La escalada del conflicto político en Venezuela, durante los meses de abril y mayo de este año, ha generado violencia en las calles e incertidumbre política en el país caribeño. A la fecha, por lo menos 36 personas han muerto en choques con la fuerza pública en las principales ciudades del país, donde la Policía se aplica a fondo en el uso de gas lacrimógeno y balas de goma contra los manifestantes. Se contabilizan por lo menos 700 heridos como consecuencia de los disturbios.
El centro de la capital venezolana se encuentra totalmente acordonado desde hace más de un mes, y los manifestantes no han podido alcanzar los edificios del Gobierno.
El presidente Nicolás Maduro ha apuntado contra la oposición que controla la Asamblea Nacional.
Mientras el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha anunciado la convocatoria de una Asamblea constituyente, la oposición declinó asistir a las reuniones preparatorias que tendrán lugar en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno en Caracas.
«Yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República», dijo Maduro el primero de mayo, en una concentración política, y citó la Constitución del país bolivariano, que le faculta al presidente tal convocatoria.
Maduro justificó su propuesta porque «necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional (de mayoría opositora) podrida que está ahí», y agregó que «convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo».
Maduro convocó a una «constituyente ciudadana» con un sistema electoral no previsto en la Constitución, lo que provocó el rechazo de la oposición venezolana.
La «constituyente ciudadana» de Maduro significa que, del total de integrantes, la mitad será electa por medio de gremios, un hecho que no está previsto en la Constitución, y la otra mitad lo será por votación popular directa. Para los opositores venezolanos, la «constiuyente ciudanana» es solamente una estrategia de Maduro para sabotear las elecciones presidenciales que, estiman, perdería de seguro.
En una rueda de prensa el domingo 7 de mayo, el líder opositor Henrique Capriles, sostuvo que la Mesa de la Unidad Democrática no formará parte del polémico proceso.
“No podemos ir a un proceso fraudulento (…). Aquí hay una Constitución y el Gobierno no puede derogarla por un acto de fuerza”, dijo Capriles.
Para Capriles, Maduro –cuya gestión rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas– busca eludir unas elecciones generales, principal exigencia de las protestas opositoras iniciadas el primero de abril.
“Las elecciones sectoriales no existen en la Constitución”, dijo Capriles mientras que la oposición anunció el domingo que mantendrá una intensa jornada de protestas para exigir los comicios y el cese de la represión contra sus manifestaciones, que también dejan centenares de heridos y detenidos.
«Una estratagema política»
La periodista Milagros Socorro sostiene que el régimen de Maduro tiene vínculos con el narcotráfico.
Para la periodista Milagros Socorro, la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte del Gobierno es solamente una estratagema de Maduro para evitar las elecciones presidenciales.
En diálogo con PLANV desde Caracas, Socorro, quien realiza fuertes críticas en redes sociales al Gobierno chavista, aseguró que «la dictadura intenta desactivar a la oposición» con la convocatoria, y también busca «evitar a toda costa» las elecciones presidenciales, pues tendría pocas posibilidades de ganarlas. Socorro dijo que las elecciones regionales están atrasadas, y que en 2018 se debe convocar una elección presidencial, por lo que cree que el anuncio busca sabotear esos comicios.
Según Socorro, la Mesa de la Unidad Democrática ha logrado aglutinarse como un frente muy cohesionado frente a la opinión internacional, y ha señalado ampliamente cómo la propuesta viola la Constitución. «Hay desconfianza frente a las mil mentiras de Maduro y sus voceros», sostuvo, y recordó que las elecciones regionales están siendo postergadas sin justificación. Para la periodista, se busca también desactivar a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que obtuvo una votación de 14 millones.
«Es una trampa, una triquiñuela», cree Socorro, quien denuncia la violencia de la represión del régimen, a la que califica como «inhumana». Maduro, dice, «busca desoír a los venezolanos, y las calles de Venezuela están minadas de bombas lacrimógenas, tanquetas y tiros».
