«Si el Estado me dice la bolsa o la vida ¿por qué debo obedecer y darle el producto de mi esfuerzo? Me sentiría indigno si lo hiciera», dijo Henry David Thoreau (1817-1862). Autor de Walden y La desobediencia civil, Thoreau fue encarcelado por no pagar impuestos. Consideraba inmoral contribuir con su dinero a sostener un gobierno que toleraba la esclavitud y que había invadido México para despojarlo de más de la mitad de su territorio.
Las obligaciones fiscales (de los ciudadanos) y la potestad tributaria (del Estado) expresan la irresoluble tensión entre la libertad individual (en sentido negativo, es decir la ausencia de obstáculos externos para realizar acciones personales) y el poder soberano (la capacidad del Estado para decidir autónomamente sobre sus asuntos internos y externos). Desde siempre los súbditos han tratado de minimizar su contribución a la autoridad constituida. Y, desde el año 1215, esa disputa ha tratado de sobrellevarse mediante la participación o representación en el gobierno.
En el siglo XX, conforme los ciudadanos se trasfiguraban en consumidores, los impuestos fueron perdiendo su esencial contenido político. En especial, luego de agosto de 1982, tras la moratoria de la deuda externa mexicana, se convirtieron en una de las variables empleadas por la técnica fiscal para costear el gasto público, priorizando el servicio de las deudas externas. Este proceso se consolidó en la década de 1990, cuando la ‘gobernanza’ –promovida por la OCDE, el FMI, el BID y otras entidades multilaterales– adquirió más importancia que el sistema democrático liberal para orientar la política económica e identificar los objetivos del bienestar.
La técnica fiscal, componente esencial de la noción de gobernanza, se inspira en una teoría económica que sostiene que los impuestos distorsionan los mercados y provocan ‘pérdidas irrecuperables de eficiencia’. Para evitar esas pérdidas y lograr que los mercados operen en condiciones óptimas, lo mejor sería suprimirlos. Pero como la existencia misma del gobierno depende de los impuestos, estos serían, en el mejor de los casos, un mal necesario.
La supuesta maldad intrínseca de los impuesto es el corolario de las ideas que oponen el individuo a la sociedad, como si fuese posible la vida humana –en sentido pleno– al margen de la historia y apartada de alguna forma de organización social. En esta tradición la malignidad de los impuestos es una inferencia de teorías fundadas sobre ficciones como la de Robinson Crusoe (1719), prototipo del hombre moderno, autónomo e individualista, racional y cristiano, capaz de re-construir la civilización en una isla solitaria cercana a las costas de Venezuela.
Jean-Jackes Rousseau vio en Crusoe una figura didáctica importante, utilizada desde entonces para cimentar el individualismo. Ha servido a influyentes teóricos, desde L. Robbins hasta H. Varian y A. Mas Colell, como fundamento ontológico de la teoría microeconómica dominante. Y ha inspirado a personajes de la talla de Milton Friedman a propagar su preferencia por la reducción de los impuestos «bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible».
Los impuestos son la principal fuente de financiamiento de las instituciones que rigen el orden social y le dan continuidad. Sin ellos sería imposible la acción del gobierno para alcanzar los objetivos fijados por las políticas públicas. No menos importante es su condición de fundamento de la representación política, así como de la potestad ciudadana de compeler a sus gobernantes a rendir cuentas, características esenciales del republicanismo. Pero en la era de la gobernanza del libre mercado estos asuntos pasaron por intrascendentes, lo que contribuyó a erosionar la democracia.
Historias paralelas
La resistencia a pagar impuestos puede apoyarse en una amplísima gama de argumentos, desde éticos, como los de Thoreau, hasta técnicos, como los de los economistas neoclásicos. Desde hace 10 siglos ha sido bandera de lucha de revoluciones y revueltas. Entre 1780 y 1781 Túpac Amaru II lideró una rebelión contra las reformas de Carlos III. El objetivo del gobierno colonial era incrementar la renta extraída para remitirla a la Corte española. El impuesto sobre las ventas (alcabala) se había triplicado, de 2% en 1772 a 6% en 1776, afectando a terratenientes, mineros, arrieros y comerciantes. Los más perjudicados fueron los indígenas que, por su condición étnica, debían pagar un tributo – incrementado varias veces– y además contribuir con su trabajo (la mita) en minas y obrajes. Túpac Amaru II trató de detener esta gigantesca maquinaria de exacción de riqueza, pero fue decapitado luego de obligarlo a presenciar el estrangulamiento de su esposa Micaela Bastidas, el 18 de mayo de 1781, en la plaza de armas de Cusco.
