Es posible que, Hugo Chávez, haya muerto convencido de haber realizado una revolución en Venezuela, una revolución a la que terminó por identificar con el denominado socialismo del siglo XXI, un concepto formulado por Heinz Dieterich Steffan, en 1996 y recogido por el difunto en el 2005. Un concepto equívoco desde el punto de vista teórico y funesto como guía de cualquier praxis. Por cierto, Chávez nunca estuvo claro acerca de lo que significaba este socialismo. Basta con revisar sus enunciados para concluir que lo que él siempre tuvo al respecto fue una inevitable confusión conceptual.
En forma explícita se adhirieron al socialismo del siglo XXI, los gobiernos de Ecuador y Bolivia, con igual confusión conceptual, por la cual mucho copiaron de la experiencia venezolana, desde las consignas hasta políticas públicas, pasando por la invención de enemigos (como la “prensa corrupta”, cuyos pecados e influencia fueron exagerados). Otros gobiernos más, desde América Central y El Caribe, incluida Cuba (ejemplo patético de revolución anquilosada), hasta el Cono Sur, terminaron expuestos al fulgor de esa experiencia, más por el encanto del petróleo que por supuestas coincidencias ideológicas.
Todos estos gobiernos, de “izquierda”, identificados con el “chavismo” y el “castrismo”, han sido catalogados y tratados como “progresistas”. Así, todos en un mismo saco, por las meras autodefiniciones y a pesar de las diferencias que han existido entre ellos.
Claramente, el “izquierdismo” y el “progresismo” de estos gobiernos, palabras más palabras menos, se han reducido a una retórica engañosa, cargada de reminiscencias de los años sesenta.
Claramente, el “izquierdismo” y el “progresismo” de estos gobiernos, palabras más palabras menos, se han reducido a una retórica engañosa, cargada de reminiscencias de los años sesenta, pero según la cual iban a liquidar la pobreza, a implantar la igualdad social y la justicia, y a conseguir una “segunda independencia”. Sin embargo, la abundancia de las palabras siempre ha chocado con la parquedad de las acciones requeridas para el logro de tan ambiciosos propósitos. Estas acciones, en lo interno, no se han dirigido a producir modificaciones estructurales sino solamente a paliar los grandes males atribuidos al capitalismo, privilegiando los subsidios como recurso de persuasión y control de las masas desposeídas; y, en lo externo, a producir poses y frases “anti-imperialistas”.
Es que para tales gobiernos, en la práctica, nunca existió el dilema capitalismo o socialismo, porque, confusiones conceptuales aparte, veleidades y arrogancias de los líderes al margen, el remplazo de un sistema por otro es, objetivamente, una tarea históricamente inviable. Todo lo dicho en contra de esta realidad (v. gr. “el hombre sobre el capital”) ha sido pura demagogia y lo hecho solamente ha contribuido a una más o menos escueta y vergonzante (dada la retórica) modernización capitalista. Escueta, si se la mira en relación con las enormes cantidades de dinero al alcance de estos gobiernos, en una coyuntura de altos precios de las materias primas. Pero lo que se observa ahora, más allá de las propagandas oficiales, son unas tantas realizaciones en materia de obra pública (fetichizada, pero no debidamente fiscalizada), que no han bastado para, por ejemplo, transformar las estructuras productivas.
En lugar de esa necesaria transformación, los gobiernos “progresistas” han profundizado el extractivismo sin reparar ni en la consiguiente destrucción de invalorables recursos naturales (¡Yasuni!) ni en los negativos impactos ambientales. Esto de la mano de una potencia emergente, China, que, dados sus requerimientos de materias primas, ha facilitado los capitales necesarios en condiciones sumamente onerosas, que restringen la soberanía nacional, enfáticamente defendida por estos gobiernos “nacionalistas y antimperialistas”, los mismos que así, presurosamente, se han ido enredando en paradojas, mientras han precipitado a sus países en agudas crisis económicas.
Porque el “progresismo” fue factible mientras duró el acelerado crecimiento económico de China, el cual dio lugar al inusitado auge de la demanda de materias primas producidas en este lado del mundo. Cuando este auge cesó, el “progresismo” entró en una crisis irrefrenable, la que, en el caso de Venezuela ha superado, en todos los aspectos, los límites de lo racionalmente tolerable.
