El agua vale más que el oro se ha convertido en un grito colectivo[1]: miles de personas levantan en su voz y advierten los impactos que trae el extractivismo minero. En Ecuador, la defensa del agua que nace en los páramos y fluye por los flancos de la cordillera de los Andes, explica las crecientes acciones de resistencia en muchos territorios, donde está en juego la vida misma.
Las últimas semanas esta preocupación ha estado asociada a las licencias ambientales que el gobierno ha otorgado para la extracción de minerales en Kimsachocha, Azuay; en Palo Quemado, Cotopaxi y en Las Naves, Bolívar, en medio de acciones caracterizadas por el irrespeto a la institucionalidad democrática e inclusive con amplio despliegue de la fuerza pública. Las poblaciones de estos territorios han levantado su voz y se resisten a que se destruyan sus páramos y sus bosques húmedos. En Yutzupino, Napo también manifiestan por la falta de control estatal a la minería ilegal.
Kimsacocha no se toca
El proyecto minero Loma Larga, operado por la empresa canadiense Dundee Precious Metals, busca extraer oro, plata y cobre de los páramos circundantes de las tres lagunas de Kimsacocha. Su plan es operar a través de una mina subterránea que tendrá una vida útil de 12 años para obtener 170.000 onzas de oro por año.
En las últimas semanas diversos colectivos de la provincia del Azuay han levantado su voz en contra de este proyecto, por las múltiples amenazas que ponen en riesgo la integridad de este ecosistema tan frágil. El proyecto minero contaminaría los acuíferos con metales pesados, a más de la evacuación de las aguas residuales contaminadas con arsénico, generando un daño grave e irreversible en el páramo y afectando la calidad del agua que se potabiliza para las ciudades. La empresa municipal de agua de Cuenca, ETAPA, ha afirmado que la explotación no es viable por estos riesgos ambientales. Es importante considerar que Kimsacocha abastece de agua no solo a a Cuenca, sino también a otras zonas de la provincia del Azuay. Sus lagunas y manantiales son parte de la cuenca del río Jubones, que luego de atravesar la provincia de El Oro, desemboca en el Pacífico.
Los argumentos en contra de este proyecto tienen que ver con los impactos socioambientales, procedimientos legales, políticos e inclusive éticos, relacionados con la defensa del agua, la vida, los derechos colectivos y de la naturaleza. Con ese antecedente se impulsaron varios procesos de resistencia.
El 7 de febrero de 2021 fue un hito en la defensa del agua, pues el 80% de la población en Cuenca, votó a favor de que se prohíba la minería metálica en cinco zonas de recarga hídrica: Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay. Recordemos que, en una anterior consulta popular, en marzo del 2019, en el cantón Girón, adyacente del cantón Cuenca, se registró un resultado similar, prohibiendo la minería en Kimsacocha. A pesar de esos contundentes resultados, los gobiernos continuaron con las intenciones de explotar el mineral. En el 2022 el proyecto se suspendió por orden judicial, exigiendo la consulta ambiental a toda la población que se vería afectada y estudios ambientales adicionales. Esa decisión judicial fue irrespetada: se avanzó con los trámites administrativos para caminar hacia la fase de explotación minera del proyecto Loma Larga.
Sin esperar que el juez de ejecución expida la resolución sobre el cumplimiento o incumplimiento de las cuatro medidas de reparación dispuestas por un juez de la Corte Provincial del Azuay, las mismas que efectivamente no se han cumplido, en julio pasado la ministra de Ambiente y Energía otorgó la licencia ambiental. Incluso hizo una consulta ambiental en la comunidad campesina de Escaleras, en medio de un gran contingente de la fuerza pública, lo que inclusive afecta la validez de esta socialización.
El 3 de septiembre pasado, la misma secretaria de estado declaró, sin inmutarse, que, luego de cumplir todos los requisitos necesarios, la empresa está lista para iniciar la explotación, promoviendo el desarrollo responsable y al mismo tiempo reafirmando su compromiso con la naturaleza y las futuras generaciones.[2]
Defensores ambientales y comunidades de la zona desde hace casi tres décadas luchan por la protección del páramo de Kimsacocha. Tras las consultas populares y las acciones de protección victoriosas, la población sigue movilizada exigiendo que se respete la voluntad popular y los pronunciamientos de la Corte de Justicia de Azuay.
