“Ningún presidente debería tener este tipo de poder”, dice un editorial del The New York Times, un medio acusado por el presidente estadounidense de decir mentiras sobre sus operaciones financieras e inmobiliarias desde los años 80, cuando el entonces empresario, comenzaba a ganar notoriedad en el mundo de Wall Street y de la Gran Manzana.
Ese medio, como otros, ahora mira las acciones de la flota estadounidense en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, con escepticismo. El Times sostiene que “incluso si las acusaciones fueran ciertas, volar los barcos es un acto ilegal que implica el uso de fuerza letal”.
El medio estadounidense agrega: “entre la espuma y los escombros del Mar Caribe se encuentran los restos de al menos 17 personas asesinadas este mes por fuerzas militares estadounidenses por orden del presidente Donald Trump. Estaban a bordo de tres lanchas rápidas que, según la administración Trump, transportaban drogas y contrabandistas desde Venezuela. Quizás lo fueron.”
Lo que preocupa es que la administración Trump no presenta prueba alguna de sus afirmaciones.
En redes sociales, Trump sostiene que los tripulantes de las embarcaciones no solo eran narcotraficantes, sino también «narcoterroristas» y miembros de la banda criminal Tren de Aragua que, según él, es controlada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Trump justifica el uso de la fuerza militar como una forma de defensa propia porque los cárteles «amenazan nuestra seguridad nacional», y sus principales asesores prometieron continuar con los ataques. Esta justificación de defensa propia parece débil después de que The Times informara que el primero de los tres barcos se alejó de EE.UU. antes de ser destruido.
Con estos ataques, Trump ordenó la ejecución sumaria de personas que no están en guerra con EE.UU. en el sentido tradicional del término y que podrían no haber cometido los delitos de los que se las acusa. Es una violación del debido proceso legal que debería alarmar a todos los estadounidenses.
Más extrema es su política de enviar a migrantes a una mega prisión en El Salvador, basándose en afirmaciones cuestionables de que forman parte del Tren de Aragua y sin posibilidad para refutar las afirmaciones del gobierno.
EE.UU., un país que fue creado en oposición a la monarquía británica (de la que se independizó en 1776), “jamás debería convertirse en un país donde el presidente pueda ordenar el encarcelamiento indefinido o el asesinato unilateral de personas simplemente por considerarlas criminales”, sostiene el Times.
Si bien es cierto que el narcotráfico es un problema grave y los opioides sintéticos como el fentanilo causaron la muerte de más de 800 mil estadounidenses en el siglo XXI, lo que haría razonable que la administración Trump reforzara la seguridad en aguas que rodean EE.UU., como lo hace en sus fronteras terrestres.
En redes sociales, Trump sostiene que los tripulantes de las embarcaciones atacadas eran narcotraficantes, narcoterroristas» y miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Las vías legales no matan personas por sospechas, nunca justificadas públicamente, de que sus embarcaciones transportan drogas. Hasta hace pocas semanas la Guardia Costera interceptaba las embarcaciones, incautaba la droga, arrestaba a los tripulantes y los procesaba.
Los acusados podían defenderse antes de una condena y sanción. La ley federal, aprobada por primera vez en 1949 y actualizada en numerosas ocasiones desde entonces, establece que solo la Guardia Costera —no la Armada, las fuerzas especiales ni ninguna otra rama militar— puede realizar operaciones de aplicación de la ley en alta mar.
Para Timothy Snyder “en los nueve meses transcurridos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se ven ya con bastante claridad los objetivos generales de su agenda: debilitar la posición de EE.UU. en el extranjero para crear un entorno propicio a los dictadores y, al mismo tiempo, utilizar el Gobierno y las fuerzas armadas estadounidenses para establecer una dictadura en el país. ¿Lo conseguirá?”.
“El éxito del plan de Trump”, agrega, “depende de cómo lo veamos o, mejor dicho, de que decidamos verlo o no. En el peor de los casos, los estadounidenses decidirán no darse cuenta de nada, mirarán hacia otro lado mientras las redadas de inmigración se llevan a rastras a sus vecinos y colegas y el Gobierno militariza las ciudades; y luego fingirán que no había más remedio que abandonar la democracia”.
Para esto, añade Snyder “se encontrarán pretextos. Ya se utilizan, sobre todo al ritmo de las constantes mentiras sobre la delincuencia urbana y —como hemos visto después del asesinato del activista de derechas Charlie Kirk— la explotación selectiva de la violencia política”.
