Los allanamientos de la fiscalía el 28 de enero en domicilios de Luisa González, y otros personajes del correísmo, incluyeron incautación de dispositivos y documentos, y menciones a flujos de efectivo desde Venezuela. La secuencia se coronó con la comparecencia de Santiago Díaz el 30 de enero, quien asumió el rol de testigo clave al declarar haber transportado fondos por orden directa de Rafael Correa, aunque su credibilidad —marcada por su estatus procesal y obvios incentivos para delatar— exige corroboración externa: trazados financieros, peritajes, registros migratorios y testimonios de absoluta credibilidad.
Este telón de alta intensidad operativa —allanamientos televisados, goteo de filtraciones y reserva estratégica de pruebas— no ocurre en el vacío, coincide con una tormenta perfecta de costos políticos para el gobierno de Daniel Noboa desatada por la guerra arancelaria contra Colombia, su impacto en sectores industriales y comerciales, la incertidumbre de los consumidores, y con el telón de fondo del tema securitario en la frontera ecuatoriano-colombiana.
Temáticas como la crisis en el sector eléctrico con las “banderas rojas” de Progen y CELEC, y las graves denuncias públicas del exjuez Carlos Serrano de presiones y amedrentamientos provenientes de instancias vinculadas al Consejo de la Judicatura, orientadas -según su testimonio- a favorecer la liberación de personas vinculadas a estructuras criminales, se diluyeron en la espectacularidad, sin evidencia pública inmediata, del caso “Caja chica” que abrió una ventana temporal donde las noticias adversas al Ejecutivo perdieron oxígeno.
La secuencia temporal en sincronía con la agenda instalada
El 21 de enero, la recursiva propaganda política, experta en recolocar los temas de la conversación pública a su conveniencia, lanzó, de la mano del presidente Noboa, un ataque comercial sin precedentes contra Colombia: el anuncio de que desde el 1 de febrero Ecuador impondría el 30% de arancel a todas las mercancías colombianas que llegan al Ecuador por la vía legal. El motivo: castigar al vecino país, al estilo Trump, por no colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Lo hizo en que el agua le llegaba al cuello al Gobierno con el caso Mario Godoy, y el asesinato de alias El marino, en la exclusiva isla de Mocolí.
Colombia repostó de inmediato con medidas recíprocas similares no sin antes declarar su sorpresa. También le bajó el interruptor de la exportación de energía eléctrica al Ecuador. Ecuador devolvió el golpe con la imposición de una improbable tasa de 30 dólares por cada uno de los más de 30.000 barriles colombianos que se exportaban por el SOTE desde el sur oriente colombiano. Antes de la crisis la tarifa era de 3 dólares. Durante los siguientes ocho días, la narrativa del gobierno ecuatoriano se fue agotando en la medida que las críticas internas, sobre todo por lo ilegal y absurdo de una medida que, sobre todo, castiga al consumidor ecuatorianos, sobre todo de los más de USD 150 millones en medicinas que se importa del país del Norte.
Pero Noboa recolocó el discurso público y nuevamente pateó el tablero de la conversación mediática y de redes sociales al lanzar, desde la fiscalía general del Estado, el caso Caja chica, que impacta en el corazón de los líderes correístas, al acusarlos de haber sido financiados con dinero del corrupto y criminal régimen de Nicolás Maduro, durante las elecciones del 2023. Dos días después le puso al cereza al pastel al mostrar a Santiago Díaz, dirigente correísta o procurador de la campaña de Luisa González, como testigo principal del caso y quien, con una sola frase puso a Rafael Correa y otros dirigentes contra la pared: trasladé dinero en efectivo desde Caracas para la campaña electoral. Verda o mentira, estrategia para salvarse —Díaz está detenido y acusado por la presunta violación de una niña de 12 años de edad—, el hecho es que a esas alturas, el caso Godoy y el caso Petro-Colombia, habían caído del pedestal de la atención pública para poner en primera línea el tema Correa, el eterno comodín de Daniel Noboa.
