El 6 de marzo de 2026, fuerzas militares de Ecuador ejecutaron un bombardeo aéreo en el sector de San Martín, en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en el marco de operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico en la frontera norte. Este lunes 6 de abril se cumplió un mes de los hechos y las explicaciones de las autoridades se han limitado a desmentidos al diario The New York Times y a las Naciones Unidas.
Según la versión oficial, el objetivo era un campamento de los Comandos de la Frontera, grupo armado asociado a economías ilícitas transnacionales. Sin embargo, la investigación publicada el 24 de marzo por The New York Times introduce una ruptura sustantiva: el blanco habría sido una granja lechera, no una instalación criminal, y la operación se habría realizado con apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos.
Según el reportaje hubo apoyo estadounidense y despliegue de un helicóptero militar; el Gobierno respondió el 25 de marzo, por boca del Ministerio de Defensa y en reportes difundidos por Ecuavisa y EFE, negando que el lugar fuera una finca productiva y reiterando que se trató de un objetivo criminal.
Pero el problema ya no es solo si el blanco era una finca o un campamento. El problema es que el Estado quedó atrapado entre dos versiones incompatibles: una, basada en propaganda de guerra; otra, sostenida por trabajo de campo, testimonios y verificación independiente. Cuando una democracia empieza a parecerse demasiado a un parte militar, la verdad se convierte en daño colateral. Y si además el socio operativo es el tío Donald, la escena que debe ser esclarecida sin dejar dudas, adquiere un viejo olor a escatología imperial. De los viejos y de los nuevos cowboys aprendimos en América Latina, que siempre la culpa es de la vaca.
El Estado quedó atrapado entre dos versiones incompatibles: una, basada en propaganda de guerra; otra, sostenida por trabajo de campo, testimonios y verificación independiente.
El dato políticamente más grave apareció antes y después del escándalo internacional. El 18 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que recibió testimonios de campesinos de San Martín sobre destrucción de viviendas y bienes, detenciones prolongadas, actos que podrían constituir tortura y amenazas de represalia. El 20 de marzo, una activa radio opositora al régimen volvió sobre esas denuncias; el 26, el fotógrafo Federico Ríos defendió la investigación del Times y subrayó que el Gobierno evitó responder de forma directa a las preguntas del medio. Ahí se quiebra el caso: si el Estado bombardea, detiene, intimida y luego niega, o calla, ya no administra seguridad; administra miedo. Y cuando el miedo sustituye a la verdad, la “ofensiva total” empieza a parecer menos una política de seguridad y más una política de encubrimiento.
La cuestión central, entonces, no es solo un posible error de identificación del objetivo, sino el contexto en el que ocurre: una estrategia de seguridad intensificada tras la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024, que ha ampliado el uso de capacidades militares con uso de fuerza letal en tareas de orden interno y ha profundizado la cooperación bilateral con Washington.
En ese marco, el bombardeo deja de ser un incidente aislado para convertirse en un síntoma. Revela los riesgos de una política que, en nombre de la eficacia operativa, reduce los márgenes de verificación, debilita los controles civiles y traslada la toma de decisiones a circuitos cada vez más cerrados y opacos. Porque cuando la inteligencia falla —o cuando no puede ser auditada—, enfrentamientos entre dos bandos armados pueden difuminarse entre guiones de vaqueros 2.0. y en esa brecha, la legitimidad se erosiona. El problema ya no es el “error”, sino la posibilidad de que se normalicen prácticas sin control civil efectivo.
La reacción oficial, centrada en negar y cerrar filas, evidencia un serio problema: el relato de guerra necesita certezas, pero los hechos introducen ambigüedades, dudas, sospechas y razones llenas de escepticismo.
En ese contexto, el bombardeo adquirió otra dimensión: no solo podría estar revelando fallas en la ejecución, sino también en el diseño de la estrategia. Una seguridad concebida casi exclusivamente en términos militares tiende a simplificar el conflicto y a invisibilizar sus raíces sociales. Mientras tanto, fenómenos como el reclutamiento de menores, la expansión de economías ilícitas y la fractura del tejido comunitario siguen avanzando por rutas que no se allanan con bombas, balas, desaparecidos y redes sociales.
Cuando la política de seguridad se alinea con agendas externas, reduce su margen de deliberación interna y aumenta su dependencia narrativa. Y cuando, además, se sostiene sobre versiones oficiales difíciles de contrastar, la verdad deja de ser un insumo de la democracia para convertirse en una variable manipulada.
En ese punto, la pregunta ya no es qué se bombardeó, sino qué modelo de seguridad se está consolidando. Si la respuesta sigue siendo exclusivamente militar, el problema no será solo la eficacia, sino el tipo de Estado que está emergiendo de esa lógica.
Marzo, un mes de bombardeos, persecución y denuncias
Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, la Alianza de Organizaciones de DDHH, colectivo que agrupa a más de 60 entidades de la sociedad civil, documentó bombardeos, quema de viviendas y bienes de trabajo, detenciones arbitrarias, torturas y amenazas contra población civil en San Martín. Esta es la línea de tiempo:
Domingo 1 de marzo
En la mañana, habitantes de San Martín reportaron el sobrevuelo y aterrizaje de helicópteros del Ejército ecuatoriano en el límite con la comunidad La Providencia. En la noche, se alertó del incendio de dos viviendas deshabitadas de la comunidad.