En la segunda mitad del siglo XVIII Francia era un crisol de inequidad social y miseria controlado desde el suntuoso palacio de Versalles. Antes de 1789 la nobleza y el clero prácticamente no contribuían, mientras campesinos, artesanos y burgueses debían pagar la talla (impuesto personal directo), la capitación, el veinteavo (impuesto sobre la renta o sobre la propiedad), el diezmo eclesiástico y tasas feudales al señor local. Luis XVI intentó establecer un impuesto universal sobre la tierra, pero la nobleza y el clero lo impidieron.
La convocatoria de los estados generales se precipitó el 5 de mayo de 1789. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, precedió a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789). Este documento, crucial para la civilización occidental, reconoció la necesidad de una contribución común, repartida proporcionalmente, para el funcionamiento del estado (art. 13). También estableció dos principios fundamentales: no puede haber impuestos sin representación, y los ciudadanos tienen derecho a exigir que se les rinda cuentas (art. 14).
En la Audiencia de Quito, la rebelión de los estancos (1765) se opuso al establecimiento de un monopolio para administrar la producción y venta de aguardiente, imponiendo además un tributo a las ventas de esa bebida.
La independencia de las colonias inglesas de América del Norte fue una reacción a la Ley de Timbres de 1765, a las leyes Townshend que gravaban la importación de papel, tintes, vidrio y te, y a los impuestos sobre el azúcar y la melaza. La Ley de Acuartelamiento, que obligaba a los colonos a hospedar y alimentar a las tropas británicas, también fue juzgada como una exacción. Los colonos consideraron injustos todos estos gravámenes porque no tenían representación fiscal. La imposición de tributos sin consentimiento colonial fue uno de los 27 agravios contra el rey Jorge III enumerados en el acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
En la Audiencia de Quito la rebelión de los estancos (1765) se opuso al establecimiento de un monopolio para administrar la producción y venta de aguardiente, imponiendo además un tributo a las ventas de esa bebida. Estas iniciativas imperiales, a diferencia de lo ocurrido en el Alto Perú una década más tarde, no prosperaron… al menos temporalmente.
El antecedente más remoto de esta historia paralela, que en el largo plazo aparenta ser el perfeccionamiento de la democracia y la resistencia a los impuestos, ocurrió en la Inglaterra feudal. El rey Juan I, conocido por su crueldad, decidió en 1215 incrementar los impuestos cobrados a los nobles. Necesitaba financiar su ejército. Si alguien se negaba a cumplir su contribución, era castigado (incluso con la confiscación de sus bienes). Los barones se sublevaron y, con la mediación del clero, el 15 de junio de 1215 se redactó la Magna Carta Libertatum. Este documento fue considerado una concesión del monarca inglés para apaciguar a la nobleza: se comprometió a no encarcelarlos sin un juicio justo y a limitar los tributos feudales requeridos por el rey bajo el principio de representación de los contribuyentes (no taxation without representation).
Ni los barones ni el rey cumplieron sus compromisos y el Papa Inocencio III anuló la Carta casi de inmediato, lo que precipitó la guerra civil. En noviembre de 1216 se promulgó una nueva Carta Magna y en 1225 se trató de ponerla en vigencia. Este documento se convirtió en parte de la vida política inglesa con un importante valor simbólico: ningún gobierno está por encima de la ley. Pero en lo fundamental reconoció los derechos de la nobleza frente a la Corona inglesa. Cinco siglos más tarde, los colonos que redactaron el acta de Declaración de Independencia de los Estados Unidos recurrieron a argumentos establecidos en la Carta Magna.
De la narrativa eurocéntrica…
En la Edad Media el resto del mundo creía que Europa del norte era una región atrasada, llena de fanáticos religiosos, poco importante en lo comercial y político, dicen David Graeber y David Wengrow. Estas opiniones cambiaron «…a finales del siglo XV […] sobre todo, tras la conquista española de América. De repente […] los intelectuales europeos se vieron expuestos […] a toda una plétora de ideas sociales, científicas y políticas […] El resultado final de esta inundación de nuevas ideas acabó siendo conocido como la Ilustración» (El amanecer de todo. Una nueva historia de la humanidad, 2022).
