El caso de Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial asesinado en las últimas elecciones generales del Ecuador, puede convertirse en un perenne recordatorio de la intromisión del crimen organizado y la corrupción política, en el sistema judicial de ese país. Ni los cinco millones de dólares que ofreció el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mucho menos las discutidas investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de ese país, han podido desenmarañar las dudas que se ciernen sobre el magnicidio ocurrido el 9 de agosto del 2023. Quienes ordenaron cometer el crimen siguen impunes, mientras con oscuros acuerdos políticos se refuerza el manto de silencio.
El 12 de julio pasado, la justicia ecuatoriana sentenció a la banda que brindó la logística para el crimen de Villavicencio, en tanto que los sicarios que dispararon al político fueron asesinados en octubre del año pasado, en un confuso amotinamiento carcelario que jamás se investigó. Pero falta lo más importante: determinar quiénes fueron los autores intelectuales, para lo cual la Fiscalía lleva adelante una indagación tan reservada que ni la familia de la propia víctima ha podido tener acceso; en paralelo, el ente estatal hace esfuerzos por convencer a la opinión pública de que los mentalizadores fueron dos contradictores de Villavicencio. Y así, el Estado ecuatoriano comienza a virar la página respecto al asesinato que conmocionó a un país.
No obstante, apartando las sentencias y el relato oficial, la realidad es otra. Lejos de resolverse, el caso Villavicencio muestra un sinnúmero de interrogantes. Existen serios indicios que apuntan a que detrás del crimen podría existir una trama que entrelaza el crimen organizado con ciertos intereses políticos, que se desprenden de una explosiva investigación que quedó truncada y que ha sido archivada tras sombríos acuerdos o posibles chantajes.
¿A quién le interesaba silenciar a Villavicencio?
Su familia no ha dejado de repetir que el crimen tuvo motivaciones políticas. No solo porque el violento hecho se dio en medio de la última campaña presidencial, sino también porque durante los pasados quince años, Villavicencio tuvo agrias disputas con Rafael Correa, expresidente del Ecuador y líder del movimiento Revolución Ciudadana. Esas conjeturas pretendieron ser reforzadas por la Fiscalía, a través de un testigo protegido que señaló al “gobierno de Correa” como el autor del crimen, sin entregar prueba alguna, siendo finalmente una pista falsa, pero que tuvo un alto costo político para la organización de Correa.
La Fiscalía ecuatoriana considera que la respuesta sobre los autores intelectuales está en Ronny Aleaga y Xavier Jordán, por cuanto tenían el deseo de acallar a Villavicencio, quien los había señalado en denuncias relacionadas con el crimen organizado. Para construir esta teoría, la ente de investigación se basó en los chats encontrados en el celular de Leandro Norero, un narcotraficante asesinado durante una revuelta carcelaria en octubre del 2022, es decir, diez meses antes del crimen de Villavicencio.
Sin embargo, hay personajes a los que la Fiscalía ni siquiera ha mencionado en sus investigaciones, con los que Villavicencio tuvo disputas muy fuertes y más recientes que los chats del 2022.
Villavicencio adquirió fama en Ecuador por apuntar hacia la corrupción política y el crimen organizado. En ese sentido, producto de su labor investigativa en los meses previos a su violenta desaparición tuvo dos líneas muy claras de confrontación, la banda Los Choneros y el Partido Social Cristiano.
En concreto, en los días previos al crimen, el político tuvo un duro enfrentamiento verbal con alias Fito, probablemente el mayor capo del narcotráfico en Ecuador, líder de Los Choneros, banda afincada en la región costera y brazo armado del cártel de Sinaloa en ese país.
Previamente, dos meses antes de recibir el disparo que lo mató, Villavicencio señaló directamente a Jaime Nebot y José Joaquín Franco como «los grandes operadores de los puertos privados de Guayaquil», subrayando que por ahí salen centenas de toneladas de droga cada año. Nebot, ex diputado y ex alcalde de Guayaquil, es la cabeza del Partido Social Cristiano, mientras que Franco es su hombre de confianza.