«Es una trampa, una triquiñuela», cree la periodista Milagros Socorro, quien denuncia la violencia de la represión del régimen, a la que califica como «inhumana». Maduro, dice, «busca desoír a los venezolanos, y las calles de Venezuela están minadas de bombas lacrimógenas, tanquetas y tiros».
«Hay una muy triste cosecha de muertes, por la violenta respuesta de la dictadura», asegura Socorro, quien afirma que Venezuela está en las calles y que no hay medios de comunicación independientes en el país caribeño, por lo que hay «una matanza desde abril» cometida por las fuerzas del orden.
La periodista relató que un padre de familia de uno de los fallecidos, denunció públicamente que el Gobierno les ha quitado las tiendas, las farmacias, las medicinas y ahora están perdiendo a sus hijos. «Muchos jóvenes sienten que no tienen futuro», dijo Socorro, quien destacó la acogida que el Ecuador ha dado a muchos jóvenes venezolanos que han logrado salir de su país en busca de un futuro. «No yodos se pueden ir, no todos se quieren ir. Muchos jóvenes quieren tener un futuro en Venezuela», dijo Socorro, quien denunció que los profesores universitarios en Venezuela no llegan a ganar ni el equivalente de 20 dólares.
Denunció que las Fuerzas Armadas y la policía venezolana es cómplice de grupos paramilitares chavistas, y que eso ha aumentado el impacto de la represión en Venezuela.
Sobre el anuncio de la Constituyente, Socorro estima que se trata «de un capricho de la dictadura», a la que definió como «muy comprometida con el narcotráfico, un grupúsculo comprometido con crímenes graves, como violaciones de derechos humanos que no prescriben». La periodista cree que los jerarcas de la dictadura «no tienen para dónde irse, salvo que sea Cuba, Corea del Norte y Rusia» y esa es la explicación de que la casta del presidente Maduro simplemente no quiera dejar el poder. «Fuera del país, Maduro y sus cómplices serán carne de tribunales», motivo por el cual no tienen la intención de alejarse del Gobierno.
«Las violaciones de derechos humanos empezaron con el propio Hugo Chávez», aseguró.
Sobre la comunidad internacional y su postura frente a Venezuela, Socorro cree que ha habido un cambio de una cierta «complicidad» de los gobiernos extranjeros que hicieron negocios «en la desgracia de Venezuela». «Mafias de distintos países, corporaciones y empresas se cebaron contra mi pobre país», dice Socorro, pero ya «el mundo sabe que la dictadura está incursa en narcotráfico y derechos humanos».
La periodista prefirió no comentar la postura del Gobierno del Ecuador frente a Venezuela, pero agradeció la acogida del pueblo ecuatoriano a miles de migrantes de Venezuela que están llegando a nuestro país en busca de trabajo. Sin embargo, precisó que el Ecuador ha tomado, a diferencia de Bolivia, cierta distancia de las acciones más cuestionables del Gobierno de Maduro.
Un país sin garantías judiciales ni debido proceso
El abogado Gonzalo Himiob calificó como «muy delicada» a la situación en Venezuela.
De su parte, el abogado Gustavo Himiob, del Foro Penal Venezolano, denunció varios casos de detenciones arbitrarias y muertes sospechosas cometidas por parte de la policía y las Fuerzas Armadas de ese país.
Aunque declinó conversar con este portal directamente, alegando que se encontraba en los tribunales de su país en audiencias contra los detenidos en las recientes protestas, Himiob dijo a medios internacionales que en Venezuela hay impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por policías y militares. Dijo también que se están iniciando procesos contra opositores en los que se llega a diferir las audiencias hasta 40 veces.
«Se están adelantando castigos sin que siquiera hayas sido condenado. Así se actúa contra los que se quejan en Venezuela», dijo el abogado Gustavo Himiob, del Foro Penal Venezolano.
