El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyo a decenas de jueces fiscales o secretarios, vinculados a los dos casos de la Fiscalía General del Estado denominados Metástasis, Purga y Plaga, en cuando vinculan a operadores de justicia para favorecer a procesados e incluso sentenciados por narcotráfico y corrupción. El informe interno del Consejo detalla, a continuación, las acciones de varios de estos operadores, sobre todo jueces, y de cómo favorecieron a “clientes” del sistema de justicia a cambio de dinero o prevendas, entre los que están Adolfo Macías, alias Fito, Leandro Norero, Jorge Glas o Pablo Muentes.
Hay otro número significativo de operadores, vinculados a estos dos casos, que están en procesos disciplinarios dentro del Consejo de la Judicatura, y unos cuantos que a pesar de la ilegalidad de sus acciones, denunciadas por la FGE, no han sido topados. En una entrevista con Plan V, la vocal del CJ, Solanda Goyes, mencionó cómo estos jueces, que favorecieron con sus fallos a narcos y delincuentes a cambio de dinero, y que ahora están en manos de la justicia, habían recibido algunos más de 50 procesos disciplinarios, en los cuales habían salido bien librados en las indagaciones internas de la oficina de Control Disciplinario en tiempos pasados. La vocal reveló en su entrevista que 89 operadores de justicia habían sido destituidos en los últimos seis meses, vinculados a los casos denunciados por al FGE, rompiendo una racha de impunidad en el órgano disciplinario de la Función Judicial. Plan V reproduce con todos sus detalles, el Informe de control disciplinario, cortado al 31 de octubre del 2024, presentado por la vocal Solanda Goyes.
Uno de ellos, Jorge Armendáriz Zuluaga, exjuez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, ocupó el cargo desde el 10 de julio de 2015 hasta el 24 de septiembre del 2024. En el Consejo de la Judicatura tuvo 29 procesos disciplinarios, de los cuales 27 fueron por faltas gravísimas, contempladas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). De los 29 sumarios disciplinarios, 25 fueron archivados. Solo uno progresó y se conoció en el Pleno para la destitución, registrada durante la sesión No. 112-2024, por recibir dinero a cambio de favores o servicios, interferir en causas, introducir documentos de manera extemporánea, entre otros motivos.
Armendáriz está implicado en el caso Plaga, denunciado por la Fiscalía, por la liberación de acusados de delitos graves, como homicidios,y vínculos con organizaciones delictivas como el cartel «Los Lobos».
Este juez conoció 38 causas ingresadas por Garantías Constitucionales, de las cuales resolvió 33 entre acciones de protección, acciones de hábeas data, acciones de hábeas corpus, medidas cautelares, y otras.
Armendáriz está implicado en el caso Plaga, denunciado por la Fiscalía General, por la liberación de personas acusadas de delitos graves, como homicidios y vínculos con organizaciones delictivas, entre ellas el cartel de Los Lobos.
Para Estados Unidos, “con miles de miembros, Los Lobos se han convertido en la organización de narcotráfico más grande de Ecuador y contribuye significativamente a la violencia que afecta al país”. Las organizaciones criminales ecuatorianas respaldadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y el Cártel de Sinaloa continúan impulsando la violencia y la inestabilidad en Ecuador dijo, el 6 de junio del 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entidad que sancionó a la organización de narcotráfico Los Lobos con sede en Ecuador y a su líder Wilmer Geovanny Chavarría Barre (también conocido como «Pipo»).
La vinculación de este juez con Los Lobos, según el Consejo de la Judicatura, fue la causa de su destitución el pasado 24 de septiembre de 2024, decidida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, su nombre también surgió en esa misma sesión, junto al de su secretaria, por la presunta manipulación del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).
En la sesión extraordinaria 114-2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura, celebrada el 24 de septiembre de 2024, se procedió a destituirlo dentro del expediente MOTP-0789-SNCD-2024-BL, debido a sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su destitución fue motivada por las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, en las que se determinó que habría otorgado la libertad, mediante el efecto inter comunis, a los colaboradores del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, a cambio del pago de USD 70.000, supuestamente entregados por Cristian Romero Moya.
los habeas corpus se incorporaron al sistema bajo la figura de «incidente constitucional de modulación de garantía constitucional». El juez aceptó estos documentos y ordenó la libertad de personas con sentencias en firme.
Armendáriz, según el expediente, había logrado la liberación de cuatro integrantes de Los Lobos, a través revolver favorablemente pedidos de habeas corpus medidas ingresados de forma extemporánea. Estos escritos se incorporaron al sistema bajo la figura de incidente constitucional de modulación de garantía constitucional. El juez aceptó estos documentos y ordenó la libertad de personas con sentencias en firme. El CJ verificó que la figura en mención no existe. “A pesar de ser un error grave, la declaratoria jurisdiccional fue negada con el argumento de que la acción de protección fue resuelta en el 2021, mientras que las actuaciones del juez se dieron en el 2023”.