¿Por qué la Fiscalía ha preferido ignorar estos hechos? Al menos, en lo relacionado con los líderes del partido político, la respuesta pudiera estar en el juicio contra la fiscal general, Diana Salazar, que naufragó en la Asamblea Nacional hace pocas semanas, en medio de fuertes polémicas. Esta historia comenzó a tejerse meses atrás…
León de Troya: la caja de Pandora del poder político y el crimen organizado
En los primeros días de enero del 2023, el medio digital La Posta provocó un cisma que terminaría derrumbando al frágil gobierno de Guillermo Lasso. Fue la investigación denominada El Gran Padrino, que evidenció los vínculos del cuñado del mandatario, con un esquema de corrupción en empresas estatales y nexos con la Mafia Albanesa, grupo dedicado a la exportación de droga hacia Europa. El informe periodístico se basó en filtraciones de los propios empresarios corruptos y en una investigación policial llamada León de Troya, originada a mediados del 2021.
El informe de La Posta causó una gran conmoción política, pero el mayor coletazo se produjo en la Asamblea Nacional, donde se planteó un pedido de juicio político contra Lasso, lo que radicalizó las posiciones hacia el mandatario. Villavicencio, entonces aún aliado de Lasso, era el presidente de la Comisión de Fiscalización, que se encargaría de tramitar la solicitud.
En medio de la crispación, la mañana del 23 de febrero, el Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado también por Villavicencio, presentó un informe sobre los presuntos actos ilícitos del cuñado del presidente de la República. En un documento de 91 páginas, se describió con claridad una simbiosis entre la mafia, el poder político y altos mandos policiales. No obstante, de lo escrito en ese informe, apenas unos cuantos retazos han sido recogidos por la Fiscalía.
Para empezar, el Frente Parlamentario ratificó la existencia de una estructura de corrupción en las empresas estatales, que dirigía millonarios contratos a favor de un grupo de compañías —reales o de papel— pertenecientes a un polémico empresario llamado Leonardo Cortázar y sus testaferros. Pero lo más turbio en aquel informe, fue lo concerniente al crimen organizado, poniendo un reflector sobre varios actores principales, cómplices y ciertos encubridores estatales.
Aunque el escándalo sobre la Mafia Albanesa fue lo que llevó al gobierno de Lasso a su fin, lo que adquiere relevancia en el asesinato de Villavicencio es la disputa por el control de los puertos guayaquileños, lo cual fue objeto de su siguiente investigación.
Respecto a la Mafia Albanesa, el Frente liderado por Villavicencio explicó que operaba en dos frentes: Manta y Guayaquil, las dos ciudades costeras más importantes del Ecuador. En Manta estaba el centro de reuniones, concretamente en las oficinas de la empresa Osakafish S.A., donde se congregaban con frecuencia el albanés Dritán Gijka, dos empresarios ecuatorianos y Rubén Cherres, el hombre de confianza de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. Eran la cúpula de la organización delictiva.
Sin embargo, en lo que tiene que ver con Guayaquil, entran en escena otros actores: Fito Junior Roldán y Samir, los tres grandes capos de Los Choneros. El informe señala que la cocaína se trafica a través de uno de los puertos controlados por Samir, con ayuda de una alta oficial conocida como ‘La Madrina’, que correspondería a Tannya Varela, comandante de la Policía entre 2021 y 2022.
De hecho, antes de ser la máxima autoridad policial, entre 2018 y 2019, Varela fue jefa de la Zona 8, que agrupa a Guayaquil, Durán y Samborondón, la zona más violenta del país y por donde más droga circula.
Según el informe, la corrupción llegó al más alto nivel. Varela y otros miembros de la Policía informaron al presidente Lasso sobre las actividades de la Mafia Albanesa y los nexos con su cuñado, ante lo cual el mandatario guardó silencio, para luego ser parte de una confabulación que quiso encubrir todo, primero desmantelando el equipo investigador y luego premiando con ascensos a los uniformados que conocían el caso.
Aunque el escándalo sobre la Mafia Albanesa fue lo que llevó al gobierno de Lasso a su fin, lo que adquiere relevancia en el asesinato de Villavicencio es la disputa por el control de los puertos guayaquileños, hecho que fue objeto de su siguiente investigación, que lo llevaría a las confrontaciones que antecedieron a su muerte, sobre lo cual casi nada se ha hablado.
José Joaquín Franco y Jaime Nebot, ¿los pesos pesados de los puertos guayaquileños?