Video: En el año 2021 Plan V realizó un informe y un video sobre el conflicto minero en Azuay. Para ese entonces, el rechazo al proyecto Loma Larga había ganado con el 80% de los votos de los azuayos en una consulta popular.
Para muestra basta un botón: Mirador
Ecuador no ha tenido un historial minero como Perú, Bolivia o Chile. Solo en los últimos años es posible registrar los graves impactos socioambientales de la minería, ilegal o legal.
Con respecto a la minería legal, que según el Gobierno y las empresas sería responsable, podemos revisar a modo de botón de muestra, lo que sucede en Mirador: la primera mina a cielo a abierto en el país. Allí legalmente se han deforestado, entre el 2009 y 2017, en una primera fase, 1.307 hectáreas de bosque nativo,[3] destrucción que continúa aceleradamente con la ampliación de escombreras, relaveras, vías de acceso y una amplia infraestrura que demanda este tipo de extractivismo. La Cordillera del Cóndor es un área de altísima biodiversidad, hábitat de muchas especies endémicas y vulnerables. En esta zona selvática, con una alta pluviosidad, se reporta cada vez más contaminación en el agua de los ríos Wawayme y Quimi, afectados por residuos mineros y el desvío de sus cauces naturales. Este proyecto minero usa unos 166.000m3 de agua para procesar los minerales extraídos, lo que genera un riesgo permanente en la recarga hídrica de la zona. En Mirador hubo desplazamiento de comunidades Shuar y campesinas y la pérdida de sus medios de vida tradicionales, que fueron afectados por la contaminación y cambio de uso del suelo.[4] Los riesgos que se proyectan en esta mina a cielo a abierto son realmente preocupantes. [5]
Palo Quemado y Las Pampas en Cotopaxi
Las voces desde Cotopaxi también se han hecho escuchar. Nos advierten los impactos que traerá el proyecto minero La Plata, en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, en el cantón Sigchos, en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi.
Este proyecto de la empresa canadiense Atico Mining busca extraer oro, plata, cobre y zinc en una zona de alta riqueza hídrica y agrícola, por lo que las comunidades locales se han manifestado en contra.
En la socialización del Estudio de Impacto Ambiental, en marzo de 2024, 700 policías y militares se desplegaron en la zona, lo que generó enfrentamientos, en los que 20 comuneros resultaron heridos. El Ministerio de Ambiente convocó a una Asamblea de Consulta Ambiental en la zona de influencia del proyecto, movilizó la fuerza pública en los accesos de Palo Quemado, como medida intimidatoria y restringiendo el acceso a comuneros.
Las comunidades han denunciado que el proceso de consulta no fue incluyente.[6] Defensores del territorios y líderes comunitarios han sido perseguidos judicialmente e intimidados.[7]
Esta zona está ubicada en el subtrópico andino, presenta una parte de bosque montano húmedo y zonas de bosque nublado, con alta biodiversidad y cuenta con 27 nacientes de agua que proveen del líquido vital a comunidades y a ciudades como Santo Domingo de los Tsáchilas. La explotación minera afectará a varios ecosistemas y al río Esmeraldas, por la alta deforestación causada y la pérdida de las nacientes de agua. Varios ecosistemas que son parte de corredores biológicos podrían ser destruidos.
Palo Quemado es una zona de producción agrícola y la minería afectará el uso del suelo y por ende los cultivos y economías familiares.
En la socialización del Estudio de Impacto Ambiental, en marzo de 2024, 700 policías y militares se desplegaron en la zona, lo que generó enfrentamientos, en los que 20 comuneros resultaron heridos.
Las Naves de Bolívar
La historia de este cantón, Las Naves, con su nombre, evoca el vínculo profundo entre la comunidad y el agua. Fluye entre tres ríos, los pobladores usaban pequeñas embarcaciones para navegar el río Suquibí y transportar cacao, café y frutas tropicales. Este río conecta con el Babahoyo y luego va a parar al río Guayas. Los otros dos ríos que rodean al cantón son el Naves Grande y Naves Chico.
