 2023 con 25,18%; dos encuestas disponibles coinciden en el primer lugar y discrepan en el resto.
La diferencia de casi doce puntos sobre el candidato oficialista, Harold Burbano, habla más de los métodos de cada encuestadora que del votante. El dato decisivo es otro: según Click Report, el 73,44 % de los quiteños aún no decide y el voto nulo marca 27,18 %. De ser así, el dato indica que la ciudad no ha elegido todavía.
La tensión política nacional se filtra en la contienda capitalina por tres vías: 1) La bancada oficialista sumó otra fiscalización a la Alcaldía de Quito, ahora por la compra de camiones recolectores. 2) El calendario de transferencias coincide con el electoral: Jóvenes en Acción pagará el 30 de octubre y el 27 de noviembre, y el décimo tercer sueldo del sector público se adelantó al 16 de noviembre. 3) El caso Laberinto entra en la ciudad por la candidatura de Pabel Muñoz, que compite en la Alianza Ciudadana junto al correísmo: puede consolidar su voto fiel o alejar a los indecisos que no se identifican con esa corriente.
Las propuestas de los candidatos deben marcarse dentro de las competencias municipales (seguridad ciudadana, movilidad, agua, gestión de riesgos ante El Niño), no promesas de alcance nacional. Los electores deben comparar planes y trayectorias de gestión antes que consignas nacionales.
Economía, energía y recursos estratégicos: crecimiento proyectado, vulnerabilidad real
Los organismos multilaterales elevaron sus previsiones: la Cepal estimó el 22 de octubre un crecimiento de 2,6 % para 2026, el FMI y el Banco Central, 2,7 %, y el Banco Mundial, 2,8 %. Los mercados leen otra cosa. El riesgo país llegó a 556,40 puntos el 19 de octubre, su nivel más alto del año, cuando a mediados de junio había bajado a 383. Y el superávit comercial de enero a agosto cayó 32 %, a USD 3.054 millones, porque las importaciones crecieron 19 % y las de combustibles y lubricantes, 37 %. El país crece, pero depende cada vez más de combustibles importados y paga más caro su financiamiento.
El Niño es la variable que puede volver obsoletas las proyecciones. La Presidencia advirtió que sus peores efectos llegarán desde noviembre, y el operador eléctrico Cenace había estimado un déficit de hasta 330,65 GWh para ese mes. Los cortes no programados de mediados de octubre, posteriores al mensaje oficial de que no habría apagones, abrieron una brecha entre la palabra pública y la experiencia de hogares y empresas que solo se cierra con servicio continuo.
La minería es la otra cara del modelo. El concentrado de cobre y plomo sumó USD 1.391,3 millones hasta julio, 47,2 % más en valor, con el cobre cerca de USD 15.000 por tonelada. El tablero geopolítico es explícito: el marco firmado en febrero con Estados Unidos sobre minerales críticos y tierras raras otorga a ambos países la primera opción de inversión en activos que se vendan y compromete a disuadir esas ventas por razones de seguridad nacional, mientras el mayor proyecto de cobre del país, Cascabel, quedó en manos de capital chino. En el frente vecinal, el XVII Gabinete Binacional con Perú del 20 de octubre acordó cooperación en crimen organizado, energía y pesca.
Aún está ausente el plan de contingencia eléctrica público, con cronograma, responsables y escenarios de corte, para que hogares y empresas puedan planificar con proyección de continuidad energética y una agenda propia de propuestas ante el Estado.
En el campo minero, preocupaciones de varios sectores se mantienen: reglas estables, consulta y licencia social, y una política de minerales críticos que diversifique socios. El crecimiento proyectado es real, pero frágil: depende de que no se paralice la generación eléctrica y de que la tensión política no encarezca más el crédito. La riqueza minera es la gran carta del país.
¿Dónde está la gente? Ciudadanía replegada y periodismo bajo presión
Ante la detención de Luisa González, la principal figura electoral de la oposición, hubo plantones de decenas de simpatizantes en Quito y Guayaquil, y la bancada correísta abandonó el pleno de la Asamblea. La Conaie y la Ecuarunari cuestionaron la detención, pero no convocaron. No hubo movilización.
El repliegue tiene causas acumuladas. Hace exactamente un año terminaba el paro de 31 días convocado por la Conaie, cuyo costo social y económico sigue presente. La inseguridad y los toques de queda encarecen la protesta. Las transferencias directas amortiguan el malestar en los hogares más vulnerables. Y la causa ofrecida, el financiamiento de una campaña de 2023, no interpela las urgencias de la mayoría. La ciudadanía no está ausente: está ocupada en resistir la inseguridad, el costo de vida y la incertidumbre eléctrica, y no reconoce en ninguno de los dos polos a un representante de esas urgencias.
El periodismo quedó entre dos presiones: Expreso dejó de circular en papel el 9 de octubre, después de 53 años; el 22 de octubre, simpatizantes correístas agredieron a un equipo periodístico en Guayaquil y llamaron “pautados” a reporteros en Quito.
Cuando el poder y la oposición coinciden en desconfiar del periodismo, el ciudadano pierde la herramienta que le permite distinguir entre veracidad y propaganda.
El silencio de la calle no es apoyo ni indiferencia: es desconfianza. El repliegue que se percibe amplía el margen de acción del Gobierno, pero lo priva del termómetro que solo ofrece una ciudadanía que se expresa. El desafío para salir del bucle empieza por reconstruir la intermediación (partidos, organizaciones sociales y prensa) que hoy no logra convertir sus sentimientos y razones, en propuestas.