Dos meses antes de su asesinato, Villavicencio hizo una fuerte revelación: “De los diez puertos de Guayaquil, ocho son privados. Tres controlados por Jaime Nebot. (…) Tengo una caja de información reservada. Esos puertos no tienen control de las Fuerzas Armadas y la Policía. Porque los dos únicos puertos concesionados son el de Contecón y el de Posorja. Los otros son privados. Nadie tiene control. Cuando reportan de Europa, dicen que la droga salió del puerto de Guayaquil. Pero en Guayaquil hay 10 puertos. Y solo dos concesionados en los que están instalando escáneres. En los otros no hay ni policías ni militares”, explicó al diario La Hora, el 7 de junio del 2023.
En esa misma entrevista, el político y periodista de investigación lanzó otro dato de gran significación: “Cuando yo pongo un tuit, que no menciono a Jaime Nebot, se desata la guerra conmigo. Dije: ¿y esta empresa de quién es? La que está domiciliada en Delaware y tiene una subsidiaria en Nueva Zelanda. Es la empresa donde él y J.J. Franco controlan el puerto privado más importante”.
Villavicencio se refería a José Joaquín Franco, abogado y mano derecha de Nebot en asuntos legales. El tuit en mención corresponde a uno publicado el 7 de abril del 2023, cuando a través de X reveló que estaba investigando tres empresas offshore de propiedad de “un político guayaquileño”: Yeten Services, Fundación Ingersa Internacional y Fundación Ingersa Internacional LLC.
El tuit del 7 de abril provocó una furiosa respuesta de Nebot, quien a través de un comunicado en su cuenta de X, descartó que hubiera alguna ilegalidad sobre dichas empresas, al tiempo de hacer una clara advertencia: “El haberse metido con mi familia (no conmigo) me otorga absoluta libertad de proceder, en la forma que yo crea conveniente, contra los autores directos e indirectos de esta bajeza”. La guerra había sido declarada.
Dos días más tarde, el 9 de abril, fueron publicadas dos entrevistas a Villavicencio, en los dos diarios más importantes de Guayaquil: Expreso y El Universo, en las cuales profundizó sobre las razones de su pugna con Nebot.
El tuit del 7 de abril provocó una furiosa respuesta de Nebot, quien a través de su cuenta de X descartó que hubiera alguna ilegalidad sobre dichas empresas, al tiempo de hacer una clara advertencia.
Mientras que para El Universo indicó que “la investigación no es de ahora, sino desde hace más de un año, a raíz de los allanamientos que se hicieron a José Joaquín Franco”, y que el nombre de la empresa Rapallo era parte de la información encontrada en ese allanamiento, dentro de una serie de documentos relacionados a empresas en Estados Unidos, Panamá y Nueva Zelanda.
Este punto es clave para entender el contexto: el domicilio de Franco, mano derecha de Nebot, había sido allanado la noche del 24 de septiembre de 2021, como parte de una investigación sobre presunto tráfico de influencias ligado a la Contraloría General del Estado. Sobre ese asunto, la Fiscalía ha guardado total silencio. Sin embargo, pese a que se trataba de una indagación reservada, Villavicencio anunciaba abiertamente que poseía la documentación y que, además, versaba sobre un sospechoso entramado de empresas offshore.
El mismo 9 de abril, Villavicencio volvió a usar su cuenta de X para adelantar algo más de la información que tenía en sus manos: “Otras empresas investigadas; Rapallo Investments LLC, Venevest LLC, Sweet Advertising LLC, The Rapallo Trust. La firma Fertigran, dueña de un puerto privado, tiene de accionista a Rapallo Investments. ¿Quiénes son los beneficiarios finales? Nos vemos en Nueva Zelanda”.
Los señalamientos contra Franco y Nebot, coinciden con la denuncia formal que Villavicencio presentó ante la Fiscalía, el 15 de abril de 2023, cuando alertó que había recibido información sobre un plan para atentar contra su vida. Señaló como potenciales conspiradores a Ronny Aleaga, Pablo Muentes, Roberto Cuero y otros dos legisladores de la Revolución Ciudadana.