La sección final del artículo Desigualdad vs. democracia (Plan V, 22 de agosto de 2024) desarrolla la explicación de la Ilustración sobre la desigualdad y la narrativa del pacto social entre ciudadanos y estados. Componente esencial de ese pacto sería el compromiso de los primeros a ceder una parte de sus derechos de propiedad, para financiar la operación de los segundos, para proveer orden, justicia, seguridad interna y externa, entre otros servicios.
Pero existen otras narrativas. Para el materialismo histórico la noción de pacto o contrato social es parte de la ideología dominante. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Las clases sociales resultan de las relaciones de producción de cada época. La estructura social de cada época es la base real que explica en última instancia la arquitectura institucional y la ideología de cada periodo histórico. Los impuestos no aparecieron como consecuencia de un pacto; serían una forma de plusvalía (junto a la ganancia capitalista generada directamente mediante los beneficios empresariales y a la generada mediante las rentas del suelo y otros bienes naturales), es decir del trabajo apropiado por parte del estado, indispensable en las sociedades de clase para sostener el aparato de dominación de la clase explotadora.
Para el materialismo histórico la noción de pacto o contrato social es parte de la ideología dominante. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Las clases sociales resultan de las relaciones de producción de cada época.
Existe al menos una teoría adicional para interpretar la relación tributaria entre individuos y estados. En 1976 Michael Jensen y William Meckling definieron la ‘agencia’ como un contrato según el cual una o más personas (el principal) se involucra con otra persona (el agente) para desempeñar algún servicio en su nombre, lo que implica delegar a ese agente alguna autoridad para la toma de decisiones (Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, 1976). Dada la separación entre los ciudadanos y el gobierno, si ambas partes tratan de maximizar su utilidad, no siempre el agente actuará en el interés del principal.
La teoría de la agencia es uno de los pilares del neoinstitucionalismo, el intento de la corriente principal del pensamiento económico para tratar de implantar tejido muscular y epidérmico sobre el esqueleto de la teoría del mercado, y para dotar de historia a una explicación que, sin instituciones, se resuelve en el equilibrio espontáneo entre oferta y demanda. También fundamenta la noción de gobernanza.
Pero Robert Higgs, fundador de The Independent Review, sostiene que el neoinstitucionalismo está equivocado. «En general, los agentes políticos realmente no rinden cuentas a sus principales, sino solo a los más importantes contribuyentes a sus campañas de reelección. La rendición de cuentas es más un mito que una realidad» (Principal-Agent Theory and Representative Government, https://bit.ly/495kJLo). Higgs afirma que ningún agente puede representar a un grupo heterogéneo de mandantes, especialmente si es muy grande y sus miembros tienen muchas discrepancias. En consecuencia, una representación política genuina sería imposible; lo que en realidad genera la democracia es el caldo de cultivo de la ‘ley de hierro de la oligarquía’, propuesta por el sociólogo italiano Robert Michels: en cualquier organización formalmente democrática, inevitablemente se desarrollará una élite o minoría gobernante, que tratará de perpetuarse y de concentrar el poder, haciendo prácticamente imposible la democracia (Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, 1972).
Mark Pennington, profesor de políticas públicas de Queen Mary University, ve una dificultad adicional. La teoría de la agencia aplicada a la política no trata de resolver un problema de incentivos o asimetría de información. El problema es la masiva ignorancia de los votantes, de cualquier nivel educativo o clase social, sobre las verdaderas intenciones y la catadura moral de sus representantes electos. Según Pennington, los impuestos sirven para garantizar un flujo constante de ingresos que crea una ‘restricción presupuestaria blanda’. Esta posibilita el comportamiento oportunista de los políticos elegidos, en beneficio propio o de intereses específicos, de grupos muy organizados (Principal-Agent Theory and the Welfare State, CATO Policy Report, 2011).
