Durante la última década, Ecuador ha sido un país donde la violencia contra las mujeres no solo se ha mantenido, sino que ha escalado sin freno mientras el Estado desmantela, recorta o simplemente ignora sus propias obligaciones. Entre 2014 y 2025 El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) registra 2.331 casos de feminicidios y más de 1.895 niños quedaron huérfanos, una cifra que por sí sola revela la dimensión social del crimen. En ese mismo periodo, las organizaciones civiles registraron un aumento sostenido de asesinatos machistas que desemboca en la cifra más brutal de 2025: una mujer o niña es asesinada cada 22 horas en Ecuador. Este año, cuando el país atraviesa su punto más crítico con 351 muertes violentas de mujeres: 225 femicidios en contextos criminales, 114 femicidios íntimos con pareja o ex pareja y 12 transfemicidios, el gobierno eliminó el Ministerio de la Mujer y recortó más del 23% del presupuesto destinado a su protección. Refugios, centros de atención, equipos especializados y rutas de acompañamiento quedaron debilitados en plena emergencia. Una década entera de advertencias, marchas, informes y testimonios no logró lo evidente: que la vida de las mujeres es una urgencia nacional que el Estado decidió mirar desde lejos.
Cae la tarde en el Parque de El Ejido, las mujeres se reúnen con una mezcla de cansancio y lucidez, como quien reconoce una herida que nunca cicatrizó. Hay tambores que marcan un pulso común, carteles que sostienen nombres que ya no tienen voz, niñas abrazadas a sus madres, pancartas improvisadas que delatan enojo, duelo y memoria. Cada rostro tiene su propia razón para estar ahí, pero todas caminan como una sola. La marcha del 25N no es una procesión ni una protesta más: es descender juntas al corazón de un país que ha normalizado la violencia contra las mujeres como si fuera parte inevitable del paisaje. La multitud avanza con un murmullo que combina furia y agotamiento. Lo que se denuncia no es solo la muerte: es la indiferencia pública, la negligencia institucional, la sensación permanente de que cuando una mujer pide auxilio, lo hace en un país que la escucha tarde o la escucha mal. En junio de 2025, casi 6.000 emergencias por violencia intrafamiliar ingresaron al ECU-911. Y la tendencia se repite todos los meses. Son cientos de llamadas diarias: mujeres encerradas, perseguidas, golpeadas, amenazadas. La respuesta estatal, sin embargo, sigue dependiendo del azar: del policía que atienda, del fiscal que esté de turno, del refugio que tal vez tenga espacio. Del destino…
La sombra de la orfandad también deambula en la marcha, solo en 2025, hasta noviembre, al menos 137 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre por un femicidio. Abuelas caminan cargando fotografías de sus hijas. Otras mujeres sostienen los carteles que sus propios sobrinos no pueden cargar. La herida no es solo individual: es una fractura de país que atraviesa generaciones enteras.
Las cifras se extienden como un mapa de abandono. Guayas encabeza la violencia letal 119 femicicios; Manabí le sigue muy cerca, con el sicariato convertido en amenaza cotidiana esta provincia registra 61 femicicios; Los Ríos vive su propio espiral 40 femicicios; El Oro 33 femicidios, Pichincha sostiene niveles altos de violencia 20 femicicios. Y en la Amazonía, donde el Estado ha llegado siempre a medias, la incidencia proporcional de femicidios es la más alta. En muchas comunidades rurales, el agresor sigue viviendo a pocos metros, protegido por la distancia, el silencio, el subregistro y la falta de presencia institucional. La justicia avanza igual de fracturada. Hasta septiembre de este año, de cientos de casos de femicidio reportados, apenas dos han recibido sentencia. Unos 477 continúan en trámite, perdidos entre peritajes atrasados, audiencias diferidas y procesos que se dilatan mientras las familias esperan algo que parece improbable: reparación real. Cerca del 25% de los agresores identificados está prófugo. Y en muchos casos, ni siquiera se ha identificado al femicida. La impunidad no es una consecuencia: es parte del sistema.
En medio de la marcha, una mujer cuenta que denunció tres veces y que nunca hubo medidas de protección a tiempo. Otra recuerda que la casa de acogida estaba llena el día que pidió auxilio. Cada historia parece una pieza de un rompecabezas más grande: uno en el que el país entero ha fallado. Cuando cae la noche, la marcha se vuelve un resplandor en movimiento. Las consignas resuenan entre los edificios: “Vivas nos queremos”, “Ni una menos”. Pero lo que realmente sostiene la marcha, es algo más simple y, a la vez, más profundo: la voluntad de no dejar que la violencia se normalice, de no aceptar la muerte como destino, de no permitir que el Estado convierta esta emergencia en una nota al pie de página. La marcha se dispersa en la Plaza de Santo Domigo en el Centro Históricode la capital, pero el eco queda. Queda la certeza de que este país tiene una deuda inmensa con sus mujeres. Y queda también la fuerza de quienes, aun cargando el duelo y la rabia, siguen caminando. Porque si algo demostró este 25N, es que mientras el Estado retrocede, las mujeres avanzan. Y es esa intensidad luminosa la que mantiene viva la posibilidad de un país distinto para nosotras.
Caja de datos
* En 2025, solo dos femicidios han tenido sentencia en todo el país; más de 477 casos siguen estancados en el sistema judicial.
* Entre enero y noviembre de 2025, 351 muertes violentas de mujeres y al menos 137 niños quedaron huérfanos solo este año.