Pero la pugna no terminó. El 2 de mayo, Villavicencio volvió a la carga, y en su cuenta de X, escribió: “Operan en la sombra y sin control del Estado, se conoce poco de sus ingresos económicos, de sus accionistas y sus actividades: exportaciones e importaciones. Casi todas sus operaciones están cobijadas por el mayor de los silencios. Son los 10 puertos privados de Guayaquil que ahora están siendo investigados desde mi curul. Pronto tendremos noticias”. El tuit vino acompañado de cuatro oficios, dirigidos a cuatro entidades estatales, para averiguar sobre la actividad de diez empresas, entre ellas, Fertigran S.A., que tiene como accionista a la empresa Rapallo -tal como afirmó Villavicencio- la cual está relacionada con Trinipuerto S.A., el terminal portuario privado más grande de Guayaquil.
El 15 de mayo, Villavicencio volvió a apuntar hacia los negocios vinculados con los jerarcas del Partido Social Cristiano, esta vez revelando el nombre de la empresa domiciliada en Nueva Zelanda, sobre la cual se había referido en sus anteriores tuits: Hans Management Limited, junto al siguiente mensaje: “Muy pronto esta offshore estará en el ojo del verdadero periodismo de investigación”.
Dos días más tarde, el 17 de mayo, el presidente Lasso declararía la disolución de la Asamblea Nacional, junto al llamado a nuevas elecciones presidenciales. El escenario político cambió.
La campaña presidencial: nuevo ring de confrontación
Apenas un día después del anuncio de nuevas elecciones, el 18 de mayo, Villavicencio colgó un video en sus redes sociales para dejar clara su posición de cara al nuevo proceso electoral: “(…) Les invito a continuar en esta tarea, identificando claramente que el enemigo común que tenemos todos los ecuatorianos es la mafia. La mafia del narcotráfico, los sicarios que ponen en riesgo y generan terror a nuestras familias, los vacunadores, los asaltantes, los delincuentes de cuello blanco (…) Vamos a someter a las mafias”.
El ambiente en que se llevó a cabo esta elección fue de absoluta zozobra, por el deterioro de la seguridad, siendo precisamente el 2023 cuando Ecuador tocó fondo y se convirtió en el país más inseguro de América Latina, con 7.592 muertes y una tasa de 40 homicidios por cien mil habitantes. Delitos como robos, asaltos, extorsiones y asesinatos, tuvieron un incremento exponencial.
En este ambiente convulso, tuvo gran protagonismo la rivalidad entre dos bandas delictivas, Los Lobos y Los Choneros, filiales en Ecuador de los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa, respectivamente.
No obstante, Villavicencio siguió lanzando recordatorios de su investigación sobre empresas offshore vinculadas a los líderes socialcristianos: “Este es un mensaje para la mafia política. Sí, usted, político que no puede explicar su fortuna, su casa en Miami, sus cuentas en paraísos fiscales, los lujos de sus hijos, esas compras carísimas. A ustedes, políticos mafiosos, se les acaba el tiempo”, dice en un video publicado el 23 de junio.
Luego, el 27 de junio, apareció otro video, aún más explícito: “Este es un mensaje para la mafia de los puertos de mi país. Sí, ustedes, mafiosos que contaminan los contenedores de exportación de este país, ustedes que sirven al narcotráfico, que perjudican a la historia de este país, a ustedes contaminadores se les acabó el tiempo”.
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Pero en julio, hay un giro a la historia. Entre el 22 al 25 de ese mes, la Penitenciaría del Litoral se convirtió en el escenario de la decimocuarta masacre carcelaria de los últimos 28 meses. Fueron asesinados 31 presos, en medio de la disputa entre Los Lobos y Los Tiguerones, banda asociada a Los Choneros. La violencia detonada en la Penitenciaría del Litoral, provocaría disturbios en otras prisiones. El caos imperaba en el sistema carcelario ecuatoriano.
El episodio de violencia terminaría el 25 de julio, cuando ‘Fito’, líder de Los Choneros, emitió un video desde la cárcel Regional de Guayaquil ofreciendo entregar el armamento que las bandas delictivas poseen en las cárceles, a modo de propuesta de pacificación. ‘Fito’ apareció rodeado de custodios armados con pistolas y fusiles, con uno de sus acompañantes vestido con una chamarra de la Policía. El mensaje fue grabado dentro de un centro penitenciario, donde obviamente el ingreso de cámaras y armamento, así como el acceso a Internet, estaban prohibidos.