“No cometamos el error de confundir los pretextos con las razones políticas de fondo. Que Estados Unidos haga la transición al autoritarismo depende de nosotros. En el paradigma de Trump, todo esto es un reality show y nosotros no somos más que meros extras sin importancia, sin diálogo, siempre en segundo plano”, concluye el historiador.
Argumentos que no convencen
El gobierno ofrece justificaciones vagas y poco convincentes y sugiere que la ley de la Guardia Costera no aplica porque Trump declaró a los cárteles de la droga como terroristas. Bajo las autorizaciones de la guerra contra el terrorismo implementadas después del 11-S, las fuerzas armadas sí pueden actuar contra terroristas, pero solo las que están asociadas con los atentados de 2001.
📹 ON CAMERA: This morning, President Trump ordered a strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations headed to America and loaded with enough drugs to kill 25,000 to 50,000 PEOPLE off the Coast of Venezuela.
BE WARNED! pic.twitter.com/231ttj4q9P
— The White House (@WhiteHouse) October 3, 2025
El gobierno también insiste que Maduro ordenó al Tren de Aragua invadir EE.UU., algo asimilable con una guerra. Pero, incluso las agencias de inteligencia dentro del gobierno que Trump no aceptan el argumento de que Maduro es quien controla el Tren de Aragua.
Dos senadores demócratas buscan el fin de los ataques armados no autorizados por el Congreso con una resolución, pero hasta el momento los líderes republicanos no están inquietos por el poder que tiene el presidente.
De hecho, los republicanos considerarían un proyecto de ley circulado desde la Casa Blanca que otorgaría a Trump la facultad de declarar la guerra contra cualquier narcotraficante que considere terrorista. La única virtud del proyecto es que su existencia reconoce implícitamente que no tiene actualmente esa autoridad.
Entretanto, Trump y altos funcionarios de la administración tratan de ocultar la ilegalidad de sus acciones con machismo. «En lugar de prohibirlo, por orden del presidente lo hicimos estallar, y volverá a suceder», declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre uno de los barcos.
«Este presidente no habla, sino que actúa», dice el vicepresidente J.D. Vance quien escribió que matar a miembros de los cárteles era el «mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas», y cuando un usuario de redes sociales le dijo que matar a civiles extranjeros sin el debido proceso era un crimen de guerra, Vance respondió: «me importa un bledo cómo lo llames».
Las estrategias más exitosas para reducir el consumo de drogas combinan medidas de seguridad, prevención y programas de tratamiento. Pero, la administración Trump no tiene interés en reducir el abuso de drogas.
El modelo de esta conducta sería el ex presidente filipino Rodrigo Duterte, a quien Trump elogió por disparar a narcotraficantes en las calles sin derecho a arresto ni juicio. Duterte enfrenta ahora un juicio ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por haber supervisado el asesinato de más de 6 mil personas sospechosas de ser narcotraficantes y consumidores.
Trump también admira a China y Singapur por la rápida ejecución de narcotraficantes. La represión brutal del narcotráfico podría ser eficaz para reducir el flujo de drogas en ciertas circunstancias. Pasa igual con otras políticas que violan la ley. Los países libres y con leyes no disparan ni encarcelan a personas basándose solo en la acusación del gobierno de que infringen la ley.
Las estrategias más exitosas para reducir el consumo de drogas implican una combinación de medidas de seguridad, prevención y programas de tratamiento. Pero, la administración Trump no tiene interés en reducir el abuso de drogas.
La Casa Blanca ha buscado recortes drásticos en programas para reducir esa demanda, incluyendo medicinas para la adicción y las iniciativas de reducción de daños, ampliamente elogiadas y fue recortando Medicaid, lo que dejará a muchos usuarios sin acceso a tratamientos efectivos. Esto ocurre a pesar de que estos programas contribuyeron disminuir en un 26 % las muertes por sobredosis en 2024 respecto a 2023. Trump siempre prefiere las demostraciones incendiarias de poder, y a menudo ineficaces, antes que programas estables que funcionan.
