Un exjuez elogiando a un exculpado suyo. Pocas veces se observa una situación así en la justicia, pero esto ocurrió el pasado 3 de octubre durante la designación de Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal subrogante del fiscal general subrogante Wilson Toainga.
El exmagistrado Fabián Fabara, recién electo vocal del Consejo de la Judicatura, pidió la palabra antes de la votación para ese nombramiento y aprovechó para referirse a la hoja de vida del fiscal Alarcón y, en especial, a su experiencia académica. “Ha obtenido también un título de magíster en derecho penal con mención en criminalidad compleja”, remarcó.
Fabara resaltó lo reciente de esa maestría y que solo 30 o 40 profesionales del país han podido acceder a ella. “Esta titulación, en cuarto nivel, nos conduce a pensar e inferir de manera cierta que cuenta con conocimientos actualizados de no solamente enfrentar nuevas modalidades de delito, nuevas y complejas maneras de delinquir a nivel nacional e internacional (sic)”, dijo el vocal.
En su intervención, Fabara afirmó que Alarcón cumple con los parámetros que determinó la Procuraduría para esa designación como, por ejemplo, que la persona goce de reconocida probidad. En ese punto, Fabara resaltó que Alarcón no tiene sanciones.
Esto lo sabe muy bien el ahora vocal porque por sus manos pasó una queja contra Alarcón. Antes de asumir ese cargo, Fabara fue juez y presidente de la Corte Provincial de Pichincha hasta el 25 de septiembre pasado, un día antes de ser posesionado por la Asamblea Nacional como vocal de la Judicatura después de un polémico concurso para la renovación de autoridades de esa entidad.
Pero mientras era candidato a vocal, Fabara fue el juez ponente del tribunal de la Corte de Pichincha que le tocó tramitar una solicitud de declaratoria jurisdiccional previa por presuntas infracciones de dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable contra el fiscal Alarcón. Es decir, determinar si Alarcón cometió alguna falta en el ejercicio de sus funciones.
Federico Goldbaum Smith, excuñado del presidente Daniel Noboa y apoderado de la empresa de seguros La Unión, presentó la denuncia contra Alarcón el 1 de abril de este año y por sorteo recayó en el tribunal liderado por Fabara. En ese momento, Alarcón buscaba involucrar a Goldbaum en un caso de presunto peculado en el contrato de una póliza con Petroecuador.
Goldbaum, en su solicitud, afirmó que el fiscal Alarcón se había sujetado “al poder de turno” y que había abierto este proceso en su contra sin tener una prueba que lo relacione a él. En su denuncia, el empresario añadió que Alarcón “mostró un llamativo interés en tener este caso que se tramitaba en la Fiscalía del Guayas”.
Según los registros judiciales citados en su queja, hubo dos indagaciones previas abiertas, una por peculado y otra por tráfico de influencias, que involucran a Goldbaum. Los mismos documentos también mencionan que el fiscal del Guayas solicitó la acumulación de las causas porque el fiscal Alarcón le dio a conocer que llevaba una investigación por los mismos hechos en la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en Quito.
Alarcón, en cambio, rechazó haber tenido interés en algún expediente y sostuvo que la reasignación de la investigación del Guayas a su despacho se debió a órdenes de sus superiores que incluyeron una sumilla de Diana Salazar, entonces fiscal General del Estado y actual embajadora del gobierno de Noboa en Argentina.
“La denuncia presentada por Federico Goldbaum Smith es un mecanismo de injerencia para limitar y/o influir en mis actuaciones como Fiscal”, refutó Alarcón, quien además llamó “quejoso” a Goldbaum y calificó su denuncia como “temeraria”.
La queja de Goldbaum llegó al tribunal, conformado por Fabara y los jueces Anacélida Burbano Játiva y Carlos Figueroa Aguirre, el 9 de abril de este año. El 5 de mayo, Alarcón respondió de manera escrita a los alegatos del denunciante y el 6 de mayo fueron notificadas las partes.
“La denuncia presentada por Federico Goldbaum Smith es un mecanismo de injerencia para limitar y/o influir en mis actuaciones como Fiscal”, refutó Alarcón, quien además llamó “quejoso” a Goldbaum y calificó su denuncia como “temeraria”.
Desde esa fecha hasta septiembre, no hubo movimientos en este caso, según se observa en el sistema judicial. Pero durante ese lapso, el 8 de julio pasado, Fabara se convirtió en uno de los nombres de la terna de la Asamblea, de mayoría oficialista, para la renovación de la Judicatura.