Los beneficios del caso Caja chica
El caso Caja chica podría llamar a la duda de muchos sobre una estrategia que operó como cortina de humo selectiva, reencuadrando el relato maniqueo de “enemigo interno”. Bajo esa hipótesis se trataría de diluir el impacto del choque con Colombia. Un litigio bilateral complejo y costoso (AP y Reuters lo pintaron como escalada incontrolable) cede ante un escándalo doméstico emotivo, exportable a titulares cortos y moralmente cargados -que opacan el caso Progen/CELEC en la crisis energética- y que se disuelven ante la narrativa de la corrupción venezolana, súper conveniente para audiencias tan masivas como intelectualmente básicas.
Así mismo, Caja chica puede desviar la crisis judicial. La denuncia del exjuez Carlos Serrano, un expediente que refiere a mafias internas, notitia criminis y al polémico Consejo de la Judicatura, erosiona el relato de orden, transparencia y guerra anticrimen publicitado por el gobierno.
El caso coincide con la nueva ofensiva comunicacional llena de anuncios alentadores sobre inversiones y optimización de recursos y cooperación externa para combatir la inseguridad en Ecuador; los picos informativos de la “Caja chica” están alineados a la baja intensidad en la cobertura en energía y justicia. El caso brilla por la ausencia de corroboración mediante testimonios independientes (UAFE, cooperación internacional); este vacío amplifica el relato oficial y la arquitectura de filtraciones, voceros afines y pauta mediática impulsan el nuevo culebrón, mientras la crisis con Colombia retrocede en trends.
La opinión pública puede exigir pruebas incontrovertibles al gobierno sobre esta denuncia para no caer por milésima vez en los pliegues de una nueva movida de polarización y distracción rentable para priorizar lo visceral sobre lo estructural.
En el Foro Económico de la CAF, un diálogo reservado de unos 35 minutos entre delegaciones de Ecuador y Colombia abordó las tensiones por los aranceles activados el 21 de enero por el gobierno de Daniel Noboa y el corte de exportaciones energéticas colombianas del 22 de enero. El encuentro produjo dos acuerdos limitados: la conformación de una comisión binacional de defensa contra el narcotráfico, orientada a reducir fricciones políticas, y la convocatoria a reuniones de los gabinetes económicos para negociar los aranceles mutuos del 30 %, vigentes desde el 1 de febrero. Hasta la tarde del domingo 01 de febrero no hubo comunicado conjunto ni resolución de fondo. Se activaron canales de diálogo, pero sin levantamientos inmediatos, pese a los costos para Ecuador estimados en alrededor de USD 2 millones diarios. La reunión refleja una tentativa de desescalada en plena intensificación del caso Caja chica, con prioridad en seguridad antes que en comercio. Es seguro que en la semana que empieza el 2 de febrero se activarán las capacidades comunicativas y propagandísticas del gobierno alrededor de los tópicos “¿Cuál de los dos países dio su brazo a torcer?” “Liderazgo”, etc.; y una pizca más de condimento para titulares de prensa morada.
La opinión pública puede exigir pruebas incontrovertibles al gobierno sobre esta denuncia para no caer por milésima vez en los pliegues de una nueva movida de polarización y distracción rentable para priorizar lo visceral sobre lo estructural. La prensa independiente puede ayudar en esa tarea documentando y develando la narrativa impuesta y viralizada por medios, redes, “opinadores” y voceros ligados a intereses muy claros.
Caja chica no se trata únicamente de si el correísmo en verdad está embarrado hasta la médula en este nuevo escándalo. Se trata de abrir los ojos y la opinión más allá de los árboles que durante años ya, se siembran para ocultar el bosque; para ocultar verdades incómodas desviando la atención pública sobre corrupción e impunidad de otros actores distintos al correísmo. En esta coyuntura el caso Caja chica no solo investiga; reconfigura el espacio público. Su evolución —con o sin pruebas duras— definirá si Noboa gana tiempo o expone las fisuras en su propia cancha. En un país tan contaminado por corrupción, impunidad, falsedad, manipulación y ocultamiento de la verdad, que el correísmo sea o no culpable ya forma parte del paisaje en el que, lo peor de la política, ha puesto incluso a la mentira en decadencia.