Lauro Javier de la Cadena Correa, conjuez de la Corte Nacional de Justicia, retornará a cumplir sus funciones de origen en la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, luego de que el Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por Mercedes Caicedo, resolviera dar por terminada su designación temporal como conjuez, cargo que desempeñaba desde noviembre de 2019.
Con base en informes jurídicos y técnicos, presentados como los principales argumentos dentro del proceso de remoción, se afirmó por parte del órgano de gobierno y administración de la Función Judicial que el conjuez no tenía resoluciones orales ni procesos pendientes. El primer juicio por presunto delito de lesa humanidad en Ecuador, en el cual Javier de la Cadena actúa como juez ponente, permanece sin sentencia desde diciembre de 2025. Juristas y organizaciones de derechos humanos advierten que su salida podría afectar el acceso de las víctimas a la justicia.
El 23 junio de 2026, con votación unánime de cinco vocales, el pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el traslado de Javier de la Cadena con el objetivo “de cubrir el déficit de juzgadores y atenuar el estado crítico de la dependencia judicial“, así lo indicó la Dirección Nacional de Comunicación de la institución en un boletín.
La decisión se aprobó después de que los vocales escucharan los informes técnicos sobre la situación del conjuez. Entre los argumentos expuestos en la sesión extraordinaria No. 83-2026 se señaló que, tras revisar los procesos judiciales bajo su ponencia, «no existe ningún proceso pendiente de emitir decisión oral ni reducir la sentencia a escrito». Además, otro informe concluyó que la Corte Provincial de Imbabura enfrenta un déficit de jueces y que «los datos estadísticos demuestran objetivamente» la necesidad de que el magistrado regrese a esa jurisdicción.
Una revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) realizada para este artículo muestra que el proceso por presunto delito de lesa humanidad conocido como el caso Vaca y otros, bajo la ponencia del juez de la Cadena, continúa sin sentencia. Hasta la publicación de este artículo, el sistema registra la causa como pendiente de resolución.
El Consejo de la Judicatura también informó que este no es el único caso que ha sido tratado por el pleno. El 15 de junio de 2026, también se dio por terminada la designación de Pablo Loayza Ortega como conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia, y se dispuso el regreso a su puesto de origen. como juez de la Corte Provincial de El Oro.
Catorce años después del inicio del proceso y cuatro décadas después de los hechos, el 5 de noviembre de 2025 comenzó la audiencia de juzgamiento del caso; el tribunal está conformado por Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz.
Un juicio histórico que sigue sin sentencia
Cuarenta años después de las denuncias de tortura, agresiones físicas y sexuales, detenciones ilegales y desaparición forzada atribuidas a agentes estatales, seis exmilitares enfrentaron el primer juicio por el presunto delito de lesa humanidad que llegó por primera vez a los tribunales de justicia ecuatoriana.
La acusación fue presentada por Susana Cajas, Francisco Jarrín y Luis Vaca, ex militantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), quienes denunciaron haber sido detenidos el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas por miembros de las Fuerzas Armadas. Según los archivos del caso, fueron trasladados al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), donde fueron sometidos a sesiones de tortura, golpes, descargas eléctricas y agresiones sexuales.
Catorce años después del inicio del proceso judicial y cuatro décadas después de los hechos denunciados, el 5 de noviembre de 2025 comenzó la audiencia de juzgamiento del caso en la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformada por Javier de la Cadena, Manuel Cabrera y Katty Muñoz.
El tribunal, a lo largo de una audiencia que se ejecutó por varias semanas, escuchó los testimonios de las víctimas, quienes relataron cómo fueron torturadas, golpeadas e incluso sometidas violentamente a diversas agresiones sexuales. Peritos confirmaron la existencia del lugar donde estos actos ocurrieron y determinaron las consecuencias desarrolladas en las víctimas tras lo experimentado. Varios testigos identificaron la cadena de mando bajo la cual funcionaban las estructuras militares de la época y la presencia de Luis Vaca, dentro de las instalaciones clandestinas, donde fue desaparecido de manera forzada.
Algunos acusados decidieron hablar, destacando su trayectoria y accionar militar, distanciándose a la vez de las imputaciones en su contra. Otros se acogieron al derecho al silencio alegando problemas de salud. El tribunal escuchó un total de 38 testimonios y conoció 27 pruebas documentales antes de concluir la audiencia en diciembre de 2025.
Desde entonces, la resolución oral del tribunal permanece pendiente.
Para Diana León, coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la remoción del juez Javier de la Cadena en un proceso de esta naturaleza compromete el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral. A su criterio, la preocupación es aún mayor si se considera la edad tanto de las víctimas como de los procesados, un elemento que, sostiene, debió ser valorado por el Pleno del Consejo de la Judicatura antes de adoptar la decisión.
