Un grupo de nueve niñas, auspiciadas por los abogados Pablo Fajardo y Julio Prieto presentaron una acción de protección contra los ministerios de Energía y Ambiente por permitir a la industria petrolera instalar mecheros que son nocivos para la salud. La Justicia de Sucumbíos dispuso que se eliminen los cerca de 450 mecheros aún quemando gas en Sucumbíos y Orellana, cómo lo explicó este medio digital en un reportaje anterior. Poner aquí LINK
Un primer reclamo de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), organización que ha liderado la causa, es que el Estado alargó el plazo que la Justicia había otorgado para la primera fase de eliminación de mecheros. Según los accionantes, la primera fase caducaba este 29 de marzo de 2023 y comprendía la extinción de los quemadores de gas más cercanos a los centros poblados.
Pero el ministro de Energía, Fernando Santos, sostiene que esto es falso. “En el proceso se han dictado reglamentos, tanto del Ministerio de Energía cuanto de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos. Esto no ha alterado los plazos”, dijo..
Un error histórico
En 1972, Texaco IT fue la operadora que inició la producción de petróleo en la Amazonía. Según el relato del ministro Santos, la compañía le preguntó al Gobierno de ese entonces qué hacer con el gas que salía de la extracción petrolera. En esa época, en plena dictadura militar, el ministro de Recursos Naturales era un general del Ejército, Gustavo Jarrín Ampudia. “Jarrín le respondió a Texaco que solo podía beneficiarse del petróleo y que el gas pertenecía a la soberanía inalienable del Ecuador”, asegura Santos, y agregó que desde ese entonces ninguna empresa se ha involucrado en la optimización del gas que se quema al aire libre, provocando hollín y humo. Este tipo de gas, que es distinto al gas doméstico, sale del pozo petrolero junto con el crudo, pero no sé ha usado nunca y se quema en las instituciones petroleras ecuatorianas.
En algunos pozos, se utiliza el gas para reinyección o funcionamiento de plantas eléctricas; en los demás pozos se debe quemar, aunque Santos aseguró que queda «poco gas» y el riesgo es mínimo. “El abogado Fajardo y sus asociados son famosos porque quisieron sacar dinero de Chevron, consiguieron una sentencia por daños ambientales por $7500 millones”, aseguró el ministro.
Finalmente, Chevron no desembolsó el valor porque, según Santos, se demostró que era una sentencia fraudulenta, obtenida en la Corte de Sucumbíos por medio de sobornos. El ministro de Energía sostuvo que “se inventaron un daño terrible de los mecheros, no es así, ya hay muy pocos mecheros y poco gas”, y aseguró que Petroecuador ya estaba apagando los mecheros, “pero hicieron un escándalo para sacar dinero”.
Desde el 2015, Petroecuador es miembro de una iniciativa impulsada por la ONU para extinguir los quemadores de gas. Santos declaró que solo faltan 300 mecheros por apagar y todos están lejos de las zonas urbanas. Agregó que solo hay dos mecheros a menos de 100 metros de un poblado en Lago Agrio. Esto contrasta con las aseveraciones de los accionantes, quienes dicen que todavía hay cientos de mecheros que están cerca de casas y fincas. Pero el ministro sostiene que la única forma de apagar esos quemadores es cerrando el pozo, lo que implica pérdidas económicas.
“Esto le cuesta al país 2000 barriles diarios de petróleo porque hay que cerrar el pozo. Todo esto es un montaje movido por estos abogados que crean daños que no existen”, dijo Santos.
Distintos criterios entre el Estado y los accionantes
Otro de los aspectos que los accionantes reclamaron fue el criterio que utilizó el Estado para determinar lo que se considera como cercano a un centro poblado. Los juristas patrocinadores de la causa argumentaron que hay afectaciones hasta a 5 kilómetros a la redonda, mientras que el Estado indicó que solo se debe considerar como cercano a un centro poblado que este a una distancia de 150 metros.
Además, el Estado sostuvo que para ser considerado un centro poblado debe tener al menos 20 viviendas, este aspecto también fue refutado por los accionantes, que señalaron que hay casos en que existen escuelas o viviendas que no llegan a los parámetros que estableció el Estado, pero están cerca de un mechero.
Santos dijo que para determinar la distancia de los daños se tomaron las reglas de la industria petrolera canadiense. Para determinar lo que se considera un poblado se tomaron reglas colombianas. “Los mecheros están lejos de las poblaciones, están dentro del perímetro de producción donde nadie puede entrar. Tras esta aparente noble causa hay intereses de abogados que les interesa hacer dinero pretendiendo cuidar el ambiente”, sostuvo Santos, quién explica que los quemadores están dentro de los predios de los pozos.
La Corte Provincial de Sucumbíos dispuso que se eliminen los mecheros de la industria petrolera. Foto: UDAPT
“Jarrín le respondió a Texaco que solo podía beneficiarse del petróleo y que el gas pertenecía a la soberanía del Ecuador”, asegura Santos, y agregó que desde ese entonces ninguna empresa se ha involucrado en la optimización del gas.
La UDAPT expuso que la eliminación de 110 mecheros por parte de Petroecuador solo fue una conducción de ese gas a otras plataformas. Ante esto, el ministro Santos respondió que algunos pozos tuvieron que cerrarse completamente, “en otros se condujo ese gas a un pozo diverso en donde hay facilidades para beneficiarse de ese gas”, dijo.
La UDAPT acusó que desde la gerencia de Petroecuador se presionó para que un concurso para la optimización del gas se caiga. La empresa Amazon Tech había mostrado su interés en invertir en este proyecto que podría usar el gas en plantas eléctricas, gasolina natural o reinyección y mejoramiento de producción de los pozos petroleros.
“Hubo fallas en el proceso de licitación. No se pidió autorización del directorio pese a que el monto del contrato era sustancial, no hubo asignación presupuestaria”, explicó el ministro sobre esa propuesta. Tampoco se pidió la garantía de seriedad de oferta del 5% del fondo al llamar a la licitación. La garantía se pidió en un momento posterior y sólo una de las tres compañías interesadas pudo presentar el monto.
Estos errores llevaron a declarar el concurso desierto, según Santos, y en los próximos días Petroecuador oficializará la decisión. “Es esencial que está licitación vuelva a hacerse y el país pueda beneficiarse del gas”, concluyó Santos.