Noviembre ha sido un mes con diversos frentes y desafíos de cara al extractivismo. Entre la consulta popular en Ecuador y la Convención de la Partes en Brasil (COP30, por sus siglas en inglés), varios temas importantes que tienen que ver con nuestro futuro han estado en debate, entre los que destacan la protección ecológica y cómo se relaciona con la vida de las personas, poblaciones y comunidades. En este contexto, destaco tres aspectos: la injusticia climática; la defensa de la Amazonía y el triunfo del NO en Ecuador.
Injusticia climática
La justicia climática hace referencia a que el cambio climático no es sólo un problema ambiental, es también ético, político y social. Sus prioridades son la reducción de emisiones, la adaptación de comunidades vulnerables y la reparación de pérdidas y daños bajo principios de equidad, derechos humanos y responsabilidad histórica, reconociendo que no todos los países ni comunidades son responsables en la misma medida. La justicia climática denuncia que quienes menos han contribuido al calentamiento global (países del Sur Global, pueblos indígenas, comunidades empobrecidas) son a quienes más sufren sus graves impactos.[1]
En Belém los gobiernos plantearon avanzar en justicia climática, a través de un financiamiento más equitativo que considere la inclusión de pueblos indígenas y género, así como mecanismos de transición justa que tengan en cuenta a las comunidades más vulnerables frente a la crisis climática. Uno de los objetivos es movilizar USD1,3 billones al año para 2035.[2] Para las actividades de adaptación climática se plantea duplicar el financiamiento para el 2025 y triplicarlo para el 2035, así como poner en marcha y garantizar la reposición del fondo acordado en la COP28. Se insistió en la responsabilidad histórica que tienen los países desarrollados en aportar con recursos.
En relación con la justicia social y enfoque de género, el Plan de Acción de Belém reconoció que esta crisis afecta principalmente a las mujeres y plantea mecanismos de financiamiento, formación y liderazgo. En este contexto, la visibilización de recicladoras y trabajadoras informales fue un tema que se destacó, señalando su rol en la transformación y reducción de emisiones, así como su aporte a las economías locales.
En el proceso de descarbonización se propusieron mecanismos de transición justa para proteger a trabajadores y comunidades. Si bien más de 80 países plantearon abandonar el petróleo, gas y carbón, el texto final no incorporó compromisos vinculantes. Se continuará con este debate en la conferencia internacional de combustibles fósiles del 2026.
Con respecto a la inclusión de comunidades locales y pueblos indígenas, se hizo un reconocimiento formal en el preámbulo de la COP30. Más de mil organizaciones impulsaron el Mecanismo de Acción de Belém hacia una transición justa y equitativa, en la que se destaca que los fondos sean implementados directamente por las comunidades, evitando intermediarios y costos transaccionales.
El encuentro concluyó con avances en el financiamiento e inclusión de género; sin embargo, la falta de compromisos claros en relación con los combustibles fósiles y deforestación evidencia, una vez más, la injusticia climática.[3]
Viva la Amazonía viva
La COP30 en Belém resaltó que la protección de la Amazonía es indispensable para enfrentar la crisis climática: regula el clima, almacena carbono, alberga una biodiversidad única y sostiene el ciclo del agua. Este no es solo un tema regional sino una responsabilidad global, en el que se destaca garantizar la participación y derechos de los pueblos indígenas para mantenerla viva y resiliente.
La Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, con más de 6,7 millones de km². Absorbe y almacena miles de millones de toneladas de CO₂ ayudando a frenar el calentamiento global; funciona como un sumidero de carbono. Estudios advierten que, si las amenazas que se ciernen sobre este bioma continúan, se acerca un punto de no retorno en el que no podrá regenerarse y la Amazonía se convertiría en una enorme sabana, dejando de capturar carbono y liberándolo.
Las principales amenazas sobre la Amazonía continúan: la deforestación por ganadería y agricultura, la minería ilegal y legal, la expansión petrolera y de hidroeléctricas, los incendios forestales, la extracción de hidrocarburos y madera, y los impactos del cambio climático que dan lugar a sequías prolongadas y pérdida de biodiversidad.
En la Amazonía vive el 40 % de las especies de la biodiversidad mundial, más de 16.000 especies de árboles y millones de especies animales, muchas aún no registradas. La pérdida de esta biodiversidad afectará a las cadenas alimenticias y ecosistemas a escala global.
La Amazonía ecuatoriana es casi la mitad del país, ocupa aproximadamente 120.000 km², lo que representa entre el 43% y el 48% del territorio nacional. Contiene 13 áreas protegidas y territorios indígenas que funcionan como barreras contra la deforestación. Su magnitud territorial y ecológica la convierte en un eje central para la justicia climática, la soberanía y la defensa de los derechos de la naturaleza.
Estas selvas regulan las lluvias en Sudamérica, liberando vapor de agua que forma los “ríos voladores”. Su degradación impacta a las poblaciones locales con sequías extremas que afectan en la seguridad alimentaria.
Gracias a los pueblos indígenas y comunidades locales, el 40% de la Amazonía aún está con buena salud. Llama la atención que quienes han sido sus guardianes, reciban menos del 1% de los fondos climáticos internacionales. Proteger sus derechos territoriales es una estrategia prioritaria para enfrentar el colapso climático.
Desde el corazón de la Amazonía en Belém, miles de voces se levantaron, enfatizando que la Amazonía fue reconocida como sujeto de derechos y exigiendo la protección de la selva como un bioma vital para el equilibrio climático global. Pueblos indígenas del mundo destacaron la necesidad de un financiamiento directo a comunidades, así como sistemas propios de vigilancia que incorporen saberes tradicionales y avances tecnológicos.