Lunes 2 de marzo
En la mañana, un grupo de comuneros de San Martín se trasladó por vía fluvial para verificar los hechos ocurridos el día anterior y confirmó que dos viviendas de campesinos fueron completamente incendiadas, junto con sus cultivos, afectando unidades productivas rurales.
Martes 3 de marzo
Aproximadamente a las 15h00, se registraron nuevos sobrevuelos de aeronaves del Ejército; una avioneta realizó un primer bombardeo sobre una vivienda previamente incendiada. De forma simultánea, un dron sobrevoló la casa comunal y la escuela, generando alarma en la población.
Alrededor de las 15h30, un helicóptero con efectivos militares aterrizó en la ribera del río San Miguel. Los militares ingresaron a una finca en San Martín, detuvieron a cinco trabajadores; uno de ellos, un adulto mayor, que fue liberado. Los otros cuatro fueron trasladados a Lago Agrio, donde fueron sometidos a tortura y luego abandonados sin ser puestos a órdenes de una autoridad.
Ese mismo día, se constató la quema de otra finca y la destrucción de bienes e infraestructura productiva, afectando los medios de subsistencia de las víctimas.
Miércoles 4 de marzo
Una delegación de la comunidad viajó a Lago Agrio para obtener información sobre las personas detenidas y presentar la denuncia. Acudieron a la Defensoría del Pueblo, donde les indicaron que no podían recibir la denuncia.
Viernes 6 de marzo
Aproximadamente a las 09h00, se registró un nuevo sobrevuelo de helicópteros militares en San Martín, algunos de los cuales aterrizaron cerca de una finca del sector. Efectivos ingresaron a otra vivienda, donde encañonaron al propietario, lo obligaron a permanecer con su familia dentro del domicilio y a responder llamadas bajo amenaza, negando cualquier situación irregular.
Ese día, se registró otro bombardeo sobre una finca que incluía la vivienda habitada por trabajadores e infraestructura productiva, la cual fue totalmente destruida, afectando gravemente los medios de subsistencia. También murieron animales y se dañaron cultivos frutales.
Miércoles 11 de marzo
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, junto a Radio Sucumbíos, realizó una visita de verificación en territorio, donde constató la destrucción de viviendas e infraestructura productiva y el impacto psicosocial en la comunidad, marcada por el temor a nuevos operativos.
Además, se recogieron testimonios de personas detenidas y sometidas a tortura, lo que refuerza la verosimilitud de los hechos y evidencia un contexto continuo de riesgo para la población civil.
Jueves 12 de marzo
Se enviaron denuncias escritas a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, suscritas por la directiva de la comunidad y miembros de la Alianza de DDHH.
Viernes 13 de marzo
Comunidades indígenas y campesinas vecinas de San Martín enviaron una comunicación a instituciones nacionales e internacionales respaldando la denuncia de San Martín por los hechos ocurridos entre el 1 y el 6 de marzo, y exigiendo medidas urgentes de protección.
Asimismo, alertaron sobre procesos de estigmatización que las asocian con dinámicas criminales por su ubicación fronteriza, aumentando el riesgo de operativos militares que no distinguen a la población civil.
18 de marzo
La Alianza de DDHH y la directiva comunitaria denunciaron los hechos courridos en San Martín ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que confirmó la recepción de información sobre destrucción de viviendas y hechos que “podrían constituir tortura” , y recordó la obligación del Estado de investigar conforme al Protocolo de Estambul.
Entre el 19 y 21 de marzo
El 19, 20 y 21 de marzo de 2026 se registraron nuevos sobrevuelos de helicópteros y una avioneta sobre la comunidad San Martín, incluyendo múltiples pasadas en un mismo día. Generando temor en la población.
La Alianza de DDHH y la directiva comunitaria denunciaron los hechos ocurridos en San Martín ante funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.
25 de marzo
Pese a las denuncias de la comunidad y a investigaciones de la prensa nacional e internacional, el Ministerio de Defensa de Ecuador sostiene que la operación se basó en inteligencia contra grupos criminales. El Estado no responde a denuncias graves como: detenciones arbitrarias, torturas, quema de viviendas y bombardeos en zona habitada
27 y 28 de marzo
Festival por la vida y la paz: San Martín resiste:
La comunidad de San Martín impulsó un espacio de encuentro, memoria y acción colectiva frente a graves violaciones de derechos humanos, en un contexto de impunidad y violencia. A través de actividades culturales y participativas, el festival buscó reafirmar la identidad de la población civil, fortalecer el tejido social, promover la organización comunitaria y visibilizar sus realidades, como una forma de resistencia pacífica y defensa del derecho a vivir en paz.
Estas jornadas contaron con el apoyo de la Alianza de DDHH, la Clínica Ambiental, la Federación de Mujeres de Sucumbíos, INREDH, el Vicariato de Sucumbíos y CROPECO.