Hace unos meses escribí sobre el umbral democrático: esa zona gris en la que el poder utiliza la Constitución para ampliar sus atribuciones, presiona a los medios sin necesidad de cerrarlos y convierte medidas excepcionales en prácticas habituales. El deterioro puede ser visible mucho antes de que las instituciones dejen de funcionar formalmente.
Desde entonces me persigue una pregunta: si tantos advierten lo que ocurre, si existen instituciones obligadas a poner límites y ciudadanos dispuestos a defenderlos, ¿por qué no conseguimos detener el deterioro?
No basta con señalar a quienes abusan del poder: también hay que mirar a quienes deberían impedirlo y por qué tantas veces no actúan. No creo que todo se explique por la perversidad de unos o la incompetencia de otros. Hay algo más preocupante: para demasiados actores hacer lo correcto tiene un costo y mirar hacia otro lado ofrece ventajas. No siempre sucede así, pero ocurre lo suficiente como para evaluarlo.
Al preguntarme por qué no logramos detener la descomposición institucional y el deterioro democrático, encuentro una explicación: existen recompensas por no actuar. He identificado cuatro incentivos que no solo acompañan ese deterioro, sino que ayudan a explicar por qué una sociedad puede acercarse al umbral democrático sin corregir su trayectoria.
I. El incentivo electoral: seleccionar bien tiene un costo
Ganar una elección no exige demostrar que se sabe gobernar. A veces basta con ser conocido, dominar una pantalla y reunir seguidores. Un rostro famoso desplaza a una persona preparada sin que nadie pregunte por sus capacidades. No sostengo que un examen deba decidir quién tiene derecho a ser candidato: ese derecho pertenece a los ciudadanos. Mi pregunta es otra: ¿qué responsabilidad asumen los partidos por las personas que nos presentan?
Un piloto comercial debe acreditar preparación y someterse a controles periódicos, incluso de alcohol y drogas. La tragedia de Germanwings, en marzo de 2015, en la que murieron 150 personas, expuso fallas en la gestión de riesgos de salud mental y llevó a reforzar los procedimientos de evaluación de las tripulaciones en Europa. La lección no es que exista un filtro infalible, sino que las instituciones revisan sus mecanismos cuando algo falla gravemente.
La política es distinta: ninguna autoridad debería decidir mediante exámenes quién merece aspirar a gobernar. Pero la comparación abre una pregunta necesaria: si exigimos preparación y controles a quienes asumen responsabilidades de gran alcance, ¿por qué los partidos, que aspiran a administrar recursos y tomar decisiones que afectan a millones, no someten siempre a sus candidatos a un escrutinio interno responsable?
No pido filtros ideológicos ni pruebas de inteligencia. Pido algo más elemental: que las organizaciones políticas investiguen antecedentes, transparenten conflictos de interés, expliquen cómo eligen a sus candidatos, respondan por el dinero que financia sus campañas e inviertan en formar líderes. ¿Es demasiado exigir a un partido que conozca a las personas a las que pide a los electores entregarles el poder? Seleccionar con rigor no restringe el derecho a participar: significa asumir la responsabilidad de presentar candidatos idóneos. Estoy convencido de que los pacientes de diálisis que no reciben atención, los asesinados por la violencia, los niños captados por las mafias y las personas que hoy tienen el agua hasta el cuello se merecen ese esfuerzo mínimo.
En Ecuador, la multiplicidad de organizaciones políticas plantea un desafío real de supervisión. Ningún requisito formal, por sí solo, impide que redes ilegales intenten financiar campañas o influir en futuras autoridades. Hacen falta controles efectivos sobre el origen de los recursos, declaraciones verificables de intereses y autoridades electorales capaces de aplicar la ley sin favorecer a nadie.
No es que la democracia deba cerrarse a los ciudadanos comunes. Es que seleccionar con rigor cuesta, mientras improvisar puede dar votos inmediatos y, con ellos, poder.
