Una primera denuncia penal presentada por el Gobierno involucró al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y a dos de sus hermanos en el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. La Fiscalía denominó a ese caso como Triple A, supuestamente por la primera letra del apellido de los personajes involucrados. Los hermanos son dueños de Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa, empresas encargadas de la comercialización de combustibles.
Según el gobierno nacional —reportó el medio argentino Infobae y el más leído en español a escala mundial, citando a la denuncia—: «los volúmenes de combustible entregados por Petroecuador a las empresas de los hermanos Álvarez no concuerdan con los volúmenes facturados en las estaciones de servicio. Además, en la denuncia se indicó que, gracias a la información recabada en varios operativos, se han obtenido pruebas, incluyendo grabaciones y testimonios que dan cuenta de una red de comercio irregular de combustibles». La Fiscalía realizó entonces siete allanamientos a las oficinas de estas compañías.
Esto fue el 23 de julio, aunque la denuncia la hizo días antes el propio presidente Daniel Noboa. A inicios de julio, en una entrevista con Radio Sucre, el primer mandatario aseguró que «hay compañías que se han metido centenares de millones de dólares contrabandeando combustible».
Según reporte de la agencia española EFE, (Noboa) «puso como ejemplo que un solo vehículo llenó al año 128.000 galones (unos 484.500 litros), de los cuales 123.000 galones (unos 460.000 litros) eran de gasolina Extra, 2.000 galones (unos 7.500 litros) de Eco País y de gasolina Súper y «el mismo, con el motor a gasolina», cargó 3.000 galones (unos 11.300 litros) de diésel (que sigue subsidiado).
«Esto representa que se llenó por completo el tanque de combustible de ese vehículo 28 veces al día, calculó. «Y así, una sola empresa que tiene como ese carrito, 8.000 carros. Solo ahí se han robado decenas de millones del país porque el Estado subsidia (el combustible)», explicó.
128.000 galones de gasolina extra subsidiada fueron comprados por un solo vehículo en guayaquil, según denunció el propio presidente de la república, daniel noboa.
«La denuncia formulada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), fue presentada pocos días después de que el Gobierno de Noboa subiese los precios de las gasolinas de mayor consumo al reducir los subsidios.
«A finales de julio, las gasolinas Extra y Eco País, ambas de 85 octanos, dejaron de tener un precio congelado de 2,47 dólares por galón (3,78 litros) y experimentaron una subida de 25 centavos hasta los 2,72, mientras que posteriormente volvió a subir en julio hasta los 2,75 dólares por galón.
«El precio congelado favorecía el contrabando de combustible internacional para ser después revendido en Colombia o en Perú, donde los precios de estos hidrocarburos están liberalizados y en línea con las fluctuaciones de los precios del petróleo».
La segunda denuncia
Pero las denuncias continuaron. El 15 de agosto del 2024, la directora del Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos denunció ante la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a ocho empresas —gasolineras, distribuidoras de combustible, comercializadoras, un terminal naviero, además de un grupo empresarial— y a cinco personas, entre ellas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henríquez y sus dos hermanos.
Según la denuncia, «las personas mencionadas participaron dentro del ilícito que consistía en usar las compañías hoy denunciadas para la compra de combustible (diesel) con subsidio, que debía ser comercializado dentro de un segmento específico —entiéndase automotriz, industrial o naviero— pero que en la práctica era desviado de segmento en beneficio de los accionistas (ahora exaccionistas) de las referidas empresas, causando gran perjuicio al Estado ecuatoriano».
La funcionaria denunciante detalló los tres segmentos en los que actúan las empresas vinculadas a los personajes denunciados y el modus operandi del supuesto delito.
Se ha identificado, dice la denuncia, en el segmento automotriz que la mayoría de centros de distribución ubicados en la provincia de Guayas, operados por Gasolineras Copodesa Gasgrupco y Gasolinera Guayaquil Gasquil, afiliados a los comercializadora Compañía del Petróleo y sus derivados Copedesa «reflejan en gran medida un crecimiento exponencial de compras de combustible subsidiado (diesel) a partir de su afiliación a la mencionada comercializadora». La funcionaria denunciante presentó a la fiscal el detalle comparativo del promedio mensual de compras en galones efectuadas por las dos gasolineras mencionadas, Gasquil y Gasgrupco, a través de la comercializadora Copedesa. Así, la distribuidora Guayaquil tenía un promedio mensual de compra de 30.065 galones de diesel a Petroecuador, antes de afiliarse a Copedesa (agosto 2021) y luego de afiliarse, hasta diciembre del 2023 había comprado mensualmente un promedio de 110.830 galones. Hay una distribuidora, de nombre Carchi, que tuvo un crecimiento del 832% en la compra mensual de diesel.