«En Venezuela, el proceso penal no se utilizar para encontrar la verdad. Se utiiliza como un mecanismo de castigo, de sanción anticipada en sí mismo, donde el Estado de derecho no tiene nada que decir. Se están adelantando castigos sin que siquiera hayas sido condenado. Así se actúa contra los que se quejan en Venezuela», dijo el abogado, quien precisó que en su país no están permitiendo a los detenidos llamar a sus abogados y a sus parientes. «En ninguna mente jurídica racional cabe lo que ocurre en Venezuela, las audiencias se difieren 40 veces porque el Sebin (la policía) se niega a trasladar a los detenidos a los tribunales».
La indignación de Gustavo Dudamel
El famoso director de orquesta venezolano, residente en Estados Unidos, Gustavo Dudamel, a quien algunos en su país consideraban simpatizante del chavismo por su cercanía con el fallecido ex presidente Hugo Chávez, y quien había mantenido silencio sobre lo que ocurre con sus compatriotas, se pronunció en Facebook tras conocer la muerte de un joven músico sinfónico, quien recibió un balazo en una manifestación.
En los funerales de Chávez, Dudamel dirigió la Sinfónica de su país. Actualmente, es director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.
Conmovido por la muerte de Armando Cañizales Carrillo, de 17 años, quien era violinista miembro del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, Dudamel escribió en español e inglés:
El maestro Gustavo Dudamel rompió el silencio y pidió al Gobierno de Maduro rectificar y detener la violencia.
«Mi vida entera la he dedicado a la música y al arte como forma de transformar las sociedades. Levanto mi voz en contra de la violencia y la represión. Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador pero jamás violento.
Para que la democracia sea sana debe haber respeto y entendimiento verdadero. La democracia no puede estar construida a la medida de un gobierno particular porque dejaría de ser democracia. El ejercicio democrático implica escuchar la voz de la mayoría, como baluarte último de la verdad social. Ninguna ideología puede ir más allá del bien común. La política se debe hacer desde la consciencia y en el más absoluto respeto a la constitucionalidad, adaptándose a una sociedad joven que, como la venezolana, tiene el derecho a reinventarse y rehacerse en el sano e inobjetable contrapeso democrático.
Los venezolanos están desesperados por su derecho inalienable al bienestar y a la satisfacción de sus más básicas necesidades. Las únicas armas que se le puede entregar a un pueblo son las herramientas para forjar su porvenir: instrumentos musicales, pinceles, libros; en fin, los más altos valores del espíritu humano: el bien, la verdad y la belleza.
«Hago un llamado urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente», escribió en Facebook el director de orquesta Gustavo Dudamel.
Hago un llamado urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente. Debemos a nuestros jóvenes un mundo esperanzador, un país en el que se pueda caminar libremente en el disentimiento, en el respeto, en la tolerancia, en el diálogo y en el que los sueños tengan cabida para construir la Venezuela que todos anhelamos.
Es el momento de escuchar a la gente: Ya basta».
Provea y su inventario de la violencia
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización que durante sus 28 años de existencia ha ganado respetabilidad debido a la credibilidad de sus análisis y denuncias. Provea lanzó un comunicado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional quitando poderes el Congreso Nacional:
«A raíz de la suspensión ilegal del proceso de realización del Referendo Revocatorio, ratificando la ausencia de independencia de los poderes en el país, el gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura. No estamos en presencia de la simple dilación del proceso, sino de la interrupción y obstaculización de cualquier proceso electoral mientras el gobierno no pueda obtener resultados favorables en las urnas. Estamos ante una dictadura incipiente que se consolidará dependiendo de la resistencia ciudadana al creciente autoritarismo», dijo la organización.
«La decisión del pasado 20 de octubre continúa profundizando la vulneración del Estado de derecho que se inició el 13 de mayo de 2016 con la aprobación de un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que fue calificado por un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos del país como la ruptura del hilo constitucional».