… a la servilleta de Laffer
En 1966, los empresarios norteamericanos notaron un fuerte descenso de la productividad y de la rentabilidad de sus corporaciones, conforme se deterioraba el papel del dólar como moneda de reserva internacional y se aceleraba la inflación. En palabras de David Harvey, «…en el lapso que transcurre entre 1965 y 1973 se puso de manifiesto cada vez con más claridad la incapacidad del fordismo y del keynesianismo para contener las contradicciones inherentes al capitalismo» (La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural, 2004). A los problemas de ‘rigidez’ que señala Harvey se sumaron los efectos del incremento del precio del petróleo de la OPEP. La tasa de acumulación se redujo de 5,5% en 1973 a 4% en 1980.
En estas condiciones, para recuperar las tasas de ganancia el capitalismo central modificó las reglas del juego. El 13 de septiembre de 1974, en una reunión de Arthur Laffer con Dick Cheney (vicepresidente de EE. UU. entre 2000 y 2009) y Donald Rumsfeld (director de los programas de estabilización económica del presidente Nixon y secretario de defensa entre 1975 y 1977), Laffer esbozó en una servilleta la relación entre las tasas impositivas y el nivel de recaudación fiscal como una parábola en la que los ingresos públicos son iguales a cero cuando la tasa es de 0% o de 100%.
Según Laffer, egresado de la U. de Stanford y asesor económico de Ronald Reagan, «…la mejor manera de ayudar a los pobres es reducir los impuestos a los ricos». El autor de la curva que lleva su nombre (ver ilustración: https://bit.ly/4j0fNfy), sugirió que se podía aumentar la recaudación tributaria bajando las tasas impositivas, lo que estimularía la inversión y la actividad económica. Esta idea, fundamental para la ‘economía de la oferta’, se convirtió en uno de los ejes de la política económica de los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
La economía de la oferta propone reducir las tasas impositivas para desregular la actividad económica. La contracción de la carga tributaria y la libertad en los mercados incentivaría la inversión, promovería el empleo y recuperaría la productividad. Menos impuestos dinamizarían la economía y aumentarían la recaudación.
Las políticas de ajuste inspiradas en la economía de la oferta maduraron en poco más de una década (la de la crisis de deuda externa o década perdida de América Latina) y fueron incorporadas al famoso Consenso de Washington (1989).
Si J.M. Keynes vio en los impuestos un instrumento para modular la demanda agregada, subiéndolos en épocas de auge para evitar la inflación y capitalizar los ‘amortiguadores’ (como los seguros de desempleo) para las épocas de crisis, los teóricos de la economía de la oferta, como Jude Wanniski, solo veían una opción: los recortes fiscales para estimular el crecimiento (The Way the World Works: How Economies Fail-and Succeed, 1978).
Las políticas de ajuste inspiradas en la economía de la oferta maduraron en poco más de una década (la de la crisis de deuda externa o década perdida de América Latina) y fueron incorporadas al famoso Consenso de Washington (1989). En especial, la ampliación de las bases tributarias, tasas marginales moderadas, disciplina fiscal, rechazo al intervencionismo keynesiano y priorización del libre mercado.
Lo que Laffer presentó como la mejor manera de ayudar a los pobres nunca sucedió. En 2025 la desigualdad sigue siendo extrema y persistente: «…solo el 0,001% más rico, menos de 60 000 multimillonarios, controla hoy en día tres veces más riqueza que la mitad de la humanidad combinada. Su participación ha crecido de manera constante desde el 4% en 1995 hasta más del 6% en la actualidad…» (Informe sobre la Desigualdad Global 2026. Resumen ejecutivo). Según el World Inequality Lab, en el siglo XXI la desigualdad es multidimensional: climática, de género, de acceso al capital humano [y] «…no se limita a los ingresos y la riqueza, sino que afecta a todos los ámbitos de la vida económica y social».
Thomas Piketty explica que cuando la tasa de retorno del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, la riqueza se concentra automáticamente en manos de los dueños del capital, exacerbando la desigualdad (El capital en el siglo XXI, 2013). Esto es lo que suele ocurrir cuando la política fiscal se inspira en la curva de Laffer.
Es verdad que en China e India la globalización produjo una caída histórica de la desigualdad, pero en las naciones ricas aumentó, al igual que la brecha entre el 1% más rico y el resto de la población mundial, precisa Branko Milanovic, quien afirma que el lugar de nacimiento es el principal predictor global de ingresos, factor que explica hasta el 70% de la varianza en la desigualdad (Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización, 2017).