Caro han pagado nuestros países las experiencias “progresistas”, en términos de desarrollo socio económico y de democracia. El derroche de los ahorros propios, voluminosos como nunca antes, no solamente por la coyuntura favorable de la exportación de materias primas y otros productos primarios, sino también por las recaudaciones de impuestos, ha estado aparejado, en varios casos, a un elevado sobre endeudamiento externo. Dos caras de la misma medalla o, mejor, dos componentes de un futuro que queda hipotecado. No habrá desarrollo en mucho tiempo, de manera que se acumularán los males del capitalismo. No para todos, desde luego; sí para las mayorías.
Para los empresarios favorecidos por los “modelos económicos progresistas”, unos poderosos desde antes y otros surgidos ahora, todos con una similar mentalidad rentista, la última ha sido en verdad una década ganada, en la que han hecho buenos negocios.
Para los empresarios favorecidos por los “modelos económicos progresistas”, unos poderosos desde antes y otros surgidos ahora, todos con una similar mentalidad rentista, la última ha sido en verdad una década ganada, en la que han hecho buenos negocios. Aquí cabe referirse a otro componente del devenir “progresista”: la corrupción, que ha crecido en relación directa con las disponibilidades de fondos públicos. Enemiga del progreso verdadero, la corrupción ha sido cebada por un dispendioso gasto estatal. Claro, en medio de estas circunstancias, la satisfacción de las inestimables necesidades populares se ha vuelto a postergar, muy a pesar de lo que señalan las mentirosas y atosigantes propagandas gubernamentales.
La corrupción concerniente al manejo de los fondos públicos, está íntimamente ligada a la corrupción política, con todo lo que ella implica (tráfico de influencias, cooptación, acceso a información privilegiada, nepotismo, malversación, fraudes, impunidad, etc.). Las consecuencias de la corrupción política son por demás negativas en lo que respecta a los derechos humanos y a la democracia, pues ella trastoca la igualdad ante la ley y favorece a poderes ilegítimos (incluso los del narcotráfico).
La legitimidad de los gobiernos “progresistas” se ha sustentado en la propaganda falaz y en elecciones reputadas como ampliamente ganadas (unas limpias y otras manoseadas). Obviamente, esto se mantuvo mientras persistió el auge económico. Luego, la legitimidad comenzó a flaquear, los discursos demagógicos se han vaciado y los ofrecimientos complacientes han sido suplidos con otros, colmados de advertencias y amenazas, las cuales, por lo demás, siempre blandieron y reiteradamente ejecutaron contra sus opositores.
Puesto que la intolerancia ha sido una característica de estos gobiernos, las críticas y las denuncias han sido o han pretendido ser sofocadas. Muchos medios de comunicación masiva han sido acallados o saboteados. Inclusive se ha intervenido dolosamente en las redes sociales. Con impudicia se ha tratado de imponer una sola verdad, la de los gobiernos o, más precisamente, la de los líderes o caudillos. Por la intolerancia, los estados de emergencia, justificados o no, han sido decretados una y otra vez; también han servido para “agilitar” negocios carentes de transparencia. De modo que la existencia de los Estados de derecho ha sido notoriamente precaria. En estas condiciones, fácilmente se han coartado libertades y se han vulnerado derechos.
Los avatares de los gobiernos “progresistas” han dado lugar a muchas cuestiones, de las cuales dos interesan destacar aquí. La primera se refiere a la lectura que algunos analistas políticos, políticos activos e interesados de toda laya hacen del fracaso de estos gobiernos. Un fracaso que se lo endilga, sin más, a la izquierda. Pero, aparte de que esto es injusto, porque objetivamente las políticas esenciales de estos gobiernos no han sido de izquierda y los colaboradores “izquierdistas” más han figurado que actuado como tales, es preciso preguntar ¿cuál izquierda? Es un hecho conocido que, después de la caída del muro de Berlín, la izquierda (toda su gama) se hundió en una inusitada perplejidad, la cual se ha agudizado con la impostura del “socialismo del siglo XXI”, la que ha dejado traslucir la falta de horizonte de esta orientación ideológica y política.
Es innegable que la democracia existente en nuestros países, poco representativa y poco liberal, ha estado reducida, casi exclusivamente, a un mero procedimiento para el cambio de gobiernos.
En medio de esa perplejidad y falta de horizonte de “la izquierda”, algunos de sus militantes o simpatizantes, por un sincero afán de cambio (los menos, que pronto pasaron a la oposición), por ingenuidad, por desesperación o por oportunismo (los más) han sido “seducidos” por las proclamas de los gobiernos “progresistas” (mejor si han estado acompañadas de buenas posiciones burocráticas), mientras otros han optado por la crítica, sin mayor trascendencia o por el silencio.