Sus ataques en el mar encajan en un patrón inquietante de uso del ejército para abordar problemas de seguridad pública. Así sigue enviando a la Guardia Nacional a las ciudades presuntamente para reducir la delincuencia callejera, para demostrar dominio sobre el narcotráfico, incluso si sus acciones tienen poca repercusión e incluso si mata personas, culpables o inocentes. “El precio es un número creciente de cadáveres de ciudadanos extranjeros anónimos que jamás podrán defenderse. Es una mancha moral para nuestra nación”, sostiene el Times.
Libertad de expresión, la otra “guerra” interna en EE. UU.
El periodista de La Nación de Buenos Aires, Gonzalo Abascal, escribía que en “EE.UU. está en disputa la libertad de expresión, que es igual a decir que peligra la columna vertebral de su democracia (2a enmienda constitucional). El énfasis de la afirmación no es caprichoso ni exagerado. La libertad de expresión es constitutiva del sistema, y cualquier intento de limitarla irradia al resto del mundo. La cancelación del show nocturno televisivo de Jimmy Kimmel en la cadena ABC marca un punto de inflexión en ese recorrido”.
Aunque Jimmy Kimmel regresó a su programa televisivo, no parece que será la última víctima. Este presentador, que conduce un programa en el formato preferido de los estadounidenses —el show de la noche—, hizo comentarios sobre las reacciones luego del asesinato del activista Charlie Kirk, motivando reacciones del presidente Trump y del presidente de la Comisión Federal de Comunicación, Brendan Carr. La amenaza tuvo efecto inmediato. ABC, cadena de Walt Disney Company, suspendió el programa por tiempo indeterminado, aunque revocó pronto la suspensión.
Pasó antes con Stephen Colbert en la CBS, quien calificó como «un soborno grande y gordo» el acuerdo por el que CBS pagaría USD 16 millones a Trump para impedir el avance de una demanda judicial del presidente. Y la empresa concluyó su contrato. Lo visible de la presión y la temerosa respuesta en el caso Kimmel otorgaron al episodio características de crisis nacional. Muchos productores, actores y figuras del espectáculo amenazaron con no trabajar en la ABC.
Para David French, columnista de The New York Times, “es difícil comprender la magnitud de la amenaza emergente a la libertad de expresión en los Estados Unidos». Trump minimizó el hecho calificando al desplazamiento de Kimmel como «una gran noticia para América… Fue despedido porque tenía poca audiencia, antes que nada… Puedes llamar a eso libertad de expresión o no, pero fue despedido por su falta de talento».
El periodista Gonzalo Abascal dice que en “EE.UU. está en disputa la libertad de expresión, es decir que peligra la columna vertebral de su democracia (la Segunda Enmienda constitucional).
El círculo se completa con la demanda judicial de Trump a The New York Times y a cuatro de sus periodistas por difamación, por una serie de artículos y un libro que «fueron específicamente concebidos para intentar dañar la reputación empresarial, personal y política del presidente Trump.» El juicio por USD 15 mil millones tiene un sólo objetivo: amilanar al diario más importante del país y más crítico del presidente y enviar un mensaje a los demás.
Pero no solo es dinero, sino que se quiere imponer el miedo a las voces críticas, célebres o desconocidas. No es solo un show televisivo o un medio en particular. Para Greg Lukianoff, activista en defensa de la libertad de expresión “la libertad de expresión no es solo un favor para nuestros amigos, es la mejor tecnología no violenta que tenemos los seres humanos para resolver nuestros conflictos. Para honrar a un hombre que murió mientras hablaba, no amordaces a sus enemigos ni canonices sus ideas. Tolerancia cero con la violencia».
La sátira como indicador de la salud democrática
En un artículo con ese título, Ricardo Trotti, ex director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), analizaba que “volvió a la televisión el comediante Jimmy Kimmel, de donde nunca tuvo que haber sido suspendido”. Agrega que “la tolerancia a la sátira es un indicador de la salud democrática de un país. Siempre argumenté que la sátira política debe ser considerado un género periodístico, porque su fuerza reside en que llega donde las denuncias, las críticas, las investigaciones o los editoriales no siempre alcanzan”.
Desde el ateniense Aristófanes hasta los caricaturistas contemporáneos, la sátira fue una herramienta de resistencia cívica, no solo para hacer reír, sino para incomodar, cuestionar y hacer reflexionar. “Al deformar o exagerar la realidad, la expone; al exagerar los defectos de los líderes, los desnuda; al ironizar sobre decisiones públicas, obliga a la ciudadanía a mirar más allá de la retórica oficial”, manifiesta Trotti.