«Remover a un juez que ya conoció las declaraciones y las pruebas practicadas durante el juicio, e impedirle emitir la sentencia oral y posteriormente reducirla a escrito, pone en riesgo las garantías de los derechos humanos. También pone en juego todo el proceso que se ha construido desde la Comisión de la Verdad», afirma León.
La Comisión de la Verdad fue creada en 2007 para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en Ecuador entre 1984 y 2008.
Para la abogada, la decisión trasciende el ámbito administrativo. «Más allá de la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, esto tiene un direccionamiento. Es un ataque directo a los derechos humanos porque no podemos dejar por fuera el contexto político», sostiene.
León reconoce que el déficit de jueces en varias provincias es un problema real del sistema judicial. Sin embargo, considera que el Consejo de la Judicatura debió ponderar las particularidades de este proceso, ya que la sustitución del juez podría anular el caso y aumentar el riesgo de impunidad.
Para María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), este cambio también podría ralentizar y dilatar el proceso.
La norma permite terminar una designación provisional; Sin embargo, es preocupante que la necesidad de devolver al juez De la Cadena a la Corte Provincial de Imbabura surja después de que este emitiera criterios en procesos de alto interés público.
La remoción en un contexto de alta tensión judicial
La decisión del Consejo de la Judicatura de terminar la designación temporal del conjuez de la Cadena se produce casi tres semanas después de la resolución de la Corte Nacional de Justicia, que calificó como “error inexcusable” la actuación de jueces de la Sala Anticorrupción que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y de otros procesados, en el caso denominado Goleada.
En aquella resolución, el juez de la Cadena emitió un voto salvado en el que sostuvo que los magistrados de la Sala Anticorrupción actuaron dentro del marco de sus atribuciones. Pese a ese criterio discrepante, los jueces que revocaron la medida cautelar enfrentan procesos disciplinarios.
La coincidencia temporal entre ambos hechos ha despertado un debate cargado de inquietudes entre juristas y organizaciones. María Dolores Miño, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia, explica que la normativa permite terminar una designación provisional por decisión institucional. Sin embargo, considera preocupante que la necesidad de devolver a De la Cadena a la Corte Provincial de Imbabura surja después de que el juez emitiera criterios en procesos de alto interés público.
Lo que preocupa es que esa “necesidad surge en un contexto particular, en el que el juez de la Cadena ha emitido criterios en casos de elevado interés público», comenta. A su juicio, estos procesos involucran a «personas que son enemigas políticas del gobierno de turno».
Para el abogado, los criterios institucionales no tuvieron nada que ver con el fin de la designación temporal del conjuez De la Cadena dentro. “Acá lo que se busca es agradar al poder y enviar un mensaje claro a los jueces de la Corte Nacional».
Ramiro García Falconí, principal abogado defensor de Aquiles Álvarez y ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, sostiene que la salida del conjuez de la Cadena responde a un proceso de persecución a los jueces independientes basado en criterios netamente políticos. “Para nadie es desconocido que hace poco el juez de la Cadena fue el único que resolvió en favor de los jueces que dejaron sin efecto las órdenes de prisión preventiva en contra de los hermanos Álvarez y de dos personas más, entonces vemos con preocupación que van por los jueces independientes”, dice García.
Para el abogado, los criterios institucionales no tuvieron nada que ver con el fin de la designación temporal del conjuez de la Cadena dentro de la Corte Nacional de Justicia. “Acá lo que se busca es agradar al poder y enviar además un mensaje claro a los jueces de la Corte Nacional. Si los jueces osan actuar con independencia van a ser perseguidos, ese es el mensaje de fondo”.
Hasta el cierre de este artículo no se ha informado públicamente quién asumirá la vacante que deja el juez y tampoco las opciones posibles que podrían reemplazarlo en sus funciones. Consultado por este medio, el departamento de Comunicación de la Corte Nacional de Justicia señaló que no emitirá ningún pronunciamiento sobre el tema.
Tampoco desde el despacho del juez de la Cadena, todavía en funciones, se ha dado respuesta a nuestra solicitud de entrevista.
Miño alerta sobre un problema estructural en el sistema judicial. Considera urgente acelerar la designación de jueces titulares para la entidad, ya que los magistrados temporales o provisionales pueden ser removidos «en el momento en que políticamente puedan resultar incómodos».
García por su parte aclara que en el contexto actual de la administración de justicia a nivel nacional “el Consejo de la Judicatura es servil al poder y ese servilismo se va a traducir en persecución a jueces, en aquellos casos que son políticamente de interés del gobierno”. Para el jurista este tipo de dinámicas ya se desarrollaron y ejecutaron en anteriores gobiernos, como en el del expresidente Rafael Correa. “Lo que vemos es que se repiten exactamente las mismas maniobras, las mismas estratagemas y los mismos métodos de disciplinamiento de los jueces”.