En junio de este año, en la provincia de Bolívar, es este cantón, productores, juntas de agua, ganaderos y comerciantes alzaron su voz, manifestando su preocupación por las amenazas del proyecto minero operado por la compañía Curimining, filial de empresas canadienses. En la marcha se solicitó la protección de los ríos que abastecen de agua a miles de familias.
En una vigilia comunitaria realizada en agosto los habitantes reportaron que el Naves Chico prácticamente desaparece en verano y el agua para el uso humano está llena de sedimentos y lodo. Se advirtió que, si el proyecto avanza, más de 7.000 personas se verían afectadas por falta de agua.[8]
Esta zona corresponde al bosque húmedo tropical. Es un cantón agrícola, con cultivos de cacao, naranja, plátano y otros productos de estribación de montaña. Su vocación agroecológica se verá afectada por el proyecto minero Curipamba-El Domo.
Defensa de Yutzupino en Napo
Yutzupino es uno de los focos de defensa territorial más intenso en la Amazonía. La disputa por el oro ha traído destrucción de la selva y contaminación del agua.
Este punto de la minería ilegal de oro se encuentra cerca de Tena, a orillas de un río muy hermoso, el Jatunyaku. Entre el 2017 y el 2024 esta actividad ilícita destruyó más de 1.700 has de selva, contaminado a los ríos, Jatunyaku, Anzu, Huambuno, y Puni-Cotono-Arajuno.
La salud de las comunidades indígenas y campesinas se ha visto afectada por el uso de mercurio y otras substancias tóxicas que envenenan el agua.
A través de marchas, plantones, asambleas comunitarias y acciones legales, las comunidades kichwa, organizaciones locales, colectivos ambientalistas han denunciado, en reiteradas ocasiones, la expansión minera, exigiendo respeto a sus territorios y a sus derechos.
La minería ilegal se mantiene. Es inadmisible que el control estatal, no haya frenado toda esta actividad ilícita. [9]
Esta promesa mentirosa traerá un reproche generacional
Nunca deja de conmover e impresionarme, cómo los hijos de quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial cuestionaron el silencio, complicidad o participación de los padres en el Holocausto. En los años 60 y 70, en el auge de los movimientos estudiantiles y sociales, el reclamo de los hijos exigía verdad, memoria y responsabilidad.
La Historia está llena de atrocidades y en muchos el reproche generacional ha estado presente. Este tipo de reclamos se ha dado en varios contextos históricos, donde hay heridas colectivas, como el de las dictaduras en América Latina. El tema que hoy nos convoca, es la desaparición de pueblos y en la destrucción generada por el extractivismo minero y petrolero.
Ecuador no está exento de estas atrocidades que han causado cicatrices imborrables. En los últimos 53 años la explotación petrolera ha dado paso a un reclamo generacional, por la destrucción de la Amazonía Norte y los graves impactos socioambientales.
En casos como el de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana o el proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor, se ha denunciado un “ecocidio” que afecta no solo a la naturaleza, sino a pueblos enteros. Y estos ejemplos se multiplican. La destrucción ambiental va acompañada de desplazamientos, enfermedades, pérdida cultural y represión. Se trata de zonas de sacrificio, con patrones de violencia estructural, donde el silencio impuesto por el poder económico y político, seguramente, generará heridas transgeneracionales.
Avanzar con la minería a gran escala en Ecuador, como promesa de desarrollo económico, es una gran mentira, pues está demostrado que este modelo extractivista implica altos costos ambientales, sociales y democráticos.
Continuar por este sendero destructivo, en este país megadiverso y pluricultural, es un grave error. La minería a gran escala pretende instalarse en zonas de alta biodiversidad como son la Cordillera del Cóndor, el Chocó Andino, los páramos de la sierra sur y la Amazonía, zonas en las que viven comunidades y que albergan especies endémicas y fuentes de agua vitales. El extractivismo minero, legal o ilegal, no genera desarrollo local sostenible y las regalías son mínimas frente al gran daño que causa. Una vez que se extraen los minerales las tierras quedan inservibles para la agricultura, turismo o conservación, tristemente; la historia de países mineros, así lo demuestra.