Según datos de Provea, e 18 de abril en la noche, previo a la jornada de movilización convocada a nivel nacional, el Ejecutivo venezolano anunció la firma de un decreto para la aplicación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, en su fase verde. Este plan se anunció en diciembre del 2016 como herramienta “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”, en palabras del propio Nicolás Maduro. Este anuncio constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, junto al empleo de grupos de civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, propia de la doctrina de seguridad nacional.
El miércoles 19 de abril se realizaron concentraciones y movilizaciones masivas en todos los Estados del país, reprimidas todas excepto en cuatro entidades. En su primer día de aplicación el “Plan Zamora” se ejecutó con un desapego total a los principios sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza, dijo Provea, generando nuevos obstáculos para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y el empleo indiscriminado de gases tóxicos, duplicando la cifra de detenidos desde el 4 de abril y con el lamentable saldo de tres personas asesinadas.
Adicionalmente, se constató la actuación de grupos de civiles armados, o “Colectivos”, en 16 Estados del país, quienes en coordinación con agentes de la fuerza pública hostigaron a manifestantes pacíficos mediante el empleo de sustancias tóxicas, disparos con armas de fuego y propinando golpizas a los participantes de las movilizaciones convocadas.
El 20 de abril se ejecutó el segundo día del “Plan Zamora”, repitiéndose la represión desmedida contra manifestantes. En horas nocturnas se realizaron protestas en diversas zonas del país y en nueve sectores populares de la Gran Caracas con cierre de vías. La fórmula represiva cívico-militar estimuló el desborde de la violencia en algunos sectores. Uso de gases lacrimógenos contra edificios residenciales y viviendas situadas en barrios populares de Caracas; ataques con sustancias tóxicas contra el Hospital Materno Infantil del Valle que obligó a un operativo de evacuación de parturientas y neonatos; ataques de “Colectivos” contra vecinos, mediante el uso de armas de fuego, entre otras situaciones, formaron parte del repertorio represivo empleado en la segunda jornada del Plan Zamora.
Provea, una organización de derechos humanos, denunció que la represión se instrumenta por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía en aplicación del Plan Zamora.
Además, se recibieron denuncias sobre intentos de allanamientos a conjuntos residenciales de las urbanizaciones La Candelaria y El Paraíso, por parte de estas agrupaciones de civiles armados, con el objetivo de amedrentar y tomar represalias contra los vecinos que protestaban en la calle y tocaban cacerolas en sus casas. Finalmente, se produjeron saqueos a comercios en El Paraíso y en el Valle, y en este último sector se registró el terrible saldo de 11 personas fallecidas por electrocución y armas de fuego y 6 heridas de bala. A su vez, en el Barrio 5 de Julio de Petare al este de la ciudad, fue asesinado por arma de fuego Melvin Guaitan, de 26 años, vecino del sector. En el resto del país se denunciaron detenciones arbitrarias, ataques a zonas residenciales, uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos paramilitares.
Ante esta situación, 70 organizaciones no gubernamentales venezolanas alertaron a la comunidad internacional que Venezuela se encuentra bajo una situación de alto riesgo para la garantía de los derechos humanos. La criminalización y descalificación de las protestas y de manifestantes pacíficos; las campañas de incitación al odio y negación del legítimo derecho a manifestar por parte del Estado venezolano, así como la desmedida represión contra la disidencia, genera un contexto de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos.
La sociedad civil representada en esas organizaciones reiteron un llamado a la recuperación de la democracia y la paz en el país, así como rechazar la represión del Estado venezolano contra manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional, que tienen como saldo 20 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones, al menos 3 de ellas atribuibles a agentes de la fuerza pública y 6 a civiles armados; 1289 detenciones y cientos de personas heridas. Las ONG pidieron una investigación imparcial, expedita que garantice justicia e impida que la impunidad se convierta en cómplice de los responsables.