Aquí está el incentivo: formar dirigentes toma años. Investigar trayectorias requiere esfuerzo. Examinar el financiamiento puede cerrar puertas. Conseguir a alguien famoso con muchos seguidores digitales y omitir filtros, en cambio, puede tomar una semana. Y si gana, pocos recuerdan cómo llegó a la papeleta. No es que la democracia deba cerrarse a los ciudadanos comunes. Es que seleccionar con rigor cuesta, mientras improvisar puede dar votos inmediatos y, con ellos, poder. En un próximo artículo examinaré los beneficios que algunos actores pueden buscar mediante el acceso al poder: impunidad, privilegios económicos o protección de intereses particulares.
II. El incentivo mediático: verificar exige más que publicar
La economía de la atención tiene una regla cruel: la precisión exige trabajo y el escándalo ofrece resultados inmediatos. Una explicación documentada pasa inadvertida; una acusación lanzada a gritos recorre el país en minutos. Y si detrás hay dinero o campañas de desprestigio, el daño se multiplica. No todo medio afín a un partido está comprado ni toda publicación agresiva forma parte de una operación: por eso hay que investigar y no limitarse a sospechar.
Hemos visto campañas digitales de hostigamiento y contenidos manipulados que destruyen reputaciones antes de que sus víctimas puedan defenderse. Cuando una periodista cuestionó públicamente a colegas convertidos en “alfombras del gobierno”, Lupa Media registró unas 907 cuentas publicando 1.300 piezas en su contra en apenas tres días, con capturas de pantalla de la Fiscalía manipuladas.
Las denuncias documentadas por verificadores merecen atención y seguimiento. Me gustaría saber quién produjo las piezas, quién las difundió, si hubo coordinación y quién pagó. Una democracia que permite fabricar una mentira a gran velocidad, pero no consigue que la rectificación alcance a los mismos públicos, deja indefenso al ciudadano. Quienes diseñan esas estrategias suelen permanecer fuera de escena mientras otros prestan su voz y otros alquilan su reputación para dar legitimidad a páginas dedicadas a desinformar. Identificar responsabilidades exige investigar, no atribuirlas sin pruebas.
El periodismo también tiene que hacerse algunas preguntas. ¿De dónde sale el dinero que sostiene determinados espacios? ¿Quién paga una entrevista o una opinión presentada como independiente? ¿Qué relación existe entre el anunciante y la línea editorial? Esas preguntas valen para el oficialismo y para la oposición. No se trata de descalificar por afinidad política, sino de exigir transparencia a quienes reclaman nuestra confianza.
En X y en otras plataformas abundan quienes se proclaman analistas. Algunos tienen formación y no saben sostener una idea; otros carecen de títulos y razonan con una claridad admirable. No propongo un permiso oficial para opinar. Quiero que dejemos de confundir la seguridad con el saber, hablar bonito con tener razón y tener seguidores con tener autoridad. Y que quien cobra por defender una posición política tenga la decencia de decirlo. También deberíamos preguntarnos por qué hemos normalizado compartir espacios con quienes difunden información falsa de manera reiterada, como si la manipulación fuese otra opinión respetable. Cada invitación a espacios de amplificación termina otorgando credibilidad a quien no ha demostrado merecerla.
Atribuir responsabilidades individuales exige pruebas que no tengo. Pero no necesito inventar una conspiración para indignarme ante la crueldad de esas mentiras, que muchos vimos en redes sociales.
Hasta aquí podríamos creer que hablamos de un espectáculo desagradable. No. Detrás de las noticias, las etiquetas y las campañas de desprestigio hay personas de carne y hueso. A veces son víctimas que ya no pueden defenderse.