Los poderes autoritarios suelen reaccionar en forma desproporcionada, como en el caso de Kimmel y de Stephen Colbert tras las reacciones de Trump, o como en el caso del caricaturista ecuatoriano Xavier Bonilla (Bonil) en el gobierno de Rafael Correa y de otros caricaturistas en la dictadura de Chávez y las dictaduras del Cono Sur, cuando solo la sátira servía para burlar la censura.
La sátira, aunque no sigue las reglas del periodismo tradicional, tampoco está exenta de responsabilidad si sus efectos incitan a la violencia, al odio o la discriminación, de allí que cause tanto entusiasmo o decepción según la óptica desde donde se la mire.
Durante la primera presidencia de Trump se debatió sobre los límites de la sátira y la libertad de expresión cuando la comediante Kathy Griffin apareció en una imagen con la cabeza del entonces presidente. Años antes, las imágenes de monos durante la presidencia de Barack Obama encendieron un debate que se apagó enseguida por falta de reacción del afectado.
Nada justifica la intolerancia, ni la violencia terrorista contra los ilustradores de Charlie Hebdó, ni la persecución legal contra Bonil, ni la amenaza de cerrar una televisora para silenciar a sus comediantes.
Pero las cosas tomaron un tinte dramático cuando el semanario francés Charlie Hebdó publicó una caricatura de Mahoma que las personas de origen musulmán consideraron ofensiva y discriminatoria y provocaron ataques a la revista y muertos. Muchas veces lo que genera controversia no es la sátira per se, sino el momento, inoportuno, en el que Kimmel se expresó por el crimen de Charlie Kirk.
De todos modos, nada justifica la intolerancia, ni la violencia terrorista contra los ilustradores de Charlie Hebdó, ni la persecución legal contra Bonil, ni la amenaza de cerrar una televisora para silenciar a sus comediantes. La sátira puede incomodar, pero esa es su esencia democrática.
“Lo intolerable es que esa incomodidad se transforme en censura, persecución o violencia. En democracia, el único límite legítimo a la sátira no lo marcan los gobernantes ni los ofendidos, sino la justicia. Y la justicia no debe ser usada como mordaza, sino como garantía de que la libertad de expresión conviva con la responsabilidad. La censura disfrazada de autoridad moral o de poder político no protege a la sociedad, sino que la degrada, la empobrece y la asfixia”, culmina Trotti.
Y encima, a Trump lo comparan con Perón
Un artículo publicado en la revista estadounidense The Atlantic comparó varias políticas del gobierno de Donald Trump con las del peronismo y advierte que el camino que tomó el jefe de la Casa Blanca “parece haber seguido el libro peronista” con medidas de “sustitución de importaciones, declaraciones de emergencia, acuerdos personales, imprudencia fiscal y monetaria y control gubernamental sin precedentes sobre la empresa privada”.
Titulada El Perón de EE.UU., la nota fue escrita por Scott Lincicome, vicepresidente de economía general y comercio en el Instituto Cato en Washington (un centro de estudios que promueve ideas libertarias) y profesor visitante titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.
El artículo se publicó tras una advertencia del banco JP Morgan a sus clientes que señalaba que “el riesgo de que los políticos norteamericanos repitan los errores de algunos líderes latinos como el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón” explica en buena medida la debilidad del dólar, que este año se depreció frente al euro.
La nota de The Atlantic hace referencia a la historia de Argentina. “Durante décadas de gobierno de Perón y sus sucesores, un país que alguna vez había estado entre las naciones más ricas del mundo se convirtió en el hazmerreír mundial, con una inflación incontrolable, crisis fiscales rutinarias, corrupción desenfrenada y pobreza paralizante. El peronismo se convirtió en una historia de advertencia sobre cómo no administrar una economía”, escribe Lincicome.
Y continúa: “El presidente Donald Trump parece haber entendido mal la lección. Su segundo mandato ha comenzado a seguir el libro de jugadas peronista de sustitución de importaciones, declaraciones de emergencia, acuerdos personales, imprudencia fiscal y monetaria y control gubernamental sin precedentes sobre la empresa privada. Y, al igual que con el peronismo de Argentina, gran parte de la formulación de la política económica de EE. UU. pasa directamente por el propio presidente”.