Carles Manera, consejero del Banco de España, afirma que bajar los impuestos no asegura el crecimiento económico, pero sí un «incremento meridiano de la desigualdad [como lo han demostrado Milanovic y Piketty] y la caída del crecimiento económico». La estadística de Angus Maddison corrobora esta afirmación:
Desde hace más de un siglo, los periodos de mayor crecimiento económico del PIB (1950-1973 en la Tabla 1) coinciden con periodos con presión fiscal sobre la renta más intensos (1932-1980, Tabla 2).
La reducción de impuestos beneficia al segmento con las mayores rentas. En EE. UU., entre 1973 y 2006 la productividad media del trabajo creció 197%. Pero en esos 33 años el 99% de las familias aumentaron sus ingresos reales en un magro 8%. En la OCDE los impuestos sobre los ricos también han disminuido en las últimas décadas. David Hope y Julian Limberg analizaron las reducciones de impuestos a los ricos de 18 países de la OCDE durante el periodo 1965-2015; luego estimaron los efectos de esos recortes presupuestarios en los principales agregados macroeconómicos. Encontraron que los recortes de impuestos para los ricos generan más desigualdad de ingresos y que esas reformas tributarias no tuvieron ningún efecto significativo sobre el crecimiento o el desempleo. Estos resultados «…proporcionan evidencias robustas contra la influyente idea de política económica de que los recortes impositivos para los ricos ‘gotean’ para estimular a toda la economía» (The economic consequences of major tax cuts for the rich, Socio-Economic Review, 2022).
El resultado más preocupante de la economía de la oferta sobre los impuestos tiene relación con lo que René Orozco, del OECD Development Centre, llama el estado actual del «pacto fiscal». En América Latina más del 50% de la gente consultada no considera que el pago de impuestos sea una contribución a la comunidad, sino más bien un costo personal; más del 50% no cree que los servicios públicos disponibles compensen el pago de impuestos, y solo una cuarta parte cree que sí lo compensan; y casi el 30% justifica la evasión de impuestos, sea ocasionalmente, con frecuencia o siempre (Fiscal policy challenges in a low-growth context, XXXVII Regional Seminar on Fiscal Policy, 26-28 de mayo de 2025, OECD-Cepal-CAF-UE).
Paréntesis técnico
Sea el resultado de un contrato social o de la lucha de clases, el proceso político que define un sistema tributario busca asegurar el financiamiento del gobierno y sus objetivos (para unos, el bien común; para otros, la explotación del proletariado o, para otros, el oportunismo de las oligarquías). Y ese proceso incluye la activa participación de organismos internacionales como el Banco Mundial o la OCDE, diligentes promotores de la gobernanza, concepto más afín a la tecnocracia internacional que el siempre complicado y menos controlable mundo político en el que se ejercita la democracia.
La evidencia empírica muestra una realidad menos ambigua. Existe una relación positiva significativa entre el pago de impuestos y la calidad de vida de los ciudadanos, dada cierta capacidad de acción del gobierno. Con información de UNU-Wider y para países escogidos al azar, el gráfico 1 relaciona la presión tributaria en 2022 (Tax/GDP) con el índice de desarrollo humano, IDH, de 2025 (el IDH se calcula como la media geométrica de tres dimensiones normalizadas: esperanza de vida al nacer, años promedio de escolaridad e ingreso per cápita ajustado por poder adquisitivo). Países con presiones tributarias de al menos 25% del PIB como Francia, Finlandia, Alemania, Países Bajos o España tienen IDH muy altos (≥0,80), mientras que países con presiones tributarias de menos de 25% del PIB como Vietnam, Ecuador, México o Perú tienen IDH altos (0,70-0,79). Guatemala, con una presión tributaria de 12,2% del PIB, alcanza un IDH de 0,662, considerado de nivel medio.
Si la relación definida en el gráfico 1 es verdadera, cargas tributarias de 25% a 50% del PIB serían necesarias para sostener el estado de bienestar y, al mismo tiempo, promover sistemas democráticos confiables y estables en el tiempo. Esta conclusión coincide con la opinión de Susan Stokes, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago (How to Transition to Sustainable Democracies? Investing in Democracy Means Fighting Income Inequality, Brussels Democracy Paper 1/25).
Si bien los países de América Latina y el Caribe han incrementado su carga tributaria de 14,5% del PIB en 1990 a 21,6% del PIB en 2022 (gráfico 2), todavía se encuentran muy por debajo de la carga que registran los países de la OCDE, considerados como ejemplos a seguir por los países de menor desarrollo.