Pienso en los cuatro niños de Las Malvinas: Steven Medina, de 11 años; Josué Arroyo, de 14; e Ismael Arroyo y Nehemías Arboleda, de 15. Fueron detenidos por militares en diciembre de 2024, desaparecieron y posteriormente fueron hallados muertos. Mientras sus familias exigían respuestas, circularon versiones que buscaban asociarlos con la delincuencia. Ecuador Chequea y Lupa Media documentaron esas afirmaciones falsas. En diciembre de 2025, dieciséis militares fueron condenados por desaparición forzada y la sentencia dispuso disculpas públicas y la rectificación de la información errónea difundida contra las víctimas. Ese avance judicial no borra otra pregunta: ¿quién responde por quienes aprovecharon la tragedia para manchar la honra de cuatro niños? Atribuir responsabilidades individuales exige pruebas que no tengo. Pero no necesito inventar una conspiración para indignarme ante la crueldad de esas mentiras, que muchos vimos en redes sociales.
Pienso también en Monika Silva, activista polaca hallada muerta en Montañita en junio de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, planteó públicamente la hipótesis de suicidio en una etapa inicial. Días después, los abogados de la familia informaron que la autopsia señalaba una muerte violenta y descartaba esa hipótesis. La diferencia es enorme: una versión prematura, pronunciada desde el poder, se instala en la opinión pública antes de que existan resultados forenses. No sé si quienes la reprodujeron actuaron de forma coordinada y no voy a afirmarlo. Sí tengo motivos para exigir prudencia a las autoridades y rigor a quienes amplifican sus palabras.
En esos casos, la versión inicial se instala antes de que existan pruebas suficientes y, aunque se desmienta después, el daño ya está hecho. Publicar una acusación llamativa ofrece atención inmediata; verificarla y rectificar exige trabajo y reconocer errores. El incentivo también se paga en reconocimiento: la visibilidad obtenida mediante la provocación se confunde con autoridad. Nada de esto se dirige a quienes ejercen un periodismo independiente con recursos limitados y apegados a su profesión; precisamente por ellos importa distinguir el trabajo riguroso de las estrategias que buscan manipular la conversación pública.
III. El incentivo social: pensar distinto puede salir caro
La polarización afectiva cambió el criterio de evaluación: ya no premiamos al que acierta, premiamos al que ataca a quien detestamos. La diferencia no se lee como honestidad intelectual, sino como traición para determinados grupos. Estoy seguro de que muchos hemos discutido con amistades, familiares o vivido discusiones absurdas por expresar una opinión política. De pronto, alguien a quien conocemos desde hace años deja de escucharnos y empieza a etiquetarnos. Ya no importa lo que dijimos: importa la etiqueta que decidió ponernos y cómo esa etiqueta se extiende a su entorno.
Resulta increíble que una conversación sobre la falta de medicinas en los hospitales o sobre los tratamientos de diálisis termine en una pelea ideológica. ¿Desde qué posición política debe hablar una madre para exigir atención médica? ¿Qué carnet necesita un ciudadano para indignarse por un abuso? A veces basta con mencionar un problema para que aparezcan los calificativos: zurdo, pelucón, correísta, florindo, comunista o enemigo del Gobierno. El problema desaparece detrás del insulto, y con él desaparece el debate.
Tengo amigos marxistas y amigos liberales. Disfruto conversar con unos y otros. Los escucho, les pregunto, discuto lo que no comparto y casi siempre termino aprendiendo. No necesito darles la razón para respetarlos. Tampoco necesito que piensen como yo para reconocer un argumento sólido. Esa debería ser una experiencia normal. Se está volviendo excepcional. Ese es el premio y ese es el castigo. Quien repite la consigna del grupo recibe validación inmediata; quien introduce un matiz recibe una etiqueta. El costo de pensar distinto lo paga el individuo, mientras el beneficio de alinearse llega de inmediato. Y como disentir es caro y alinearse es gratis, el sistema termina seleccionando y validando a quienes nunca disienten.
Aparece entonces lo que podríamos llamar indigencia intelectual: la sustitución del pensamiento por la consigna, de los argumentos por los ataques personales y de la búsqueda de la verdad por la defensa de los propios intereses.