En medio de la campaña electoral, el pronunciamiento de ‘Fito’ provocó la inmediata respuesta de Villavicencio, quien rechazó que los “criminales que manejan el delito desde la cárcel salgan en rueda de prensa custodiados por policías, diciendo que van a devolver una cuantas armas; se equivocan, aquí los criminales no ponen condiciones, este presidente les anuncia que tienen 90 días para que entreguen las armas”.
Apenas tres días después, el 28 de julio, llegó una amenaza directa hacia Villavicencio: “Es la última vez que tu candidato toca el nombre de ‘Fito’, la próxima le vamos a dar a él, y a todos los que están con él”, fue el mensaje que recibió de forma verbal el capitán Cristian Cevallos, jefe de seguridad del candidato presidencial, según consta en un informe policial.
Lejos de amedrentarse, Villavicencio desafió al capo de Los Choneros, por medio de declaraciones recogidas por radio Sucre, el 31 de julio: “(La amenaza) lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me he jugado en este país, en contra de estas estructuras delictivas y reitero: no les tengo miedo. Ratifico mi planteamiento de crear una cárcel especial de altísima seguridad. Será una de las primeras obras que impulsaré apenas asuma el mando, para trasladar a ‘Fito’ y a otros capos del narcotráfico”.
El 3 de septiembre de 2024, la Fiscalía de Ecuador pudo haber puesto el candado definitivo para dejar en la impunidad el caso Villavicencio. Ese día, las autoridades solicitaron concluir la indagación sobre José Joaquín Franco.
Luego, el 8 de agosto, desde Chone, provincia de Manabí, en un acalorado discurso de campaña, nuevamente apuntó hacia la mafia: “Escuchen bien, a mi me han dicho que use chaleco antibalas, aquí estoy, camisa sudada carajo, ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar, aquí estoy, aquí está don Villa. Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo. Qué me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”. Al día siguiente, Villavicencio fue asesinado.
@eco_digitalEstas fueron las palabras del Lcdo. Fernando Villavicencio el día de ayer en Chone – Manabí♬ sonido original – Eco_Digital
Fito, más impune que nunca
Ocurrido el crimen de Villavicencio, las miradas se dirigieron hacia Fito. En coherencia con esas sospechas, por pedido del presidente de la República, el 12 de agosto, el capo de Los Choneros fue traslado a la cárcel de La Roca, la más segura del país. Pero la tranquilidad duró poco, porque 27 días después, el juez Diego Poma ordenó el regreso del delincuente a la cárcel Regional de Guayaquil. Finalmente, el 7 de enero del 2024, las autoridades anunciaron que ‘Fito’ había escapado, manteniéndose prófugo hasta hoy.
Semanas después de la fuga de Fito, un reportaje de la cadena CNN evidenció que el capo gozaba de todas las comodidades en prisión: una cama tamaño ‘queen’, una mininevera, un patio de césped personal y hasta gallos de pelea que presumía como mascotas, refiere la nota periodística.
Hay otros datos inquietantes. Dos días antes de la fuga, el 5 de enero, la familia de ‘Fito’ viajó a Argentina, estableciéndose momentáneamente en la ciudad de Córdoba donde, según las autoridades de ese país, compraron una casa de lujo en efectivo. Sin embargo, el viaje resultó ser apenas un paseo. El 19 de enero, los familiares del capo fueron expulsados y retornados a Ecuador. Una vez en su país, fueron recogidos en vehículos blindados, saliendo tranquilamente del aeropuerto de Guayaquil sin que alguna autoridad hiciera algo por detenerlos, bajo la excusa de que ninguno tenía investigaciones abiertas.
Sin embargo, eso no era cierto. Al menos desde el 2022, la Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre un esquema de lavado de dinero, encabezado por la esposa de ‘Fito’ y una de sus amantes, por el cual se calcula han circulado unos 23 millones de dólares, principalmente a través de empresas de construcción y carga pesada o por simples transferencias bancarias. Inda Peñarrieta, la esposa del narcotraficante, fue una de las expulsadas desde Argentina.
Otro hecho que apunta a que la pareja de Fito es intocable, ocurrió el 17 de enero del 2024, es decir, dos días antes de su arribo forzado a Ecuador. Esa tarde, el fiscal César Suárez fue asesinado a tiros en el norte de Guayaquil, tan solo 24 horas después de haber solicitado información sobre la situación legal de la señora Peñarrieta.