Este es uno de los tantos jueces destituidos desde abril del 2024, a pesar de contar con la protección de entes superiores, donde se hace evidente el “servicio” judicial a la más grande entidad criminal del Ecuador.
Pero en los casos denunciados por la Fiscal General. Metástasis, Plaga y Purga, es donde más se revela esta relación.
En Metástasis fueron destituidos cuatro jueces, tres fiscales y un secretario. La fiscal María Aguirre, una de las destituidas, era fiscal de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, Fedoti, y la jueza Glenda Ortega, de Samborondón, Guayas. Según el informe de la FGE, la fiscal Aguirre favoreció al narcotraficante Leandro Norero al solicitar la reformulación del delito, de tráfico ilícito de armas (con pena privativa de libertad de 7 a 10 años) a tenencia de armas (con pena privativa de libertad de 5 a 7 años), lo cual fue aceptado por la jueza Ortega, y gracias a este cambio se sustituyó la prisión preventiva de Norero por prohibición de salir del país.
Además, según el informe de Control Disciplinario, la fiscal Aguirre pidió prisión preventiva para 12 funcionarios de Inmobiliar, que custodiaban los bienes incautados a Norero, “pretendiendo impedir que realicen esa labor”. Con estos actos, las funcionarias judiciales “pusieron en duda la imparcialidad a cambio de favores”, ambas, según la Fiscalía General “a cambio de beneficios económicos”.
según el informe de Control Disciplinario, la fiscal Aguirre pidió prisión preventiva para 12 funcionarios de Inmobiliar que custodiaban los bienes incautados a Norero, “pretendiendo impedir que realicen esa labor”.
Varios otros operadores judiciales, según Control Disciplinario, “anticiparon a Norero sobre las acciones de investigación en su contra, así como planificaron estrategias para evitar la acción judicial “lo que puso en tela de juicio su imparcialidad e identificaron a operadores de justicia para que coadyuven a ese objetivo”.
Uno de los casos de Norero fue conocido por el juez Adolfo Gaibor, indentificado por los abogados de Norero como un “voto seguro”, debido a su relación con Daniel Salcedo, personaje sentenciado por corrupción, señaló el informe.
Norero, además, fue asesorado por el secretario Christian Sánchez, quien le facilitó información sobre labores de vigilancia de la Unidad Nacional de Investigación Antidrogas y la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico y puso en riesgo varios operativos.
Como presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Carlos Zambrano, colaboró rastreando a un juez que favorezca con garantías jurisdiccionales a Jorge Glas y Daniel Salcedo. A su vez, Santiago Zumba, juez en el habeas corpus de la hermana de Norero, comunicó a los aliados del capo del narcotráfico que se negaría el pedido, “lo que demuestra que su accionar no estaba acorde con el principio de parcialidad”, dijo el Consejo de la Judicatura.
De otro lado, John Campusano, ex fiscal de Fedoti (que es la Fiscalía especializada en la investigación de la delincuencia organizada transnacional e internacional), asesoraba directamente a Leandro Norero en preparar estrategias de defensa y dilatar las audiencias de formulación de cargos en el caso de tráfico de drogas. Mientras que Víctor Alcívar, fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas, ayudaba a que los operadores armados de Leandro Noreno no fueran puestos a órdenes de la autoridad competente.
La Fiscalía identificó a Marfetán Medina como parte de ambas tramas, incluso en Metástasis le atribuye un alias: Puma. Además, también aparece en los chats extraídos de celulares de Leandro Norero, alias el Patrón.
De este caso Norero hay procesos disciplinarios en trámite, los cuales vinculan a la fiscal del Guayas Yanina Villagómez, al juez multicompetente de Sto. Domingo de los Tsáchilas, Ángel Lindao y al juez de garantías penales del Guayas, Rónald Guerrero. Hay dos jueces con procesos pendientes, por iniciar, que son los jueces Curipallo y Marfetán. Este último, juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, tiene dos procesos por delincuencia organizada, por los casos Metástasis y Purga, y según las investigaciones de la Fiscalía, habría recibido sobornos que superaron los 140 mil dólares, por parte de operadores del narcotraficante Leandro Norero.
La Fiscalía identificó a Marfetán Medina como parte de ambas tramas, incluso en Metástasis le atribuye un alias: Puma. Además, también aparece en los chats extraídos de celulares de Leandro Norero, alias el Patrón.
Según la teoría de ese caso, en conversaciones con el narcotraficante, Hélive Angulo, alias Estimado, quien era uno de los operadores de Norero, se refiere al dinero que entregó al juez Marfetán para que emita dictámenes a favor de la madre y el hermano del fallecido narco, Israel Norero, sobornos que superaron los 140 mil dólares.