No es solo una impresión. Un estudio publicado en 2021 en Proceedings of the National Academy of Sciences analizó más de 2,7 millones de publicaciones de medios y legisladores estadounidenses en Facebook y Twitter, y encontró que las referidas al adversario político se compartían aproximadamente el doble que las referidas al propio grupo. El hallazgo describe esas plataformas y esa muestra, no todas las sociedades. Pero revela algo importante: atacar al adversario puede resultar más rentable que explicar un argumento. Las plataformas registran nuestras reacciones y quienes publican aprenden qué mensajes circulan más. No hace falta una conspiración para que se reproduzca una conducta que obtiene recompensas.
El resultado es previsible. En el momento en que un debate deja de exigir argumentos, quien no sabe argumentar deja de estar en desventaja. Aparece entonces lo que podríamos llamar indigencia intelectual: la sustitución del pensamiento por la consigna, de los argumentos por los ataques personales y de la búsqueda de la verdad por la defensa de los propios intereses. No es ignorancia —la ignorancia se corrige aprendiendo—, sino la certeza de saberlo todo sin haber aprendido a discernir. Y esto no tiene bando ni tampoco ideología: es un conjunto de comportamientos fáciles de identificar en los demás y difíciles de reconocer en uno mismo. Si al leer esta descripción pensamos únicamente en nuestros adversarios, probablemente ya estemos dentro de esta descripción.
El círculo se refuerza solo. Elegimos fuentes que confirman lo que ya creemos, nuestros grupos celebran esas versiones y algunas voces que las amplifican aprovechan esa predisposición. No todos los contenidos son manipulaciones, pero el riesgo existe: pertenecer termina importando más que comprobar. Y el daño no se queda en la conversación. Quienes integran ese círculo también votan, también tienen acceso a los medios y también castigan socialmente a quien piensa distinto y, a veces, a quien está mejor informado.
IV. El incentivo institucional: fiscalizar también tiene costos
Aquí el problema adquiere otra gravedad. Una mentira tiene consecuencias políticas; un error de gestión exige explicaciones; un delito exige investigación y, si corresponde, sanción. No son lo mismo. Pero no podemos resignarnos a que las responsabilidades se diluyan entre oficinas, excusas y funcionarios reemplazables: con demasiada frecuencia cae quien ejecutó la decisión y queda intacto el mecanismo que la hizo posible. Casi siempre la cuerda se rompe por el lado más delgado.
La crisis eléctrica de 2024 dejó explicaciones oficiales cambiantes y promesas incumplidas. El caso PROGEN permite examinar algo más concreto. Según la Fiscalía, dos contratos de generación de emergencia sumaron 149,1 millones de dólares y se investiga un presunto perjuicio superior a 104 millones; hasta agosto de 2026 la causa reunía 31 procesados, entre ellos un exministro de Energía. La Contraloría identificó irregularidades en esas contrataciones; sin embargo, el 30 de agosto de 2026 la Asamblea aprobó un informe que descartó responsabilidad política de tres ministros. No confundo un proceso penal con una condena, ni una decisión parlamentaria con una absolución judicial. Precisamente por eso pregunto: ¿qué incentivos favorecen que una mayoría política cierre el capítulo de la fiscalización mientras la investigación penal sigue abierta?
Llevamos demasiado tiempo discutiendo sobre autoridades prorrogadas, concursos demorados y nombramientos cuestionados. No toda interinidad prueba sometimiento político, pero su normalización disminuye la confianza. ¿Cómo exigir independencia si designar a quienes deben controlar al poder se convierte en otra disputa por el poder?
La debilidad de los controles también obliga a mirar la calidad de los servicios públicos. En 2025 se denunció que una madre achuar recibió el cuerpo de su bebé en una caja de cartón en un hospital público de Macas.
Fiscalizar no es sencillo: puede romper alianzas, cerrar puertas y poner en riesgo una carrera política. No fiscalizar, en cambio, es mucho más cómodo. Hay funcionarios y legisladores que hacen su trabajo, y precisamente por ellos necesitamos reglas que obliguen a investigar sin pedir permiso a la mayoría de turno. La independencia no se proclama en un discurso: se demuestra en las decisiones que afectan a quienes tienen poder.
