En septiembre pasado, Abigail* fue secuestrada en una ciudad de Manabí. El hecho ocurrió dos días después de que acompañara a una mujer a sacar una boleta de auxilio, ya que era víctima de violencia de su pareja. Abigail, trabajadora social de una organización de mujeres, le ayudó en ese proceso. Pero fue secuestrada y llevada a otra ciudad, a una hora de distancia. La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) la rescató siete días después.
Durante ese tiempo, Abigail fue torturada: sus captores la golpearon, la insultaron y no la alimentaron, lo que le provocó desmayos. Pero recuerda que le pidieron la lista de las mujeres a las que había apoyado. ‘¿A quién estás defendiendo? ¡Dime los nombres de tus compañeras!’, le exigieron en medio de una cascada de ofensas.
Este testimonio lo cuenta su compañera Alexandra* a Plan V. Ella es líder del movimiento de mujeres al que pertenecía Abigail, quien renunció a su labor después de este episodio de violencia. Alexandra dice que, en su provincia, trabajadoras sociales y abogadas han abandonado las organizaciones feministas porque temen ser amenazadas.
Alexandra, de cabello oscuro y lacio, solo se atreve a contar la situación de su organización bajo el anonimato. Por eso, su nombre y el de Abigail son ficticios. “Sacar una boleta de apremio o de auxilio es como una sentencia de muerte tanto para la víctima como para el equipo que la acompañó”, afirma la líder a través de una llamada por Zoom.
Según su experiencia, desde el 2021 se han incrementado los crímenes contra mujeres en contextos criminales y, por lo tanto, el trabajo de los defensores está más expuesto. Esto lo sabe Karina*, una defensora de derechos humanos en Esmeraldas. Ella recibió un disparo en su pie después de acompañar a una familia que había sido amenazada por una banda criminal. Durante el incidente, no le quitaron su cartera, pero sí la grabadora y el cuaderno donde llevaba los registros de las familias que ayudaba.
Mensajes y llamadas amenazantes, fundas de sangre en la puerta de las casas, papeles escritos con tintas rojas. Estas son algunas de las formas que han encontrado los agresores para intimidar a las defensoras feministas, detalla Alexandra. En algunos casos, llegan hasta mencionar a la víctima para desalentar a las activistas a seguir con el caso.
En medio de esta situación, se sienten solas. Karina ingresó al sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, pero a su casa llegó un policía para que firmara un registro cada tres días y luego se iba, relata Alexandra, quien conoció de cerca el caso de su compañera. “A los jueces y juezas les ponen 10 policías para que los cuiden. Pero a una mujer que es defensora de derechos, que es vulnerable y está amenazada, no tiene a nadie”.
Ecuador, un país peligroso para los defensores
Los defensores de derechos humanos en Ecuador se sienten en alto o muy alto riesgo. Esta es una de las conclusiones del informe La lucha por la libertad, la dignidad y la vida: Diagnóstico sobre la situación de personas defensoras de derechos en el Ecuador, que Cáritas Ecuador y FIAN, publicaron en junio de este año. Las organizaciones encuestaron a 246 defensores, hicieron tres grupos focales y entrevistaron a profundidad a 49 personas.
Según este estudio, 3 de cada 10 personas defensoras consideran que están en grave riesgo. Asimismo, el 56% de los encuestados cree que su labor los expone a algún tipo de amenaza, que incluye sufrir lesiones, extorsiones, ser privados de libertad o víctimas de asesinatos.
Este no es un temor infundado. La misma investigación revela que, entre 2023 y 2024, al menos nueve defensores de derechos han sido asesinados con armas de fuego, en modalidad sicariato. Cinco de ellos eran de Sucumbíos; dos de Azuay; uno de Esmeraldas y otro de Orellana. Los nueve defendían el derecho a la vida digna, a la naturaleza, los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Una respuesta de la Defensoría del Pueblo a los investigadores registra 12 defensores, principalmente de Esmeraldas, Azuay y Pastaza, que han recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, visitas, atentados con disparos a sus viviendas, ataques físicos. En octubre de 2024, una institución internacional recibió alertas para la reubicación en el exterior de tres defensores.
De acuerdo a las entrevistas del estudio, los defensores identifican mayores riesgos en los territorios donde existen grupos delincuenciales como en las ciudades de Durán, Quevedo, Santa Elena o en las provincias de Esmeraldas, Napo y Sucumbíos. Pero también en zonas donde se desarrollan proyectos extractivos y procesos de desalojo y apropiación de tierras por parte de empresas agroexportadoras e inmobiliarias.
Violeta Pilataxi, defensora de derechos humanos de Napo, ilustra esta situación. Explica que en esta provincia cada vez se habla menos de los temas relacionados con la seguridad o de minería. “Sentimos que ya no hay este derecho a defenderse y a defender a las demás personas. Estamos limitados”.
Al igual que en el caso de las activistas feministas, las amenazas por redes sociales, llamadas o mensajes son las más frecuentes. El informe reporta que los defensores reciben fotografías explícitas con cuerpos desmembrados y con el mensaje: “esto es lo que te puede pasar”.