Estas diferencias se manifiestan en dos dimensiones. La más evidente es el nivel de los agregados totales de las cargas tributarias, que, pese al incremento sostenido que muestran los promedios de los países de América Latina y el Caribe en el gráfico 2, en 2022 era 12,4 puntos porcentuales menor que la carga tributaria promedio registrada en los países de la OCDE.
Menos evidentes son las diferencias en las estructuras tributarias. En los países de la OCDE el 40,8% de la carga tributaria total de 2021 provino de impuestos a la renta y a la propiedad, mientras que en los países de América Latina y el Caribe este tipo de impuestos solo alcanzó al 32,8% de la carga tributaria total de 2022. También las aportaciones a la seguridad social en los países de la OCDE fueron mucho más importantes: 26,5% de la carga tributaria total de 2021 frente a 16,8% de la carga tributaria total de 2022 en los países de América Latina y el Caribe. El impuesto al valor agregado (IVA) es un rubro de ingresos mucho más significativo en los países de América Latina y el Caribe que en los de la OCDE: 32% de la carga total de 2022 en los primeros versus 21% de la carga total de 2021 en los segundos (gráfico 3).
Sin embargo, homologar la carga tributaria total, a niveles similares a los de los países de la OCDE, no sería suficiente para acortar las brechas de bienestar –como sugiere la relación establecida en el gráfico 1. La calidad y eficiencia del gasto público también es determinante. En América Latina y el Caribe estas se encuentran condicionadas al menos por dos factores: las prioridades del gasto público y los contextos institucionales, luego de medio siglo de reducciones y ajustes del estado. Estos son problemas de enorme complejidad, y motivo de preocupación constante a nivel nacional e internacional. Conviene destacar, en cuanto a las prioridades del gasto, la importancia de los servicios financieros en una región que cerraría 2025 con países con una pesada deuda externa, en especial Argentina (78,8% del PIB), Brasil (91,4%), Chile (42,7%), Colombia (60%), Rep. Dominicana (58,9%), Ecuador (53%), México (58,9) y Uruguay (66,6%). Los cálculos del FMI indican que para 2029 América Latina tendrá una deuda externa equivalente a 72,5% de su PIB (https://bit.ly/4s93MZ8).
La relación entre desigualdad y erosión de la democracia
La reducción de impuestos ha sido una política extendida y constante de la gran mayoría de gobiernos –elegidos democráticamente o no– en los últimos 50 años. Esta preferencia se justifica en la misma ideología que opone el individuo a la sociedad, que ha liberado los mercados, ha impulsado la flexibilización del trabajo y la desregulación financiera y ambiental.
Vanessa Williamson, del Brookings Institution, autora de The Price of Democracy. The Revolutionary Power of Taxation in American History (2025) publicó hace poco una investigación que va en sentido contrario: sistemas tributarios progresivos con instituciones eficientes de representación política fundamentan gobiernos democráticos autónomos. Pero los sistemas tributarios actuales tienden a la regresividad y son, contra lo que auguraba Arthur Laffer, causa esencial de la desigualdad social. Con una base tributaria feble la democracia liberal se degrada hasta convertirse en fachada de legalidad democrática y mecanismo de validación de sociedades elitistas, inequitativas y oligárquicas.
Últimamente la responsabilidad de este reflujo de la democracia ha sido atribuida a gobernantes de temperamento autoritario (Trump,Bolsonaro, Milei, Morales…). Sin embargo, Susan Stokes y Eli Rau consideran que esos personajes son apenas el síntoma de un mal más profundo; son como la fiebre o los escalofríos de un paciente con septicemia. Para indagar ese mal más profundo, Rau y Stokes realizaron una investigación de gran alcance sobre los factores estructurales determinantes de la erosión de la democracia (Income inequality and the erosion of democracy in the twenty-first century, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2025).
Investigaron países con distribuciones de ingresos desiguales, el nivel del PIB per cápita y la antigüedad de sus democracias. Tomaron como variable dependiente de su análisis estadístico al retroceso (backsliding) o erosión de la democracia. Consideran que una democracia está erosionada cuando la rendición de cuentas –en sentido vertical y horizontal– ha sido debilitada. La rendición de cuentas en sentido vertical expone a los gobernantes al escrutinio de sus votantes y de la sociedad civil; y, en sentido horizontal, la expone a los pesos y contrapesos propios de un sistema republicano de gobierno.