A estas alturas de la historia, “la izquierda” está muy desdibujada en todo lado. En nuestros países, esto solo en parte responde a la artificiosa imputación de la responsabilidad que ella tendría en el fracaso de los gobiernos “progresistas”. Como en todo el mundo, los múltiples y vertiginosos desafíos actuales resultan inmunes a toda acción política de tintes sectarios y dogmáticos. Aquí y ahora, “la izquierda” debe enfrentar el desafío de renovar su ideología y su praxis, como paso previo para participar en la construcción de una democracia real, en la que imperen ciertamente la justicia social y la equidad.
La segunda cuestión anunciada concierne a la democracia. Aquí la pregunta pertinente es ¿cuál democracia? Es innegable que la existente en nuestros países, poco representativa y poco liberal, ha estado reducida, casi exclusivamente, a un mero procedimiento para el cambio de gobiernos. Frente a ellas, solamente sectores de las clases medias han adquirido influencia política y han afirmado libertades y derechos. Eventualmente ha sucedido lo mismo con las clases populares y los marginados, del campo y la ciudad, integrantes de las mayorías electorales. Empero, para unas y otros, lo corriente ha sido su supeditación al orden establecido, ya sea por medio de ofertas y políticas populistas o mediante recurrentes estados de excepción. Los gobiernos “progresistas” han recurrido a las dos tácticas. Es preciso recordar que, la representación política, pilar fundamental de “nuestra” democracia, nunca ha sido efectiva para las mayorías, olvidadas prontamente por sus representantes.
Por supuesto, a esa democracia conviene cambiarla, porque, además de sus limitaciones y carencias, muestra signos de agotamiento. Vale tener presente que, debido a esos signos (respecto de la representación y el ejercicio de libertades y derechos), esta democracia ha estado expuesta a nada despreciables cuestionamientos, inclusive dentro de los países capitalistas más desarrollados del mundo, en los que surgió y se consolidó. Recuérdense, si no, los movimientos de jóvenes, que llevaron a proclamar, con harto brío, en muchas ciudades del mundo, en torno al 2011, aquello de, “Somos 99%”, en alusión al hecho incuestionable de que, por la injusta distribución de la riqueza, solamente el 1% de la población decide la suerte del 100 %. Realidad que en nuestros países resulta cada vez más evidente y, mucho más, después del fracaso de los gobiernos “progresistas”, que no obstante pretender estar al servicio de las mayorías, han propiciado, como nunca antes, una repudiable mayor concentración de la riqueza en pocas manos.
Se trata de ir hacia la realización de una gesta ético-cultural, razón por la cual es indispensable la concurrencia de todas aquellas fuerzas que sean capaces de asumir este compromiso, más allá de sectarismos y dogmatismos.
Para romper ese monopolio de las decisiones políticas, para hacer factible la equidad y la justicia social, para coadyuvar a la superación de las grandes crisis actuales que enfrenta la humanidad toda, se hace necesario construir otra democracia, más real. Por cierto, esta construcción no tiene que ser una tarea de exclusiva responsabilidad de la izquierda. Se trata de ir hacia la realización de una gesta ético-cultural, razón por la cual es indispensable la concurrencia de todas aquellas fuerzas que sean capaces de asumir este compromiso, más allá de sectarismos y dogmatismos. Es una gesta que debe emprenderse desde las sociedades civiles, ya que los Estados arduamente se empeñan en el mantenimiento del statu-quo. Eso sí, sociedades civiles en las que haya cabida para todos los sujetos sociales, ¡sin discriminación alguna!
Suena a utopía. Esto es inevitable, ya que si se reconoce que las democracias liberales-representativas tienden a agotarse (en medio de frustraciones, lamentablemente), no se trata de hacer más de lo mismo (elecciones y peor reelecciones) sino de ir más allá, paso a paso. Se trata, por ejemplo, de que la democracia deje de ser meramente política-electoral y alcance las esferas económica y social. Se trata de que la representación se torne leal y efectiva. Asimismo, es absolutamente necesario que se abran cauces a la participación activa de la población en todos los niveles y, de manera especial en el local. Igualmente, la democracia real, debe implicar la existencia de vigorosos estados de derecho, capaces de garantizar el ejercicio de libertades y derechos. Nuestros países podrán así contribuir a la construcción de una democracia universal que sea garantía de paz y desarrollo para toda la humanidad.