En Ecuador avanzar con la minería a gran escala, como promesa de desarrollo económico, es una gran mentira, pues está demostrado que este modelo extractivista implica altos costos ambientales, sociales y democráticos. En un estudio de costo-beneficio extendido, si estos costos costos llegarán a ser realmente considerados, desparecerían los magros ingresos fiscales y económicos que, supuestamente, genera la minería.
Ecuador fue pionero en reconocer los Derechos de Naturaleza en la constitución de 2008. Esta figura jurídica se nutre de memorias ancestrales y saberes colectivos, así como de múltiples luchas de resistencia. Estos derechos, al igual que los derechos colectivos, se vulneran sistemáticamente con el extractivismo minero.
El país no debe transitar del extractivismo petrolero al minero, si no hacia esquemas restaurativos, regenerativos, que reconozcan y honren sus culturas, su megabiodiversidad, la muestren, estudien y generen conocimiento. Requerimos respuestas que incentiven y promuevan la conservación de la naturaleza, la producción agroecológica y la soberanía alimentaria.
No todo está perdido. En Ecuador emerge con fuerza el reclamo contra la actividad minera. Esperemos que estas acciones prosperen para que no sean las voces de nuestros hijos y nietos las que nos reclamen por el silencio, resignación o complicidad frente a la destrucción de la naturaleza y las culturas.
Alzo mi voz con quienes defienden Kimsacocha, Palo Quemado, Las Naves y Yutzupino. La resistencia a la minería no es una simple denuncia, es una afirmación de vida, de dignificación y transformación.[10]
FUENTES Y NOTAS.
[1] Noticia: El Papa Francisco ‘se pone la camiseta’ de «El agua vale más que el oro»
[2] https://youtu.be/IGfhZc-WiAI
(…) este proyecto no impone, ni divide, busca construir confianza, con transparencia, con unidad y con mucho respecto. No se trata de escoger entre la gente, el agua o la minería. Se trata de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa que debemos enfrentar una realidad ineludible: la mejor manera y la única manera real, de combatir la minería ilegal que devasta nuestros ecosistemas es con una minería legal, formal y estrictamente vigilada (…) nuestra misión como ecuatorianos, es velar por el interés de ustedes ecuatorianos. Convertir la minería responsable en un tema electoral o ideológico es parte de esa vieja política que no le importa poner en riesgo el desarrollo económico y la estabilidad social de la gente (…) Nosotros seguiremos protegiendo el ambiente, garantizando la transparencia y asegurando que toda actividad extractiva se someta a controles estrictos. Estamos demostrando que podemos promover el desarrollo responsable y al mismo tiempo reafirmar nuestro compromiso con la naturaleza y las futuras generaciones. Ese equilibrio lo vamos a cuidar con firmeza.
[3] La deforestación del Proyecto minero Mirador en el sur de la Amazonía de Ecuador | Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
[4] https://geografiacriticaecuador.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-final-Mirador.pdf
[5] https://accionecologica.org/wp-content/uploads/condor.pdf
Este proyecto, a cargo de una empresa china, empezó con la extracción 60 mil toneladas de material al día, de las cuales apenas un 1% constituye el concentrado de cobre. Al cabo de los 30 años de extracción del mineral, quedarían 491 millones metros cúbicos de lodos contaminados en las dos relaveras o diques de cola: un equivalente a 3 veces el volumen del lago San Pablo en la provincia de Imbabura; en las escombreras quedaría 438 millones de toneladas de desechos solidos: equivalente a 5 veces el Panecillo de la ciudad de Quito. El consumo de agua sería de 21 millones de litros de agua al día o 250 litros por segundo. El consumo de electricidad representa una cantidad igual al consumo doméstico de 1,8 millones de personas. Estas comparaciones habrá que recalcularlas teniendo en cuenta que este proyecto está autorizado -sin un adecuado estudio de impacto ambiental-, a extraer 140 mil toneladas al día.
[6] Controversia por consulta ambiental del proyecto minero La Plata
[7] Comunidades del Cotopaxi-Ecuador denuncian militarización para imponer consulta ambiental
[8] Una minera en Las Naves: denuncian que unas 7000 personas podrían quedarse sin agua en Ecuador
[9] https://www.instagram.com/reel/DOMuMTUjhme/?igsh=MXI3Z3ZlMDlwZ2p6bA==