Operación Silencio: así cerraron el caso de J.J. Franco
El 3 de septiembre de 2024, la Fiscalía de Ecuador pudo haber puesto el candado definitivo para dejar en la impunidad el caso Villavicencio. Ese día, las autoridades investigativas solicitaron concluir la indagación sobre José Joaquín Franco, mano derecha de Jaime Nebot, usando un argumento inverosímil. Días antes, el fiscal a cargo preguntó a la Contraloría General del Estado si Franco era funcionario público, obteniendo una negativa como respuesta, lo cual fue suficiente para pedir el cierre del expediente, abierto casi tres años antes y con más de 90 mil fojas de extensión.
Franco y Nebot habían sido acusados por Villavicencio de ser los dueños de tres puertos privados en Guayaquil, camuflados a través de empresas offshore. La denuncia de Villavicencio sobre el control de los puertos de Guayaquil, se conecta con su investigación sobre la Mafia Albanesa y Los Choneros, quienes exportan su droga precisamente por las terminales marítimas de esa ciudad. Aunque dicha investigación podría develar el entramado entre el crimen organizado y el poder político, para la Fiscalía sólo había un interés estrictamente personal…
El cierre de la investigación sobre Franco tuvo como trasfondo un hecho que levantó duras críticas contra Diana Salazar, fiscal general del Ecuador. El 10 de septiembre, es decir, una semana después del archivo de la investigación contra Franco, también se dio paso al archivo del juicio político en su contra, donde los votos del Partido Social Cristiano inclinaron la balanza a su favor.
El juicio político había sido pedido en diciembre del 2023, por parte del movimiento Revolución Ciudadana, alegando incumplimiento de funciones de Salazar, quien ha sido señalada por sus detractores de actuar de manera selectiva, poniendo mayor énfasis en casos de connotación política contra Rafael Correa, dejando en el limbo casos contra otros líderes políticos y figuras opuestas al exmandatario.
Pero Franco y Nebot no fueron los únicos beneficiados. En medio del archivo del juicio político, la fiscal Salazar también dejó sin efecto una indagación al asambleísta César Umajinga, sobre presuntos actos de corrupción; al asambleísta socialcristiano Lenin Rogel le archivó una denuncia por presunto peculado; al también asambleísta socialcristiano Otto Vera lo favoreció con una denuncia por violencia intrafamiliar. Todos votaron por el fin del juicio político a la fiscal Salazar.
Al cerrarse la investigación sobre Franco, también se cerró la posibilidad de establecer si lo que Villavicencio investigaba antes de ser asesinado, evidenciaba una peligrosa sociedad entre el poder político y el crimen organizado
Investigación del caso Villavicencio: un inventario de omisiones y negligencias
Aunque la explicación al asesinato de Villavicencio podría hallarse en el peligro que representaban sus denuncias contra connotadas figuras de la política ecuatoriana, la Fiscalía ha preferido dirigir sus investigaciones únicamente hacia Xavier Jordán y Ronny Aleaga, dos cuestionadas figuras, que ni siquiera están en el país. Jordán vive en Estados Unidos. En tanto que Aleaga se presume vive en Venezuela, a donde acudió luego de recibir alertas por parte de la propia fiscal Salazar, según se desprende de chats que el mismo Alega publicó y que evidencian una cercana amistad con quien supuestamente debía investigarlo. La fiscal Salazar ha rechazado que se le atribuya participación en esa relación.
Los cabos sueltos no quedan ahí. La familia de Villavicencio ha rechazado que dentro de la investigación de la Fiscalía no se hayan realizado diligencias básicas, como la reconstrucción de los hechos. También cuestionan la inacción frente a una denuncia formal presentada por el político, en abril del 2023, precisamente cuando alertaba sobre la participación de los jefes del Partido Social Cristiano en una red de empresas offshore, conectada con actividades de narcotráfico.
El carácter político del asesinato, se ha ido diluyendo de la investigación de la Fiscalía. Ni de lejos está mencionado el Partido Social Cristiano, mucho menos el entramado de empresas offshore que Villavicencio detectó, que pudo llegar a establecer un escandaloso vínculo entre el poder político y el crimen organizado, indagación archivada en los días en que negociaban los votos para desvanecer el juicio político contra la fiscal Salazar.
Así, la negligencia, la corrupción y los intereses políticos podrían dejar en la oscuridad el crimen político más sonado de la historia reciente del Ecuador.