La denuncia abordó también el llamado segmento industrial, dentro del cual las comercializadoras deben registrar ante la Agencia de Regulación y Control a sus consumidores finales. En el registro de estos en el catastro del segmento industrial asociados a la Comercializadora de Combustibles Corpalubri, «no se evidencia una estadística de compra congruente con la que reportaban estos mismos consumidores finales, cuando se encontraban asociados anteriormente con otros proveedores, por lo que se habría utlizado el diesel subsidiado a través de otros segmento (con subsidios), tales como el segmento automotriz para su uso en segmento industrial, causando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano».
9 millones de barriles de diesel subsidiado se habrían desviado a una empresa armadora de cuatro barcos con bandera panameña. Según la entidad de control, esto perjudicó al estado ecuatoriano.
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero emite una autorización a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas para comprar derivados del petróleo para los segmentos industriales, naviero y automotriz a través de las comercializadoras y/o centros de distribución de los segmentos industriales, automotriz y naviero.
En la denuncia, la ARC presentó un detalle de la estadística de compra de dos de los principales consumidores finales de Corpalubri, de Aquiles Álvarez y otros socios. Así, se dice en la denuncia que a lo largo del 2022, Corpalubri facturó a una empresa de cerámica 1’200.000 galones de diesel, y en el 2023 fueron 3 millones de galones, pero según la información de compras a Petroecuador hasta diciembre del 2023 el volumen de compra era de 28.250 galones por mes. A otra empresa consumidora final, llamada Cofimar, le habría vendido 1’250.000 galones, cuando su registro de compra de diesel a Petroecuador fue 11.000 galones por mes a diciembre del 2023.
Es decir, según la denuncia, «Corpalubri facturó a estos dos consumidores finales mucho más de lo que compró a Petroecuador para estos. Lo que significa que ese diesel facturado a los consumidores finales habría provenido de otro segmento de mercado, causando un grave perjuicio al Estado ecuatoriano».
En el segmento naviero hay más, según la denuncia. Aquí «se evidencia» que las compras de diesel subsidiado efectuados a Corpetrol por las distribuidoras de la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum, no guardan coherencia con la facturación realizada a embarcaciones de bandera nacional, «esto significa que las compras de Ternape no habrían sido utilizadas para ser entregadas al beneficiario real del diesel».
Tenape compró, según datos incorporados en la denuncia, 118.800 galones en el 2018, en el 2019 y el 2020 compró 2’747.700 galones, esto es 23 veces más que en el 2018. Para el 2021 la cifra se dispara a 14’560.200 galones de diesel comprados. Al año siguiente la cifra casi se duplica con la compra de 25’557.400 galones y en el 2023 baja a 18’832.800 galones, dando un gran total de 63.8 millones de barriles desde el 2018 al 2023. Todo esto en el lapso de seis años.
De acuerdo con el cruce de información realizado por el SRI, la directora distrital de la Agencia de Regulación dijo haber encontrado que, a lo largo del 2021, Ternape había facturado a la empresa Txopituna cerca de un millón de barriles de diesel, la cual es una empresa armadora de cuatro embarcaciones con bandera panameña. Para el 2022 la facturación subió a cuatro millones de barriles de diesel, y otro cuatro millones más en el 2023. Un total de nueve millones.
63 millones de barriles de diesel subsidiadio, en seis años, fue el volumen de compras de una de las empresas denunciadas por el organismo de control hidrocarburífero.
Las ventas, dice la denuncia, de Ternape a Txopituna «no guardan relación con las compras de diesel para embarcaciones con bandera internacional, por lo que habría utilizado el diesel subsidiado por el Estado ecuatoriano para venderlo a embarcaciones de bandera internacional, las cuales no eran beneficiarias del subsidio, causando gran perjuicio al Estado ecuatoriano».
Según la directora del Guayas de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, toda esta operación comercial habría recaído en el delito contemplado en el ártículo 264 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que dice:
Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa expedida por la Autoridad competente, será sancionada con pena privativa de la libertad de la siguiente manera:
a. Mínima escala, de dos a seis meses.
b. Mediana escala, de seis meses a un año.
c. Alta Escala, de uno a tres años.
d. Gran Escala, de tres a cinco años.
Con la misma pena, será sancionada la persona en el caso que no se detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad
correspondiente del Estado.
El almacenamiento para uso en actividades de transporte en las comunidades, pueblos y nacionalidades y sus territorios, en donde no existen mecanismos accesibles de aprovisionamiento de combustible, queda excluido de la presente disposición y será regulado de conformidad con la reglamentación expedida por la Autoridad Nacional competente.
Si se determina la participación y responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción, la sanción comprenderá además la clausura temporal por un tiempo igual al de la privación de la libertad dispuesta para la persona natural. La misma inhabilitación será dispuesta para los socios o accionistas de la persona jurídica.
El alcalde Aquiles Álvarez ha rechazado por distintos medios las denuncias, advirtiendo que se trataría de una persecución del gobierno de Daniel Noboa, luego de que el primer mandatario y el alcalde de Guayaquil discreparan pública y frontalmente porque el Ejecutivo se demoraba en entregar una garantía soberana al municipió guayaquileño para un crédito internacional.