Colombia tomó una decisión histórica: declaró toda su Amazonía como zona libre de minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país amazónico en blindar completamente su territorio frente a nuevas actividades extractivas.[4]
La Amazonía ecuatoriana es casi la mitad del país, ocupa aproximadamente 120.000 km², lo que representa entre el 43% y el 48% del territorio nacional. Contiene 13 áreas protegidas y territorios indígenas que funcionan como barreras contra la deforestación. Su magnitud territorial y ecológica la convierte en un eje central para la justicia climática, la soberanía y la defensa de los derechos de la naturaleza.
El pronunciamiento de Ecuador en la COP30, respecto a la Amazonía recibió críticas: el gobierno defendió una agenda petrolera y de expansión extractiva, mientras organizaciones indígenas y ambientales denunciaron que esa política contradice la justicia climática y vulnera derechos colectivos y de la naturaleza.
Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, presentó la estrategia ecuatoriana, centrada en la expansión petrolera y de combustibles fósiles, con una Hoja de ruta hidrocarburífera que contempla 49 proyectos y más de USD 47.000 millones en inversión.[5]
Nacionalidades Achuar, Shiwiar, Sapara, Andwa, Waorani y Kichwa, entre otras, emitieron un pronunciamiento alertando que la expansión extractiva no ha sido consultada a los pueblos afectados, pese a las obligaciones constitucionales e internacionales.[6]
El voto ecuatoriano por el NO es parte de una corriente latinoamericana que exige que las políticas ambientales y climáticas estén ligadas a la justicia social y territorial.
Ecuador, NO te dejes
En NOviembre, mientras en Belém se discutía la justicia climática y la protección de la Amazonía, en Ecuador la ciudadanía reafirmó que no aceptará decisiones que comprometan el Estado de derechos, el ambiente y la soberanía. Este contexto, en el que tuvieron lugar simultáneamente la COP30 en Belém y la consulta popular en Ecuador, nos mostró dos escenarios de disputa por la justicia: uno global, sobre la crisis climática, y otro nacional, sobre soberanía y derechos.
En Ecuador la defensa de la Amazonía está clara, en el rechazo a propuestas que podían abrir la puerta a un mayor extractivismo y global y debilitamiento institucional. El voto ecuatoriano por el NO es parte de una corriente latinoamericana que exige que las políticas ambientales y climáticas estén ligadas a la justicia social y territorial. El contexto de inseguridad y desigualdad mostró que la crisis ambiental no puede separarse de las crisis sociales: ambas son caras de la misma injusticia.
El proceso de la consulta se dio en medio de tensiones sociales, inseguridad y demandas de mayor equidad, lo que reforzó el carácter crítico del voto. El rechazo a la instalación de bases militares extranjeras reflejó la voluntad de defender la soberanía nacional, mantener independencia política y territorial. La ratificación a la constitución del 2008 fue un claro límite al poder presidencial y una reafirmación de que la ciudadanía no entrega un cheque en blanco. El voto por el NO fue parte de la resistencia frente a la prepotencia, el autoritarismo y el extractivismo.
El domingo 16 de NOviembre, camino al recinto electoral en el que voto, se me cruzó un Diente de león. Una planta que nunca deja de sorprenderme por su fuerza y determinación, brota en los lugares más agrestes entre las grietas del cemento. Arranqué su semilla y mientras la soplaba, pedí un deseo. Mi deseo era que triunfe el NO, por un país que respete y fortalezca su Estado de Derechos, al servicio de las personas y del pueblo; que en este país plurinacional, megabiodiverso, florezca la vida y no el miedo. Este deseo se cumplió y se unió al de ecuatorianas/os que con firmeza dijeron, yo no boto mi voto, yo lo siembro; alzo mi voz y digo fuerte: NO al autoritarismo, NO al debilitamiento de la democracia, NO a la inseguridad y la violencia, NO a una nueva constitución que borre nuestros derechos.
El 16 de NOviembre de 2025 en Ecuador, el NO ganó en las cuatro preguntas, con porcentajes entre el 61% y el 65% de los votos válidos. Millones de ecuatorianas/os —más de 7 millones de votantes— se pronunciaron por el NO, dentro de un padrón de casi 14 millones y con una participación del 82%.[7]
Las semillas del NO viajarán lejos, caerán en suelo fértil y brotarán valientes. Sus flores amarillas invitan a polinizar el futuro con esperanza, mientras un eco firme surge en la selva, retumba en las montañas y se expande hasta el mar: ¡Ecuador, NO te dejes![8]
[1] Qué es la justicia climática y cómo aplicarla para transformar la vida en las ciudades – Greenpeace Colombia
[2] La COP30 impulsa el financiamiento climático y promete planificar la transición hacia los combustibles fósiles | Noticias ONU
[3] La COP30 inicia su segunda semana con llamados a una acción inmediata contra la crisis climática
[4] Colombia prohíbe minería y extracción de hidrocarburos en toda su Amazonía
[5] En la COP30 se exhibió mensaje contra la expansión petrolera en Ecuador: ‘Noboa, la Amazonía no está en venta’ | Política | Noticias | El Universo
[6] Denuncian agenda petrolera de Ecuador en la COP30 – Noticias Prensa Latina
[7] Consulta 2025: Noboa perdió apoyo hasta en las provincias donde remontó en abril – Plan V
[8] https://www.instagram.com/ecuadornotedejes/