El tribunal, liderado por Fabara, publicó su decisión sobre la queja contra Alarcón, el 8 de septiembre pasado. Fabara, como juez ponente, fue el encargado de elaborar la propuesta de resolución, que finalmente fue acogida por sus colegas Játiva y Figueroa de manera unánime. De esta manera, el tribunal decidió negar la solicitud de Goldbaum y considerar que el fiscal no incurrió en dolo.
Esta resolución se dio 10 días antes de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designara a los nuevos miembros del Pleno de la Judicatura, entre ellos a Fabara, y 25 días antes del nombramiento de Alarcón como el reemplazo del fiscal subrogante Toainga en caso de ausencia temporal o definitiva.
Fiscal Alarcón: de Quinindé a la Unidad Contra la Corrupción
Aunque Alarcón ahora es el reemplazo de una de las principales autoridades judiciales del país, ni la Fiscalía General del Estado ni la Judicatura han publicado su hoja de vida. Esta última, en un párrafo de un boletín, resumió la trayectoria académica y de experiencia de Alarcón.
De lo poco que existe en diferentes bases públicas, se conoce que Alarcón es abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, títulos que obtuvo en 2004 y 2012, respectivamente. Además, es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Regional Autónoma de los Andes y magíster en Derecho Penal, con mención en Criminalidad Compleja, por la Universidad de las Américas. Este último título lo obtuvo en abril de 2024 y fue el que elogió Fabara.
Ingresó a la Fiscalía como secretario en 2010 y luego ascendió a secretario de fiscales en la Fiscalía Provincial de Pichincha, según consta en los registros de la Contraloría y de la Fiscalía General. Estuvo en ese cargo entre 2012 y 2014. Un año después formó parte del concurso de méritos y oposición para acceder a uno de los cupos de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial para la carrera de fiscal, que en ese momento abrió el Consejo de la Judicatura liderado por Gustavo Jalkh.
Entre los participantes de Pichincha, Alarcón obtuvo un puntaje de 95,85. Con esa calificación pasó a ser parte del banco de elegibles para fiscal. En junio de 2015, fue nombrado finalmente como fiscal para Esmeraldas después de que solicitara ser asignado a una provincia diferente a la que postuló.
Es así que llegó a la Unidad de Investigación en Flagrancia y Tránsito, de la Fiscalía de Quinindé, en enero de 2016, de acuerdo con los registros de personal de esa entidad. Alarcón trabajó en esa ciudad esmeraldeña hasta octubre de 2018. A partir de ese momento, se mantuvo como fiscal de Quinindé, pero su lugar de trabajo cambió a Quito, según esos mismos documentos.
Desde septiembre de 2021, estos registros públicos indican que se mantuvo como agente fiscal de la provincia de Esmeraldas, pero como lugar de trabajo la Fiscalía General del Estado. En el último directorio de la Fiscalía, publicado el pasado 14 de octubre, después de su nombramiento como reemplazo de Toainga, Alarcón aparece por primera vez como parte de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Oficialmente, Alarcón ha dicho que fue designado como coordinador de dicha unidad el 3 de agosto de 2021. Lo mencionó como parte de su defensa contra la queja de Goldbaum.
Esta unidad investiga, sobre todo, los delitos de concusión, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación ilícita y delincuencia organizada y está conformada por cinco fiscales. En 2024, esta unidad estuvo a cargo de 22 casos relevantes, como los calificó la misma Fiscalía en su última rendición de cuentas.
Entre ellos se encuentra el caso Nene, que procesó al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad por el presunto delito de oferta de realizar tráfico de influencias; el caso Petroecuador, donde están investigados miembros de la familia Goldbaum por presunto peculado; y el caso Triple A, que involucró a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y que investiga presuntas irregularidades en la comercialización de combustible. Alarcón ha sido fiscal de esos tres casos en los que el presidente Noboa ha mostrado su interés de manera pública.
Mario Godoy, presidente de la Judicatura, dijo que hizo un análisis riguroso de los perfiles de los candidatos, no solo de los requisitos legales sino de su capacidad para enfrentar los desafíos “que azotan a nuestra nación”. Uno de los parámetros, mencionó, fue las sanciones disciplinarias y el otro fue el tiempo de servicio que llevan en la Fiscalía.
Previamente, funcionarios de la Judicatura informaron que la Fiscalía remitió un listado de 26 fiscales, de los cuales 23 eran fiscales provinciales y tres coordinadores de unidades de lucha contra la corrupción. De ese grupo, 15 no registran sanciones disciplinarias.