La debilidad de los controles también obliga a mirar la calidad de los servicios públicos. En 2025 se denunció que una madre achuar recibió el cuerpo de su bebé en una caja de cartón en un hospital público de Macas. El Ministerio de Salud reconoció lo inapropiado de la entrega, separó al gerente y anunció una auditoría. Hubo reacción institucional, y es justo decirlo. Pero la pregunta sigue ahí: ¿qué procedimientos permitieron ese trato y qué cambió para impedir que se repita? El caso no prueba una captura institucional; muestra por qué la supervisión debe ir más allá de sustituir a un funcionario.
El desenlace
Ahora juntemos las piezas. A un partido puede resultarle más rentable presentar un rostro conocido que formar a un dirigente. A un espacio mediático, publicar antes de verificar. A un grupo de amigos, castigar al que disiente antes que escucharlo. A una autoridad, proteger a sus aliados antes que investigarlos. No sucede siempre ni con todos. Pero cada vez que sucede, alguien recibe una recompensa y la democracia paga el costo. Por eso el deterioro no avanza solo por la voluntad de quienes quieren concentrar el poder. Avanza por la comodidad de quienes prefieren no enfrentarlo, por los beneficios de quienes lo aprovechan y por el cansancio de quienes se resignan. Hay periodistas, jueces, organizaciones y ciudadanos que resisten; el problema es que les exigimos heroísmo para hacer lo que debería ser normal.
¿Significa esto que nadie es responsable? De ninguna manera. Nadie está obligado a mentir, a descalificar ni a vender su voz: esas siguen siendo decisiones personales. Pero señalar individuos, aunque sea satisfactorio, resuelve poco: por cada uno que señalemos el sistema producirá otro, porque los incentivos siguen intactos.
Y nosotros no estamos fuera de esa historia. Cada mentira que compartimos porque perjudica a alguien que detestamos, cada humillación que celebramos, cada abuso que excusamos porque lo cometió uno de los nuestros alimenta el mismo mecanismo. Yo también me he equivocado. Lo importante no es fingir que estamos libres de errores, sino reconocerlos y corregirlos. No votamos únicamente en las urnas: todos los días decidimos a qué le damos nuestra atención y sobre qué callamos. Y conviene no confundir las cosas: denunciar no es lo mismo que odiar, y defender la democracia no es antipatía hacia quien gobierna. Se puede exigir cuentas sin hostilidad y disentir sin descalificar. Esa distinción, que parece obvia, es la que el sistema nos empuja a perder.
No necesitamos un tribunal que certifique quién puede pensar ni un Estado que decida qué opinión merece circular. Necesitamos partidos que respondan por sus candidatos, dinero político rastreable, medios de comunicación transparentes, autoridades independientes y controles que no dependan de simpatías personales. Y ciudadanos capaces de hacer algo que parece sencillo y resulta difícil: verificar antes de compartir, escuchar antes de insultar y reconocer un hecho aunque perjudique a nuestro propio bando. Combatir el racismo, el clasismo y el odio no exige silenciar al discrepante: exige negarse a reproducirlos y enfrentar con argumentos estas conductas.
Hace unos meses escribí que las democracias no mueren de golpe. Se van debilitando mientras las instituciones conservan sus nombres, los funcionarios ocupan sus oficinas y las elecciones siguen apareciendo en el calendario. Hoy me preocupa algo más. Hay quienes intentan apagar la luz, quienes hacen negocios con la oscuridad y quienes arriesgan su seguridad por mantenerla encendida. A estos últimos no podemos seguir pidiéndoles que resistan solos. La pregunta no es si existen personas dispuestas a defender la democracia. La pregunta es por qué hemos construido un sistema en el que defenderla cuesta tanto y debilitarla puede resultar tan rentable.