El diagnóstico recoge además el testimonio de una persona de una ONG que ha sido declarada “objetivo militar” por parte de una banda. Un dirigente, en cambio, relata que después de asistir a una protesta, un vehículo se le cruzó en la vía y en ese momento le dijeron: “Que no nos quieren hablando otros temas que no sean cosas de Dios. Si nos metemos en otros temas, las consecuencias pueden ser graves y se fueron”.
“¿Quién cuida al cuidador?”, es la pregunta que se hace Lourdes Euvin, presidenta de la Fundación María Guare, de Guayaquil. A las oficinas de su organización han llegado en los últimos meses los agresores de las víctimas que atienden. Desde afuera, les gritan: “salga abogada, fulana de tal y cual, aquí la estoy esperando”, recuerda esta activista. Mientras que Alexandra remata: “Estamos amenazados por un trabajo voluntario que le corresponde hacer al Estado ecuatoriano”.
ENTREVISTA
‘El detrimento de los derechos de los defensores es un patrón’
Felipe Asanza, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es coordinador del proyecto “Apoyo a la elaboración de la política pública para la prevención, promoción y protección de los derechos de personas defensoras de derechos humanos, ambientales y periodistas” financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?
Es generar el apoyo a una política pública en protección y prevención a personas defensoras, generar entornos favorables para que las personas defensoras puedan contar con garantías procesales, con garantías frente a la labor de su trabajo, que éste sea libre de amenazas, agresiones y, sobre todo, que se cuente con un proceso de diálogo desde el Estado, la sociedad civil y los organismos internacionales.
¿Por qué hacerlo ahora? ¿Hay algún dato, alguna estadística que esté preocupando al Alto Comisionado?
Hay toda una preocupación, no solamente ahora. El detrimento de los derechos y de la labor de las personas defensoras no es una impresión, es un patrón. Hay que señalar que incluso genera un aumento de las preocupaciones las agresiones y las amenazas tras el paro nacional.
El contexto nos demuestra más de 373 agresiones y amenazas contra la labor de personas defensoras, 16 desapariciones temporales, al menos dos fallecidos, más del 60% de las personas defensoras dice que no cree en las instituciones del Estado. Eso genera que debemos fortalecer el Estado de Derecho, aunar esfuerzos para que la democracia, a través de un proceso de consenso dialógico, sea lo que permee en la sociedad.
¿El contexto de violencia es otro factor que está afectando a este sector?
Por supuesto, a eso se le puede agregar los prolongados estados de excepción, una exacerbada militarización y que muchas veces genera que se pongan las personas defensoras -a quienes ejercen la protesta social, el derecho de reunión y asociación- como delincuentes. Se utiliza la criminalización y las figuras del derecho penal como el sabotaje, el terrorismo, la obstrucción al orden público o a la seguridad del Estado, como artefactos en donde prácticamente las personas defensoras se vuelven víctimas y no tienen acceso a la justicia ni acceso a reparación y, peor aún, frente a las represalias o la intimidación, garantías que puedan proteger su labor y su trabajo.
Esta política también incluye a los periodistas. ¿Por qué?
Porque la Declaración de Naciones Unidas para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de 1998 incluye una definición amplia. Defensor es toda persona que se dedica en su labor a promover derechos para facilitar el desarrollo libre de las libertades fundamentales, valga la redundancia, y también de la dignidad humana.
Entonces, creemos que las personas periodistas también son defensores de derechos humanos y su ejercicio periodístico está siendo coartado muchas veces por el crimen organizado, el reclutamiento forzado, las extorsiones y amenazas que reciben, muchos de ellos se autocensuran y están prefiriendo hacer otras labores que poder ejercer libremente el pensamiento crítico, escribir una editorial o fomentar, digamos, la divulgación de información en una sociedad que debe ser crítica plural e informada de manera libre.
En este proyecto, ¿qué actores van a confluir?
Tiene sociedad civil, fundaciones, la academia e inclusive estamos trabajando con dos actores estatales, que son parte fundamental como contrapartes de enlace para el funcionamiento de la política: el Ministerio de Gobierno y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, con ellos queremos activar -con los insumos que vayan saliendo de las necesidades que muestra la sociedad civil- la Mesa Interinstitucional de Protección a las Personas Defensoras para que sean las instituciones las que puedan dar no solamente criterios, sino también resultado de cuáles van a ser los servicios y las actuaciones frente a las alertas generadas.
¿Este es un trabajo pionero en Ecuador?
Yo diría que es fundamental. Algunas organizaciones ya han venido sistematizando, por ejemplo, Cáritas y FIAN, han venido generando ya una sistematización a nivel comunitario. Nosotros queremos expandir esos esfuerzos. Es fundamental entender en dónde estamos, cuáles son las necesidades, cuáles son los contextos de agresión de defensores y periodistas, y sobre todo poder priorizar también cuáles serían las provincias para realizar el diagnóstico nacional.
*Los nombres han sido cambiados por seguridad de las organizaciones de DDHH y sus miembros
Este jueves, lea la segunda parte de este reportaje sobre cómo la criminalización y la persecución estatal a los defensores se ha intensificado.