Godoy excluyó a los fiscales provinciales debido a la escasez de fiscales y para no afectar algún proceso que esté a su cargo. Por eso, dijo, se centraron en los tres coordinadores de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: Susana Rodríguez, Andrés Cuasapaz y Leonardo Alarcón. Godoy descartó a la primera fiscal porque tiene una amonestación. De los dos restantes, afirmó que Alarcón tenía 23 años de experiencia, mientras que Cuasapaz, 22.
Godoy se sumó a las alabanzas al fiscal Alarcón, quien en su opinión tiene una carrera impecable en la Fiscalía. “No solo necesitamos profesionales que cumplan la ley, sino que defienden con fervor patriótico los intereses de la ciudadanía en el ámbito penal”.
Alarcón reemplazó a Toainga, quien viajó a Brasil a una conferencia, entre el 5 y el 10 de octubre pasado. El 8 de octubre, Alarcón, como Fiscal General Subrogante, pidió el archivo de una investigación previa contra el mandatario Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y la minera canadiense Dundee Precious Metals por supuesto tráfico de influencias.
Judicatura: una mayoría consolidada
La Asamblea Nacional posesionó a Mario Godoy como presidente de la Judicatura y a los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y Damián Larco el pasado 24 de septiembre. Mientras que la posesión de Fabián Fabara como el cuarto vocal se realizó el 26 de septiembre porque el Pleno de la Judicatura debía conocer primero su renuncia como juez de la Corte Provincial de Pichincha.
Fabara también fue presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Fue nombrado el 15 de enero de 2024 y en ese momento prometió independencia judicial y recuperar la “respetabilidad” que merece esa corte.
Pero Fabara no estuvo libre de un proceso disciplinario en su contra. La queja estaba relacionada con un caso de abuso sexual que resolvió como parte de un tribunal de Pichincha. Y esto saltó cuando se convirtió en el primero de la terna que envió la Asamblea para la renovación de la Judicatura, auspiciada por ADN, movimiento oficialista. En medio de la elección, la Judicatura, presidida por Godoy, dejó prescribir el proceso y allanó el camino para que Fabara continuara en la contienda y fuera electo vocal.
Apenas una semana después de sus nombramientos, el nuevo Pleno de la Judicatura tuvo que decidir sobre el reemplazo de la máxima autoridad de la Fiscalía. Para entonces, Toainga había consultado a Juan Carlos Larrea, procurador General del Estado, sobre cuál es la norma aplicable para un reemplazo suyo teniendo en cuenta que él es fiscal general subrogante.
El Procurador respondió que el Pleno de la Judicatura es el órgano competente para esa designación. Toainga hizo esta consulta porque debía ausentarse para viajar a Brasil a una conferencia.
En esa sesión, donde Godoy y Fabara ya actuaron como compañeros, dejaron ver sus coincidencias y respaldos mutuos junto con el resto de vocales, en una mayoría consolidada. Por ejemplo, el primero que pidió la palabra fue Fabara. El vocal afirmó que la opinión del Procurador es vinculante y, por lo tanto, están obligados a acatar. Además, mencionó que se reunieron de manera urgente para dar respuesta a la inquietud de Toainga y que una institución tan importante como la Fiscalía no puede quedar acéfala.
Godoy apoyó el razonamiento de Fabara e insistió en que el pronunciamiento de la Procuraduría es vinculante e imperativo. La vocal Magali Ruiz se unió a las mismas insistencias. Ella fue la candidata de la Fiscalía para ese cargo y en esa institución fue Coordinadora General de Asesoría Jurídica.
El vocal Cuadro, quien salió de la terna enviada por la Defensoría Pública, dijo que concuerda totalmente con sus colegas. Finalmente, Larco dio lectura a su posición en la que manifestó que esta decisión la toman porque la Fiscalía no puede quedar acéfala. Larco, antes de ser vocal de la Judicatura, fue director general del SRI durante el gobierno de Noboa y fue parte de la terna que envió el Ejecutivo.
Ahora, a la Corte Constitucional llegó una demanda de constitucionalidad contra la Judicatura. La bancada del correísmo presentó un documento de 23 páginas contra la designación de Alarcón. Sostiene que la Judicatura vulneró el derecho a la seguridad jurídica y de legalidad. “Una designación irregular o arbitraria genera una cadena de inseguridad jurídica con múltiples impactos colectivos”, afirma este bloque de legisladores opositor a Noboa.