En el periodo 1995-2020 identificaron 22 países con democracias erosionadas (entre otros, Bolivia, Brasil, Ecuador, EE. UU., México, Nicaragua, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Venezuela…). Con más de 100 ecuaciones econométricas confirmaron la presencia de una robusta relación positiva entre países con diferencias de riqueza por ingresos y la erosión de sus democracias. Las diferencias de ingresos se estimaron mediante el coeficiente de Gini para ingresos después de impuestos y transferencias.
Entre sus conclusiones destacan que la desigualdad de ingresos es un predictor significativo de la erosión de la democracia. Comparando los coeficientes de Gini de 2017, de Suecia y EE. UU., de 26,4 y 38,4 respectivamente, encontraron un riesgo de erosión de 4% para Suecia frente a 8,4% para EE. UU. En ese mismo año Sudáfrica, el país con la más alta desigualdad de ingresos del estudio, arrojó una probabilidad de erosión del 31%. De hecho, la democracia sueca pervive intacta, mientras que las de EE. UU. y Sudáfrica tambalean. Sociedades donde el ingreso está concentrado en un grupo pequeño de la población son propensas a erosionar sus sistemas democráticos, mientras que aquellas en las que el ingreso se encuentra relativamente mejor distribuido en todos los niveles poblacionales lo son menos.
Rau y Stokes hicieron otros descubrimientos: la concentración de la riqueza en el 1% más rico de la población es el predictor más seguro de erosión democrática. La inequidad alimenta la polarización política de la sociedad, lo que acelera la erosión. Estos dos factores potencian la capacidad predictiva de los modelos utilizados. La percepción pública de distribuciones injustas de ingresos y oportunidades contribuye a debilitar el compromiso de la gente con las normas e instituciones políticas, lo que ha sido explorado, entre otros, por D. Acemoglu y J.A. Robinson (Economic Origin of Dictatorship and Democracy, 2006).
También destacaron la tendencia al contagio: así como en la tercera ola de democratización se observó un efecto contagio, conforme más países terminaban sus regímenes dictatoriales, en el reflujo democrático unos autócratas inspiran a otros: Hugo Chávez promulgó una nueva constitución en 1999, y le siguieron Rafael Correa en 2007 y Evo Morales en 2009. Así mismo, Donald Trump pretendió desconocer las elecciones que perdió en 2021 y poco tiempo después Jair Bolsonaro y Keiko Fujimori intentaron hacer lo mismo en Brasil y Perú.
Ni el nivel del PIB per cápita (considerado un indicador del nivel de desarrollo económico) ni la antigüedad de la democracia tendrían correlaciones significativas con su erosión. Pero los votantes que no se sienten incluidos en el proceso de crecimiento económico son más receptivos al discurso populista. También suelen desconfiar de las funciones legislativa y judicial, de las agencias del gobierno y hasta de los procesos electorales (véase David Brady et al. Cognitive Political Economy: a Growing Partisan Divide in Economic Perceptions, American Politics Research, 2022).
Esta pérdida de confianza es aprovechada por políticos que empujan el retroceso, argumentando que las pérdidas serían mínimas al atacar a las instituciones centrales de la democracia pues, según ellos, son instituciones que ya están profundamente corrompidas.
La concentración del ingreso acarrea inequidad (multidimensional, según el Informe sobre la Desigualdad Global 2026) que, como concluyen Stokes y Rau, muestra una fuerte relación positiva con países cuyos sistemas democráticos han sido calificados como erosionados. En esos sistemas los gobernantes no rinden cuentas, y se diluye el derecho de los mandantes –los ciudadanos contribuyentes– a exigirlas. Lo que erosiona la democracia entendida en sentido vertical.
Luego de medio siglo de globalización neoliberal, un empeño genuino en recuperar la democracia necesita un enfoque multidisciplinario, que considere las dimensiones política, cultural y económica de las causas de su erosión. Reducir la desigualdad no es solo un imperativo de justicia social; es una meta esencial para lograr un planeta sostenible, democracias auténticamente representativas y economías resilientes.
[1] Este ensayo ha sido escrito con ayuda de Perplexity IA.