En cambio el juez Curipallo se declaró culpable de haber recibido USD 200.000 por liberar a varias personas con sentencias mediante medidas cautelares, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glas y dos sicarios del narcotraficante Leandro Norero. El juez fue sentenciado a 40 meses de prisión, entre otras medidas, pero su pena fue reducida al colaborar con la justicia.
Caso Purga: siete desituidos, nueve en trámite
Marfetán sí fue destituido como juez por el caso Purga. Junto a los jueces del Guayas, Reinaldo Cevallos y Pedro Valarezo, participaron en el llamado Caso Bando del Pacífico. Según el CJ, Cevallos conoció en primera instancia el habeas data en contra del Banco del Pacífico y ordenó registrar pagos con documentos cuya falsedad fue alegada para extinguir una deuda de 314.000 dólares contraída por Pablo Muentes (y su esposa), vinculado al PSC y luego legislado por esa tienda política. Muentes guarda prisión por ese caso. En acto de ejecución, este juez dispuso que el banco repare con USD 3,9 millones de dólares por supuestos daños causados. Según el CJ, esta sentencia la emitió a fin de ser ascendido a juez de la Corte Provincial del Guayas, lo cual ocurrió el 9 de mayo del 2023, con informe de la entonces direcora del Consejo de la Judicatura del Guayas, Fabiola Gallardo.
En cambio, los jueces Marfetán y Velasco conocieron la apelación del referido habeas data y ratificaron la sentencia en contra del Banco del Pacífico, también “a cambio de favores”.
De Fabiola Gallardo, también destituida, se señala en el informe que, junto con Mayra Salazar, intercedió en la acción de protección interpuesta en Guayas, en contra de la Empresa Pública de Movilidad de Quito por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. También, junto al juez Henry Taylor buscaba incidir en otros jueces para beneficiar a Daniel Salcedo en sus proceso penales. Gallardo también avanzó en gestiones judiciales para beneficiar a José Macías Villamar, alias Fito, narcotraficante y cabecilla del grupo delincuencial Los Choneros. Con su traslado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca hacia la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Gracias a este traslado, alias Fito fugó de esa penitenciaría en diciembre del 2023, sin que sea recapturado hasta este momento. El juez Taylor, de su parte, conformó junto a Fabiola Gallardo y Pedro Valarezo la Sala que emitió el fallo favorable al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y con Gallardo intervino para favorecer a Daniel Salcedo.
También los jueces de lo civil del Guayas, Nelson Ponce y Alberto Lino, fueron destituido por actuar en violación del principio de imparcialidad en la apelación presentada por Banco del Pacífico, que demandó la nulidad por falsedad de los comprobantes de pago presentados por Pablo Muentes y su esposa, los jueces mencionados emitieron su fallo a cambio de que se enrole como funcionario judicial al hijo del juez Lino. También gestionaron el cambio de operadores de justicia para conformar tribunales a su conveniencia y favorecer con sus sentencias a Pablo Muentes, siendo la intermediaria la funcionaria de la Corte Provincial, Mayra Salazar.
También los jueces de lo civil del Guayas, Nelson Ponce y Alberto Lino, fueron destituido por actuar en violación del principio de imparcialidad en la apelación presentada por Banco del Pacífico.
En este caso también fue destituido el secretario y asesor de la ex directora del CJ en Guayas, Mercedez Villarreal por colaborar a favor de los intereses de los involucrados en este caso. Otros nueve operadores judiciales están en trámite disciplinario y otros dos jueces, entre ellos Banny Molina, no han sido topados.
Entre Fito y Glas
El Pleno del Consejo de la Judicatura, aplicando el Art. 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, destituyó al juez del Guayas, Diego Poma Chamba, al haber favorecido a Adolfo Macías, alias Fito, en su apelación de traslado a la cárcel de La Roca. Dentro de las irregularidades mencionadas por el CJ, la audiencia de esa apelación no fue registrada en el sistema informático de la Función Judicial. Habría guardado la grabación de su audiencia en su computadora, sin dejar un respaldo en la nube; esto habría hecho imposible el acceso al contenido de la misma.
Y también el juez Eleuterio Aguilar Heredia fue destituido por el Pleno, aplicando el Art. 109.7 por haber actuado con manifiesta negligencia y error inexcusable, en su calidad de juez de El Oro, al haber aceptado una acción de protección a favor del ex vicepresidente Jorge Glas, y dejar sin efecto la disposición de excluirlo del pago de pensiones mensuales vitalicias, sin verificar su competencia territorial y por tratarse de un asunto jurisdiccional, la acción de protección no debió ser admitida a trámite.